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ID: C271
Caratula: Caso Gutiérrez y familia vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por el homicidio de un subcomisario.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Debido proceso. Ejecución extrajudicial. Garantías judiciales. Integridad personal. Vida digna.
ArtsInterpretados: 1, 4, 8, 25
ArtsViolados: 1, 4, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
En Argentina, un agente policial que investigaba casos de corrupción fue asesinado. El proceso judicial posterior tuvo muchas irregularidades. En el transcurso de las causas hubo amenazas a testigos y familiares de la víctima.


ID: C272
Caratula: Caso Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 2, 8, 22, 25
ArtsViolados: 2, 8, 22, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Vida digna. Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar. No se puede clasificar.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Bolivia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad migrantes. Dignidad niño. Vida/existencia digna.
FormulasAbrev: Políticas migratorias y dignidad. Interés superior del niño. Vida digna.
Hechos:
Una familia de peruanos ingresó irregularmente a Bolivia y solicitó asilo. Esta solicitud no fue considerada y fueron expulsados a su país de origen. El trámite tuvo muchas irregularidades. Esta familia había gozado anteriormente del caracter de refugiados en Chile. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por expulsión de una familia, quienes años antes habían renunciado a su condición de refugiados. La expulsión se debió al ingreso como migrantes irregulares, además de tener una orden de captura en su contra por parte del Estado.

TemaSecundario:
Debido proceso. Derechos de los niños y las niñas. Derecho de toda persona a buscar y recibir asilo.

FallosCitados:
 Caso Vélez Loor vs. Panamá
Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana
 Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03

ParrDestacados:
Lo anterior es aún más relevante, si se tiene en cuenta que en el ámbito del derecho internacional se han desarrollado ciertos límites a la aplicación de las políticas migratorias que imponen, en procedimientos de expulsión o deportación de extranjeros, un apego estricto a las garantías del debido proceso, la protección judicial y al respeto de la dignidad humana, cualquiera que sea la condición jurídica o estatus migratorio del migrante . 

Respecto del interés superior del niño, la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y los niños, así como en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En este sentido, es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se hallen el niño o la niña

Asimismo, señalaron que la experiencia vivida por la familia Pacheco Tineo y las consecuencias de los hechos violatorios a sus derechos humanos por parte del Estado de Bolivia hicieron que quedasen truncados sus “legítimos anhelos y aspiraciones de ejercer la profesión de psicólogos, para lo cual se prepararon y proyectaron su futura vida familiar y como medio de ganarse una vida digna y decorosa para sí y para sus hijos”, lo que se compatibiliza con el concepto de daño al proyecto de vida

FormulasLiterales:
"En el ámbito del derecho internacional se han desarrollado ciertos límites a la aplicación de las políticas migratorias que imponen un apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana, cualquiera que sea la condición jurídica del migrante";"El principio del interés superior del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar su desarrollo con pleno aprovechamiento de sus potencialidades";"Vida digna";


ID: C273
TemaPrincipal: Supervisión de cumplimiento de sentencia.
TipoSent: Supervisión de cumplimiento de sentencia
TemaSecundario: No aplica.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Supervisión de cumplimiento;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Supervisión de cumplimiento de sentencia.

Hechos:
El tema central del caso concierne a la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento respecto de dos sentencias emitidas por el Tribunal que ordenaban nivelar las pensiones (a partir de noviembre de 2002) y restituir los montos adeudados por dicho concepto (desde abril de 1993 hasta octubre de 2002) a los 273 miembros de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República del Perú.


ID: C274
Caratula: Caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada de personas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Debido proceso. Desaparición forzada. Integridad personal. Personalidad jurídica. Vida digna.
ArtsInterpretados: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
FallosCitados: Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Dignidad bajo custodia estatal.
Hechos:
El caso trata de la desaparición forzada del señor Osorio Rivera. En abril de 1991, el señor Osorio Rivera fue detenido por una patrulla militar y posteriormente trasladado a un centro de detención. Aunque fue supuestamente liberado tras determinarse que no era terrorista, los familiares nunca volvieron a verlo. El Estado es hallado responsable de la afectación a los derechos a la vida, integridad, libertad y debido proceso en perjuicio del Señor Osorio Rivera y sus familiares.

ParrDestacados:
168. Así, la desaparición del señor Osorio Rivera no sólo es contraria al derecho a la libertad personal, sino, además, se enmarca en un patrón de desapariciones forzadas selectivas (supra párr. 155), lo cual permite concluir que aquélla lo colocó en una grave situación vulnerabilidad y riesgo de sufrir daños irreparables a su integridad personal y a su vida. El Tribunal considera razonable presumir, con base en los elementos del acervo probatorio, que el señor Osorio Rivera sufrió un trato contrario a la dignidad inherente al ser humano mientras se encontraba bajo custodia estatal.

MencionOtros:
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Protocolo II Adicional a los Convenios
de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. 

FormulasLiterales:
"El Tribunal considera que la víctima sufrió un trato contrario a la dignidad inherente al ser humano mientras se encontraba bajo custodia estatal";


ID: C275
Caratula: Caso J. vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Debido proceso. Integridad personal.
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 25
ArtsViolados: 1, 2, 5, 7, 8, 11
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad y uso de la fuerza.
FormulasAbrev: Uso de la fuerza.
Hechos:
Durante la década de los ochenta hasta finales del año 2000, en Perú se vivió un contexto de violencia terrorista y violación de derechos humanos como resultado del conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares. En 1992, la DINCOTE (Dirección Nacional Contra el Terrorismo) determinó que la publicación “El Diario” formaba parte del Partido Comunista del Perú- Sendero Luminoso, por lo cual realizó detenciones e intervenciones contra las personas vinculadas a dicha revista. El 13 de abril, personal policial de DINCOTE puso en ejecución el Operativo Moyano, que determinó la intervención de inmuebles, como el de los padres de la señora J., por cuanto indicaron que en tal inmueble se encontraban reunidos terroristas de “Sendero luminoso”. En el marco del operativo, la señora J. fue detenida y llevada ante la unidad policial de la DINCOTE. Durante la detención, los agentes estatales incurrieron presuntamente en actos de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes, incluyendo una alegada violación sexual de la señora J. El traslado a la DINCOTE implicó supuestamente, la privación de libertad sin control judicial, con alegadas vulneraciones al debido proceso, y al principio de legalidad e irretroactividad y en condiciones inhumanas de detención durante 17 días. -	Tras la liberación de la Señora J. en junio de 1993, ella viajó al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde se le reconoció la condición de refugiada. En diciembre de 2007, la señora J. viajó a Alemania a visitar a su hermana, sin embargo, cuando se disponía a regresar a Londres, fue detenida por la INTERPOL en función a la solicitud de búsqueda y captura enviada por parte de las autoridades peruanas. A partir de 2003 se realizaron una serie de reformas en la legislación antiterrorista peruana, por las cuales se declaró nulo todo lo actuado en el proceso de la señora J. que se llevó a cabo por jueces y fiscales de identidad secreta y, en consecuencia, se retrotrajo el proceso al momento de emisión del dictamen acusatorio por parte del fiscal del Ministerio Público. Actualmente, el proceso está pendiente de la realización del juicio oral. En 2008, el estado peruano solicitó la extradición de la señora J., por la supuesta comisión de los delitos de apología al terrorismo y terrorismo.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por detención, enjuiciamiento y extradición de una persona por la supuesta comisión de los delitos de apología y terrorismo.

FallosCitados:
Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo, supra, párr. 57. Caso Familia Barrios vs. Venezuela, supra, párr. 52 Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, supra, párr. 193, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs.El Salvador, supra, párr. 166. Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala

ParrDestacados:
363. El Tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana, en violación del artículo 5 de la Convención Americana519. En el presente caso, el Estado no ha demostrado que la fuerza utilizada al momento de la detención fue necesaria (supra párrs. 330 y 331). Asimismo, la violencia sexual de que fue víctima la señora J. constituye también una violación a su derecho a la integridad personal.

MencionOtros:
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

FormulasLiterales:
"Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana";


ID: C276
Caratula: Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 8, 9, 22, 25
ArtsViolados: 8, 22
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Suriname
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se refiere a la investigación y proceso penal seguido contra el señor Alibux por el delito de falsificación, fraude y violación de la norma sobre divisa extranjera. La Corte determina la vulneración de su derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior y del derecho de circulación y residencia, mientras que no encuentra vulneración de los principios de legalidad y retroactividad, ni del derecho a la protección judicial.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por falta de recursos para efectivizar las garantías judiciales y procesales en un proceso.

TemaSecundario:
Derecho a recurrir. Libertad de circulación y residencia. Principio de legalidad. Retroactividad. Principio de legalidad y de retroactividad. Derecho a la protección judicial.


ID: C277
Caratula: Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 8, 19, 24
ArtsViolados: 1, 4, 5, 8, 19, 24
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Una niña de 15 años desapareció. Fue hallada muerta con una herida de arma blanca. El Estado demoró el inicio de las investigaciones y, además, estas fueron deficientes.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la falta de investigación del asesinato de una adolescente.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Integridad personal. Derechos de los niños y las niñas. Principio de no discriminación. Deber de investigar. Garantías judiciales y protección judicial. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Libertad personal.

MencionOtros:
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer
Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Guatemala)


ID: C278
Caratula: Caso Brewer Carías vs. Venezuela. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: No invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 12 de abril de 2002 el señor Pedro Carmona Estanga, uno de los líderes de las protestas civiles se habría puesto en contacto con Brewer Carías y fue llevado al “Fuerte Tiuna”, sede del Ministerio de Defensa y de la Comandancia General del Ejército. Una vez allí, el señor Carmona le habría solicitado que analizara un documento, que se conocería como “Decreto Carmona” y ordenaba la “reorganización de los poderes públicos” y el establecimiento de un “gobierno de transición democrática”. El señor Brewer ha declarado que tras no poder reunirse con el señor Carmona para poder darle su opinión sobre dicho documento, abandonó el “Fuerte Tiuna” y regresó a su casa. En efecto, ese mismo día el señor Carmona Estanga anunció la disolución de los poderes públicos y el establecimiento de un ‘gobierno de transición democrática. El 14 de abril de 2002 “Hugo Chávez fue reinstaurado en la Presidencia de la República. Los hechos acontecidos los días 12 y 13 de abril de 2002 fueron considerados por el Consejo Permanente y la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos como una “interrupción abrupta del orden democrático y constitucional. 
La Asamblea Nacional designó una Comisión Parlamentaria Especial para investigar y determinar las responsabilidades de ciudadanos quienes, sin estar investidos de funciones públicas, actuaron en forma activa y concordada en la conspiración y golpe de Estado. El señor Brewer Carías estaba incluido en la lista de personas que debían ser investigadas, según la Comisión Parlamentaria. Durante la tramitación de tal proceso, se podrían haber afectado las garantías de independencia e imparcialidad del juzgador y el derecho a la protección judicial, teniendo en cuenta que uno de los jueces temporales fue suspendido y reemplazado dos días después de presentar una queja por la falta de cumplimiento de una orden emitida por él que ordenaba el acceso del imputado a la totalidad de su expediente, sumado a la normativa y práctica respecto del nombramiento, destitución y situación de provisionalidad de los jueces en Venezuela. Asimismo, Brewer Carias se habría visto imposibilitado de acceder al expediente en su totalidad y sacar fotocopias.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por falta de garantías judiciales y protección judicial en un proceso.

TemaSecundario:
Agotamiento de recursos internos. Garantías de independencia e imparcialidad del juzgador. Derecho a la protección judicial. Garantías judiciales.


ID: C279
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por irregularidades en proceso penal contra personas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 8, 9, 13, 23
ArtsViolados: 1, 7, 13, 17, 23
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Chile
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad e igualdad.
FormulasAbrev: Igualdad y dignidad.
Caratula:
Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activistas del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
el caso se refiere a la alegada “violación de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,  en perjuicio de Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licán, Patricia Roxana Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, debido a su procesamiento y condena por delitos terroristas, en aplicación de una normativa penal contraria al principio de legalidad, con una serie de irregularidades que afectaron el debido proceso y tomando en consideración su origen étnico de manera injustificada y discriminatoria”. Según la Comisión, el caso se inserta dentro de “un reconocido contexto de aplicación selectiva de la legislación antiterrorista en perjuicio de miembros del pueblo indígena Mapuche en Chile”.

TemaSecundario:
Principio de legalidad. Presunción de inocencia. Principio de igualdad y no discriminación. Derecho a la igual protección de la ley.

FallosCitados:
Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 55. 
Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 79.

ParrDestacados:
197. Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo el ordenamiento jurídico

FormulasLiterales:
"La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona";


ID: C280
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 67
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El presente caso se refiere a la remoción arbitraria de 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador en ausencia de un marco legal claro que regulara las causales y procedimientos de separación de su cargo. Se alegó que las víctimas no contaron con las garantías mínimas de debido proceso, no fueron escuchados ni tuvieron oportunidad de defenderse y tampoco tuvieron a su disposición un recurso judicial efectivo.
 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por remoción arbitraria de 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador ausencia de un marco legal claro que regulara las causales y procedimientos de separación de su cargo.

TemaSecundario:
Garantías judiciales. Principio de legalidad. Principio de retroactividad. Debido proceso. Derecho a ser oído.


ID: C281
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 7, 8, 19, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 7, 8, 19, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: Convención sobre los Derechos del Niño
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
En Venezuela, en un contexto de abusos policiales, dos hermanos (17 y 18 años) sufrían amenazas. Uno de ellos fue asesinado por dos tiros en la calle en el marco de un supuesto enfrentamiento policial. Tiempo más tarde, el otro hermano fue detenido para hacer averiguaciones y murió en custodia de agentes policiales. La autopsia reveló maltratos y un casquillo de bala. Las investigaciones posteriores fueron deficientes.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por asesinatos de personas por parte de agentes policiales.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Libertad personal. Integridad personal. Derechos de los niños y las niñas. Garantías judiciales. Protección judicial.


ID: C282
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 3, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25
ArtsViolados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: República Dominicana
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: "El derecho a la identidad es consustancial a los atributos y a la dignidad humana";
Etiquetas: Dignidad y derecho a la identidad.
FormulasAbrev: Identidad y dignidad.
Caratula:
Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El Estado de República Dominicana expulsó de su país a un grupo de personas de origen haitiano, aun cuando algunas de estas habían nacido en territorio dominicano.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional Estado por la expulsión de su país de un grupo de personas de origen haitiano.

TemaSecundario:
Personalidad jurídica. Integridad personal. Libertad personal. Protección de la honra y la dignidad. Protección de la familia. Nacionalidad. Derechos de los niños y las niñas. Debido proceso. Libertad de circulación y residencia.

FallosCitados:
Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No.232, párr. 112.

ParrDestacados:
el Comité Jurídico Interamericano ha resaltado que el ‘derecho a la identidad es consustancial a los atributos y a la dignidad humana’ y es un derecho con carácter autónomo, el cual posee ‘un núcleo central de elementos claramente identificables que incluyen el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad y el derecho a las relaciones familiares’. En efecto, es ‘un derecho humano fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés colectivo de la [c]omunidad [i]nternacional en su [c]onjunto[,] que no admite derogación ni suspensión en los casos previstos por la Convención Americana’ [(Opinión aprobada por el Comité Jurídico Interamericano sobre el alcance del Derecho a la Identidad en el 71° período ordinario de sesiones, CJI/doc.276/07 rev.1, de 10 de agosto de 2007, párrs. 11.2, 12 y 18.3.3, aprobado en el mismo período de sesiones mediante Resolución CJI/RES.137 (LXXI-O/07), de 10 de agosto de 2007, punto resolutivo segundo)]”. Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No.232, párr. 112. Sin perjuicio de lo indicado, teniendo en consideración el modo en que fueron expresados los argumentos pertinentes por los representantes (supra nota a pie de página 280 e infra nota a pie de página 346), en el presente caso este Tribunal considera adecuado realizar el examen del derecho a la identidad en vinculación con los derechos a la personalidad jurídica, al nombre y la nacionalidad.

La Corte recuerda que el artículo 11 de la Convención Americana, titulado Protección de la Honra y de la Dignidad, requiere la protección estatal de los individuos frente a las acciones arbitrarias de las instituciones estatales que afectan la vida privada y familiar. Prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias. 


ID: C283
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 8, 22, 23, 25
ArtsViolados: 1, 5, 8, 22, 23, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
FallosCitados: Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. C252
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar.
DignidadRol: Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Retorno digno.
FormulasAbrev: Estado garante de desplazados.
Caratula:
Caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El presente caso se relaciona con la alegada “falta de prevención del asesinato del defensor de derechos humanos [A.A.], ocurrido el 20 de diciembre de 2004[, el cual] se encuentra en la impunidad como consecuencia de las irregularidades cometidas al inicio de la investigación y de la falta de diligencia para investigar las hipótesis relacionadas con el móvil del asesinato. Además, la investigación no se llevó a cabo en un plazo razonable y se vio comprometida por la falta de protección de personas que han participado activamente en el proceso”. La Comisión sostuvo que la situación de desprotección en que se encontró la familia dio lugar a su desplazamiento, en violación del derecho a la libertad de circulación y residencia. También alegó que Guatemala incumplió el deber de garantía de los derechos políticos, en virtud del cargo público que habría ocupado el señor A.A., y de la imposibilidad de su hija, B.A., de dar continuidad al ejercicio de estos derechos.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la persecución y muerte de defensores de derechos humanos.

TemaSecundario:
Integridad personal. Libertad de circulación y residencia. Garantías judiciales. Protección judicial. Derechos de los niños y las niñas. Derecho a la vida. Derechos políticos.

ParrDestacados:
167. Por otra parte, en coincidencia con la comunidad internacional, la Corte ha reafirmado que la obligación de garantía para el Estado de origen de proteger los derechos de las personas desplazadas conlleva no sólo el deber de adoptar medidas de prevención sino también proveer las condiciones necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro a su lugar de residencia habitual o a su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Para ello, se debe garantizar su participación plena en la planificación y gestión de su regreso o reintegración276. Nota 276: Cfr. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252, párr. 188, y Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia, supra, párr. 220. 176. Para la Corte dos aspectos son fundamentales en cuanto a las alegadas medidas de seguridad y protección estatal que fueron ofrecidas. En primer lugar, el ofrecimiento concreto fue realizado en el año de 2008, es decir, al menos tres años después de que la familia A se vio obligada a desplazarse. Por tanto, durante dicho período, es claro que el Estado incumplió con su deber de proveer las condiciones necesarias para facilitar a dichas personas un retorno voluntario a sus lugares de residencia. En segundo lugar, si bien la información proporcionada por las representantes permite aclarar que en el año 2008 el Estado ofreció, al menos, la “asignación de protección personal, de puesto fijo y vigilancia perimetral” (supra párr. 175), no consta en el acervo probatorio la manera en que dichas medidas serían implementadas en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como su duración. En consecuencia, no es posible determinar si las mismas tendrían la finalidad de permitir un retorno voluntario, digno y seguro al lugar de residencia habitual, o bien, la de garantizar protección en el lugar en que habían permanecido fuera de la Aldea Cruce de la Esperanza, ni la manera en que se garantizaría la participación plena de las víctimas en la planificación y gestión de su regreso o reintegración. 177. La falta de prueba que controvierta la inefectividad de las alegadas medidas de seguridad y protección estatal que fueron ofrecidas, aunado a la declaración de B.A. y la ausencia de información por parte del Estado, permiten a la Corte concluir que el Estado no adoptó medidas suficientes y efectivas para garantizar a los integrantes de la familia A desplazados forzadamente, un retorno digno y seguro a sus lugares de residencia habitual o un reasentamiento voluntario en otra parte del país, asegurando su participación plena en la planificación y gestión de un proceso de regreso o reintegración. 178. En conclusión, dado que B.A., su madre C.A., sus hijos L.A. y N.A., así como su hermana E.A. y los hijos de ésta, J.A. y K.A., se vieron forzados a salir de sus lugares de residencia habitual y desplazarse en razón de la situación de riesgo especial que soportaban, la falta de medidas de protección y el temor que sentían, y que el Estado incumplió con su obligación de proveer las condiciones necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro a sus lugares de residencia habitual o un reasentamiento voluntario en otra parte del país, se declara la violación del artículo 22.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. 

FormulasLiterales:
"La obligación de garantía para el Estado de origen de proteger los derechos de las personas desplazadas conlleva no solo el deber de adoptar medidas de prevención sino también proveer las condiciones necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro a su lugar de residencia habitual o a su reasentamiento voluntario en otra parte del país";


ID: C284
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 21, 24, 25
ArtsViolados: 1, 2, 8, 21, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Panamá
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Para construir una represa en Panamá, se relocalizaron comundades originarias. Las nuevas tierras de las comunidades fueron invadidas algunas veces. El Estado demoró en delimitar las tierras y otorgar los títulos de propiedad.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la falta de delimitación del  territorio de una comunidad indígena y por la violación de derechos de pueblos indígenas.

TemaSecundario:
Derecho a la propiedad colectiva. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Garantías judiciales. Protección judicial. Principio del plazo razonable.


ID: C285
Caratula: Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada de personas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 25
ArtsViolados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Convenios de Ginebra de 1949
PaisDemandado: El Salvador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Durante el conflicto armado en El Salvador, una niña y varios niños fueron separados de su núcleo familiar (en general, por agentes estatales) y posteriormente desaparecieron. El Estado tardó mucho tiempo en iniciar las investigaciones.

TemaSecundario:
Desaparición forzada. Derecho a la libertad personal. Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Personalidad jurídica. Protección de la familia. Derecho a la identidad.

FallosCitados:
Caso De la Cruz Flores vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115

ParrDestacados:
Estas medidas buscan, inter alia, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas o transmitir un mensaje de reprobación oficial de las violaciones de los derechos humanos de que se trata, así como evitar que se repitan violaciones como las del presente caso


ID: C286
Caratula: Caso Tarazona Arrieta y otros vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 8, 24, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 8, 24, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Durante una inspección policial en un paraje, un policía disparó en dirección a un colectivo. Como consecuencia murieron dos personas y un hombre fue herido. Las investigaciones y juicios posteriores fueron irregulares.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por el asesinato de personas por parte de agentes del Estado y por irregularidades en el posterior proceso penal.

TemaSecundario:
Principio del plazo razonable en el proceso penal. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal.


ID: C287
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 25
ArtsViolados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Detención y dignidad. Dignidad y uso de la fuerza.
FormulasAbrev: Dignidad bajo custodia estatal. Uso de la fuerza.
Caratula:
Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Un grupo terrorista tomó el Palacio de Justicia (hecho conocido como la "toma"). La respuesta del Estado fue la "retoma". Durante la toma y la retoma murieron y desaparecieron muchas personas. En particular, durante las acciones de la retoma, desaparecieron individuos, muchos fueron detenidos para ser interrogados y fueron torturados y/o desaparecidos. Se cuestionan los excesos del actuar de los agentes estatales.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada de personas y ciertas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de los sucesos conocidos como la toma y la retoma del Palacio de Justicia.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Detención ilegal. Tortura. Trato cruel y degradante. Falta de esclarecimiento judicial de hechos. Integridad personal. Incumplimiento de deber de prevención. Obligación de investigar.

FallosCitados:
Caso Yvon Neptune vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, 

Caso J. vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275

ParrDestacados:
Además, el Tribunal considera razonable presumir, con base en los elementos del acervo probatorio, que las víctimas sufrieron un trato contrario a la dignidad inherente al ser humano mientras se encontraban bajo custodia estatal, por lo cual se configuró una violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. 

417.	El artículo 5.1 de la Convención consagra, en términos generales, el derecho a la integridad personal, tanto física, psíquica como moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más específica, la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano

419.	Este Tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana, en violación del artículo 5 de la Convención 

MencionOtros:
Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estudio sobre el derecho a la verdad, U.N. Doc. E/CN.4/2006/91 de 9 de enero de 2006

FormulasLiterales:
"El Tribunal considera que la víctima sufrió un trato contrario a la dignidad inherente al ser humano mientras se encontraba bajo custodia estatal";"Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana";


ID: C288
Caratula: Caso Argüelles y otros vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 7, 8, 9, 23, 25
ArtsViolados: 1, 7, 8
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se refiere a la vulneración del derecho a la libertad personal y a las garantías judiciales de veinte oficiales militares argentinos en el proceso interno seguido contra ellos por el delito de defraudación militar contra la Fuerza Aérea argentina. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional Estado por violación del derecho a la libertad personal y el derecho a un juicio justo en procesos internos iniciados contra 20 oficiales militares argentinos por el delito de fraude militar, en cumplimiento de las disposiciones del Código de Justicia Militar de Argentina.

TemaSecundario:
Libertad personal. Presunción de inocencia. Derecho a ser asistido por un defensor letrado a elección. Plazo razonable del proceso judicial.


ID: C289
Caratula: Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 7, 8, 11, 25
ArtsViolados: 1, 2, 5, 7, 8, 11, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
FallosCitados: Caso Yvon Neptune vs. Haití. Caso J. vs. Perú. Caso Cantoral Benavides vs. Perú.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Detención y dignidad. Detención y dignidad. Dignidad e igualdad.
FormulasAbrev: Dignidad, aislamiento e incomunicación. Incomunicación de detenidos. Igualdad y dignidad.
Hechos:
El caso se relaciona con la supuesta detención ilegal y arbitraria de Gladys Carol Espinoza Gonzáles el 17 de abril de 1993, así como la alegada violación sexual y otros hechos constitutivos de tortura de los que fue víctima, mientras permaneció bajo la custodia de agentes de la entonces División de Investigación de Secuestros (DIVISE) y de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), ambas adscritas a la Policía Nacional del Perú. La Comisión sostuvo que además de los alegados hechos de tortura ocurridos a comienzos de 1993, Gladys Espinoza habría sido sometida a condiciones de detención inhumanas durante su reclusión en el Penal de Yanamayo entre enero de 1996 y abril de 2001, presuntamente sin acceso a tratamiento médico y alimentación adecuados, y sin la posibilidad de recibir visitas de sus familiares. También señaló que en agosto de 1999 agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (DINOES) le habrían propinado golpizas en partes sensibles del cuerpo, sin que la presunta víctima tuviera acceso a atención médica oportuna. Finalmente, sostuvo que los hechos del caso no habrían sido investigados y sancionados por las autoridades judiciales competentes, permaneciendo en la impunidad.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por detención ilegal de personas e irregularidades en el proceso judicial.

TemaSecundario:
Libertad personal. Integridad personal. Protección de la honra y la dignidad. Garantías judiciales y protección judicial. No discriminación.

ParrDestacados:
190. Ahora bien, en cuanto a los actos de naturaleza sexual ocasionados a la señora Espinoza durante su permanencia en la DIVISE y la DINCOTE, la Corte recuerda, como lo señala la Convención de Belém do Pará, que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”
216. Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación.
186. En tercer lugar, en cuanto a los hechos ocurridos en instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha establecido que la incomunicación debe ser excepcional y que su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana321, dado que puede generar una situación de extremo sufrimiento psicológico y moral para el detenido322. En el mismo sentido, desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha considerado que el aislamiento y la incomunicación prolongados representan, por sí mismos, formas de trato cruel e inhumano, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

MencionOtros:
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). 

FormulasLiterales:
"El aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad y la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano";"La incomunicación durante la detención debe ser excepcional y su uso puede constituir un acto contrario a la dignidad humana";"La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona";


ID: C290
TemaPrincipal: Interpretación de sentencia.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: No aplica.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
1. El 26 de noviembre de 2013 la Corte emitió la Sentencia, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión el 23 de diciembre del mismo año.
2. El 21 de marzo de 2014 el Estado peruano sometió a la Corte una solicitud de interpretación, en relación con cuatro aspectos de la Sentencia: (1) la reparación ordenada en cuanto a la tipificación adecuada del delito de desaparición forzada; (2) las consideraciones sobre las leyes de amnistía; (3) la reparación ordenada en cuanto a los programas de capacitación de las Fuerzas Armadas, y (4) los montos determinados por concepto de daño material e inmaterial.
3. El 28 de marzo de 2014, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, la Secretaría del Tribunal transmitió la referida comunicación a los representantes de las víctimas1 y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) y les otorgó un plazo hasta el 30 de abril de 2014 para presentar los alegatos escritos que estimaran pertinentes.
4. El 28 y el 30 de abril de 2014 los representantes y la Comisión Interamericana presentaron, respectivamente, sus alegatos con respecto a la solicitud de interpretación del Estado.


ID: C291
TemaPrincipal: Interpretación de sentencia.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: No aplica.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
Etiquetas: Dignidad y uso de la fuerza.
FormulasAbrev: Uso de la fuerza.
Caratula:
Caso J. vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
1. El 27 de noviembre de 2013 la Corte emitió la Sentencia, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 23 de diciembre del mismo año.
2. El 17 de marzo de 2014 la representante sometió una solicitud de interpretación, en relación con dos aspectos de la Sentencia: (i) la fuente probatoria de la referencia a la calle “Las Esmeraldas” en el párrafo 87 de la Sentencia, lo cual consideró un error material, y “su implicancia en el sentido del análisis que fluye en el párrafo 147 de la Sentencia”, así como (ii) cuáles serían las consecuencias legales, de conformidad con el artículo 63 de la Convención, de la afectación de los derechos de la víctima recogida en el párrafo 227 de la Sentencia.
3. El 21 de marzo de 2014 el Estado sometió una solicitud de interpretación por tener “incertidumbres sobre el sentido o alcance de la Sentencia, con consideraciones que inciden en la parte resolutiva de la misma”. En particular, el Estado solicitó a la Corte que: (i) aclare si los hechos de los párrafos 357 a 368 deben ser calificados como tortura o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o si dicha calificación jurídica debe ser determinada en la investigación de los órganos jurisdiccionales nacionales en el cumplimiento de la medida de reparación ordenada por la Corte; (ii) precise “los criterios y la metodología empleada para la determinación de las sumas fijadas como gastos y costas” en el párrafo 422 de la Sentencia, y (iii) rectifique el cargo del señor Federico Javier Llaque Moya2 por “abogado de la Procuraduría Especializada para Delitos de Terrorismo”.
4. El 25 de marzo de 2014, de conformidad con el artículo 68.2 del Reglamento y siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, la Secretaría transmitió las referidas solicitudes de interpretación a la representante, al Estado y a la Comisión y les otorgó un plazo hasta el 25 de abril de 2014 para presentar las alegaciones escritas que estimaran pertinentes.
5. El 25 de abril de 2014 la representante, la Comisión y el Estado presentaron sus alegaciones escritas respecto de las referidas solicitudes de interpretación.

FallosCitados:
Caso J. vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275

ParrDestacados:
363. El Tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana, en violación del artículo 5 de la Convención Americana. En el presente caso, el Estado no ha demostrado que la fuerza utilizada al momento de la detención fue necesaria (supra párrs. 330 y 331). Asimismo, la violencia sexual de que fue víctima la señora J. constituye también una violación a su derecho a la integridad personal.

FormulasLiterales:
"Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana";


ID: C292
Caratula: Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por ejecuciones extrajudiciales.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a la vida. Garantías judiciales. Protección judicial. Integridad personal.
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 8, 25
ArtsViolados: 5, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar.
DignidadRol: No se puede clasificar. No se puede clasificar. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad familiares víctimas. Dignidad víctima. Vida/existencia digna.
FormulasAbrev: Dignidad de familiares. Dignificar memoria. Condiciones de existencia digna.
Hechos:
Durante una toma de rehenes, se llevó a cabo un plan estatal para la liberación. Al ingresar los efectivos al edificio, se produjo un enfrentamiento que resultó en rehenes y oficiales heridos. Murierorn los 14 terroristas. A partir de las declaraciones de un rehén surgieron sospechas de que podrían haber existido ejecuciones extrajudiciales.

DignidadSujeto:
Dignificación de la memoria de la víctima / del nombre de la víctima. Existencia digna. Dignidad como nota de las personas humanas.

ParrDestacados:
260.   En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares312; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna313. De manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentran bajo su jurisdicción

435.  La Comisión hizo énfasis en las acciones del Estado con posterioridad a las alegadas ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales que habrían constituido violaciones adicionales a la dignidad de los familiares de las presuntas víctimas

...la satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas o para dignificar su memoria

8.	De tal manera, el concepto de “reparación integral” ha moldeado el desarrollo de las medidas de reparación. Este deriva del reconocimiento de que las violaciones de derechos humanos impactan a las víctimas de múltiples formas  y, como consecuencia, la reparación deberá estar orientada a restituir, no sólo los derechos conculcados, sino también a compensar y resarcir los daños de manera integral  con el objeto de restituir la dignidad de la persona, su calidad de vida, así como su bienestar y tranquilidad previa a las violaciones; cuestión que, para casos de graves violaciones de derechos humanos, se encuentra revestida de una máxima importancia

FormulasLiterales:
"Violaciones adicionales a la dignidad de los familiares de las presuntas víctimas";"Dignificar su memoria";"Acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna";


ID: C293
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 9, 13, 25
ArtsViolados: 1, 8, 13
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
En Venezuela, la licencia del canal de televisión RCTV expiraba en 2007. El gobierno anunció tiempo antes que no se le renovaría la concesión por lo que, cumplido el plazo, cesó la emisión. Esta decisión se atribuye a la voluntad de acallar las voces opositoras. RCTV planteó diferentes acciones judiciales y denuncias penales.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por violación a ciertos derechos, como consecuencia del cierre un canal de televisión a raíz de la decisión del Estado de reservarse la porción del espectro eléctrico que anteriormente había sido asignado al canal y, por tanto, impedir la participación en los procedimientos administrativos a un medio de comunicación que expresaba voces críticas contra el gobierno.

TemaSecundario:
Derecho a la libertad de expresión. Deber de no discriminación. Debido proceso. Derecho al plazo razonable. Derecho a ser oído.


ID: C294
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 7, 8, 9, 23, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Argüelles y otros vs. Argentina. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El caso se refiere a la vulneración del derecho a la libertad personal y a las garantías judiciales de veinte oficiales militares argentinos en el proceso interno seguido contra ellos por el delito de defraudación militar contra la Fuerza Aérea argentina. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por violación del derecho a la libertad personal y el derecho a un juicio justo en procesos internos iniciados contra 20 oficiales militares argentinos por el delito de fraude militar, en cumplimiento de las disposiciones del Código de Justicia Militar de Argentina.

TemaSecundario:
Libertad personal. Presunción de inocencia. Derecho a ser asistido por un defensor letrado a elección. Plazo razonable del proceso judicial.


ID: C295
TemaPrincipal: Interpretación de sentencia.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: No aplica.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
1. El 20 de noviembre de 2014 la Corte emitió la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el caso Espinoza Gónzáles vs. Perú, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión” el 18 de diciembre del mismo año.
2. El 18 de marzo de 2015 el Estado sometió a la Corte una solicitud de interpretación, en relación con tres aspectos de la Sentencia, a saber: A) sobre si la Corte declaró una violación del derecho a la igualdad ante la ley; B) sobre la prohibición de emplear el principio de irretroactividad de la ley penal para excusarse de la obligación de investigar los hechos, y C) respecto a los motivos por los cuales se concluyó que el estereotipo identificado en el caso impactó directamente en la decisión de no investigar los hechos y sobre la educación y capacitación dirigida a los encargados de la persecución penal y su judicialización.
3. El 20 de marzo de 2015, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, la Secretaría del Tribunal transmitió la referida comunicación a los representantes de las víctimas1 y a la Comisión y les otorgó un plazo hasta el 20 de abril de 2015 para presentar los alegatos escritos que estimaran pertinentes.
4. El 16 de abril de 2015 la Comisión Interamericana presentó sus alegatos respecto de la solicitud de interpretación del Estado. En esa misma fecha, los representantes solicitaron una prórroga para remitir sus alegaciones. Mediante nota de la Secretaría de 17 de abril de 2015, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, se concedió una prorroga a los representantes hasta el 4 de mayo de 2015, fecha en la cual remitieron sus alegatos escritos.


ID: C296
Caratula: Caso Canales Huapaya y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Garantías judiciales. Derecho a recurrir. Derecho a la propiedad. Derecho a la igualdad.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 21, 24, 25
ArtsViolados: 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se relaciona con la presunta violación del derecho a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Carlos Alberto Canales Huapaya, José Castro Ballena y María Gracia Barriga Oré, “como consecuencia de la falta de respuesta judicial adecuada y efectiva frente a los ceses en calidad de funcionarios permanentes del Congreso” del Perú. De acuerdo con la Comisión, los hechos del presente caso comparten las características esenciales del caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú1, en el cual la Corte determinó que ocurrió en el contexto de un marco normativo que les impidió a las presuntas víctimas tener claridad sobre la vía a la cual debían acudir para impugnar sus ceses. Además, la Comisión indicó que los hechos del caso “constituyen el reflejo de un contexto de inseguridad jurídica y consecuente indefensión judicial frente a posibles actos arbitrarios del poder público en el marco de los ceses colectivos que se dieron en la época”.


ID: C297
Caratula: Caso Wong Ho Wing** vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 7, 8
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
De acuerdo con la Comisión, los hechos del presente caso se relacionan con una secuencia de presuntas violaciones a los derechos del señor Wong Ho Wing, nacional de la República Popular China, desde el momento de su detención el 27 de octubre de 2008 y a lo largo del proceso de extradición que continúa vigente hasta la fecha. Según la Comisión, el señor Wong Ho Wing ha sido y continúa siendo sometido a una alegada privación arbitraria y excesiva de la libertad que no se encontraría sustentada en fines procesales. Asimismo, la Comisión concluyó que en las diferentes etapas del proceso de extradición las autoridades internas presuntamente han incurrido en una serie de omisiones e irregularidades en la tramitación del proceso, las cuales constituyeron, además de presuntas violaciones a varios extremos del debido proceso, un alegado incumplimiento del deber de garantía del derecho a la vida y a la integridad personal del señor Wong Ho Wing. Adicionalmente, concluyó que desde el 24 de mayo de 2011, fecha en la cual el Tribunal Constitucional peruano ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de extraditar al señor Wong Ho Wing, las autoridades estatales habrían incurrido en el alegado incumplimiento de una sentencia judicial, lo cual sería incompatible con el derecho a la protección judicial.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por excesiva demora en la tramitación de un proceso de extradición y de la privación de la libertad de una persona.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Integridad personal. Garantía del plazo razonable. Arbitrariedad de la detención. Hábeas corpus. Principio de no devolución. Protección judicial. Libertad personal.


ID: C298
Caratula: Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 8, 19, 25
ArtsViolados: 1, 4, 6, 8, 19
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Vivienda Digna. Vida digna.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar. No se puede clasificar. No se puede clasificar. No se puede clasificar.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Protocolo de San Salvador
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad niño. Vida/existencia digna. Vida/existencia digna. Vivienda digna.
FormulasAbrev: Interés superior del niño. Dignidad y DESC. Vida digna. Pobreza y vivienda digna.
Hechos:
Una niña recibió una transfusión de sangre y fue infectada con VIH. Por este motivo, las autoridades de su escuela le impidieron concurrir a la institución, medida que fue ratificada judicialmente. Los padres de la menor denunciaron exclusión social y discriminación.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por ciertas violaciones de derechos humanos cometidas por el contagio con VIH a una menor.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Integridad personal. Derecho a la educación. Garantía judicial del plazo en el proceso penal. Garantía judicial del plazo razonable. Protección judicial.

FallosCitados:
Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014.

DignidadRol:
Dignidad como principio. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho.

ParrDestacados:
216.	La Corte destaca la constante situación de vulnerabilidad en que se encontraron Teresa e Iván Lluy al ser discriminados, aislados de la sociedad y estar condiciones económicas precarias. Aunado a lo anterior, el contagio de Talía afectó en gran manera a toda la familia, ya que Teresa e Iván tuvieron que dedicar los mayores esfuerzos físicos, materiales y económicos para procurar la sobrevivencia y vida digna de Talía. Todo lo anterior generó un estado de angustia, incertidumbre e inseguridad permanente en la vida de Talía, Teresa e Iván Lluy.

268.	Al respecto, la Corte resalta que el objetivo general de proteger la vida e integridad personal de las niñas y los niños que compartían su estancia con Talía en la escuela constituye, en sí mismo, un fin legítimo y es, además, imperioso. En relación al interés superior del niño, la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos de las niñas y los niños se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y las niñas, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades

La situación de pobreza impactó también en las dificultades para encontrar un mejor acceso al sistema educativo y tener una vivienda digna.

Para empezar, uno de los motivos por los cuales los argumentos de quienes están en pro de la justiciabilidad directa de los DESC a través del artículo 26 no me parecen persuasivos, es porque no logran fundamentar cómo esta vía, que implica ir en contravía de lo expresamente señalado por el Protocolo, es una mejor opción que las otras vías de protección que ha utilizado la Corte como la conexidad con el derecho a la vida o a la integridad personal, o el concepto de “vida digna”. Algunos autores manifiestan que esto es necesario para dar un ámbito de protección específico de los DESC, sin tener en cuenta que el Protocolo de San Salvador creó dicho ámbito de protección, mas concluyó que la Corte sólo conocería de manera directa de los derechos consagrados en el artículo 8.a y 13 del Protocolo. Además, no se ha demostrado que la utilización de la conexidad o del concepto de “vida digna” como mecanismos de protección indirecta de los DESC  no sea efectivo para la protección y garantía de los derechos de las víctimas, o que no sea una opción garantista.

FormulasLiterales:
"El principio del interés superior del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar su desarrollo con pleno aprovechamiento de sus potencialidades";"No se ha demostrado que la utilización de la conexidad o del concepto de “vida digna” como mecanismos de protección indirecta de los DESC no sea efectivo para la protección y garantía de los derechos de las víctimas, o que no sea una opción garantista";"Teresa e Iván tuvieron que dedicar los mayores esfuerzos físicos, materiales y económicos para procurar la sobrevivencia y vida digna de Talía";"La situación de pobreza impactó también en las dificultades para encontrar un mejor acceso al sistema educativo y tener una vivienda digna";


ID: C299
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada de personas .
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 3, 4, 5, 7, 11, 21
ArtsViolados: 3, 4, 5, 7, 11, 19, 21
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como estatus institucional. Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Dignidad bajo custodia estatal.
Caratula:
Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El presente caso se refiere a lo sucedido a dos grupos familiares, así como al señor Elihoref Huamaní Vergara. Desde comienzos de la década de los ochenta hasta finales del año 2000, se vivió en el Perú un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares. El 4 de julio de 1991 la patrulla del Ejército “Escorpio”, acompañada de algunos elementos civiles, llegó al caserío de Rodeopampa en la comunidad campesina de Santa Bárbara, en donde los efectivos militares ingresaron a las viviendas de las presuntas víctimas, sacaron a quienes estaban allí y prendieron fuego a dichas viviendas para horas más tarde apoderarse de una gran cantidad de ganado, animales menores y pertenencias de los detenidos. Los efectivos militares detuvieron a 14 pobladores, entre los que se encontraban tres niñas, cuatro niños, un hombre adulto mayor de 60 años, cinco mujeres adultas, una de ellas en el sexto mes de embarazo y un hombre adulto.
Ese mismo día Elihoref Huamaní Vergara fue interceptado por el ejército y lo sumaron al grupo de los 14 pobladores que trasladaban. Durante el trayecto, los detenidos fueron golpeados y obligados a caminar varias horas amarrados y sin alimentos ni agua. Cuando llegaron a la mina abandonada llamada “Misteriosa” o “Vallarón”, los efectivos militares introdujeron a los 15 detenidos al interior del socavón, acribillándolos con Fusiles Ametralladoras Ligeras (FAL). Posteriormente, se hizo detonar en la mina cargas de dinamita, provocando el fraccionamiento de los cuerpos.

TemaSecundario:
Integridad personal. Derecho a la vida. Personalidad jurídica. Derechos de los niños y las niñas. Derecho a la propiedad. Vida privada y familiar. Garantías judiciales. Protección judicial. Libertad personal.

ParrDestacados:
al ser privadas de libertad, dichas víctimas fueron golpeadas y obligadas a caminar varias horas amarradas y sin alimentos ni agua, además, fueron introducidas en el socavón de la mina previamente a su eliminación (supra párr. 91), colocándoseles en una grave situación de vulnerabilidad. Cabe señalar que este hecho pudo generar en las niñas y niños sentimientos de pérdida, intenso temor, incertidumbre, angustia y dolor, los cuales pudieron variar e intensificarse dependiendo de la edad y las circunstancias particulares de cada uno. En razón de lo anterior, el Tribunal considera que las víctimas sufrieron un trato contrario a la dignidad inherente al ser humano mientras se encontraban bajo custodia estatal que produjo una afectación a su integridad psíquica, física y moral. Asimismo, dichos actos constituyeron formas de tortura debido a que fueron cometidos intencionalmente, que provocaron severos sufrimientos, incluso debido a la incertidumbre de lo que les podía suceder y el profundo temor de que podrían ser privados de su vida de manera violenta, como en efecto ocurrió, siendo la privación de la vida la finalidad de dichos actos. Por tanto, la Corte determina que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento

FormulasLiterales:
"El Tribunal considera que la víctima sufrió un trato contrario a la dignidad inherente al ser humano mientras se encontraba bajo custodia estatal";


ID: C300
Caratula: Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 11, 25
ArtsViolados: 1, 2, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: No se puede clasificar.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
PaisDemandado: Chile
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad víctima.
FormulasAbrev: Daño moral y restablecimiento dignidad víctima.
Hechos:
Durante la última dictadura chilena, 12 personas fueron detenidas y juzgadas con procesos de instancia única y con muchas irregularidades. Como resultado, permanecieron privados de libertad y también fueron víctimas de torturas. Tras el retorno a democracia plantearon diversos recursos para revisar aquellos tratos crueles. El Estado rechazó dichas acciones. Finalmente, a partir de 2007 se iniciaron dos investigaciones.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por irregularidades en proceso penal, así como por la falta de investigación.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Protección judicial. Suspensión de garantías. Tortura. Trato cruel y degradante. Trato inhumano.

FallosCitados:
Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas
 Caso Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140
Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
 Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217
Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
 Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No.221

ParrDestacados:
164.	En anteriores oportunidades, la Corte ha valorado favorablemente aquellos actos realizados por los Estados que tienen como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, y el reconocimiento de su dignidad . 


ID: C301
Caratula: Caso Galindo Cárdenas y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad del Estado por la detención ilegal de personas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 25
ArtsViolados: 5, 7, 8
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: Sí
CitaFallos: Sí
FallosCitados: Caso Yvon Neptune vs. Haití, párr. 129, y Caso Espinoza Gonzales vs. Perú, párr. 140
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se relaciona con la detención ilegal y arbitraria [por 31 días, sin control judicial] del entonces Vocal Provisional de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Luis Antonio Galindo Cárdenas [(en adelante “señor Galindo Cárdenas” o “señor Galindo” o “presunta víctima”)], el 16 de octubre de 1994 tras presentarse voluntariamente a la Base Militar de Yanac, a solicitud del Jefe de Comando Político Militar[,] quien ejercía las acciones de gobierno en la zona conforme a la legislación de emergencia vigente.

TemaSecundario:
Derecho a la libertad personal. Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales. Protección judicial.

ResumenDisRelevante:
Voto Sierra Porto en torno al art. 5.1: 1.En conclusión, si bien la prueba en derecho internacional es menos rígida que en el derecho interno, esto no supone que se pueda actuar sin prueba, o con una valoración de la misma poco consistente. Por todo lo expuesto, entiendo que no debió declararse la responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la integridad personal en perjuicio del señor Galindo. 2. En cuanto a los familiares del señor Galindo, en el párrafo 251 de la Sentencia la Corte concluye que “la privación de libertad del señor Galindo, el hecho de haber sido sindicado públicamente como terrorista arrepentido por el propio Presidente de la República, así como la incertidumbre por la falta de investigación, generaron sufrimiento y angustia a sus familiares”. Sobre ello, en tanto que entiendo que no había base suficiente para determinar la violación a la integridad personal en perjuicio del señor Galindo a partir de lo ocurrido durante su privación de libertad, considero que sería incongruente concluir que a partir de la misma circunstancia se vulneró el derecho a la integridad personal de sus familiares. Del mismo modo, en tanto las declaraciones del Presidente de la República y la falta de investigación no son hechos determinantes de la vulneración de la integridad personal del señor Galindo, no se advierte por qué si lo serían respecto a los familiares de él. Los elementos señalados no resultan suficientes para concluir que los familiares del señor Galindo padecieron sufrimientos que puedan ser considerados como una infracción a su integridad personal. 

ParrDestacados:
239. El artículo 5.1 de la Convención consagra en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física y psíquica como moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más específica, la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano220. La Corte entiende que cualquier violación del artículo 5.2 de la Convención Americana acarreará necesariamente la violación del artículo 5.1 de la misma.


ID: C302
Caratula: Caso López Lone y otros vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 9, 13, 15, 23, 25
ArtsViolados: 1, 2, 8, 9, 13, 15, 16, 23, 25
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como estatus institucional.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar. No se puede clasificar.
DignidadRol: No se puede clasificar. No se puede clasificar.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Proceso judicial y dignidad. Proceso judicial y dignidad.
FormulasAbrev: Dignidad de la administración de justicia. Dignidad de la administración de justicia.
Hechos:
En 2009, el Presidente de Honduras procuró llevar a cabo una consulta popular. Un juzgado lo prohibió. La consulta se llevó a cabo igualmente por orden del Presidente. La Corte Suprema ordenó que el material relevado fuera decomisado. El Presidente ordenó la custodia del material por las fuerzas de seguridad. En ese contexto, el ejército (por pedido del Fiscal General a la Corte Suprema) privó de libertad al presidente. Luego de una supuesta carta de renuncia se dio lugar a la sucesión. Este hecho fue calificado internacionalmente como un golpe de estado. Algunas personas llevaron a cabo actos a favor de la democracia. Un grupo de ellos, pertenecientes a la Asociación de Jueces por la Democracia, fueron perseguidos con causas disciplinarias que derivaron en su remoción. El procedimiento fue irregular.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la aplicación de procedimientos disciplinarios irregulares a jueces que luchaban por la democracia y el estado de derecho.

TemaSecundario:
Libertad de expresión. Derecho de reunión. Derechos políticos. Derecho de asociación. Garantías judiciales. Protección judicial. Derecho de jueces a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad. Principio de legalidad.

ParrDestacados:
Dicha calificación se realizó en el Reglamento , según el cual constituyen faltas graves aquellas conductas contrarias a la eficacia de la administración de justicia  y la reincidencia de actos que atenta contra la dignidad de la administración de justicia .


Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal nota que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Carrera Judicial recurrieron a causales disciplinarias que utilizaban conceptos indeterminados tales como la “dignidad de la administración de justicia” o el “decoro del cargo”. La Corte advierte que, aun cuando puede aceptarse que la precisión requerida en materia disciplinaria sancionatoria sea menor que en materia penal (supra párr. 257), el uso de supuestos abiertos o conceptos indeterminados tales como la “dignidad de la administración de justicia” o el “decoro del cargo” requiere el establecimiento de criterios objetivos que guíen la interpretación o contenido que debe darse a dichos conceptos a efectos de limitar la discrecionalidad en la aplicación de las sanciones. Estos criterios pueden ser establecidos por vía normativa o por medio de una interpretación jurisprudencial que enmarque estas nociones dentro del contexto, propósito y finalidad de la norma, de forma tal de evitar el uso arbitrario de dichos supuestos, con base en los prejuicios o concepciones personales y privadas del juzgador al momento de su aplicación.  
Respecto a lo anterior, la Corte recuerda que el control disciplinario tiene como objeto valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público (supra párr. 267). De esta forma, la normativa disciplinaria de jueces y juezas, debe estar orientada a la protección de la función judicial de forma tal de evaluar el desempeño del juez o jueza en el ejercicio de sus funciones. Por ello, al aplicar normas disciplinarias abiertas o indeterminadas, que exijan la consideración de conceptos tales como el decoro y la dignidad de la administración de justicia, es indispensable tener en cuenta la afectación que la conducta examinada podría tener en el ejercicio de la función judicial, ya sea positivamente a través del establecimiento de criterios normativos para su aplicación o por medio de un adecuado razonamiento e interpretación del juzgador al momento de su aplicación. De lo contrario, se expondría el alcance de estos tipos disciplinarios a las creencias morales o privadas del juzgador

MencionOtros:
Ley de la Carrera Judicial (expediente de prueba, folios 4161 a 4166). Véase también: Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, artículo 174 (Honduras).
Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura 
Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial 

FormulasLiterales:
"Al aplicar normas disciplinarias abiertas o indeterminadas, que exijan la consideración de conceptos tales como el decoro y la dignidad de la administración de justicia, es indispensable tener en cuenta la afectación que la conducta examinada podría tener en el ejercicio de la función judicial, ya sea positivamente a través del establecimiento de criterios normativos para su aplicación o por medio de un adecuado razonamiento e interpretación del juzgador al momento de su aplicación";"Al aplicar normas disciplinarias abiertas o indeterminadas, que exijan la consideración de conceptos tales como el decoro y la dignidad de la administración de justicia, es indispensable tener en cuenta la afectación que la conducta examinada podría tener en el ejercicio de la función judicial, ya sea positivamente a través del establecimiento de criterios normativos para su aplicación o por medio de un adecuado razonamiento e interpretación del juzgador al momento de su aplicación";


ID: C303
Caratula: Caso Ruano Torres y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: El Salvador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad y uso de la fuerza.
FormulasAbrev: Uso de la fuerza.
Hechos:
En el marco de un proceso de detención de una persona, se produjeron serios maltratos y abuso de autoridad.  Asimismo, a pesar de haber alegado ser inocente, no fue oído en las diferentes instancias procesales.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por los tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas, así como la falta de garantías y protección judicial para cuestionar su detención.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Protección judicial. Tortura. Trato cruel y degradante. Trato inhumano.

FallosCitados:
Caso Caso Yvon Neptune vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180
Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287
Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33.
Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289

ParrDestacados:
118.	El artículo 5.1 de la Convención reconoce en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física, psíquica como moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más específica, la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Cualquier violación del artículo 5.2 de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 5.1 de la misma .

122.	En cuanto al uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, esta Corte ha señalado que el mismo debe atenerse a criterios de motivos legítimos, necesidad, idoneidad y proporcionalidad . Asimismo, el Tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana, en violación del artículo 5 de la Convención Americana .


ID: C304
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del estado por la violación de derechos de pueblos indígenas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 21, 25
ArtsViolados: 1, 2, 8, 21, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
En el marco de un proceso de reclamo de tierras comunales de una comunidad indígena se suscitan problemas con el compromiso de saneamiento asumido por el Estado y también por parte de la invasión de terceros de dichas tierras.

TemaSecundario:
Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Garantía del uso y goce de su territorio. Protección judicial. Garantías judiciales. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Pueblos indígenas.


ID: C305
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del estado por la violación de derechos de pueblos indígenas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 8, 21, 25
ArtsViolados: 1, 2, 3, 4, 8, 21, 22
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Se trata de la responsabilidad internacional del Estado por no haber garantizado de manera apropiada la propiedad comunitaria de una comunidad indígena,

TemaSecundario:
Derecho a la propiedad colectiva. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Derecho a la vida. Garantías judiciales. Protección judicial. Pueblos indígenas.


ID: C306
Caratula: Caso García Ibarra y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 8, 19, 25
ArtsViolados: 1, 4, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
José Luis García Ibarra fue privado de su vida el 15 de septiembre de 1992 en un barrio de la ciudad de Esmeraldas, a sus 16 años de edad, por un agente de la Policía Nacional del Ecuador. La investigación y proceso penal interno culminó más de 9 años después de iniciado con sentencia condenatoria contra dicho agente policial a 18 meses de prisión por el delito de homicidio “inintencional” (culposo).

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por el asesinato de un adolescente por un agente de la policía nacional.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Derechos de los niños y las niñas. Garantías judiciales. Protección judicial. Obligación de respetar y garantizar derechos.


ID: C307
Caratula: Caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 22, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 24, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad cadáver. Dignidad cadáver. Dignidad de la mujer. Dignidad e igualdad. Honra y dignidad.
Hechos:
Claudina Isabel Velásquez Paiz, de 19 años de edad y estudiante de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos de Guatemala, salió acompañada de su hermano rumbo a la Universidad, aproximadamente a las 8:30 a.m. del día 12 de agosto de 2005. Por la noche, Claudina Velásquez informó a sus familiares que se encontraba en una fiesta y, tras realizar y recibir diversas llamadas por teléfono celular, alrededor de las 11:45 p.m. sus familiares sostuvieron una última llamada telefónica con ella y, con posterioridad, perdieron contacto. Sus padres comenzaron su búsqueda al ser informados, aproximadamente a las 2:00 a.m. del 13 de agosto de 2005, que esta podría encontrarse en peligro, según se los manifestó una persona que acudió directamente al domicilio de la familia. No consta que se haya desplegado actividad alguna por parte de los investigadores del Ministerio Público y de la PNC a raíz de las denuncias sobre la desaparición de Claudina Velásquez presentadas por sus padres aproximadamente a las 3:00 a.m., 5:00 a.m. y 8:30 a.m. ante diversos agentes de la PNC. Tampoco consta reporte policial alguno realizado al respecto, más allá de la boleta de denuncia de desaparición elaborada a las 8:30 a.m. el día 13 de agosto de 2005. La investigación penal no inició a partir de las denuncias sobre la desaparición de la víctima, sino que el momento específico de su inicio fue a partir del hallazgo del cuerpo sin vida de Claudina Velásquez.
Alrededor de las 5:00 a.m., el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala recibió una llamada anónima sobre el hallazgo de un cadáver.  Los padres de Claudina Velásquez se enteraron del hallazgo del cadáver a través de una llamada telefónica de un amigo de la prima de Elsa Claudina Paiz Vidal, quien les informó que en la morgue del Servicio Médico Forense del Organismo Judicial había un cuerpo no identificado con las características de su hija. Ambos se presentaron a la morgue, en donde alrededor del mediodía del 13 de agosto de 2005 y una vez que lo identificaron, les fue entregado el cadáver por el servicio médico forense. Debido a que no se tomaron las impresiones dactilares de Claudina Velásquez en el lugar en que se encontró su cuerpo ni en la morgue del Organismo Judicial, la auxiliar fiscal y los Técnicos de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público arribaron al lugar donde estaba siendo velado el 13 de agosto de 2005 y practicaron la toma de huellas dactilares a pesar de la oposición de sus familiares, bajo amenazas de obstrucción de la justicia.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por falta de investigación de una desaparición y del asesinato de una mujer.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Integridad personal. Derecho a las garantías judiciales. Derecho a la protección judicial. Derecho a la igualdad ante la ley. Protección de la honra y la dignidad.

FallosCitados:
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, supra, párrs. 165 y 166, y Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298

Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie
 C No. 91, párr. 81. Al respecto, ver también mutatis mutandi Caso Blake vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 115
 

DignidadIndividuo:
Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar.

DignidadRol:
No se puede clasificar. No se puede clasificar. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Derecho a la dignidad.

ParrDestacados:
De acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención, los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella174. En particular, en cuanto a los derechos a la vida, integridad personal, y honra y dignidad, estas obligaciones no solo implican que el Estado debe respetarlos (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva)

Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona

En casos anteriores, la Corte ha establecido que el cuidado de los restos mortales de una persona es una forma de observancia del derecho a la dignidad humana. Asimismo, ha señalado que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto ante sus deudos, por la significación que tienen para estos. En este sentido, la Corte considera que los ritos funerarios son actos por medio de los cuales los familiares de una persona fallecida le rinden tributo a su ser querido, de acuerdo a sus creencias, tratando de obtener un mínimo de consuelo en los últimos momentos que tendrán con la presencia física de este. En el presente caso, cuando los funcionarios del Ministerio Público llegaron a la funeraria donde estaba siendo velado el cuerpo de Claudina Velásquez y solicitaron tomar sus huellas dactilares bajo amenazas a sus padres de ser acusados de obstrucción a la justicia, pese a que debieron realizar dicha diligencia antes de entregar el cuerpo a los familiares, irrumpieron en un momento íntimo y doloroso a fin de manipular nuevamente los restos mortales de la hija de Jorge Rolando Velásquez Durán y Elsa Claudina Paiz Vidal, y hermana de Pablo Andrés Velásquez Paiz, afectando el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. En consecuencia, el Estado también violó el artículo 11 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de dichos familiares de Claudina Velásquez Paiz.

La cultura de discriminación y violencia contra la mujer es un fenómeno que persiste hasta nuestros días, nulificando la dignidad, así como el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en las Américas. Ante dicha situación, el deber “de prevención” estatal juega un papel fundamental que estimo debe ser considerado con especial atención por los estados.

MencionOtros:
Preámbulo Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”) (...) "la violencia contra la mujer “es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”; afirmando que la violencia contra la mujer constituye “una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades” .

FormulasLiterales:
"El cuidado de los restos mortales de una persona es una forma de observancia del derecho a la dignidad humana";"El cuidado de los restos mortales de una persona es una forma de observancia del derecho a la dignidad humana";"La cultura de discriminación y violencia contra la mujer es un fenómeno que persiste hasta nuestros días, nulificando la dignidad";"La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona";"Derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad";

FormulasAbrev:
Dignidad y restos mortales. Dignidad y restos mortales. Dignidad y mujer. Igualdad y dignidad. Honra y dignidad.


ID: C308
Caratula: Caso Quispialaya Vilcapoma vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por torturas y violencia provenientes de militares.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 8, 25
ArtsViolados: 1, 5, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Detención y dignidad. Dignidad y servicio militar. Dignidad y uso de la fuerza.
FormulasAbrev: Detención compatible con dignidad. Dignidad en servicio militar. Uso de la fuerza.
Hechos:
El 26 de enero de 2001, el señor Valdemir Quispialaya Vilcapoma se encontraba realizando práctica de tiro durante la cual fallaba o erraba en los tiros. En virtud de ello, el Suboficial Juan Hilaquita Quispe comenzó a insultarle e increparle que mejorara los tiros, y le golpeó con la culata del FAL en su frente y ojo derecho.
A partir de la agresión, el señor Quispialaya sufrió de constantes dolores de cabeza y fiebre. Por ello, el 27 de junio de 2001, cinco meses después del incidente, acudió al Centro Médico Divisionario para recibir atención médica. El señor Quispialaya afirmó que no denunció los hechos en esa oportunidad porque el señor Hilaquita le amenazaba y porque tenía miedo que este oficial pudiera tomar represalias contra su persona. El 18 de septiembre de 2002, el Jefe del Departamento de Oftalmología del Hospital Militar Central concluyó que el señor Quispialaya tenía secuela de lesión traumática severa y muy avanzada, por lo que no pudo recuperar la visión del ojo derecho. Además, con motivo de los hechos violentos la salud psicológica del señor Quispialaya se vio afectada.
El 6 de julio de 2001 se inició una investigación administrativa en el ámbito militar sobre la agresión sufrida por Valdemir Quispialaya. Además, el 28 de febrero de 2002 la señora Victoria Vilcapoma Taquia, madre del señor Valdemir Quispialaya, denunció ante la Fiscalía de la Nación al Suboficial por la posible comisión de actos de tortura física y psicológica en contra de su hijo. Sin embargo, el 27 de septiembre de 2002 el Ministerio Público de Huancayo formuló denuncia penal por el delito de lesiones graves, aduciendo que no había mérito para formular denuncia penal por la comisión de delito de tortura. Por otra parte, el 6 de noviembre del 2002 el Fiscal Militar de Primera Instancia presentó denuncia contra el Suboficial Hilaquita por el presunto delito de abuso de autoridad.
Con motivo de lo anterior, el 19 de noviembre de 2002 el Juez Militar permanente de Huancayo promovió una contienda de competencia la cual fue decidida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a favor de la jurisdicción militar el 12 de mayo de 2003, considerando que los hechos ocurridos fueron cometidos en actos de servicio y por tanto en el ejercicio de funciones militares. Posteriormente, el 19 de agosto de 2004 el Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército absolvió al Suboficial Hilaquita del delito de abuso de autoridad por no considerarlo probado. Sin embargo, el 17 de noviembre de 2005 el Consejo Supremo de Guerra de la Segunda Zona Judicial del Ejército declaró nula la sentencia emitida en primera instancia, por no haber tenido en cuenta varios elementos probatorios, ordenando la remisión al Juzgado de origen para que profundizara sus investigaciones.
El 15 de diciembre de 2006 el Tribunal Constitucional del Perú determinó que la justicia militar no debía conocer de los delitos comunes sancionados por el Código Penal y declaró la inconstitucionalidad del delito militar de abuso de autoridad, entre otros. Como consecuencia de ese pronunciamiento, el Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejercito declaró nulo todo lo actuado en el proceso en contra del Suboficial Hilaquita, ordenó su archivo definitivo, y remitió copias certificadas de la causa al Fiscal Provincial de Huancayo. Sin embargo, el 17 de octubre de 2008 la Fiscalía Provincial resolvió que no había mérito para formalizar la denuncia con base en que no se había podido ubicar al señor Quispialaya ya que el domicilio consignado en los registros públicos no coincidía. El caso permaneció archivado hasta el 4 de febrero de 2015, cuando la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo dispuso abrir de oficio investigación contra Juan Hilaquita Quispe en agravio de Valdemir Quispialaya por la presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de tortura.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales. Protección judicial. Posición y el deber de garante del Estado. Tortura. Trato cruel e inhumano. Jurisdicción militar. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Plazo razonable.

FallosCitados:
Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20. párr.

Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 159, y Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, párr. 206.

Caso Loayza Tamayo vs. Perú, párr. 57

 Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, párr. 184.

ParrDestacados:
En el presente caso la Corte no se encuentra ante una violación de derechos humanos de una persona privada de libertad como alegan los representantes, pues se trata de un recluta que se enlistó voluntariamente al servicio militar en el Perú. No obstante, este Tribunal estima pertinente referirse a su jurisprudencia en relación con el deber de garante del Estado respecto de las personas privadas de la libertad debido a que guarda similitud con el deber de garante del Estado respecto de los reclutas en servicio militar. Posteriormente la Corte hará algunas consideraciones específicas sobre el deber de garante del Estado en relación con las personas que están prestando el servicio militar, tomando como premisa la jurisprudencia constante del Tribunal y la de los Sistemas Europeo e Internacional de Derechos Humanos.
 Antes de realizar las consideraciones pertinentes sobre el tema en controversia, la Corte recuerda que, de conformidad con los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Además, el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los privados de libertad, en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante con respecto a dichas personas, en tanto las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas. Así, este Tribunal ha afirmado reiteradas veces que, como responsable de los establecimientos de detención y reclusión, el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad, y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención


Respecto de la situación específica de los militares y la necesidad de contar con medidas para prevenir la ocurrencia de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes el Tribunal Europeo ha afirmado que:
el Estado tiene el deber de garantizar que una persona realice el servicio militar en condiciones compatibles con el respeto por su dignidad humana, que los procedimientos y métodos de entrenamiento militar no sujeten el individuo a angustia o sufrimiento de una intensidad que exceda el nivel inevitable de rigor inherente a la disciplina militar y que, dadas las demandas prácticas de ese servicio, su salud y bienestar estén adecuadamente protegidos, entre otros, a través de la provisión de asistencia médica requerida


como indicó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “de manera similar a personas bajo custodia, los conscriptos se encuentran enteramente en las manos del Estado y cualquier evento ocurrido en el Ejército yace totalmente, o en gran parte, dentro del conocimiento exclusivo de las autoridades. Así entonces, el Estado se encuentra bajo la obligación de dar cuenta por cualquier lesión o muerte que ocurra en el Ejército”132. Asimismo, “el Estado tiene el deber de asegurar que una persona que realice el servicio militar lo haga en condiciones compatibles con el respeto de la dignidad humana, que los procedimientos y métodos del entrenamiento militar no la sometan a angustia o sufrimiento que excedan el nivel inevitable de firmeza inherente de la disciplina militar”


El Tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona que se encuentra bajo custodia estatal constituye un atentado a la dignidad humana, en violación del artículo 5 de la Convención Americana

MencionOtros:
TEDH, Caso Tchember v. Rusia, 3 de julio de 2008, parr 50

TEDH, Caso Placi v. Italia, 21 de enero de 2015, Parr 51

FormulasLiterales:
"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"El Estado tiene el deber de garantizar que una persona realice el servicio militar en condiciones compatibles con el respeto por su dignidad humana";"Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana";


ID: C309
Caratula: Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la violación de derechos de pueblos indígenas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 3, 13, 21, 23, 25
ArtsViolados: 1, 2, 3, 13, 21, 23, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Vida digna.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar. Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar.
DignidadRol: Dignidad como principio. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Surinam
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad y personalidad. Vida/existencia digna. Vida/existencia digna.
FormulasAbrev: Personalidad jurídica y dignidad. Medio ambiente y vida digna. Vida digna de pueblos indígenas.
Hechos:
Los Pueblos Kaliña y Lokono son conocidos como los “Pueblos del Bajo Marowijne”, los cuales están integrados por ocho aldeas que forman parte de este caso. 

Dentro del territorio que se encuentra en discusión en el presente caso, se crearon tres reservas naturales, a saber: i) la Reserva Wia Wia en 1966; ii) la Reserva Galibi en 1969, y iii) la Reserva Wane Kreek en 1986. Dichas reservas, según el reclamo, en su conjunto abarcan un aproximado de 59.800 hectáreas del territorio reclamado como ancestral por parte de los Pueblos Kaliña y Lokono. Las Reservas Wia Wia y Galibi fueron establecidas para la protección de las playas de anidación de las tortugas marinas. Durante ciertos periodos se impidió el acceso a los miembros del pueblo indígena a la Reserva de Galibi con motivo del incremento en los robos de huevo de tortuga y se pusieron puestos militares en las áreas de acceso.

La Reserva Wane Kreek fue constituida para la protección y conservación de ecosistemas. Sin embargo, con fundamento en una concesión otorgada en 1958 por un período de 75 años, en 1997 la compañía Suralco comenzó a realizar actividades de minería a cielo abierto para la extracción de depósitos de bauxita en un espacio de entre 100 y 144 hectáreas, ubicado dentro de la Reserva Wane Kreek. El primer “estudio de sensibilidad ambiental” fue realizado en 2005, y en este se recomendó, entre otras cosas, concluir las actividades de explotación minera tan pronto fuera posible, y rehabilitar el daño ocasionado. Como consecuencia de la minería en la reserva, las actividades de caza y pesca, que eran tradicionales en la zona, se redujeron considerablemente. Las actividades de extracción de bauxita concluyeron en 2009, y en la actualidad ciertas zonas se encuentra en una fase de rehabilitación forestal.

Por otra parte, en 1975 el Estado inició un proyecto de parcelación urbano denominado "Tuinstad Albina" (“Garden City Albina”) paralelo al río Marowijne, en las cercanías de los pueblos de Erowarte, Tapuku, Pierrekondre y Marijkedorp, mediante el cual se otorgaron títulos a terceros no indígenas, en áreas contiguas a las viviendas de miembros de las comunidades indígenas.

TemaSecundario:
Personalidad jurídica. Propiedad colectiva. Derechos políticos. Identidad cultural. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Derecho de participación. Protección judicial. Derecho de acceso a la información. Pueblos indígenas.

FallosCitados:
Caso Comunidad indígena Yakye Axa supra, párr. 163

Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek

Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana

ParrDestacados:
el Tribunal ha resaltado la importancia de la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente contenido en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales213 “Protocolo de San Salvador” como un derecho humano esencial relacionado con el derecho a la vida digna derivado del artículo 4 de la Convención a la luz del corpus iuris internacional existente sobre la protección especial que requieren los miembros de las comunidades indígenas “en relación con el deber general de garantía contenido en el artículo 1.1 y con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la misma

los criterios de participación efectiva, b) acceso y uso de sus territorios tradicionales y c) de recibir beneficios de la conservación —todos ellos, siempre y cuando sean compatibles con la protección y utilización sostenible— (supra párr. 177), resultan elementos fundamentales para alcanzar dicha compatibilidad, la cual debe ser evaluada por el Estado. En consecuencia, es necesario que el Estado cuente con mecanismos adecuados para la implementación de tales criterios como parte de la garantía de los pueblos indígenas y tribales a su vida digna e identidad cultural, en relación con la protección de los recursos naturales que se encuentren en sus territorios tradicionales.

La Corte estima que la falta del reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la dignidad humana, ya que niega de forma absoluta su condición de sujeto de derechos y hace al individuo vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por el Estado o por particulares. (citando aquí Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana)

FormulasLiterales:
"La falta del reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la dignidad humana";"La importancia de la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente ... como un derecho humano esencial relacionado con el derecho a la vida digna";"Es necesario que el Estado cuente con mecanismos adecuados para la implementación de tales criterios como parte de la garantía de los pueblos indígenas y tribales a su vida digna e identidad cultural";


ID: C310
Caratula: Caso Duque vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por discriminación.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 8, 24, 25
ArtsViolados: 1, 24
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: Sí
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía).
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad e igualdad. Dignidad e igualdad.
FormulasAbrev: Igualdad y dignidad. Distinción de trato y dignidad.
Hechos:
El señor Ángel Alberto Duque y el señor J.O.J.G convivieron como pareja hasta el 15 de septiembre de 2001, fecha en la que señor J.O.J.G falleció como consecuencia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 
El señor J.O.J.G estaba afiliado a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (COLFONDOS S.A.). Ante el fallecimiento del señor J.O.J.G, el 19 de marzo de 2002, el señor Duque solicitó por medio de un escrito que se le indicaran los requisitos que debía gestionar para obtener la pensión de sobrevivencia de su compañero50. El 3 de abril de 2002, COLFONDOS respondió al requerimiento formulado por el señor Duque indicándole que no ostentaba la calidad de beneficiario de conformidad con la ley aplicable para acceder a la pensión de sobrevivencia porque la ley no contemplaba la unión entre personas del mismo sexo. 

TemaSecundario:
Derecho a la igualdad. No discriminación. Restricción de derechos. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Derecho a la protección judicial. Garantías judiciales. Integridad personal. Derecho a la vida.

ResumenDisRelevante:
La jurisprudencia de la Corte se ha inclinado por la misma perspectiva. Así, ha afirmado “que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana”45, por lo que “no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana.”

FallosCitados:
Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 55  

Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289, párr. 216

ParrDestacados:
Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación.

MencionOtros:
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-336 de 16 de abril de 2008

sentencia T-843 de la Corte Constitucional de Colombia de 2 de septiembre de 2004. Ver también, Peritaje de Paul Hunt 6 de marzo de 2015 (expediente de prueba, folios 3706 a 3734).

Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-579 de 27 de Julio de 2011

FormulasLiterales:
"La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona";"No todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. ";


ID: C311
Caratula: Caso Maldonado Ordóñez vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 9, 25
ArtsViolados: 1, 2, 8, 9, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Olga Yolanda Maldonado Ordóñez comenzó a laborar en 1992 en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. El 21 de febrero de 2000 tres hermanos de la señora Maldonado, presentaron un escrito ante el Procurador de los Derechos Humanos, mediante el cual formularon acusaciones contra ella, relacionadas con la presunta falsificación de una Escritura Pública y solicitaron que le fuera impuesta una “sanción moral”.
El 5 de abril de 2000 el Procurador de los Derechos Humanos informó a la señora Maldonado de la denuncia presentada por sus hermanos y le notificó la “causal de despido”, contenida en el artículo 74, numerales 4 y 15 del Reglamento de Personal del Procurador de los Derechos Humanos. La señora Maldonado presentó un recurso de revisión; señaló que su destitución obedecía a causales de índole familiar que no guardaban relación con la comisión de alguna falta al servicio en sus labores como funcionaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos. El 16 de junio de 2000 el recurso de revisión interpuesto fue declarado sin lugar debido a que el Procurador consideró que las causas que motivaron la destitución eran de índole familiar, “por lo que resultan aplicables los numerales 4 y 15 del artículo 74 del Reglamento de Personal del Procurador”, agregando que el sólo hecho de la presentación de denuncias en contra de la señora Maldonado reflejaba una conducta no deseada para quienes defienden los derechos humanos.
El 23 de agosto de 2000 la señora Maldonado presentó un recurso de inconstitucionalidad en el caso concreto ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, que actuaba en funciones de Tribunal Constitucional, en contra de la decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de declararse incompetente para conocer el recurso de apelación interpuesto. El 6 de septiembre de 2000 la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones declaró improcedente el recurso de inconstitucionalidad y consideró que no se advertía violación de un precepto constitucional.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por irregularidades en proceso penal, así como por la falta de investigación.

TemaSecundario:
Protección judicial. Deber de investigar. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Tortura. Recurso adecuado y efectivo.


ID: C312
Caratula: Caso Chinchilla Sandoval y otros vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 8, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Detención y dignidad. Dignidad y pena sustitutiva.
FormulasAbrev: Detención compatible con dignidad. Sustitutivo de privación de libertad.
Hechos:
La señora Chinchilla Sandoval había sido condenada en el año 1995 a 30 a
Ella había ingresado al COF en mal estado de salud, sin que conste que se tuviere certeza sobre las enfermedades que padecía. Entre los años 1997 y 2004, su situación de salud se deterioró progresivamente. Consta que, luego de su ingreso al COF, a partir del año 1997 se le realizaron distintos exámenes médicos y diagnósticos parciales y por remisión, de los cuales se detectaron un conjunto de enfermedades, síntomas o padecimientos, en particular diabetes mellitus e hipertensión arterial. La señora solicitó libertad anticipada, pero no le fue concedida, con base, entre otras, en las siguientes razones: que la diabetes “no debía ser considerada en ese momento como una enfermedad terminal” (por lo que no podía concluirse que estuviese en inminente peligro de muerte); no llevaba cumplida ni la mitad de la pena impuesta; no acreditó haber realizado actos altruistas, de heroísmo o de cualquier relevancia humanitaria o porque dicho beneficio no fue creado para la muerte digna de un condenado.
En la mañana del 25 de mayo de 2004, la señora Chinchilla Sandoval sufrió una caída en unas gradas con su silla de ruedas en una estancia del COF, luego de lo cual fue auxiliada por otras internas y después por la enfermera de turno. A las 11:05 horas unas internas avisaron a la enfermera que aquélla no podía respirar. La enfermera y posteriormente los bomberos intentaron maniobras de resucitación, sin éxito. Se declaró su muerte a las 11:25 horas de ese día.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por violación de derechos humanos de una persona privada de su libertad.

TemaSecundario:
Obligación de respetar y garantizar derechos. Integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y protección judicial. Principio de no discriminación. Obligación de investigar.

FallosCitados:
Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, supra, párr. 159, y Caso Quispialaya Vilcapoma vs. Perú

Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 99 

Caso Mendoza y otros vs. Argentina, supra, párr. 189

ParrDestacados:
de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma

cuando existan elementos que señalen que el reo ha sufrido o puede sufrir consecuencias graves por el precario estado de salud en que se encuentra, lo que hace que la ejecución de una sanción penal atente gravemente contra su vida e integridad o sea físicamente imposible de cumplir, al no existir los medios materiales y humanos dentro del centro de reclusión para atender tal situación, entonces se justifica considerar la aplicación de un sustitutivo de la pena de privación de libertad (arresto domiciliario, cambio de régimen de seguridad, libertad anticipada, ejecución diferida, por ejemplo) como medida de carácter extraordinario. Tal tipo de decisión, además de justificarse en razones de dignidad y humanidad, eliminaría riesgos institucionales derivados del deterioro de salud o riesgo de muerte de la persona en dichas condiciones dentro del centro penitenciario. 

Del voto concurrente del Dr. Ferrer Mac Gregor:

Otro punto que es de suma relevancia en la presente decisión, es que la Corte IDH se refiere, por primera vez, a diversos principios que la CDPD, en su artículo 3, establece como ejes rectores de ese tratado internacional. Así, en la Sentencia, se hace referencia a los principios de la i) dignidad inherente, la autonomía individual e independencia de las personas (art. 3.a), ii) la igualdad de oportunidades y a la no discriminación (art. 3.b y e), iii) a la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad (art. 3.c) y iv) a la accesibilidad (art. 3.f). Al respecto, la Corte IDH expresó que:
208. [...]. En este sentido, es obligación de los Estados propender por la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad, con el fin de garantizar que las limitaciones normativas o de facto sean desmanteladas. Por tanto, es necesario que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas barreras. [...]
214. El derecho a la accesibilidad desde la perspectiva de la discapacidad comprende el deber de ajustar un entorno en el que un sujeto con cualquier limitación puede funcionar y gozar de la mayor independencia posible, a efectos de que participe plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con las demás. En el caso de personas con dificultades de movilidad física, el contenido del derecho a la libertad de desplazamiento implica el deber de los Estados de identificar los obstáculos y las barreras de acceso y, en consecuencia, proceder a eliminarlos o adecuarlos, asegurando con ello la accesibilidad de las personas con discapacidad a las instalaciones o servicios para que gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible.
         

MencionOtros:
Principios Básicos 1, 5 y 9 para el Tratamiento de Reclusos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que: el artículo 3 del Convenio Europeo impone al Estado “asegurarse de que una persona esté detenida en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, que la forma y el método de ejercer la medida no le someta a angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente, brindándole, entre otras cosas, la asistencia médica requerida. Cfr. TEDH, Kudla v. Polonia, No. 30210/96, Sentencia de 26 de octubre de 2000, Reports 2000 XI, párr. 94

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1995, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXVII) de 13 de mayo de 1977. Ver también las reglas 49 y 50 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad. Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad


Declaración del Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad

FormulasLiterales:
"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"Considerar la aplicación de un sustitutivo de la pena de privación de libertad (arresto domiciliario, cambio de régimen de seguridad, libertad anticipada, ejecución diferida, por ejemplo) como medida de carácter extraordinario. Tal tipo de decisión, además de justificarse en razones de dignidad y humanidad";


ID: C313
TemaPrincipal: Interpretación de sentencia.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: No aplica.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Wong Ho Wing vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
1. El 30 de junio de 2015 la Corte emitió la Sentencia, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 16 de septiembre del mismo año.
2. El 14 de diciembre de 2015 el Estado sometió una solicitud de interpretación respecto de la revisión judicial a la cual debe ser sometida la decisión del Poder Ejecutivo que declara procedente la extradición. En particular, el Estado solicitó a la Corte que aclare si el objeto de control constitucional, al que hace referencia el párrafo 205 de la Sentencia, corresponde únicamente a la decisión definitiva adoptada por el Poder Ejecutivo sobre el pedido de extradición o se extiende a cualquier acto relacionado con el procedimiento de ejecución de extradición que el señor Wong Ho Wing considere afecte sus derechos.
3. El 17 de diciembre de 2015, de conformidad con el artículo 68.2 del Reglamento y siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, la Secretaría transmitió la referida solicitud de interpretación al representante2 y a la Comisión y les otorgó un plazo para que presentaran las alegaciones escritas que estimaran pertinentes. El 22 de enero y 23 de febrero de 2016 la Comisión y el representante presentaron, respectivamente, sus alegaciones escritas.


ID: C314
Caratula: Caso Tenorio Roca y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del estado por desaparición forzada de personas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Derecho a la dignidad.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: "La dignidad, libertad e integridad personales y vida de las víctimas";
Etiquetas: Dignidad víctima.
FormulasAbrev: Dignidad de la víctima.
Hechos:
En el marco del conflicto armado en el Perú, la expansión de Sendero Luminoso, sobre todo en las zonas rurales de las provincias del centro y norte del departamento de Ayacucho, hizo que el gobierno decretara el 12 de octubre de 1981 el estado de emergencia en el departamento y suspendiera algunas garantías constitucionales en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo. El 7 de julio de 1984 Rigoberto Tenorio Roca y su esposa, Cipriana Huamaní Anampa, se trasladaban en un ómnibus de la empresa de transportes Hidalgo, que salía de la ciudad de Huanta con dirección a la ciudad de Ayacucho, capital del departamento del mismo nombre, ubicada en la provincia de Huamanga. El propósito del viaje era presentarse a la Base de Infantería Militar No 51 “Los Cabitos”, para tomar conocimiento de cuándo empezaría a trabajar el señor Tenorio Roca como oficial de reclutamiento militar, puesto que había sido seleccionado en un concurso público para dicho cargo. Aproximadamente a las dos de la tarde, cuando el ómnibus se encontraba a la altura del anexo Huayhuas, distrito de Iguaín, provincia de Huanta, éste fue interceptado por una patrulla militar compuesta por treinta infantes de la Marina de Guerra e integrantes de la Policía de Investigación del Perú (PIP) que se desplazaban en dos tanquetas y un Jeep. Diez infantes subieron al ómnibus de la empresa Hidalgo y solicitaron la identificación de los pasajeros. Al llegar al lugar que ocupaba Rigoberto Tenorio Roca y verificar sus documentos, lo hicieron descender del vehículo en razón de su apellido. Los infantes cubrieron el rostro del señor Tenorio Roca con su propio saco, lo hicieron ingresar en una tanqueta, y se lo llevaron detenido. Desde ese entonces, no se tiene conocimiento del paradero de Rigoberto Tenorio Roca.

TemaSecundario:
Derecho a la libertad. Integridad personal. Derecho a la vida. Personalidad jurídica. Garantías judiciales y protección judicial. Derecho a conocer la verdad. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas.

ParrDestacados:
los actos alegados cometidos por personal militar contra Rigoberto Tenorio Roca afectaron bienes jurídicos tutelados por el derecho penal interno y la Convención Americana, como la dignidad, libertad e integridad personales y vida de la víctimas. Por lo tanto, el avocamiento de la jurisdicción militar en dichas causas contrarió los parámetros de excepcionalidad y restricción que caracterizan a dicha jurisdicción. Además, operó sin tomar en cuenta la naturaleza de los actos involucrados; obstruyó durante varios años las investigaciones en la justicia ordinaria, que era el fuero competente para realizar las investigaciones, y pretendió lograr la impunidad de los responsables.


ID: C315
Caratula: Caso Flor Freire vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 9, 11, 24
ArtsViolados: 1, 2, 8, 11, 24
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad e igualdad. Honra y dignidad. Honra y dignidad.
FormulasAbrev: Igualdad y dignidad. Honra como estimación por dignidad. Reputación y dignidad.
Hechos:
El señor Flor Freire ingresó a la Fuerza Terrestre en el año 1992. Al momento de su separación tenía el grado de Teniente. El 19 de noviembre de 2000, en las instalaciones del Fuerte Militar Amazonas, ocurrieron los hechos que dieron origen al procedimiento disciplinario militar que resultó en la baja del señor Flor Freire. Al respecto, se han presentado dos versiones distintas: (i) por un lado, de acuerdo a distintos testimonios, el señor Flor Freire habría sido visto teniendo relaciones sexuales en su habitación con un soldado; (ii) por otro lado, de acuerdo al señor Flor Freire, en la madrugada del 19 de noviembre de 2000 se encontraba cumpliendo con las funciones de Oficial de la Policía Militar, cuando presenció a un soldado en estado de embriaguez, en una fiesta en las afueras del Coliseo Mayor, por lo cual decidió trasladarlo al recinto militar. Sin embargo, cuando el soldado intentó regresar a la fiesta optó por llevarlo a su habitación para que durmiera en una cama adicional. Poco después, un Mayor habría entrado a la habitación, ordenando al señor Flor Freire entregar su arma e informándole que testigos lo habían visto en situación de “homosexualismo”.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por irregularidades en procesos disciplinarios y por discriminación.

TemaSecundario:
Derecho a la igualdad. Prohibición de discriminación. Obligación de respetar y garantizar derechos. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Principio de legalidad. Protección de la honra y la dignidad. Garantías judiciales y protección judicial. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

FallosCitados:
Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 55, 

Caso Duque vs. Colombia, párr. 91 

ParrDestacados:
La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación

El derecho a la honra se relaciona entonces con la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana.

la reputación puede resultar lesionada como consecuencia de informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo. Tiene por lo tanto una cercana relación con la dignidad humana, en la medida que protege a las personas contra ataques que restrinjan la proyección de la persona en el ámbito público o colectivo.

FormulasLiterales:
"La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona";"El derecho a la honra se relaciona con la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana";"La reputación... Tiene por lo tanto una cercana relación con la dignidad humana";


ID: C316
Caratula: Caso Herrera Espinoza y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 2, 5, 7, 8
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 2 de agosto de 1994 autoridades policiales practicaron tres allanamientos en la ciudad de Quito, Ecuador, previamente autorizados. En el marco de tales actuaciones se detuvo a 12 personas, entre ellas, las cuatro víctimas del caso, quienes no son de nacionalidad ecuatoriana.
El 3 de agosto de 1994 el Intendente General de Policía de Pichincha “legalizó” las detenciones. Los detenidos rindieron “declaraciones presumariales” ante autoridades de la Policía y el Fiscal de Turno, admitiendo la comisión de actos delictivos. Posteriormente edesconocieron el contenido de las “declaraciones presumariales”, por haber sido obtenidas bajo coacción.
A solicitud de un abogado particular y por orden de un Juez, el 9 de agosto de 1994 se realizó una diligencia de reconocimiento médico de las víctimas, donde se dejó constancia de que los cuatro señores indicaron haber sido víctimas de maltratos psicológicos y físicos, que presentaban lesiones provenientes de golpes contusos, y que aquejaban presencia de dolor.
El Juez Duodécimo de lo Penal dictó “auto cabeza de proceso”, ordenando la prisión preventiva, sobre la base de un informe policial de 8 de agosto de 1994, que indicó que las cuatro víctimas y otras personas “conforma[ba]n una banda internacional de narcotraficantes”. Los señores Herrera y Cano se fugaron durante el curso de la investigación penal. 
El 31 de enero de 1997 el Tribunal Segundo Penal de Pichincha condenó a 8 años de prisión al señor Jaramillo por el delito de tenencia y tráfico de sustancias ilícitas. El 25 de julio de 1997 la Corte Superior de Justicia lo consideró cómplice del delito y redujo su pena a 5 años. El 4 de agosto de 1997 el Tribunal Segundo tuvo por cumplida la pena y ordenó la liberación del señor Jaramillo
El 1 de abril de 1998 el Segundo Tribunal Penal de Pichincha declaró al señor Revelles culpable en carácter de cómplice por la comisión del delito sancionado por el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y se le condenó a seis años de prisión.
El 19 de mayo de 1998 el señor Revelles interpuso un recurso de habeas corpus, el cual luego fue rechazado por la Alcaldesa de Quito. Posteriormente, el señor Revelles apeló la decisión ante el Tribunal Constitucional, y que el 9 de noviembre de 1998 confirmó la resolución de la Alcaldesa.
El 24 de noviembre de 1998 la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia condenatoria en contra del señor Revelles. El 4 de diciembre de 1998, el Tribunal Segundo de lo Penal ordenó su liberación por haber cumplido la sanción impuesta.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por detención ilegal y tortura de personas por agentes estatales.

TemaSecundario:
Tortura. Detención ilegal. Prisión preventiva arbitraria. Integridad personal. Libertad individual. Garantías judiciales y procesales.

FallosCitados:
Caso Yvon Neptune vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008.

Caso Quispialaya Vilcapoma vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas

ParrDestacados:
[e]l artículo 5.1 de la Convención consagra en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física, psíquica como moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más específica, la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La Corte entiende que cualquier violación del artículo 5.2 de la Convención Americana acarreará necesariamente la violación del artículo 5.1 de la misma


ID: C317
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 8, 9, 13, 15, 16, 23, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso López Lone y otros vs. Honduras. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Es interpretativa. En la sentencia de fondo se analizaron las sanciones disciplinares y las irregularidades en los procesos contra jueces que pertenecían a la Asociación de Jueces por la Democracia. Estos habían llevado a cabo acciones a favor del Estado de Derecho en el marco de un supuesto golpe de Estado.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la aplicación de procedimientos disciplinarios irregulares a jueces que luchaban por la democracia y el estado de derecho.

TemaSecundario:
Libertad de expresión. Derecho de reunión. Derechos políticos. Derecho de asociación. Garantías judiciales. Protección judicial. Derecho de jueces a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad. Principio de legalidad.


ID: C318
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 19, 22, 25
ArtsViolados: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 22, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Brasil
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad y esclavitud. Dignidad y esclavitud. Trabajo y dignidad. Vida/existencia digna.
Caratula:
Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El caso se relaciona con una supuesta práctica de trabajo forzoso y servidumbre por deudas en la Hacienda Brasil Verde, ubicada en el Estado de Pará. Según se alega, los hechos del caso se enmarcaron en un contexto en el que decenas de miles de trabajadores eran sometidos anualmente a trabajo esclavo. Adicionalmente, se alega que los trabajadores que lograron huir declararon sobre la existencia de amenazas de muerte en caso de abandonar la hacienda, el impedimento de salir libremente, la falta de salario o la existencia de un salario ínfimo, el endeudamiento con el hacendado, la falta de vivienda, alimentación y salud dignas. Asimismo, esta situación sería presuntamente atribuible al Estado, pues tuvo conocimiento de la existencia de estas prácticas en general y específicamente en la Hacienda Brasil Verde desde 1989, y a pesar de dicho conocimiento no habría adoptado las medidas razonables de prevención y respuesta, ni proveído a las presuntas víctimas de un mecanismo judicial efectivo para la protección de sus derechos, la sanción de los responsables y la obtención de una reparación. Finalmente, se alega la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición de dos adolescentes, la cual fue denunciada ante autoridades estatales el 21 de diciembre de 1988, sin que presuntamente se hubieran adoptado medidas efectivas para dar con su paradero.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por práctica de trabajo forzoso y servidumbre por deudas, sumado a amenazas de muerte y falta de condiciones dignas para la vida.

TemaSecundario:
Esclavitud. Integridad personal. Libertad personal. Personalidad jurídica. Libertad de circulación y residencia. Derechos de los niños y las niñas. Garantías judiciales. Protección judicial.

DignidadIndividuo:
Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía).

DignidadRol:
Derecho a la dignidad. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Calificación de un derecho.

ParrDestacados:
273. Es evidente de lo anterior que la constatación de una situación de esclavitud representa una restricción sustancial de la personalidad jurídica del ser humano y podría representar, además, violaciones a los derechos a la integridad personal, a la libertad personal y a la dignidad, entre otros, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso. 317. Asimismo, la prohibición a no ser sometido a esclavitud juega un papel fundamental en la Convención Americana, por representar una de las violaciones más fundamentales de la dignidad de la persona humana y, concomitantemente, de varios derechos de la Convención (supra párr. 306). Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes y terceros particulares atenten contra él. En voto razonado de Ferrer McGregor: 54. Para los fines del derecho antidiscriminatorio, la posición económica alude a situaciones estructurales de negación, por diversas circunstancias, a un sector de la población, de necesidades generales de vida digna y autónoma. Debe entenderse, pues, dentro del conjunto de situaciones que impiden que una persona desarrolle una vida digna, como el acceso y disfrute a los servicios sociales más básicos. En este sentido, las condiciones de dignidad se refieren a la posibilidad, por ejemplo, de ejercer un trabajo o bien el goce de bienes, tales como vivienda, educación, salud, esparcimiento, servicios públicos, seguridad social, cultura, dado que es la situación frente a ellos la que configura la condición económica social del individuo. 

MencionOtros:
 Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, artículo 5: “Todo individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano y al reconocimiento de su status legal. Todas las formas de explotación y degradación del hombre, especialmente la esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura, el castigo y el trato cruel, inhumano o degradante, serán prohibidos”. En voto razonado de Ferrer McGregor, cita ONU, Principios Rectores sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos, 27 de Septiembre de 2012, Resolución 21/11, principio 3. La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos urgente. A la vez causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos, es una condición que conduce a otras violaciones. La extrema pobreza se caracteriza por vulneraciones múltiples e interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y las personas que viven en la pobreza se ven expuestas regularmente a la denegación de su dignidad e igualdad. 

FormulasLiterales:
"La constatación de una situación de esclavitud representa una restricción sustancial de la personalidad jurídica del ser humano y podría representar, además, violaciones a los derechos a la integridad personal, a la libertad personal y a la dignidad, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso ";"La prohibición a no ser sometido a esclavitud juega un papel fundamental en la Convención Americana, por representar una de las violaciones más fundamentales de la dignidad de la persona humana";"Las pobres condiciones laborales atentaban contra la honra y la dignidad de las personas";"La posición económica alude a situaciones estructurales de negación, por diversas circunstancias, a un sector de la población, de necesidades generales de vida digna y autónoma. Debe entenderse, pues, dentro del conjunto de situaciones que impiden que una persona desarrolle una vida digna, como el acceso y disfrute a los servicios sociales más básicos. En este sentido, las condiciones de dignidad se refieren a la posibilidad, por ejemplo, de ejercer un trabajo o bien el goce de bienes, tales como vivienda, educación, salud, esparcimiento, servicios públicos, seguridad social, cultura, dado que es la situación frente a ellos la que configura la condición económica social del individuo";

FormulasAbrev:
Dignidad y esclavitud. Esclavitud y dignidad. Condiciones laborales y dignidad. Posición económica y dignidad.


ID: C319
Caratula: Caso Pollo Rivera y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la detención ilegal de una persona.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 5, 7, 8, 11, 25
ArtsViolados: 1, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Detención y dignidad. Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Detención compatible con dignidad. Dignidad del ilegalmente detenido.
Hechos:
Pollo Rivera era médico. Fue acusado de atender a los miembros (entre ellos, a los líderes) de Sendero Luminoso, un grupo terrorista. Por ello, fue detenido sin orden judicial y juzgado por terrorismo y traición a la patria en el marco de procesos irregulares. Se divulgaron imágenes humillantes de su detención. Pidió indulto pero este fue denegado. Sus últimos años de detención transcurrieron hospitalizado. Finalmente, falleció.

TemaSecundario:
Libertad personal. Integridad personal. Garantías judiciales. Principio de legalidad. Tortura. Trato cruel e inhumano. Jurisdicción penal.

FallosCitados:
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110

Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99

ParrDestacados:
Al respecto, la Corte ha considerado que una “persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad”


159.	La Corte ha establecido que, de conformidad con los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, el Estado debe garantizar a toda persona privada de libertad el derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, en razón de la posición especial de garante en que se encuentra. Es deber del Estado salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos, brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida, así como garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención

Asimismo, el Código Internacional de Ética Médica establece que es una de las funciones principales de todo médico el “dedicarse a proporcionar un servicio médico competente, con plena independencia profesional y moral, con compasión y respeto por la dignidad humana” sin “permitir que su opinión sea influenciada por beneficio personal o discriminación injusta ”.

MencionOtros:
  	UN, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Resolución A/68/297 del 9 de agosto de 2013, párr. 14-15. 
Asociación Médica Mundial. Código Internacional de Ética Médica, adoptado por la 3ra Asamblea de la AMM en la ciudad de Londres, Inglaterra en Octubre de 1949 enmendado por última vez por la 57ª Asamblea de la AMM, Pilanisberg, Sudáfrica, Octubre 2006, 3er y 4to deber general, disponible en www.wma.net/es/30publications/10policies/c8/. 

FormulasLiterales:
"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"Una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad";


ID: C320
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por torturas y violencia provenientes de militares.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 8, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Quispialaya Vilcapoma vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Es sentencia interpretativa. En la sentencia de fondo se trató de un joven que, en el marco de un entrenamiento militar, fue golpeado por su superior. Ello le provocó lesiones permanentes. Los procesos judiciales demoraron muchos años y estuvieron plagados de errores.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales. Protección judicial. Posición y el deber de garante del Estado. Tortura. Trato cruel e inhumano. Jurisdicción militar. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Plazo razonable.


ID: C321
TemaPrincipal: Interpretación de sentencia.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: No aplica.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Canales Huapaya y otros vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
1. El 24 de junio de 2015 la Corte emitió la Sentencia, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 17 de septiembre del mismo año.
2. El 10 de diciembre de 2015 el representante Mario Canales Huapaya1 (en adelante “el representante”) presentó una solicitud de interpretación de la Sentencia con relación al párrafo 128 de la misma, en lo que respecta a la determinación de la no violación del derecho a la igualdad de la víctima Carlos Alberto Canales Huapaya. Además, el representante presentó “apreciaciones” respecto al monto de la indemnización compensatoria y el pago del daño material.
3. El 16 de diciembre de 2015 el Estado presentó una solicitud de interpretación de la Sentencia con relación al párrafo 190 de la misma, en lo relativo a que, como consecuencia de un “cese arbitrario”, las víctimas del presente caso debían recibir una suma por los aportes pensionarios que no llegaron a ingresar a su patrimonio. El Estado señaló que lo anterior resultaría contradictorio con lo señalado en el párrafo 114 de la Sentencia, respecto a que no era objeto del caso determinar el carácter arbitrario del cese de las víctimas.
4. El 7 y 21 de enero de 2016 el representante presentó sus observaciones escritas a la solicitud de interpretación del Estado. El 18 de enero de 2016 el Estado presentó sus observaciones escritas a la solicitud de interpretación del representante; en la misma fecha la víctima José Castro Ballena presentó sus observaciones escritas a la solicitud de interpretación del Estado2. El 21 de enero de 2016 la Comisión presentó sus observaciones escritas respecto de las referidas solicitudes de interpretación.


ID: C322
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por discriminación.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 8, 24, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Duque vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El señor Ángel Alberto Duque y el señor J.O.J.G convivieron como pareja hasta el 15 de septiembre de 2001, fecha en la que señor J.O.J.G falleció como consecuencia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El 4 de agosto de 1997 el señor Duque ingresó al Programa ETS-VIH/SIDA diagnosticado con infección por VIH C3 y a partir de allí, comenzó su tratamiento antirretroviral, el cual no debía suspenderse, ya que esa circunstancia podría implicar un riesgo de muerte. El señor J.O.J.G estaba afiliado a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos
de Pensiones y Cesantías (COLFONDOS S.A.)49. Ante el fallecimiento del señor J.O.J.G, el 19 de marzo de 2002, el señor Duque solicitó por medio de un escrito que se le indicaran los requisitos que debía gestionar para obtener la pensión de sobrevivencia de su compañero.  COLFONDOS respondió al requerimiento formulado por el señor
Duque indicándole que no ostentaba la calidad de beneficiario de conformidad con la ley aplicable para acceder a la pensión de sobrevivencia, pues la legislación colombiana en materia de seguridad social no contemplaba la unión entre dos personas del mismo sexo.

TemaSecundario:
Derecho a la igualdad. No discriminación. Restricción de derechos. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Derecho a la protección judicial. Garantías judiciales. Integridad personal. Derecho a la vida.


ID: C323
TemaPrincipal: Interpretación de Sentencia.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: No aplica.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Galindo Cárdenas y otros vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
1. El 2 de octubre de 2015 la Corte emitió la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el caso Galindo Cárdenas y Otros vs. Perú, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 18 de diciembre de 2015.
2. El 15 de marzo de 2016 el representante de las víctimas sometió a la Corte una solicitud de interpretación, sobre cuatro aspectos de la sentencia, a saber: a) la anulación de las Resoluciones Fiscales de 4 y 9 de noviembre de 1994; b) los alcances de la investigación sobre la alegada “tortura psicológica”; c) las medidas de rehabilitación, y d) las indemnizaciones compensatorias del daño material e inmaterial.
3. El 18 de marzo de 2016, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, la Secretaría de este Tribunal transmitió la solicitud de interpretación al Estado y a la Comisión Interamericana y les otorgó un plazo hasta el 12 de abril de 2016 para que presentaran, si lo estimaban pertinente, sus respectivos alegatos escritos.
4. El 12 de abril de 2016 el Estado y la Comisión presentaron, respectivamente, sus alegatos escritos.


ID: C324
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada de personas.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 3, 4, 5, 7, 11, 21
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El caso se refiere a la presunta responsabilidad del Estado por la alegada desaparición forzada de 15 personas pertenecientes, en su mayoría, a dos familias y entre las que se encontraban siete niñas y niños de entre ocho meses y siete años de edad. Estos hechos habrían sido cometidos por miembros del Ejército peruano y habrían tenido lugar el 4 de julio de 1991 en la comunidad de Santa Bárbara, provincia de Huancavelica. A pesar de que en el marco de las investigaciones internas habría quedado demostrada la responsabilidad penal de los militares denunciados, e incluso, en la jurisdicción militar se encontró como responsables de los hechos denunciados a seis miembros de las fuerzas militares, el 14 de enero de 1997 la Corte Suprema de Justicia aplicó la Ley de Amnistía No. 26.479. Tras la reapertura del proceso penal en el año 2005, no existió ninguna condena en firme en contra de los perpetradores. 

TemaSecundario:
Derechos a la libertad personal. Integridad personal. Derecho a la vida. Personalidad jurídica. Derechos de los niños y las niñas. Vida privada y familiar. Garantías judiciales. Protección judicial. Libertad personal.


ID: C325
Caratula: Caso Yarce y otras vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 27
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 16, 17, 21, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Retorno digno. Vida digna.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar. No se puede clasificar. No se puede clasificar.
DignidadRol: Calificación de un derecho. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Comité DESC, Observación General Nro. 4
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Retorno digno. Vida/existencia digna. Vida/existencia digna.
FormulasAbrev: Estado garante de desplazados. Condiciones mínimas de vida digna. Vida digna.
Hechos:
En el marco de un conflicto interno armado, en Colombia, existieron hechos de violencia por parte del Estado para con la ciudadanía a efectos de eliminar los focos guerrilleros. En ese contexto, se dieron desplazamientos intraurbanos de familias, violencia contra las mujeres, en especial las defensoras de derechos humanos, detenciones ilegales y arbitrarias de estas. Una mujer falleció luego de que un desconocido le disparara. Las investigaciones por el homicidio y las amenazas fueron defectuosas.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores de su territorio.

TemaSecundario:
Detención ilegal. Libertad de circulación y residencia. Integridad personal. Desplazamiento forzado. Derecho de la protección a la familia. Vida digna.

ParrDestacados:
Además, las representantes alegaron que al ser señaladas como “milicianas” o “guerrilleras” las presuntas víctimas fueron estigmatizadas por lo que vieron afectados su buen nombre, honra y dignidad y que se les colocó en la mira de los grupos armados.

El resto de las menciones apuntan al retorno digno, condiciones de vida digna, derecho a la honra y dignidad

FormulasLiterales:
"La obligación de garantía para el Estado de origen de proteger los derechos de las personas desplazadas conlleva no solo el deber de adoptar medidas de prevención sino también proveer las condiciones necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro a su lugar de residencia habitual o a su reasentamiento voluntario en otra parte del país";"Mínimas condiciones de vida digna";"Vida digna";


ID: C326
Caratula: Caso Gómez Murillo y otros vs. Costa Rica. Homologación de Acuerdo.
TemaPrincipal: Derecho a la integridad personal, derecho a la vida privada y familiar.
TipoSent: Homologación de Acuerdo
TemaSecundario: Igualdad ante la ley.
ArtsInterpretados: 5, 7, 11, 17, 24
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: Sí
CitaFallos: Sí
FallosCitados: Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Costa Rica
TipoSentSimpl: Homologación de Acuerdo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
La Comisión indicó que el caso se refería a las violaciones de los derechos a la integridad personal, libertad personal, vida privada y familiar, a fundar una familia y a la igualdad y no discriminación, ocurridas como consecuencia de la prohibición general de practicar la técnica de reproducción asistida de la fecundación in vitro (en adelante también “FIV”) que estuvo vigente en Costa Rica desde el año 2000, después de una decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (en adelante también “Sala Constitucional”) de dicho país. Acuerdo de Solución Amistosa.- El 4 de agosto de 2016, estando en curso el plazo conferido al Estado para presentar su escrito de contestación al sometimiento del caso y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, la Corte recibió de Costa Rica un documento de la misma fecha denominado “Acuerdo de arreglo amistoso suscrito entre el Estado de Costa Rica y la parte demandante”

ResumenDisRelevante:
Vio Grossi: "la homologación del Acuerdo de Solución Amistosa que se realiza en el fallo del Caso Gómez Murillo y Otros vs. Costa Rica, conlleva la aceptación de lo resuelto en el Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación in Vitro”) vs. Costa Rica  y muy especialmente su ratio decidendi, lo que obliga a quién no compartió dicho fallo a reiterar su parecer en cuanto al mismo y a obrar en consecuencia, lo que el infrascrito hace en este acto, dando por reproducido el voto individual disidente emitido con ocasión del fallo sobre el recién indicado caso .
Sin perjuicio de tal remisión, resulta indispensable reiterar el aludido desacuerdo. Por de pronto, dado que la fecundación in vitro no ha sido regulada por el Derecho Internacional y, por ende, se entiende que integra el ámbito de la jurisdicción interna, doméstica o exclusiva del Estado  o de lo que se conoce como margen de apreciación de éste , esto es, se trata de una materia no específica y expresamente regulada por el Derecho Internacional."


ID: C327
Caratula: Caso Valencia Hinojosa y otra vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal.
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 8, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso trata la muerte violenta del agente de policía Luis Jorge Valencia Hinojosa en el marco de un operativo policial en el cual la presunta víctima estaba siendo perseguida. Asimismo, el caso se relaciona con la alegada falta de una investigación diligente, independiente e imparcial y dentro de un plazo razonable, respecto de la muerte del señor Valencia Hinojosa, en tanto la investigación y el proceso posterior fueron llevados a cabo por la jurisdicción penal policial. Además, el caso se relaciona con la alegada falta de regulación, planificación y control del uso de la fuerza por parte de los agentes de policía involucrados en el operativo y la alegada falta de normatividad sobre el uso de la fuerza en operativos policiales.

TemaPrincipal:
Garantías de independencia e imparcialidad de la jurisdicción penal policial y derecho a un recurso efectivo.


ID: C328
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada de personas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 16, 17, 22, 25
ArtsViolados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 22, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Retorno digno. Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar. No se puede clasificar.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad de la mujer. Retorno digno.
FormulasAbrev: Violación sexual y dignidad. Estado garante de desplazados.
Caratula:
Caso Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Entre 1962 y 1996, en Guatemala, existió un conflicto interno armado. En ese marco, un plan estatal incluyó la eliminación de aquellos considerados como enemigos. También fueron frecuentes las desapariciones forzadas de personas, las violaciones sexuales y la sustracción de niños (con la consecuente negación de su identidad). En particular, muchos de estos hechos afectaron aldeas mayas (Chichupac y aledañas). En el fallo, la Corte detalla ejecuciones, masacres y violaciones sexuales en dichas comunidades.

TemaSecundario:
Derecho a la libertad personal. Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Personalidad jurídica. Derecho a la integridad personal. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas. Libertad de circulación y residencia. Garantías judiciales y protección judicial.

ParrDestacados:
A su vez, durante y de modo previo a las mencionadas masacres u “operaciones de tierra arrasada”, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado perpetraron violaciones sexuales masivas o indiscriminadas y públicas, acompañadas en ocasiones de la muerte de mujeres embarazadas y de la inducción de abortos. Esta práctica estaba dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual

FormulasLiterales:
"La violación sexual de las mujeres fue una práctica del Estado, ejecutada en el contexto de masacres, dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual";"La obligación de garantía para el Estado de origen de proteger los derechos de las personas desplazadas conlleva no solo el deber de adoptar medidas de prevención sino también proveer las condiciones necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro a su lugar de residencia habitual o a su reasentamiento voluntario en otra parte del país";


ID: C329
Caratula: Caso I.V. vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 5, 7, 8, 11, 13, 17, 25
ArtsViolados: 5, 7, 8, 11, 13, 17
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Bolivia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Hechos:
La sra. I.V. fue intervenida quirúrgicamente por complicaciones en el parto. Se realizó una cesárea pero también se realizó una ligadura de trompas. Este último procedimiento no habría sido consentido por la víctima sino decidido por el cuerpo médico.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por no respetar el consentimiento previo e informado en prácticas médicas.

TemaSecundario:
Integridad personal. Libertad personal. Vida privada y familiar. Acceso a la información. Derecho a la familia. Garantías judiciales. Protección judicial. Derecho a la salud.

FallosCitados:
Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4
Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215
Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica
Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239
Caso Flor Freire vs. Ecuador
Caso Ximenes Lopes vs. Brasil

DignidadIndividuo:
Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía).

DignidadRol:
Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio.

ParrDestacados:
La Corte nota que el artículo 11 de la Convención Americana protege uno de los valores más fundamentales de la persona humana, entendida como ser racional, esto es el reconocimiento de su dignidad. En efecto, el inciso primero de dicho artículo contiene una cláusula universal de protección de la dignidad, cuyo basamento se erige tanto en el principio de la autonomía de la persona como en la idea de que todos los individuos deben ser tratados como iguales, en tanto fines en sí mismos según sus intenciones, voluntad y propias decisiones de vida.

Ahora bien, un aspecto central del reconocimiento de la dignidad constituye la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones. En este marco juega un papel fundamental el principio de la autonomía de la persona, el cual veda toda actuación estatal que procure la instrumentalización del individuo, es decir, que la convierta en un medio para fines ajenos a las elecciones sobre su propia vida, su cuerpo y el desarrollo pleno de su personalidad, dentro de los límites que impone la Convención.

Además, el Tribunal ha precisado que la protección del derecho a la vida privada no se limita al derecho a la privacidad, pues abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales. El concepto de vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior. La efectividad del ejercicio del derecho a la vida privada es decisiva para la posibilidad de ejercer la autonomía personal sobre el futuro curso de eventos relevantes para la calidad de vida de la persona. La vida privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo decide proyectarse hacia los demás, y es una condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad. Además, la Corte ha señalado que las elecciones y decisiones en relación con la maternidad forman parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Por consiguiente, la decisión de ser o no ser madre o padre pertenece a la esfera de las decisiones autónomas de los individuos respecto a su vida privada y familiar.

En esta medida, la Corte entiende que el consentimiento informado del paciente es una condición sine qua non para la práctica médica, el cual se basa en el respeto a su autonomía y su libertad para tomar sus propias decisiones de acuerdo a su plan de existencia. En otras palabras, el consentimiento informado asegura el efecto útil de la norma que reconoce la autonomía como elemento indisoluble de la dignidad de la persona.

La Corte ha establecido que los Estados tienen la obligación internacional de asegurar la obtención del consentimiento informado antes de la realización de cualquier acto médico, ya que éste se fundamenta principalmente en la autonomía y la auto-determinación del individuo, como parte del respeto y garantía de la dignidad de todo ser humano, así como en su derecho a la libertad. A su vez, esto implica que el individuo pueda actuar conforme a sus deseos, su capacidad para considerar opciones, adoptar decisiones y actuar sin la injerencia arbitraria de terceras personas, todo ello dentro de los límites establecidos en la Convención. Ello es así, especialmente, en casos de esterilizaciones femeninas, por implicar estos procedimientos la pérdida permanente de la capacidad reproductiva. La necesidad de obtención del consentimiento informado protege no sólo el derecho de los pacientes a decidir libremente si desean someterse o no a un acto médico, sino que es un mecanismo fundamental para lograr el respeto y garantía de distint

MencionOtros:
ONU, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 24, La mujer y la salud, 1999

FormulasLiterales:
"El consentimiento informado asegura el efecto útil de la norma que reconoce la autonomía como elemento indisoluble de la dignidad de la persona";"El consentimiento informado asegura el efecto útil de la norma que reconoce la autonomía como elemento indisoluble de la dignidad de la persona";"Un aspecto central del reconocimiento de la dignidad constituye la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones";"El artículo 11 de la Convención Americana protege uno de los valores más fundamentales de la persona humana, entendida como ser racional, esto es el reconocimiento de su dignidad. El inciso primero de dicho artículo contiene una cláusula universal de protección de la dignidad, cuyo basamento se erige tanto en el principio de la autonomía de la persona como en la idea de que todos los individuos deben ser tratados como iguales, en tanto fines en sí mismos según sus intenciones, voluntad y propias decisiones de vida.";"La protección del derecho a la vida privada no se limita al derecho a la privacidad, pues abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales";

Etiquetas:
Dignidad y salud. Dignidad y salud. Dignidad/vida privada/autonomía. Dignidad/vida privada/autonomía. Dignidad/vida privada/autonomía.

FormulasAbrev:
Dignidad y consentimiento informado. Dignidad y consentimiento informado. Autodeterminación y dignidad. Dignidad, autonomía e igualdad. Vida privada y dignidad.


ID: C330
Caratula: Caso Andrade Salmón vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por irregularidades en proceso penal contra personas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 7, 8, 11, 21, 22
ArtsViolados: 1, 7, 8, 21, 22
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Bolivia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Proceso judicial y dignidad.
FormulasAbrev: Proceso judicial y dignidad.
Hechos:
Andrade Salmón, política electa que ocupó diversos cargos, fue perseguida mediante tres procesos penales que tuvieron una duración no razonable y en cuyo marco se impusieron medidas que habrían violado su derecho a circular y a la propiedad.

TemaSecundario:
Garantías judiciales. Plazo razonable. Libertad personal. Derecho a la propiedad. Derecho a circular. Derecho a la honra y la intimidad.

FallosCitados:
Caso Cesti Hurtado vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de mayo de 2001. Serie C No. 78, párr. 177.

ParrDestacados:
Además, la Corte ha establecido que un proceso judicial no constituye, por sí mismo, una afectación ilegítima al honor o la dignidad de la persona. El proceso sirve al objetivo de resolver una controversia, aunque ello pudiera acarrear, indirectamente y de forma prácticamente inevitable, molestias para quienes se hallan sujetos al enjuiciamiento. De sostenerse otra cosa, quedaría excluida de plano la solución de los litigios por la vía contenciosa. Por otra parte, la sanción aplicada al cabo de un proceso no necesariamente se dirige a menoscabar esos valores de la persona, en otros términos, no necesariamente entraña o pretende el descrédito del procesado

FormulasLiterales:
"Un proceso judicial no constituye, por sí mismo, una afectación ilegítima al honor o la dignidad de la persona";


ID: C331
Caratula: Caso Zegarra Marín vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 8, 25
ArtsViolados: 1, 8
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
A Zegarra Marín se le imputó la falsificación de documentos públicos, en particular, un pasaporte. Por ello estuvo privado de su libertad y recibió sanciones pecuniarias a pesar de que la firma que se alegaba le pertenecía era apócrifa. Existieron errores en la investigación y se invirtió el principio de inocencia

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la violación de las garantías judiciales a una persona.

TemaSecundario:
Deber de motivar las resoluciones judiciales. Derecho a recurrir. Protección judicial. Debido proceso. Principio de presunción de inocencia.


ID: C332
Caratula: Caso Vázquez Durand y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada de personas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Dignidad bajo custodia estatal.
Hechos:
Durante una guerra entre Perú y Ecuador, Vázquez Durand, ciudadano peruano, cruzó a Ecuador para transportar mercadería. Al realizar trámites migratorios habría sido detenido, torturado y víctima de desaparición forzada. 

TemaSecundario:
Derecho a las garantías judiciales. Derecho a la protección judicial. Integridad personal. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

ParrDestacados:
Además, cuando se demuestra la ocurrencia de una desaparición forzada, este Tribunal considera razonable presumir, con base en los elementos del acervo probatorio, que las víctimas sufrieron un trato contrario a la dignidad inherente al ser humano mientras se encontraban bajo custodia estatal, por lo cual se configura una violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. 

FormulasLiterales:
"El Tribunal considera que la víctima sufrió un trato contrario a la dignidad inherente al ser humano mientras se encontraba bajo custodia estatal";


ID: C333
Caratula: Caso Favela Nova Brasilia vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad del Estado por la no investigación de asesinatos y violencia sexual contra mujeres.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 8, 22, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
FallosCitados: Caso Loayza Tamayo. Fondo. Caso J.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Brasil
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad y uso de la fuerza.
FormulasAbrev: Uso de la fuerza.
Hechos:
Dos incursiones de agentes públicos a la favela Nova Brasilia dieron como resultado 26 muertos, torturas y violencia sexual contra tres mujeres, algunas de ellas, menores.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Protección judicial. Libertad de circulación y residencia.

ParrDestacados:
El Tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana, en violación del artículo 5 de la Convención Americana .

La Corte hace notar que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que “trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases” .

MencionOtros:
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer


ID: C334
Caratula: Caso Acosta y otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad del Estado por la no investigación de asesinatos.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho de acceso a la justicia. Derecho a la verdad. Garantías judiciales y protección judicial.
ArtsInterpretados: 1, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 23
ArtsViolados: 1, 5, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Nicaragua
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Honra y dignidad. Honra y dignidad.
FormulasAbrev: Honra como estimación por dignidad. Reputación y dignidad.
Hechos:
Acosta era una abogada que llevaba adelante casos de derechos humanos. Asesoraba comunidades indígenas en el marco de reclamos por tierras ancestrales. En particular, tenía causas contra dos inversionistas extranjeros. Un día, el esposo de Acosta fue asesinado en su domicilio. Acosta indicó que, además de los autores materiales, los inversionistas podían estar detrás del hecho. Las investigaciones fueron irregulares y derivaron en el sobreseimiento de los inversionistas pero también en investigaciones que recaían en Acosta como posible encubridora. Finalmente, Acosta fue sobreseída pero afrontó nuevos procesos judiciales en su contra. Contra los jueces intervinientes solicitó medidas disciplinarias. Debido a las demoras, también debió recurrir por denegación de acceso a la justicia.

FallosCitados:
Caso Flor Freire vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 315

ParrDestacados:
El derecho a la honra se relaciona entonces con la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana. Se trata de un derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad. Por otra parte, la reputación puede resultar lesionada como consecuencia de informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo. Tiene por lo tanto una cercana relación con la dignidad humana, en la medida que protege a las personas contra ataques que restrinjan la proyección de la persona en el ámbito público o colectivo

FormulasLiterales:
"El derecho a la honra se relaciona con la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana";"La reputación... Tiene por lo tanto una cercana relación con la dignidad humana";


ID: C335
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la detención ilegal de una persona.
TipoSent: Solicitud de interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 5, 7, 8, 11, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Pollo Rivera y otros vs. Perú. Solicitud de interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Es sentencia interpretativa. En la sentencia de fondo los hechos fueron: Pollo Rivera era médico. Fue acusado de atender a los miembros (entre ellos, a los líderes) de Sendero Luminoso, un grupo terrorista. Por ello, fue detenido sin orden judicial y juzgado por terrorismo y traición a la patria en el marco de procesos irregulares. Se divulgaron imágenes humillantes de su detención. Pidió indulto pero este fue denegado. Sus últimos años de detención transcurrieron hospitalizado. Finalmente, falleció.

TemaSecundario:
Libertad personal. Integridad personal. Garantías judiciales. Principio de legalidad. Tortura. Trato cruel e inhumano. Jurisdicción penal.


ID: C336
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía).
DignidadRol: Derecho a la dignidad.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Bolivia
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: "Derecho a la dignidad";
Etiquetas: Dignidad y salud.
FormulasAbrev: Derecho a la dignidad.
Caratula:
Caso I.V. vs. Bolivia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Es sentencia interpretativa. La sra. I.V. fue intervenida quirúrgicamente por complicaciones en el parto. Se realizó una cesárea pero también se realizó una ligadura de trompas. Este último procedimiento no habría sido consentido por la víctima sino decidido por el cuerpo médico. La interpretación solicitada versa sobre una cuestión procedimental, reconocimiento de la personalidad jurídica y sobre la reparación.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por no respetar el consentimiento previo e informado en prácticas médicas.

TemaSecundario:
Integridad personal. Libertad personal. Vida privada y familiar. Acceso a la información. Familia. Garantías judiciales. Protección judicial.

ParrDestacados:
Respecto de la alegada violación del artículo 3 de la Convención Americana, tras el análisis de los hechos y la valoración de las pruebas presentadas, la Corte ha decidido que no era necesario emitir un pronunciamiento sobre dicha disposición, ya que los hechos alegados que sustentarían la violación del mismo, fueron tomados en cuenta por el Tribunal para concluir la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, de acceso a la información y a fundar una familia, en perjuicio de la señora I.V., por la falta de manifestación de su consentimiento previo, libre, pleno e informado con el fin de someterse a la intervención quirúrgica de ligadura de las trompas de Falopio. En vista de lo anterior, no es procedente que dicho párrafo de la Sentencia ni el correspondiente punto resolutivo, sean objeto de interpretación.


ID: C337
TemaPrincipal: Interpretación de sentencia.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: No aplica.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Brasil
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
1. El 20 de octubre de 2016 la Corte emitió la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, de la cual fueron notificadas las partes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión Interamericana” o “Comisión”) el 15 de diciembre de 2016.
2. El 15 de marzo de 2017 Brasil presentó una solicitud de interpretación de sentencia, de conformidad con los artículos 67 de la Convención y 68 del Reglamento, sobre el pago de costas y gastos y la modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados. Específicamente, el Estado solicitó que la Corte aclare: i) las bases utilizadas para el pago de las costas y gastos a la entidad representante Comisión Pastoral de la Terra (CPT); ii) si el plazo de un año definido por la Corte para el cumplimiento de la sentencia se refiere a beneficiarios vivos y cuyos datos de contacto sea posible obtener, y como se daría el pago si alguno de los beneficiarios llegara a fallecer antes del pago de la indemnización; iii) si el depósito en institución financiera brasileña solvente puede ser realizado en reales, utilizando el tipo de cambio del día anterior al del depósito; iv) si el interés moratorio debe incidir sobre el valor de la indemnización una vez convertida a reales, en la fecha en que se inicie la eventual mora, y v) si la expresión “interés bancario” del párrafo 501 de la Sentencia debe ser interpretada en consonancia con la legislación interna aplicable a las entidades públicas.
3. El 16 de marzo de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.2 del Reglamento, la Secretaría de la Corte transmitió una copia de la solicitud de interpretación a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, informó que, de conformidad con el mencionado artículo del Reglamento y siguiendo instrucciones del Presidente en ejercicio para el presente caso, los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana contaban con un plazo hasta el día 17 de abril del mismo año para presentar las observaciones escritas que estimaran pertinentes en relación a las solicitudes del Estado.
4. El 17 y 25 de abril de 2017 los representantes y la Comisión (que solicitó prórroga del plazo por una semana, la cual fue concedida por la Corte), respectivamente, presentaron sus observaciones escritas.


ID: C338
Caratula: Caso Ortiz Hernández y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Garantías judiciales y protección judicial.
ArtsInterpretados: 4, 5, 8, 25
ArtsViolados: 4, 5, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
el caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández el 15 de febrero de 1998 en las instalaciones de los Comandos Rurales de Caño Negro. El joven Johan Alexis Ortiz Hernández era estudiante de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero
(ESGUARNAC) y, de acuerdo a la Comisión, habría muerto como consecuencia de disparos de arma de fuego, en el contexto de una “práctica de fogueo” realizada con balas reales al interior de la
instalación militar como requisito para completar su formación como funcionario de la referida
institución. De acuerdo a lo alegado, el Estado no habría dado respuesta de manera adecuada ni
oportuna a las lesiones sufridas por Johan Alexis Ortiz Hernández, al no contar con personal médico
especializado ni con una ambulancia que le permitiera recibir atención mientras era trasladado
hasta un centro médico. Según la Comisión, las supuestas graves omisiones e irregularidades
incurridas en la investigación, así como la falta de debida diligencia, constituyeron factores de
impunidad que habrían obstaculizado la determinación de la verdad y la eventual sanción a los
responsables. Las presuntas víctimas en este caso, además de Johan Alexis Ortiz Hernández, son:
Zaida Hernández de Arellano1, Edgar Humberto Ortiz Ruiz, Saúl Arellano Mora, Maritza González Cordero, Jeckson Edgardo Ortiz González, Greyssi Maried Ortiz González, Gregory Leonardo Ortiz González, Zaida Dariana Arellano Hernández y Saúl Johan Arellano Hernández.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por violación del derecho a la vida y a la integridad personal en instalaciones militares donde la víctima estaba finalizando su formación como funcionario.

FallosCitados:
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84, y Caso García y familiares vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012. Serie C No. 258, párr. 213.


ID: C339
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 3, 4, 5, 7, 24
ArtsViolados: 1, 8, 24, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Mayra Angelina Gutiérrez Hernández era docente de la Universidad de San Carlos en la Ciudad de Guatemala y de la Universidad Mariano Gálvez en Huehuetenango. El 7 de abril de 2000 no realizó el viaje de trabajo que acostumbraba emprender todos los viernes a la ciudad de Huehuetenango. Dos días después, una compañera de trabajo y el hermano de Mayra Gutiérrez denunciaron su desaparición a la Policía Nacional Civil, y el hermano señaló a una ex pareja de Mayra Gutiérrez como posible responsable. Tanto las investigaciones del Ministerio Público como las del Procurador de los Derechos Humanos se centraron en establecer la posible responsabilidad de la ex pareja de la señora Gutiérrez en su desaparición, dejándose de lado otras hipótesis que surgieron durante dichas investigaciones, particularmente aquellas que implicarían la participación o aquiescencia de agentes del Estado. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por violación del derecho a la igual protección de la ley y no discriminación, del derecho de acceso a la justicia, garantías judiciales y protección judicial en un caso de violencia contra la mujer.

TemaSecundario:
Derecho a la personalidad jurídica. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad personal. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas.


ID: C340
Caratula: Caso Lagos del Campo vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Libertad de pensamiento y de expresión, estabilidad laboral.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Libertad de asociación. Garantías judiciales.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 13, 16, 25, 26
ArtsViolados: 8, 13, 16, 26
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
el caso se relaciona con el despido del señor Alfredo Lagos del Campo (en adelante “Lagos del Campo”) el 26 de junio de 1989 como consecuencia de manifestaciones realizadas siendo presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa Ceper-Pirelli. Según la Comisión, las manifestaciones dadas por el señor Lagos del Campo habrían tenido el objeto de denunciar y llamar la atención sobre actos de injerencia indebida de los empleadores en la vida de las organizaciones representativas de los trabajadores en la empresa y en la realización de elecciones internas de la Comunidad Industrial. Asimismo, la decisión de despido fue confirmada por los tribunales nacionales del Perú. Además, “[l]a Comisión determinó que el despido del señor Lagos del Campo constituyó una injerencia arbitraria en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión [...]. La Comisión determinó que se aplicó el castigo más severo previsto en la legislación con consecuencias notables en la libertad de expresión de la [presunta] víctima en tanto dirigente de trabajadores y en el derecho colectivo de trabajadores de recibir información sobre asuntos que le conciernen”. Finalmente, la Comisión precisó en su Informe de Fondo que lo que corresponde determinar en el presente caso es si el Estado cumplió su deber de garantizar los derechos de la presunta víctima en el contexto de las relaciones laborales, atendiendo a los alcances de los derechos reconocidos en la Convención Americana.


ID: C341
Caratula: Caso Vereda La Esperanza vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Garantías judiciales y protección judicial. Derecho a la propiedad. Inviolabilidad del domicilio.
ArtsInterpretados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 21, 25
ArtsViolados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 21, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad y función pública.
FormulasAbrev: Límites a función pública.
Hechos:
La controversia versa sobre la supuesta responsabilidad internacional del Estado por las alegadas desapariciones forzadas de 14 personas, por la presunta ejecución extrajudicial de otra persona, y la privación arbitraria e ilegal de la libertad de un niño, ocurridas en la Vereda La Esperanza, municipio de El Carmen de Viboral, Departamento de Antioquia, entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996. De acuerdo con la Comisión, oficiales de las Fuerzas Armadas (en adelante “FFAA”) colombianas coordinaron con miembros del grupo paramilitar denominado Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (en adelante “ACMM”), las distintas incursiones a la Vereda La Esperanza, debido a que las presuntas víctimas eran percibidas como supuestos simpatizantes o colaboradores de grupos guerrilleros que operaban en la zona. Finalmente, la Comisión consideró que el Estado no garantizó el acceso a la justicia de las presuntas víctimas en el marco del proceso penal ordinario y ante la jurisdicción especial de Justicia y Paz por los hechos del presente caso.

TemaPrincipal:
Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad física y a la libertad personal.

FallosCitados:
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 165

ParrDestacados:
19. De lo anterior, surge que la primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención Americana. En ese sentido, el ejercicio de la función pública tiene sus límites en los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad humana, que, en consecuencia, son superiores al poder del Estado80. La segunda obligación de los Estados Partes es la de “garantizar” el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción.

MencionOtros:
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 165

FormulasLiterales:
"El ejercicio de la función pública tiene sus límites en los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad humana, que, en consecuencia, son superiores al poder del Estado";


ID: C342
Caratula: Caso Pacheco León y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a la vida. Derechos políticos. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
ArtsInterpretados: 2, 4, 5, 8, 23, 25
ArtsViolados: 1, 5, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 23 de noviembre de 2001, poco antes de la medianoche, cuando Ángel Pacheco León estaba ingresando a su domicilio junto a su hijo Jimy, un hombre corrió hacia ellos, evitó que cerraran la puerta y disparó varias veces con un arma de fuego, produciendo la muerte del señor Pacheco León. Al momento de su fallecimiento Ángel Pacheco León era candidato, en el departamento de Valle, a primer diputado por el Partido Nacional de Honduras. Las elecciones se realizaron el 25 de noviembre de 2001, obteniendo la candidatura del señor Pacheco León los votos necesarios para que él accediera al cargo de diputado. A partir de la decisión de las autoridades partidarias, luego de reclamos de correligionarios del Partido Nacional, José Pacheco, hermano de Ángel Pacheco León, asumió como diputado en su reemplazo.
El 24 de noviembre de 2001 tres personas fueron detenidas como sospechosas de haber cometido el homicidio y prestaron declaración. No obstante, fueron luego desvinculadas del proceso, a partir de distintos actos judiciales, siendo el último que consta de 3 de mayo de 2002

TemaPrincipal:
Responsabilidad del Estado por violación de las garantías judiciales y a la protección judicial, a la integridad personal.


ID: C343
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Yarce y otras vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Es sentencia interpretativa. En la sentencia interpretada, se condenó al Estado por violación al derecho a la vida de una persona, por incumplir con el deber de prevenir actos de violencia contra la mujer, por la detención ilegal y arbitraria de otras y por no adoptar las medidas necesarias para el retorno al lugar de residencia de las afectadas y sus familias.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores de su territorio.

TemaSecundario:
Derecho a la libertad. Integridad personal. Derecho a la vida. Detención ilegal. Libertad de circulación y residencia. Integridad personal. Desplazamiento forzado. Derecho de la protección a la familia.


ID: C344
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 25, 26
ArtsViolados: 1, 8, 25, 26
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad evolutiva.
FormulasAbrev: Dignidad y lógica evolutiva.
Caratula:
Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El 30 de diciembre de 1992 se publicó el Decreto Ley No. 26120, mediante el cual se autorizó la adopción de medidas destinadas a la reestructuración de algunas empresas estatales, incluidas Petroperú y Enapu, lo cual incluyó aprobar y poner en ejecución programas de “cese voluntario de personal, con o sin incentivos”. El 28 de diciembre de 1992 se publicó el Decreto Ley 26093, mediante el cual se dispuso que los distintos Ministerios e Instituciones Públicas Descentralizadas, lo cual incluyó a Minedu y MEF, efectuaran evaluaciones de personal, de forma tal que el personal que no calificara sería cesado por “causal de excedencia”.En enero de 1996 se informó a los trabajadores de Petroperú y Enapu sobre la posibilidad de acogerse a un programa de retiro voluntario con incentivos, el cual rechazaron, y por lo tanto, en aplicación de la ley, fueron cesados en febrero de 1996. En julio y septiembre de 1997, MEF y Minedu aprobaron, respectivamente, normas para la evaluación del desempeño
del personal. Los trabajadores de ambos ministerios rindieron las evaluaciones, y al no haber alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio, les fue notificado su cese por “causal de excedencia”.

TemaPrincipal:
Responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y al trabajo de los trabajadores de entidades públicas en el marco de procesos de racionalización.

ParrDestacados:
Los factores antes mencionados –a saber, la existencia de un régimen que privilegia la interpretación objetiva de los derechos humanos, el reconocimiento del principio pro personae como pauta interpretativa, y la lógica integracionista del régimen interamericano– permiten que el contenido de la Convención evolucione a partir de los desarrollos que existen en otros sistemas de protección de derechos. Se trata de un reconocimiento acerca de que la dignidad intrínseca de los seres humanos se debe encuadrar en una lógica universalista y evolutiva, que tiende a permitir que el régimen de protección convencional se desarrolle y adquiera todo su efecto útil. Es
en este sentido que la Corte Interamericana ha señalado que “los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales.”

FormulasLiterales:
"La dignidad intrínseca de los seres humanos se debe encuadrar en una lógica universalista y evolutiva";


ID: C345
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada de personas.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Garantías procesales. Protección judicial.
ArtsInterpretados: 5, 8, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Brasil
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Favela Nova Brasilia vs. Brasil. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Es sentencia interpretativa. La sentencia interpretada versó sobre dos incursiones policiales en la Favela en cuyo marco se asesinaron personas y ocurrieron hechos de vilencia sexual. Las investigaciones por parte del Estado tuvieron demoras. Una de las causas fue archivada y luego reactivada sin que se llegara a una sentencia. La restante fue archivada y su reactivación fue denegada.  No se han exclarecido los hechos y por ello se declaró responsable al Estado. Respecto de la solicitud e interpretación, tanto los representantes como el Estado de Brasil solicitaron se aclaren cuestiones de orden procesal. Una de ellas fue la aclaración sobre a qué ser refiere la noción de "obstáculos procesales". Otra cuestión fue el análisis de la adecuada representación de las víctimas.

FallosCitados:
C333- CASO FAVELA NOVA BRASILIA VS. BRASIL (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). SENTENCIA DE 16 FEBRERO DE 2017


ID: C346
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por falta de un proceso adecuado.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 8, 21, 25
ArtsViolados: 1, 8, 21, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Brasil
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus Miembros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Parte del teerritorio de Brasil es ocupado al menos desde el siglo XVIII por la Comunidad Indígena Xucuru. A partir del reconocimiento constitucional (1988) de los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras, se reglamentó un proceso  administrativo de demarcación y titulación de tierras indígenas. En ese marco, la comunidad Xucuru esperaba el reconocimiento de su derecho sobre las tierras. Iniciado el proceso que abarca 5 etapas, este se demoró excesivamente. Un trámite judicial para lograr la restitución de tierras culminó de manera favorable para los ocupantes no indígenas. Además, los líderes de la lucha indígena habrían sufrido hostigamiento.

TemaSecundario:
Pueblos indígenas. Garantías judiciales y procesales. Integridad personal. Propiedad privada. Derecho a la propiedad colectiva. Propiedad colectiva.


ID: C347
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por falta de un proceso adecuado.
TipoSent: Interpretación de Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Protección judicial. Presunción de inocencia. Garantías judiciales.
ArtsInterpretados: 8, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Zegarra Marín vs. Perú. Interpretación de Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Es sentencia interpretativa. A Zegarra Marín se le imputó la falsificación de documentos públicos, en particular, un pasaporte. Por ello estuvo privado de su libertad y recibió sanciones pecuniarias a pesar de que la firma que se alegaba le pertenecía era apócrifa. Existieron errores en la investigación y se invirtió el principio de inocencia El Estado solicita la interpretación de un párrafo de la sentencia de fondo. No es un tema vinculado con el proyecto.

FallosCitados:
caso Zegarra Marín vs. Perú. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el caso Zegarra Marín vs. Perú, 15 de febrero de 2017  


ID: C348
Caratula: Caso San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por el despido de trabajadores.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Libertad de expresión. Derechos políticos. Libertad de opinión. Derecho a trabajar.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 13, 23, 24, 25
ArtsViolados: 1, 8, 13, 23, 25, 26
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: Sí
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Declaración Americana de Derechos Humanos (art. XIV) Carta de la OEA (art. 45)
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Tres trabajadoras se desempeñaban en e Consejo Nacional de Fronteras mediante la suscripción continuada de contratos temporales de servicios (desde 1996 hasta 2004). Tras a crisis política y social venezolana que se iniciara en 2001, se llevaron a cabo diversas recolecciones de firmas de ciudadanos para solicitar un referéndum revocatorio de la presidencia de Chávez. Las tres denunciantes suscribieron una de las peticiones. En 2004 se les comunicó la terminación de su contrato. Por diversas manifestaciones de funcionarios públicos, interpretaron que se trataba de una persecución política, esto es, basada en una sanción por la manifestación de su opinión opositora. Denunciaron la violación de sus derechos políticos y discriminación (ya que a los chavistas no se los persiguió), de la igualdad ante la ley, de la libertad de expresión y de su integridad personal (5.1 y 2). También manifestaron que se violó su derecho a trabajar.

ResumenDisRelevante:
Voto concurrente y parcialmente disidente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot. 
No trata específicamente la dignidad pero sí destaca el derecho al trabajo en condiciones de dignidad. Trae a colación una extensa cita de Lagos del Campo vs. Perú y de Trabajadores Cesados de Petroperú vs. Perú para señalar la exigibilidad de los DESC. También se destaca que la CADH debe interpretarse en conjunto con el art. 45 de la Carta de la OEA y, por ello, debe entenderse que el trabajo es un derecho que otorga dignidad a quie lo realiza (esta es, a su vez, una cita del primer escrito de las peticionarias).

FallosCitados:
Caso Yvon Neptune vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180

Caso Pollo Rivera vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Serie C No. 319

Caso Lagos del Campo vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340.

ParrDestacados:
El artículo 5.1 de la Convención consagra en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física, psíquica como moral y el artículo 5.2 establece, de manera más específica, la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano

(Las demás menciones relevantes son citas textuales de documentos)


ID: C349
Caratula: Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la muerte de una persona.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a la vida. Derecho a la salud. Legitimación.
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 25, 26
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 25, 26
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Chile
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Hechos:
Poblete Vilches, un adulto mayor con diversos problemas de salud, ingresó al hospital público Sótero del Río en 2001 con un cuadro de insuficiencia respiratoria grave. Fue sometido a una intervención quirúrgica. Dado que estaba inconsciente, no se le requirió consentimiento informado. Tampoco se solicitó el respectivo consentimiento a los familiares. El paciente fue posteriormente dado de alta pero de manera negligente ya que aún no se había recuperado plenamente ni se contaba con ambulancia para el traslado. Pocos días después, Poblete Vilches reingresó al hospital. Fue internado en una unidad de cuidados intermedia a pesar de que su ficha médica señalaba que debía estar en una unidad de cuidados intensivos. No se le brindó un respirador mecánico. El paciente falleció.
Los familiares iniciaron una querella en 2001 y otra en 2005. Tras diversas dilaciones, transcurrieron 17 años sin que existieran resultados en las causas.
Los familiares reclaman por el derecho a la vida y la integridad personal además del derecho de acceso a la información de Poblete Vilches y por la integridad personal de los familiares. También se reclama por la violación a las garantías judiciales y la protección judicial.

FallosCitados:
Si bien no es estrictamente una cita relacionada con dignidad, tiene relación indirecta. Se cita "Lagos del Campo vs. Perú" (Fondo: C340, 2016 Interpretativa C366, 2018) para justificar la autonomía del derecho a la salud (art. 26).
También se cita el caso "I.V. vs. Bolivia" (C329, 2016) para justificar el deber activo del Estado para no cometer delitos de omisión en términos de violación a la integridad personal (por causas de salud).

DignidadIndividuo:
Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía).

DignidadRol:
Dignidad como principio. Calificación de un derecho. Dignidad como principio. Derecho a la dignidad.

ParrDestacados:
La Corte estima que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud, no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también a un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. El Tribunal ha precisado que la obligación general se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así como de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población.

En cuanto al derecho a la dignidad consagrado en el artículo 11 de la Convención Americana, la Corte ha analizado que un aspecto central del reconocimiento de la dignidad constituye la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones. Por su parte, el inciso segundo establece la inviolabilidad de la vida privada y familiar, entre otras esferas protegidas. En este sentido, la Corte reitera que el artículo 11.2 de la Convención Americana está estrechamente relacionado con el derecho reconocido en el artículo 17 de la misma, el cual reconoce el papel central de la familia y la vida familiar en la existencia de una persona y en la sociedad en general. 

A este respecto, la Corte ha reconocido la relación existente entre la obtención del consentimiento informado antes de la realización de cualquier acto médico, y la autonomía y la auto-determinación del individuo, como parte del respeto y garantía de la dignidad de todo ser humano, así como en su derecho a la libertad. Por lo tanto, el Tribunal entiende que la necesidad de obtención del consentimiento informado protege no sólo el derecho de los pacientes a decidir libremente si desean someterse o no a un acto médico, sino que es un mecanismo fundamental para lograr el respeto y garantía de distintos derechos humanos reconocidos por la Convención Americana, como lo son la dignidad, libertad personal, integridad personal, incluida la atención a la salud, la vida privada y familiar. De este modo, la existencia de una conexión entre el consentimiento informado con la autonomía personal y la libertad de tomar decisiones sobre el propio cuerpo y la salud exige, por un lado, que el Estado asegure y respete decisiones y elecciones hechas de forma libre y responsable y, por el otro, que se garantice el acceso a la información relevante para que las personas estén en condiciones de tomar decisiones informadas sobre el curso de acción respecto a su cuerpo y salud de acuerdo a su propio plan de existencia.

De este modo, tomando en consideración la relación existente entre el consentimiento informado en materia de salud (artículos 26 y 13) y los artículos 7 y 11 de la Convención Americana, la Corte considera que en el presente caso, el derecho de los familiares a tomar decisiones libres en materia de salud y su derecho a contar con la información necesaria para tomar estas decisiones, al igual que su derecho a la dignidad, desde los componentes de vida privada y familiar fueron afectados al no tener la posibilidad de otorgar su consentimiento informado.

MencionOtros:
Carta de la OEA (art. 34)
Observación General Nº 14 del Comité DESC 
 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
MERCOSUR. Comisión Permanente sobre Personas Adultas Mayores, “Campaña Regional: Vivir con dignidad y derechos a todas las edades”, Acta de Plenario XXX, MERCOSUR/RAADH/ACTA N° 02/17
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, artículo 6 (4), disponible en: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164, Declaration on the promotion of patient´s rights in Europe, WHO Regional Office for Europe, 1994,  3.4 y ONU, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover, presentado de conformidad con la resolución 6/29 del Consejo de Derechos Humanos, A/64/272 de 10 de agosto de 2009

FormulasLiterales:
"La relación existente entre la obtención del consentimiento informado antes de la realización de cualquier acto médico, y la autonomía y la auto-determinación del individuo, como parte del respeto y garantía de la dignidad de todo ser humano, así como en su derecho a la libertad";"Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud, no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también a un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral";"Un aspecto central del reconocimiento de la dignidad constituye la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones";"Derecho a la dignidad";

Etiquetas:
Dignidad y salud. Dignidad y salud. Dignidad/vida privada/autonomía. Dignidad/vida privada/autonomía.

FormulasAbrev:
Consentimiento informado y dignidad. Salud y vida digna. Autodeterminación y dignidad. Derecho a la dignidad.


ID: C350
Caratula: Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por falta de un proceso adecuado.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Protección judicial. Familia.
ArtsInterpretados: 1, 5, 11, 17, 19, 24, 25
ArtsViolados: 1, 5, 11, 17, 19, 22, 24, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Nicaragua
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Una niña fue violada presuntamente por su padre. Durante los estudios médicos sufrió de violencia por parte del profesional interviniente. Durante el juicio contra el acusado, la niña y su familia no contaron con igualdad de posibilidades para ejercer la acusación comparado con el procesado (que habría tenido tres abogados para su defensa). Por otro lado, hubo una serie de irregularidades durante el juicio que harían sospechar corrupción del jurado. El padre fue declarado inocente tras diversas dilaciones. Esta sentencia fue apelada sin éxito.

ParrDestacados:
Cfr. UNODC, Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, 2013, Principio 2 [“Responsabilidades del Estado. 15. Los Estados deben considerar la prestación de asistencia jurídica como un deber y una responsabilidad. Con ese fin, deben, cuando sea el caso, estudiar la posibilidad de promulgar legislación y reglamentos específicos y velar por que exista un sistema de asistencia jurídica completo que sea asequible, eficaz, sostenible y digno de crédito. Los Estados deben asignar al sistema de asistencia jurídica los recursos humanos y financieros necesarios”],

MencionOtros:
Convención de Belém do Pará

UNODC, Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, 2013, Principio 2


ID: C351
Caratula: Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por falta de un proceso adecuado.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Familia.
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 7, 8, 11, 17, 18, 19, 25
ArtsViolados: 1, 2, 5, 8, 11, 17, 19, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio. Derecho a la dignidad. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad e igualdad. Dignidad niño. Dignidad niño. Dignidad niño.
FormulasAbrev: Igualdad y dignidad. Interés superior del niño. Niños, dignidad y vulnerabilidad. Venta de niños.
Hechos:
Dos niños fueron declarados en situación de abandono y tras un proceso con escasa intervención de los padres (no se les habrían brindado suficientes oportunidades para demostrar la posibilidad de cuidar de sus hijos) estos fueron dados en adopción. Los hermanos guatematecos fueron adoptados por dos familias diferentes de EEUU en un proceso que despertó sospechas respecto de un posible comercio de niños.

FallosCitados:
Opinión Consultiva OC-17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. 28 de agosto de 2002.
Opinión Consultiva OC-4/84. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización. 19 de enero de 1984
Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador, supra, párr. 106.

DignidadIndividuo:
Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar. Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). No se puede clasificar.

ParrDestacados:
La Corte reitera que el interés superior del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades

En este sentido la Corte nota que los artículos del Código de Menores, aplicados en el presente caso, corresponden al tradicional modelo denominado “tutelar” en el que las niñas y los niños eran concebidos como objetos de protección. No obstante, este modelo no se funda en la prevalencia del interés superior de las niñas y niños ni en el reconocimiento de su autonomía y dignidad como sujetos de derechos. (...) El interés superior del niño junto con los demás principios rectores que deben implementarse en todo sistema de protección integral (supra párr. 152), transformaron sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento de los menores de edad, a partir del cual se abandona su concepción como sujetos incapaces para en su lugar reconocerles la potencialidad de involucrarse en la toma de decisiones que les conciernen. De esta manera, pasaron a ser concebidos como personas libres y autónomas con plenitud de derechos, que de acuerdo a su edad y a su madurez pueden decidir sobre su propia vida y asumir responsabilidades (...)


Desde esta nueva perspectiva, es indiscutible el reconocimiento de las niñas y niños como sujetos de derecho que, en ejercicio de la dignidad, son partícipes activos en el destino de su propia existencia, y que, atendiendo a condiciones especiales de vulnerabilidad, deben ser protegidos integralmente por parte de la familia, la sociedad y el Estado con miras a lograr el pleno desarrollo de sus capacidades, de manera autónoma y libre. En este escenario, el interés superior del niño se establece como un eje transversal con efecto expansivo, que constituye un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y una norma de procedimiento (infra párr. 215).

Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación.

Este Tribunal ha destacado que la venta de una niña o un niño a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución afecta claramente bienes jurídicos fundamentales tales como su libertad, su integridad personal y su dignidad, resultando uno de los ataques más graves contra una niña o niño, respecto de los cuales los adultos aprovechan su condición de vulnerabilidad.

MencionOtros:
Convención sobre los Derechos del Niño
Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), 29 de mayo de 2013

FormulasLiterales:
"La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona";"El principio del interés superior del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar su desarrollo con pleno aprovechamiento de sus potencialidades";"El reconocimiento de las niñas y niños como sujetos de derecho que, en ejercicio de la dignidad, son partícipes activos en el destino de su propia existencia, y que, atendiendo a condiciones especiales de vulnerabilidad, deben ser protegidos integralmente por parte de la familia, la sociedad y el Estado con miras a lograr el pleno desarrollo de sus capacidades, de manera autónoma y libre";"La venta de una niña o un niño a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución afecta claramente bienes jurídicos fundamentales tales como su libertad, su integridad personal y su dignidad, resultando uno de los ataques más graves contra una niña o niño, respecto de los cuales los adultos aprovechan su condición de vulnerabilidad";


ID: C352
Caratula: Caso Carvajal Carvajal y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada de personas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 8, 11, 13, 17, 19, 22, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 22, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Retorno digno. Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar.
DignidadRol: Dignidad como principio. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Proceso judicial y dignidad. Retorno digno.
FormulasAbrev: Proceso judicial y dignidad. Estado garante de desplazados.
Hechos:
Nelson Carvajal se desempeñaba como periodista y, en el marco de esa labor, denunciaba irregularidades en la administración de fondos públicos locales. En un contexto de frecuentes asesinatos de periodistas (Colombia llegó a ocupar el primer lugar a nivel mundial de periodistas ejecutados), Carvajal también fue asesinado (el homicida disparó 7 veces contra él). Su familia, que realizó la denuncia, fue amenazada, debió contar con protección y nueve de sus miembros debieron exiliarse en otros países.
La investigación del homicidio encontró muchos obstáculos. Se llevó a cabo un juicio que derivó en absoluciones. Aún no se ha esclarecido el delito.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Libertad de pensamiento y expresión. Garantías judiciales y procesales. Protección judicial. Libertad de circulación y residencia.

FallosCitados:
Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212
Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 328

ParrDestacados:
Al respecto, en otros casos, la Corte ha señalado que un proceso judicial no constituye, por sí mismo, una afectación ilegítima al honor o la dignidad de la persona. El proceso sirve al objetivo de resolver una controversia, aunque ello pudiera acarrear, indirectamente y de forma prácticamente inevitable, molestias para quienes se hallan sujetos al enjuiciamiento. De sostenerse otra cosa, quedaría excluida de plano la solución de los litigios por la vía contenciosa.     Por otra parte, la Corte ha reafirmado que la obligación de garantía para el Estado de origen de proteger los derechos de las personas desplazadas conlleva no sólo el deber de adoptar medidas de prevención sino también proveer las condiciones necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro a su lugar de residencia habitual o a su reasentamiento voluntario en otra parte del país.

MencionOtros:
Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 31 de mayo de 2001. Serie C No. 78  Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Serie C No. 330  Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212,  Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 328

FormulasLiterales:
"Un proceso judicial no constituye, por sí mismo, una afectación ilegítima al honor o la dignidad de la persona";"La obligación de garantía para el Estado de origen de proteger los derechos de las personas desplazadas conlleva no solo el deber de adoptar medidas de prevención sino también proveer las condiciones necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro a su lugar de residencia habitual o a su reasentamiento voluntario en otra parte del país.";


ID: C353
Caratula: Caso Herzog y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por falta de diligencia en proceso.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Garantías procesales y protección judicial.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 25
ArtsViolados: 1, 2, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Brasil
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Herzog fue un periodista opositor que fue detenido, torturado y ejecutado. Las fuerzas armadas comunicaron que este se había suicidado. La investigación tuvo algunos avances como por ejemplo, la determinación de que la detención fue ilegal y de que la muerte no se debió a causas naturales. Incluso se estableció la posibilidad de reclamar por daños. No obstante, se dictó una ley de Amnistía que derivó en que la causa se archivara. Años más tarde se creó la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos que publicó un informe describiendo lo acaecido con Herzog. También la ley de Amnistía fue declarada constitucional. A causa de ella, el Estado no ha investigado los hechos. Finalmente, en 2014, a instancias de la Comisión Nacional de la Verdad, un juez ordenó modificar la partida de fallecimiento para consignar la verdadera causa.

MencionOtros:
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
ONU. Comisión de Derecho Internacional. Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. A/CN.4/L.532. 8 de julio de 1996.


ID: C354
Caratula: Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por falta de proceso adecuado.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Garantías judiciales y procesales.
ArtsInterpretados: 1, 5, 7, 8
ArtsViolados: 1, 7
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Costa Rica
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Requisa y dignidad.
Hechos:
Un grupo de personas cuestionó la legislación procesal penal de Costa Rica ya que no admitía una revisión amplia en los procesos penales. Anteriormente, solo existía el recurso de casación que circunscribía las posibilidades a los defectos de derecho. Si bien existieron dos reformas legislativas, los problemas subsistieron para quienes tenían condenas  firmes previas. Por otro lado, también se denunciaron violaciones a las garantías procesales, duración no razonable de las prisiones preventivas y violación de la integridad personal por las malas condiciones de encierro.

ParrDestacados:
Respecto de la forma en que deben realizarse las requisas dentro de un centro penal, las Reglas de Mandela 50, 51 e 52 garantizan que los registros de reclusos se realizarán de un modo que respete la dignidad intrínseca del ser humano y la intimidad de las personas.

FormulasLiterales:
"Las Reglas de Mandela 50, 51 y 52 garantizan que las requisas y registros realizados dentro de un centro penal respeten la dignidad intrínseca del ser humano y la intimidad de las personas. ";


ID: C355
Caratula: Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada de personas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 3, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 3, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se relaciona con la presunta desaparición forzada del señor Walter Munárriz Escobar (en adelante “la presunta víctima”) desde el 20 de marzo de 1999, después de ser detenido en el Hospedaje Los Manolos por personal policial y llevado a la Comisaría de Lircay, donde estuvo privado de libertad. La Comisión determinó que el Estado peruano no logró demostrar la liberación de Walter Munárriz Escobar y, por lo tanto, no pudo desvirtuar la participación de agentes estatales en su desaparición. Asimismo, la Comisión señaló que las autoridades estatales negaron que Walter Munárriz Escobar continuara detenido bajo su custodia y se abstuvieron de dar información sobre su destino o paradero. Además, el caso se relaciona con la alegada demora excesiva en la investigación de los hechos, la tipificación inadecuada del delito de desaparición y la alegada violación al derecho a la integridad personal de los familiares de Walter Munárriz Escobar

TemaSecundario:
Desaparición forzada. Privación ilegítima de la libertad. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas.

MencionOtros:
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura


ID: C356
Caratula: Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad del Estado por violación de las garantías judiciales y a la protección judicial.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a la vida. Discriminación.
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 8, 21, 24, 25
ArtsViolados: 4, 5, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
 El caso se refiere a la presunta ejecución de una “masacre” por miembros de las Fuerzas Armadas de la República de Guatemala el 5 de octubre de 1995 en contra de 11 personas, incluyendo una niña y dos niños, que formaban parte de la población indígena q'eqchi', mam, q'anjob'al, ixil y k'iche, que ocupaba la finca Xamán tras haber
estado “refugiada” en México. En los hechos 29 personas habrían resultado heridas, tres de las cuales murieron con posterioridad. 


ID: C357
TipoSent: Interpretación de Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala. Interpretación de Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN Y PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
1. El 24 de agosto de 2017 la Corte emitió la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala la cual fue notificada a los representantes de las víctimas1 el 25 de septiembre de 2017.
2. El 22 de diciembre de 2017 los representantes solicitaron una interpretación de la Sentencia.
3. El 2 de febrero de 2018 la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”) sometió a la Corte sus observaciones a la solicitud de interpretación de la Sentencia planteada por los representantes.
4. El 16 de febrero de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) remitió sus observaciones a la solicitud de interpretación de la Sentencia planteada por los representantes.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la no investigación de una desaparición forzada de persona.

TemaSecundario:
Personalidad jurídica. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Libertad personal. Garantías judiciales. Protección judicial.


ID: C358
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Se trata de la sentencia interpretativa de la sentencia de fondo, cuyos hechos se resumen del siguiente modo: El 30 de diciembre de 1992 se publicó el Decreto Ley No. 26120, mediante el cual se autorizó la adopción de medidas destinadas a la reestructuración de algunas empresas estatales, incluidas Petroperú y Enapu, lo cual incluyó aprobar y poner en ejecución programas de “cese voluntario de personal, con o sin incentivos”. El 28 de diciembre de 1992 se publicó el Decreto Ley 26093, mediante el cual se dispuso que los distintos Ministerios e Instituciones Públicas Descentralizadas, lo cual incluyó a Minedu y MEF, efectuaran evaluaciones de personal, de forma tal que el personal que no calificara sería cesado por “causal de excedencia”.
En enero de 1996 se informó a los trabajadores de Petroperú y Enapu sobre la posibilidad de acogerse a un programa de retiro voluntario con incentivos, el cual rechazaron, y por lo tanto, en aplicación de la ley, fueron cesados en febrero de 1996. En julio y septiembre de 1997, MEF y Minedu aprobaron, respectivamente, normas para la evaluación del desempeño del personal. Los trabajadores de ambos ministerios rindieron las evaluaciones, y al no haber alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio, les fue notificado su cese por “causal de excedencia”."

TemaPrincipal:
Responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y al trabajo de los trabajadores de entidades públicas en el marco de procesos de racionalización.


ID: C359
Caratula: Caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a la salud. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Discriminación.
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 8, 25, 26, 29
ArtsViolados: 1, 4, 5, 8, 25, 26
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Vida digna.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar. Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía).
DignidadRol: Dignidad como principio. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad y salud. Dignidad y salud.
FormulasAbrev: Protección de la salud. Salud y vida digna.
Hechos:
Los hechos del caso se refieren a 34 personas que actualmente viven con el VIH en Guatemala, 15 personas que vivieron con el virus pero que ya han fallecido, y sus familiares. El caso fue presentado ante la Corte alegando que la falta de una adecuada atención médica estatal a dicho grupo de personas, así como la falta de una adecuada protección judicial, habrían constituido violaciones a la salud, a la vida, a la integridad personal y a las garantías
judiciales y la protección judicial. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por violaciones a derechos cometidas a personas con VIH y a sus familiares.

ParrDestacados:
"La Corte considera que el derecho a la salud es un componente esencial del derecho a la seguridad social,
pues la protección de la salud es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad
humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente sus
derechos"

"Al respecto, esta Corte ya ha reconocido que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos, y que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral."

MencionOtros:
Preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” reconoce: la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros.

El artículo 34.l de la Carta de la OEA establece: “[l]os Estados miembros convienen en que la igualdad de
oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: […] l) Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna”.

Plan Nacional de Salud, Dignidad y Prevención Positivas para el periodo 2015-2019

FormulasLiterales:
"El derecho a la salud es un componente esencial del derecho a la seguridad social, pues la protección de la salud es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente sus derechos";"Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral";


ID: C360
Caratula: Caso Terrones Silva y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada de personas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Integridad personal. Tortura. Garantías judiciales.
ArtsInterpretados: 1, 3, 4, 5, 7
ArtsViolados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se relaciona con las desapariciones forzadas de Santiago Antezana Cueto, Néstor Rojas Medina, Teresa Díaz Aparicio, Wilfredo Terrones Silva, y Cory Clodolia Tenicela Tello. Lo anterior tuvo lugar en el contexto de la práctica sistemática y generalizada de la desaparición forzada en el marco de la lucha antiterrorista por parte del Estado.


ID: C361
Caratula: Caso Escaleras Mejía y otros vs. Honduras. Homologación de Acuerdo.
TipoSent: Homologación de Acuerdo
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 8, 16, 23, 25
ArtsViolados: 4, 5, 8, 16, 23, 25
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Homologación de Acuerdo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la muerte del defensor ambientalista Carlos Escaleras Mejía ocurrida el 18 de octubre de 1997 y la situación de impunidad parcial en la
que se encuentra ese hecho. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la ineficacia en la investigación y sanción de la muerte de un defensor de derechos humanos.

TemaSecundario:
Garantías judiciales. Derecho a la vida. Integridad personal. Libertad de asociación. Derechos políticos.


ID: C362
Caratula: Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Prohibición de tortura. Derecho a la libertad. Integridad física. Libertad sexual.
ArtsInterpretados: 3, 5, 6, 7, 8, 11, 22, 24, 25
ArtsViolados: 3, 5, 6, 7, 8, 11, 22, 24, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
FallosCitados: Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, párr. 273.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía).
DignidadRol: Derecho a la dignidad. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad y esclavitud. Dignidad/vida privada/autonomía.
FormulasAbrev: Dignidad y esclavitud. Dignidad, autonomía e igualdad.
Hechos:
Los hechos de este caso se relacionan con la privación de libertad de una mujer, quien tenía 18 años al momento de los hechos, por parte de un particular. Durante un lapso de casi cuatro meses –del 27 de marzo al 19 de julio de 2001-, Linda Loaiza López Soto fue sometida de manera continua a diversos actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por irregularidades y dilaciones en la investigación y proceso penal con relación a la desaparición de una persona.

ParrDestacados:
Nota al pie 206: "La Corte nota que el artículo 11 de la Convención Americana protege uno de los valores más fundamentales de la persona humana, entendida como ser racional, esto es el reconocimiento de su dignidad. En efecto, el inciso primero de dicho artículo contiene una cláusula universal de protección de la dignidad, cuyo basamento se erige tanto en el principio de la autonomía de la persona como en la idea de que todos los individuos deben ser tratados como iguales, en tanto fines en sí mismos según sus intenciones, voluntad y propias decisiones de vida."

Consid. 178:  "... la Corte interpreta que la esclavitud sexual, como violación de derechos humanos, se encuentra comprendida por la prohibición del artículo 6 de la Convención. Ello independientemente de la existencia de un contexto determinado. Además, la Corte ha afirmado que “la constatación de una situación de esclavitud representa una restricción sustancial de la personalidad jurídica del ser humano y podría representar, además, violaciones a los derechos a la integridad personal, a la libertad personal y a la dignidad, entre otros, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso”

MencionOtros:
"El artículo 182, segunda parte, del Código Penal vigente de Venezuela establecía lo siguiente: Se castigarán con prisión de 3 a 6 años los sufrimientos, ofensas a la dignidad humana, vejámenes, torturas o atropellos físicos o morales cometidos en persona detenida por parte de sus guardianes o carceleros, o de quien diera la orden de ejecutarlos, en contravención, a los derechos individuales reconocidos en el ordinal 3° del artículo 60 de la Constitución"

FormulasLiterales:
"La constatación de una situación de esclavitud representa una restricción sustancial de la personalidad jurídica del ser humano y podría representar, además, violaciones a los derechos a la integridad personal, a la libertad personal y a la dignidad, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso.";"El artículo 11 de la Convención Americana protege uno de los valores más fundamentales de la persona humana, entendida como ser racional, esto es el reconocimiento de su dignidad. El inciso primero de dicho artículo contiene una cláusula universal de protección de la dignidad, cuyo basamento se erige tanto en el principio de la autonomía de la persona como en la idea de que todos los individuos deben ser tratados como iguales, en tanto fines en sí mismos según sus intenciones, voluntad y propias decisiones de vida.";


ID: C363
Caratula: Caso Isaza Uribe y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada de personas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 25
ArtsViolados: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se relaciona con la desaparición forzada del señor Víctor Manuel Isaza Uribe, ocurrida el 19 de noviembre de 1987 en el municipio de Puerto Nare, Departamento de Antioquia, cuando un grupo de hombres no identificados lo sustrajeron de la cárcel del municipio, mientras se encontraba en detención preventiva. Él era miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (SUTIMAC) y simpatizante del partido político Unión Patriótica (UP). 

TemaSecundario:
Derecho a la personalidad jurídica. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad personal. Derecho a la libertad sindical.

FallosCitados:
Nota al pie 170: El Tribunal ha declarado violaciones del derecho la honra y dignidad en casos en que Estados han sometido a personas o grupos de personas al odio, estigmatización, desprecio público, persecución o discriminación por medio de declaraciones públicas de funcionarios públicos (Cfr. Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 148; y Caso Andrade Salmón vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Serie C No. 330, párr. 183) o por la aplicación de determinada normativa discriminatoria y las consecuencias de un proceso desarrollado respecto de la víctima, en relación con el contexto social y las circunstancias específicas de lesión a su estima o reputación por la distorsión en el concepto público que sobre aquélla se tenía (Cfr. Caso Flor Freire vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 315, párrs. 154 a 158, y Caso Acosta y otros vs. Nicaragua, párr. 204.).

ParrDestacados:
Respecto del derecho a la honra y dignidad, reconocido en el artículo 11 de la Convención, el alegato de los representantes se centra en que la policía, los tribunales contencioso administrativos y la Procuraduría señalaron al señor Isaza como miembro de las FARC, lo que habría generado estigmatización y afectaciones en su familia. Sin embargo, según fue analizado en el capítulo anterior, de las determinaciones preliminares, provisionales o definitivas de las autoridades administrativas o judiciales que tuvieron alguna intervención en la investigación de los hechos, no surge que funcionarios públicos declararan o promovieran versiones de los hechos en que se afirme o declare categórica o implícitamente que el señor Isaza Uribe fuese miembro del grupo guerrillero FARC. Esa tampoco ha sido la posición del Estado ante este Tribunal. Esa fue una hipótesis de investigación que surgió de algunos elementos, la cual no fue concluyente ni corroborada por tales autoridades. De ese modo, por más que los familiares sientan que tal hipótesis de los hechos fue denigrante o estigmatizadora, ello surgió en el marco de investigaciones de carácter policial, administrativa y judicial realizadas por autoridades competentes, por lo cual no corresponde analizar los hechos bajo el artículo 11 de la Convención. 


ID: C364
Caratula: Caso Villamizar Durán y otros vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por ejecuciones extrajudiciales.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 4, 5, 6, 7, 8, 11
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
La controversia versa sobre las alegadas ejecuciones extrajudiciales de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, ocurrida el 11 de agosto de 1996; Elio Gelves Carrillo, ocurrida el 28 de mayo de 1997; Carlos Arturo Uva Velandia, ocurrida el 21 de junio de 1992, y Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, ocurridas el 4 de septiembre de 1995. Esas muertes habrían ocurrido en manos de agentes de seguridad del Estado y habrían tenido lugar en el contexto denominado como “falsos positivos”, lo cual consiste en ejecuciones
extrajudiciales en el marco del conflicto armado colombiano, con un modus operandi caracterizado por la muerte de civiles posteriormente presentados como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate, mediante diversos mecanismos de distorsión de la escena del crimen y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Integridad personal. Libertad personal. Honra y dignidad. Garantías judiciales. Protección judicial.

ParrDestacados:
"De conformidad con lo expuesto, a la luz de la prueba forense que figura en el expediente, esta Corte carece de elementos probatorios para acreditar que se cometieron actos de tortura contra estas tres víctimas de ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado con anterioridad a su muerte. En efecto, la prueba forense remitida conduce a la conclusión de que las lesiones que presentaban los tres cuerpos probablemente eran debidas a los propios disparos que les fueron dirigidos para darles muerte y no a maltratos intencionales que les causaron un intenso dolor con cualquier fin o propósito. En consecuencia, la Corte encuentra que el Estado no es responsable por una violación al artículo 5.2 de la Convención en perjuicio de Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes, y Albeiro Ramírez Jorge."

"En el presente caso la Corte nota que el Estado reconoció el impacto que pudieron tener sobre la honra las declaraciones de los funcionarios públicos que designaron al señor Gustavo Villamizar como integrante de la guerrilla. Es un hecho no controvertido por el Estado que las inscripciones al exterior de la casa de uno de sus familiares hicieron su aparición con posterioridad a su muerte y a las referidas declaraciones de los funcionarios públicos. A pesar de no contar con elementos fácticos que permitan afirmar que entre la declaración de los
funcionarios y las “pintas” existe una relación de causa a efecto, resulta razonable concluir que el actuar de los funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado que efectuaron esas declaraciones, en un contexto de orden público difícil, pudo contribuir a generar estigmas sociales en torno a Gustavo Villamizar y sus familiares. Por esos motivos, este Tribunal concuerda con lo señalado por los representantes y considera que el Estado es igualmente responsable por una violación al derecho a la honra contenido en el artículo 11.1 de la Convención en perjuicio de Gustavo Villamizar por las inscripciones al exterior de la casa de uno de sus familiares."


ID: C365
TemaPrincipal: Interpretación de sentencia.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: No aplica.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Carvajal Carvajal y otros vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
1. El 13 de marzo de 2018 la Corte emitió la Sentencia de fondo, reparaciones y costas en el caso Carvajal Carvajal y Otros vs. Colombia, la cual fue notificada a los representantes, el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 6 de junio de 2018.
2. El 3 de septiembre de 2018 el Estado sometió a la Corte una solicitud de interpretación de la Sentencia, para aclarar aspectos vinculados con los siguientes cuatro puntos: a) los beneficiarios, alcance y gastos específicos incluidos en la medida ordenada en el párrafo 215 de la Sentencia, tendiente a garantizar las condiciones para que los familiares de Nelson Carvajal que se encuentran en situación de desplazamiento puedan retornar a sus lugares de residencia; b) los organismos especializados a los que se refiere el párrafo 217 de la Sentencia sobre la obligación de remitir los informes periódicos que el Estado envía a los organismos especializados de la OEA y la ONU relacionados con las medidas implementadas para la prevención y protección de periodistas en Colombia, así como su duración; c) el concepto de gastos razonables a cargo del Estado en el marco de la supervisión del cumplimiento de la sentencia, y d) la modalidad de pago de las indemnizaciones por daño material e inmaterial y reintegro de costas y gastos.
3. El 10 de septiembre de 2018, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, la Secretaría del Tribunal (en adelante “la Secretaría”), solicitó a los representantes y la Comisión que presenten sus observaciones a la referida demanda de interpretación.
4. El 27 de septiembre de 2018 los representantes presentaron sus observaciones1 sobre la solicitud de interpretación presentada. Ese mismo día, la Comisión solicitó una prórroga de una semana para remitir sus observaciones, la cual fue otorgada hasta el 6 de octubre de 2017, fecha en la cual la Comisión informó que no tenía observaciones al respecto.


ID: C366
TemaPrincipal: Interpretación de sentencia.
TipoSent: Interpretación de Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: No aplica.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Lagos del Campo vs. Perú. Interpretación de Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
1. El 31 de agosto de 2017 la Corte Interamericana emitió la Sentencia, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”), el 13 de noviembre de 2017 mediante correo electrónico y el 29 de noviembre de 2017 vía courier.
2. El 12 de febrero de 2018 el Estado presentó una solicitud de interpretación de sentencia, de conformidad con los artículos 67 de la Convención y 68 del Reglamento en relación con la inclusión del derecho a la estabilidad laboral como parte de la controversia y el pronunciamiento de la Corte al respecto.
3. El 16 de febrero de 2018 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.2 del Reglamento, la Secretaría de la Corte transmitió la solicitud de interpretación a los representantes de las víctimas y a la Comisión. Asimismo, informó que, de conformidad con dicha disposición y siguiendo las instrucciones del Presidente de la Corte, los representantes de las víctimas y la Comisión contaban con un plazo hasta el 19 de marzo de 2018 para que presentaran las observaciones escritas que estimaran pertinentes en relación con las solicitudes del Estado.
4. El 17 de abril de 2017 la Comisión presentó sus observaciones escritas. En virtud de una solicitud de prórroga, el 25 de abril de 2017 los representantes presentaron sus observaciones escritas.


ID: C367
TemaPrincipal: Interpretación de sentencia.
TipoSent: Interpretación de la sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: No aplica.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Vereda La Esperanza vs. Colombia. Interpretación de la sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El 31 de agosto de 2017 la Corte emitió la Sentencia en el presente caso, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 30 de noviembre del mismo año.
2. El 26 de febrero de 2018, los representantes de las víctimas sometieron una solicitud de interpretación relacionada con: a) precisiones sobre los nombre de las personas beneficiarias de la reparación, b) aclaraciones en la sección resolutiva sobre reparaciones, y c) aclaraciones respecto a la resolución de la excepción preliminar relativa a la identificación de tres presuntas víctimas.


ID: C368
Caratula: Caso Omeara Carrascal y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Derecho a la vida y a la integridad personal.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Desaparición forzada.
ArtsInterpretados: 3, 4, 5, 7, 8, 17, 22, 25
ArtsViolados: 3, 4, 5, 7, 8, 17, 22, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad y uso de la fuerza.
FormulasAbrev: Uso de la fuerza.
Hechos:
El caso se relaciona con el atentado sufrido por el señor Noel Emiro Omeara Carrascal el 28 de enero de 1994 y su posterior muerte; la desaparición y ejecución de Manuel Guillermo Omeara Miraval, hijo del primero, desde el 27 de agosto al 23 de septiembre de 1994, y el atentado y posterior muerte del señor Héctor Álvarez Sánchez, suegro del segundo, el 21 de octubre de 1994.

ParrDestacados:
Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención Americana.

MencionOtros:
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas


ID: C369
Caratula: Caso Trueba Arciniega y otros vs. México. Homologación de Acuerdo.
TemaPrincipal: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal.
TipoSent: Homologación de Acuerdo
TemaSecundario: Derecho a las garantías judiciales.
ArtsInterpretados: 4, 5, 8, 25
ArtsViolados: 4, 5, 8, 25
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: México
TipoSentSimpl: Homologación de Acuerdo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial del joven Mirey Trueba Arciniega el 22 de agosto de 1998 por parte de miembros del Ejército en el estado de Chihuahua. Se sostuvo que este hecho ocurrió en un contexto en el cual el Estado mexicano asignó a sus Fuerzas Armadas labores de orden público, con todos los riesgos que ello implicaba y sin disponer las salvaguardas necesarias en términos de regulación, capacitación, dotación y vigilancia para prevenir privaciones arbitrarias del derecho a la vida como consecuencia del uso de la fuerza por parte de dichos agentes. Además, la Comisión determinó que el joven Mirey Trueba padeció un sufrimiento físico extremo incompatible con su integridad personal; y que el Estado, a través de sus agentes, no dio una respuesta inmediata a pesar de la gravedad de la situación a fin de buscar ayuda médica lo más pronto posible. Asimismo, indicó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, debido al uso de la justicia penal militar, así como a la falta de diligencia en la conducción de las investigaciones. Por último, la Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la integridad personal de los familiares de Mirey Trueba2.


ID: C370
Caratula: Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Desaparición forzada de persona. Privación de la libertad.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 22, 25
ArtsViolados: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 22, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Retorno digno.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar.
DignidadRol: Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
PaisDemandado: México
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Retorno digno.
FormulasAbrev: Estado garante de desplazados.
Hechos:
El caso se refiere a la alegada desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales en el Ejido Benito Juárez, Estado de Chihuahua, México, a partir del 29 de diciembre de 2009. A la fecha, se desconoce el destino o paradero de las tres presuntas víctimas desaparecidas. El caso también se relaciona con la alegada situación de impunidad en que se encuentran las tres desapariciones, por lo que se habría determinado que la aplicación de la justicia militar al caso concreto podría resultar violatoria del derecho de contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia. Finalmente, se alegaron una serie de violaciones conexas derivadas de las alegadas amenazas y hostigamientos que habrían tenido que enfrentar los grupos familiares, incluido su desplazamiento forzado.

TemaSecundario:
Derecho a las garantías judiciales. Derecho a la integridad personal. Derecho a la protección a la familia.

ParrDestacados:
279. Por otra parte, la Corte ha reafirmado que la obligación de garantía para el Estado [...] de proteger los derechos de las personas desplazadas conlleva no sólo el deber de adoptar medidas de prevención sino también proveer las condiciones necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro a su lugar de residencia habitual o a su reasentamiento voluntario en otra parte del país512. En este sentido, la Corte verifica que hasta el momento no se han tomado las medidas efectivas e integrales necesarias a fin de garantizar el retorno de los distintos grupos familiares que así lo soliciten.

FormulasLiterales:
"La obligación de garantía para el Estado de origen de proteger los derechos de las personas desplazadas conlleva no solo el deber de adoptar medidas de prevención sino también proveer las condiciones necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro a su lugar de residencia habitual o a su reasentamiento voluntario en otra parte del país";


ID: C371
TemaPrincipal: Torturas. Violencia sexual.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Discriminación. Género. Derecho a la libertad personal. Garantías judiciales.
ArtsInterpretados: 5, 7, 8, 11, 15, 25
ArtsViolados: 5, 7, 8, 11, 15, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: México
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
De acuerdo a la Comisión, el caso se relaciona con una serie de violaciones cometidas en contra de 11 mujeres, en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente. La Comisión determinó que la detención de las once mujeres en los días mencionados fue ilegal, arbitraria y sin que fueran informadas sobre las razones que la motivaron, ni sobre los cargos respectivos, lo cual persistió cuando acudieron a rendir su primera declaración sin defensa técnica. Asimismo, la Comisión determinó que las once mujeres fueron víctimas de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención, así como que el Estado incumplió con su obligación de investigar con la debida diligencia y en un plazo razonable estos hechos. Finalmente, la Comisión determinó que el Estado afectó la integridad psíquica y moral de los familiares de estas once mujeres.

FallosCitados:
Caso Yvon Neptune vs. Haití, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180,
2018. Serie C No. 348, párr. 169

ParrDestacados:
la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano266. La Corte entiende que cualquier violación del artículo 5.2 de la Convención Americana acarreará necesariamente la violación del artículo 5.1 de la misma267. La violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona 

MencionOtros:
artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana contra la Tortura y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.


ID: C372
Caratula: Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por falta de un proceso adecuado.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Garantías judiciales. Protección judicial.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 25
ArtsViolados: 1, 2, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Chile
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Las víctimas del caso son los familiares de siete personas que fueron secuestradas y desaparecidas en la última dictadura militar de Chile (1973-1990). A pesar de que algunos de ellos (4) percibían un monto pecuniario de carácter administrativo, las siete familias iniciaron acciones civiles para obtener una reparación. Las causas no avanzaron y finalmente, entre 1999 y 2003, se declararon prescriptas conforme a la legislación civil. Las víctimas alegaron la violación de las garantías judiciales y de protección judicial.

MencionOtros:
Consejo de Estado de Colombia. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E). Bogotá, D. C., dos (02) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Actor: Maria Faelly Cutiva Leyva y Otros. Demandado: Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional y Otros. Referencia: Apelacion Auto Ley 1437 de 2011 - Medio de Control de Reparación Directa


ID: C373
Caratula: Caso Colindres Schonenberg vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 9, 23, 25
ArtsViolados: 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: El Salvador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos de este caso se relacionan con las destituciones del señor Colindres Schonenberg de su cargo de Magistrado del Tribunal Supremo Electoral. El 22 de noviembre de 1996, la Asamblea Legislativa destituyó al señor Colindres Schonenberg de su cargo de magistrado. El señor Colindres Schonenberg presentó una acción de amparo en contra de esta decisión. El 4 de noviembre de 1997 la Sala de lo Constitucional ordenó su restitución y aclaró que la Asamblea Legislativa debía garantizar el derecho de audiencia para que la destitución fuera acorde a la Constitución. Tras un procedimiento llevado a cabo ante la Asamblea Legislativa, el 2 de julio de 1998 el señor Colindres Schonenberg fue destituido nuevamente. La presunta víctima interpuso diversos recursos contra esta decisión y ninguno recepcionado. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad Internacional del Estado por la destitución arbitraria de un juez ausencia de un marco legal claro que regulara las causales y procedimientos de separación de su cargo y  sin ofrecer garantías de un debido proceso. .

TemaSecundario:
Garantías judiciales. Derecho de jueces a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad. Derecho al plazo razonable. .


ID: C374
Caratula: Caso Villaseñor Velarde y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad del Estado por violación de las garantías judiciales y a la protección judicial. .
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 5, 8, 25, 11
ArtsViolados: 5, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso María Eugenia Villaseñor Velarde y otros contra la República de Guatemala  se refiere a actos de amenaza e intimidación en contra de María Eugenia Villaseñor Velarde  sucedidos cuando ella fue jueza, durante la década de 1990 y hasta el año 2013, así como a la falta medidas de protección efectivas y acciones de investigación para esclarecer tales hechos e identificar y sancionar a las personas responsables.  Los hechos invocados,  tales actos incluyeron hostigamientos y amenazas, así como otros tipos de actos de intimidación o agresión, habrían implicado una situación de riesgo para la señora Villaseñor y sus familiares, relacionada con la función judicial que ella desempeñaba. 

TemaSecundario:
Deber de investigar. Garantías judiciales y protección judicial. Plazo razonable del proceso judicial. Garantías de independencia judicial. Libertad de expresión.

ParrDestacados:
76.... En cuanto al derecho a la protección de la honra y de la dignidad, la Corte nota que su vulneración fue aducida sólo por las representantes. De acuerdo a jurisprudencia reiterada de este Tribunal, procede examinar los alegatos respectivos, pues es posible que las representantes aduzcan violados derechos distintos a los señalados por el Informe de Fondo. (C362)
77.	La Corte pasa a exponer su análisis de los aspectos de fondo del caso respecto a lo siguiente: 1) derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y de la dignidad y a la protección judicial respecto de la señora Villaseñor, y 2) derecho a la integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad de familiares de la señora Villaseñor. Hará su examen considerando las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención . 
87. 	Ahora bien, los hechos del caso recién aludidos no fueron presentados como violaciones en sí mismas, sino como parte de una situación o conjunto de hechos. En ese sentido, la Comisión y las partes no presentaron argumentos específicos que hicieran pertinentes, respecto de cada caso, consideraciones sobre la supuesta desproporción en actos de expresión o denuncia respecto a la honra y dignidad de la señora Villaseñor. En principio, en ausencia de tal base argumentativa, este Tribunal no advierte que los actos aludidos hayan constituido violaciones a derechos de la Jueza, y no tiene elementos suficientes para determinar lo contrario. Por ende, no puede concluir, respecto de cada uno de los hechos referidos, que constituyeran actos indebidos de presión o intimidación que afectaran la honra o dignidad de la señora Villaseñor . Por ello, la Corte no analizará la alegada violación del artículo 11 de la Convención sino respecto a aspectos puntuales, conforme se expresa más adelante (infra párrs. 133 a 139). En cuanto a la integridad personal, la Corte tampoco cuenta con elementos que le permitan considerar que los hechos de expresión o denuncia, en sí mismos, pudieran afectarla.
139.	En conclusión, la Corte no encuentra fundamentos para atribuir al Estado responsabilidad por la alegada violación al derecho a la protección de la honra y dignidad en perjuicio de la señora Villaseñor. Guatemala, por lo tanto, no es responsable por la violación al artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tampoco es responsable, en relación con ello, respecto al derecho a la presunción de inocencia, de la violación del artículo 8.2 del tratado. 
146.	Por lo tanto, la Corte determina que el Estado no violó el derecho a la integridad personal de los familiares de la Jueza. Asimismo, por iguales motivos, considera que no puede declarar una violación en perjuicio de tales familiares de su derecho a la protección de la honra y de la dignidad. En consecuencia, la Corte determina que Guatemala no es responsable por la violación de los artículos 5 y 11 de la Convención en perjuicio de Beatriz Eugenia Villaseñor Velarde, Francis Villaseñor Velarde y Rosa Antonieta Villaseñor Velarde. 
161.	La Corte advierte que se ha referido, en el análisis del fondo del caso, a la aducida lesión a la honra y a la dignidad en relación con la falta de publicación del informe de 1 de julio de 1999 y no determinó que hubiera una violación (supra párrs. 135 a 137 y 139). Además, no ha examinado hechos respecto al cese de la señora Villaseñor como Supervisora General de Tribunales (supra párr. 16). Por lo tanto, no corresponde ordenar medidas sobre tales aspectos. Por otra parte, la responsabilidad estatal declarada en este caso se sustenta en la falta de investigación de hechos específicos, sin que se haya establecido una relación con una situación general de falencias en la administración de justicia, y no se ha determinado responsabilidad respecto a la prestación de medidas de protección. 


ID: C375
Caratula: Caso Muelle Flores vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 2, 25, 8, 26, 5, 11, 1, 21
ArtsViolados: 25, 2, 8, 26, 21, 1
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado con base en sus obligaciones derivadas de la Convención Americana en el caso de un pensionista jubilado bajo el Decreto Ley No. 20530, quien dejó de recibir el pago de sus pensiones desde febrero de 1991 por parte de una empresa estatal que después fue privatizada, a pesar de contar con varias sentencias judiciales dictadas a su favor, las cuales ordenaron la restitución del pago. La responsabilidad internacional del Estado del Perú se habría configurado por el incumplimiento de las sentencias a nivel interno y por su falta de ejecución hasta la fecha del fallo así como por la violación del derecho a la seguridad social derivado del artículo 26 de la Convención y del derecho a la propiedad.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento durante 24 años respecto de  sentencias emitidas por el Tribunal que ordenaban nivelar las pensiones y por la violación de las garantías judiciales. .

TemaSecundario:
Derecho al respeto de la honra y a la dignidad. Derechos económicos, sociales y culturales. Dignidad. Garantía judicial del plazo razonable. 
.

ParrDestacados:
163.	En el presente caso, la Corte considera relevante recordar que los amparos interpuestos por la presunta víctima involucraban aspectos relacionados con el derecho a la seguridad social, y su correlativo acceso al sistema de salud, esto último debido a que a través de retenciones mensuales sobre el pago de la pensión, el señor Muelle Flores tenía derecho a un seguro social con EsSalud . Este extremo resulta de suma importancia teniendo en cuenta que la víctima cuenta con 82 años de edad, circunstancia que lo posiciona además en una situación de mayor vulnerabilidad, implicando una obligación reforzada de respeto y garantía de sus derechos. En efecto, el señor Muelle Flores dejó de recibir una pensión (si bien recibió algunos pagos parciales) de conformidad con la normativa vigente en la época, desde 1991. Es decir que, a pesar de haber adquirido un derecho a la pensión en septiembre de 1990, el cual le habría brindado los medios suficientes para subsistir con dignidad y cubrir sus gastos de salud, el señor Muelle Flores no pudo ver su derecho materializado, sino que por el contrario tuvo que recurrir a la ayuda económica de sus familiares  y de ciertos trabajos esporádicos hasta que su salud se lo permitió, para poder sobrevivir.
204.	Por otra parte, la Corte considera que en un contexto de no pago de la pensión reconocida judicialmente, los derechos a la seguridad social, a la integridad personal y la dignidad humana se interrelacionan, y en ocasiones, la vulneración de uno genera directamente la afectación del otro, situación que se acentúa en el caso de las personas mayores. A pesar de que ni la Comisión ni las representantes alegaron de manera expresa la violación de los artículos 5.1 y 11.1 de la Convención en el presente caso, ello no impide que dichos preceptos sean aplicados por esta Corte en virtud de un principio general de Derecho, iura novit curia, del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad, e inclusive el deber, de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente . (C 341). 
205.	En efecto, la ausencia de recursos económicos ocasionada por la falta de pago de las mesadas pensionales genera en una persona mayor directamente un menoscabo en su dignidad, pues en esta etapa de su vida la pensión constituye la principal fuente de recursos económicos para solventar sus necesidades primarias y elementales del ser humano.
207.	La falta de materialización del derecho a la seguridad social por más de 27 años generó un grave perjuicio en la calidad de vida y la cobertura de salud del señor Muelle, una persona en situación de especial protección por ser una persona mayor con discapacidad. La vulneración generada por la falta de pago de la pensión se extendió más allá del plazo razonable debido, y al ser este el único ingreso de la víctima, la ausencia prolongada del pago generó indefectiblemente una precariedad económica que afectó la cobertura de sus necesidades básicas, y por ende también su integridad psicológica y moral, así como su dignidad.
219.	Con base en todo lo señalado, la Corte concluye que el Estado del Perú es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la seguridad social, a la integridad personal, a la dignidad, y a la propiedad privada, reconocidos en los artículos 8.1, 25.1, 25.2.c), 26, 5, 11.1, 21.1, y 21.2 de la Convención Americana, respectivamente, en relación con el artículo 1.1, en perjuicio de Oscar Muelle Flores. Asimismo, el Estado es responsable por la violación de su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, recogido en el artículo 2 de la Convención Americana, en perjuicio de Oscar Muelle Flores.

MencionOtros:
El artículo 45.b) de la Carta de la OEA establece: “[l]os Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: b) [e]l trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar”.
El articulo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “[t]oda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la Coperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
La Corte Constitucional colombiana ha señalado que: “(…) en las distintas sentencias - algunas de las cuales han contado con un amplio número de actores - la Corte, siguiendo jurisprudencia ya muy decantada, ha señalado que el derecho a la seguridad social puede adquirir el carácter de fundamental cuando el no pago de las mesadas pensionales vulnera o amenaza vulnerar derechos fundamentales, como los derechos a la vida o a la salud. Ello ocurre en los casos en los que la ausencia de pago de las pensiones pone en peligro el mínimo vital de los jubilados, situación muy común en aquellos que ya pertenecen a la tercera edad, puesto que ya no se encuentran en condiciones de poder ingresar al mercado del trabajo y que, generalmente, derivan su sustento de manera exclusiva de la mesada”. Asimismo, estableció que “[p]ara establecer la afectación al derecho al mínimo vital [que debe ser cubierto con las pensiones de los jubilados] esta Corporación se ha pronunciado para definirlo como “aquella porción del ingreso que tiene como objeto cubrir las necesidades básicas como alimentación, salud, educación, recreación, servicios públicos domiciliarios, etc. Por ello, la misma jurisprudencia ha entendido que el concepto de mínimo vital no sólo comprende un componente cuantitativo, la simple subsistencia, sino también un cuantitativo, relacionado con el respeto a la dignidad humana como valor fundante del ordenamiento constitucional”. Cfr. Sentencia T 236/2016 de 13 de mayo de 2016. Acción de tutela, párrs. 4.1 y 4.4.
OIT, Recomendación No. 67, Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida, de 12 de mayo de 1944, adoptada en Filadelfia, 26ª reunión CIT, Principio Directivo 1, el que establece que: "Asimismo, el artículo 8, incisos b) y c) destacan que: “8. Al definir las garantías básicas de seguridad social, los Miembros deberían tener debidamente en cuenta lo siguiente: b) la seguridad básica del ingreso debería permitir vivir con dignidad. Los niveles mínimos de ingresos definidos a nivel nacional podrán corresponder al valor monetario de un conjunto de bienes y servicios necesarios, a los umbrales nacionales de pobreza, a los umbrales de ingresos que dan derecho a la asistencia social o a otros umbrales comparables establecidos por la legislación o la práctica nacionales, y podrán tener en cuenta las diferencias regionales, y c) los niveles de las garantías básicas de seguridad social deberían ser revisados periódicamente mediante un procedimiento transparente establecido por la legislación o la práctica nacionales, según proceda”.


ID: C376
Caratula: Caso Martínez Coronado vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Debido proceso. Derecho a las garantías judiciales. Derecho a la vida. Pena de muerte. .
ArtsInterpretados: 4, 8, 9, 2, 1
ArtsViolados: 9, 1, 2, 4, 8
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso se relacionan con la alegada responsabilidad internacional del Estado por la imposición de la pena de muerte con base en un tipo penal que preveía la peligrosidad como elemento típico, y por las alegadas violaciones al derecho de defensa cometidas en el marco del proceso penal contra el señor Manuel Martínez Coronado. Dicho proceso culminó en sentencia condenatoria de pena de muerte para el señor Martínez, quien fue ejecutado por medio de inyección letal el 10 de febrero de 1998.  

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la imposición de la pena de muerte a una persona sin haberse respetado un debido proceso. .

MencionOtros:
Sostuvo la CorteIDH en el caso analizado que "67.	En este sentido, la Convención Americana está en armonía con la tendencia imperante en el Sistema Universal de protección de los derechos humanos, en el cual la Resolución No. 62/149, adoptada en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre moratoria del uso de la pena de muerte, señala que el uso de la pena de muerte menoscaba la dignidad humana, así como que la moratoria del uso de la pena de muerte contribuye a la mejora y el desarrollo progresivo de los derechos humanos. Asimismo, se indica que no hay pruebas concluyentes del valor disuasivo de la pena de muerte y que todo error judicial en su uso o denegación de justicia en su aplicación, es irreversible e irreparable. Recomienda a los Estados que limiten progresivamente el uso de la pena de muerte y reduzcan el número de delitos por los que se puede imponer esa pena, y recuerda a aquellos que la han abolido, a que no la reintroduzcan . Postura que ha sido reiterada en lo sucesivo, en resoluciones e informes sobre la pena capital."
La Resolucion Nro. 62/149 (disponible enhttps://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47c8150b2) dispone en la parte pertinente "Considerando que el uso de la pena de muerte menoscaba la dignidad humana, y convencida de que una moratoria del uso de la pena de muerte contribuye a la mejora y al desarrollo progresivo de los derechos humanos, que no hay pruebas concluyentes del valor de la pena de muerte como elemento disuasorio, y que todo error judicial o denegación de justicia en la ejecución de la pena de muerte es irreversible e irreparable". 


ID: C377
Caratula: Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay. Fondo.
TipoSent: Fondo
TemaSecundario: Obligación de investigar. Derecho a la integridad personal. Tortura.
ArtsInterpretados: 3, 4, 5, 7, 8, 25, 1
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Paraguay
TipoSentSimpl: Fondo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se relaciona con la desaparición forzada y tortura de Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, líderes del movimiento político Patria Libre. La Corte advirtió que existía controversia sobre lo ocurrido durante los días el 17 y 30 de enero de 2002 a las presuntas víctimas y que éstas últimas fueron privadas de la libertad el 17 de enero, lo cual constituyó el inicio de una desaparición forzada que tuvo fin el 30 de enero de 2002, cuando fueron encontrados con vida. La CorteIDH declaró la irresponsabilidad del Estado en los hechos denunciados. 

TemaPrincipal:
Falta de responsabilidad internacional del Estado por la presunta inefectividad en la investigación y sanción de responsables. .


ID: C378
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a la salud. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Discriminación.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Cuscul Piraval y Otros vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Los hechos del caso se refieren a 34 personas que actualmente viven con el VIH en Guatemala, 15 personas que vivieron con el virus pero que ya han fallecido, y sus familiares. El caso fue presentado ante la Corte alegando que la falta de una adecuada atención médica estatal a dicho grupo de personas, así como la falta de una adecuada protección judicial, habrían constituido violaciones a la salud, a la vida, a la integridad personal y a las garantías
judiciales y la protección judicial. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por violaciones a derechos cometidas a personas con VIH y a sus familiares.


ID: C379
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Prohibición de tortura. Derecho a la libertad. Integridad física. Libertad sexual.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Los hechos de este caso se relacionan con la privación de libertad de una mujer, quien tenía 18 años al momento de los hechos, por parte de un particular. Durante un lapso de casi cuatro meses –del 27 de marzo al 19 de julio de 2001-, Linda Loaiza López Soto fue sometida de manera continua a diversos actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por irregularidades y dilaciones en la investigación y proceso penal con relación a la desaparición de una persona.


ID: C380
Caratula: Caso Álvarez Ramos vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 13, 23, 8, 22, 25
ArtsViolados: 1, 13, 23, 8, 22
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
La controversia versa sobre la publicación de un artículo en el periódico "Así es la noticia" por el Sr. Tulio Alberto Álvarez Ramos, y el posterior proceso judicial por difamación que se inició por quien se consideró afectado por el contenido del artículo, el Sr. Willian Lara. Esto derivó en la condena a 2 años y 3 meses del Sr. Álvarez Ramos, que fue cumplido mediante el mecanismo de suspensión condicional, y la víctima denuncia que incluso luego de recuperar su libertad plena, existían efectos persistentes de la condena en otros mecanismos políticos de participación.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a la libertad de expresión y los derechos políticos, al derecho a las garantías judiciales y el derecho de circulación y residencia.

TemaSecundario:
Derecho a circular. Derecho a la libertad de expresión. Derecho a la participación pública. Derecho a las garantías judiciales.

ParrDestacados:
102. El artículo 11 de la Convención establece, en efecto, que toda persona tiene derecho a la protección de su honra y al reconocimiento de su dignidad. La Corte ha señalado que el derecho a la honra “reconoce que toda persona tiene derecho al respeto de esta, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra o reputación e impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques. En términos generales, este Tribunal ha indicado que el derecho a la honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen de una persona” (C259).
128.	Por otra parte, la Corte considera que no basta con que el funcionario público supuestamente afectado en su honra por el ejercicio de la libertad de expresión de un periodista, accione como privado para que no se deba tener en consideración aquella condición y se eluda así a lo previsto en la Convención y en la jurisprudencia de la Corte. Lo que ha estado en entredicho en el presente caso, no es la aplicación del artículo 11 de la Convención, concerniente a la protección de la honra y de la dignidad, sino lo señalado en el artículo 13 de la misma, relativo a la libertad de pensamiento y de expresión.


ID: C381
TemaPrincipal: Desaparición forzada de persona. Privación de la libertad.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: México
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El caso se refiere a la alegada desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales en el Ejido Benito Juárez, Estado de Chihuahua, México, a partir del 29 de diciembre de 2009. A la fecha, se desconoce el destino o paradero de las tres presuntas víctimas desaparecidas. El caso también se relaciona con la alegada situación de impunidad en que se encuentran las tres desapariciones, por lo que se habría determinado que la aplicación de la justicia militar al caso concreto podría resultar violatoria del derecho de contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia. Finalmente, se alegaron una serie de violaciones conexas derivadas de las alegadas amenazas y hostigamientos que habrían tenido que enfrentar los grupos familiares, incluido su desplazamiento forzado.

TemaSecundario:
Derecho a las garantías judiciales. Derecho a la integridad personal. Derecho a la protección a la familia.


ID: C382
Caratula: Caso Gorigoitía vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a recurrir. Deber de adoptar disposiciones de derecho intern.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 25, 28
ArtsViolados: 1, 2, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 31 de agosto de 1996 el señor Gorigoitía fue detenido junto a otros agentes policiales por el delito de homicidio ocurrido en el contexto de una persecución judicial. En el momento de los hechos el señor Gorigoitía era Sargento Ayudante de la Policía de Mendoza. El 12 de septiembre de 1997 la Cámara Primera del Crimen de Mendoza condenó al señor Gorigoitía por el delito de homicidio simple y le impuso una pena de 14 años de prisión. En virtud de la condena sufrió una inhabilitación absoluta por igual término, y fue exonerado de la Policía de Mendoza e inhabilitado. La Cámara Primera indicó que el señor Gorigoitía actuó con “dolo eventual” al momento en que disparó su arma durante la persecución. El 29 de septiembre de 1997 la defensa del señor Gorigoitía interpuso un recurso de casación solicitando la nulidad de la sentencia condenatoria. En dicho recurso planteó la falta de motivación de la sentencia así como su arbitrariedad. El 19 de diciembre de 1997 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza resolvió rechazar el recurso de casación por falta de motivación y ausencia de determinación concreta del agravio. El 24 de febrero de 1998 la defensa del señor Gorigoitía interpuso un recurso extraordinario federal (en adelante también “recurso extraordinario”) contra la resolución de la Sala Segunda, el cual fue rechazado. Finalmente, el 23 de abril de 1998 se interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue declarado inadmisible. De la pena de 14 años que le fue impuesta, el señor Gorigoitía cumplió 9 años y 4 meses preso. Fue puesto en libertad condicional en diciembre de 2005.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la imposibilidad de una persona de recurrir un fallo condenatorio en un proceso penal seguido en su contra.


ID: C383
Caratula: Caso Rico vs. Argentina. Excepción Preliminar y Fondo.
TemaPrincipal: Responsabilidad del Estado por la destitución de un juez.
TipoSent: Excepción Preliminar y Fondo
TemaSecundario: Garantías judiciales. Principio de legalidad. Derechos políticos. Derecho a la protección judicia.
ArtsInterpretados: 1, 8, 9, 23, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del caso se relacionan con la destitución e inhabilitación para ocupar otro cargo en el Poder Judicial por haber incurrido en faltas disciplinarias, de Eduardo Rico como Juez del Tribunal del Trabajo Nº 6 del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, dictaba por un Jurado de Enjuiciamiento el 15 de junio de 2000 luego de que fuera presentada una denuncia en su contra ante el Consejo de la Magistratura por parte del Colegio de Abogados de San Isidro. El señor Rico fue sancionado por el Jurado de Enjuiciamiento por encontrarse incurso en las causales previstas en el artículo 21, incisos e), f) y k) de la Ley 8085: “e) incompetencia o negligencia reiteradamente demostrada en el ejercicio de sus funciones”; “f) el incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo”, y k) “dejar transcurrir los términos legales reiteradamente, sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a su decisión o dictamen”. El señor Rico interpuso recursos ante Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en particular los recursos Extraordinarios Federal y de Queja, en contra de la Sentencia emitida por el Jurado de Enjuiciamiento. Estos fueron denegados por considerar que no reunían los recaudos mínimos exigidos para su admisibilidad.


ID: C384
Caratula: Caso Perrone y Preckel vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 8, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 6 de agosto de 1997 el señor Ruiz Fuentes fue detenido junto con cuatro otras personas en el marco de una operación de rescate a un menor que había sido sustraído el día anterior. En el contexto de su detención el señor Ruiz Fuentes sufrió una serie lesiones graves que provocaron que tuviera que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Según un oficio emitido por el Departamento de Investigaciones Criminológicas, miembros del servicio de la Sección de Antisecuestros y Extorsiones de la Policía Nacional y de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI) se presentaron en el domicilio donde estaba ubicado el menor y, cuando se procedían a rodear la casa, los señores Ronald Ernesto Raxcacó Reyes y Ruiz Fuentes huyeron de la policía escalando una pared de aproximadamente 8 metros de altura, de la cual el señor Ruiz Fuentes se cayó. Según la versión brindada por el señor Ruiz Fuentes, el día que fue capturado se encontraba conduciendo su vehículo con el co-imputado J.M.M.R. cuando lo interceptaron tres vehículos. y unas personas desconocidas comenzaron a darle golpes en el estómago y las costillas, le metieron en un vehículo y le continuaron golpeando con un palo.
El 14 de mayo de 1999 el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala dictó sentencia condenatoria en contra del señor Ruiz Fuentes y de los otros imputados por el secuestro del niño P.A.L.W., condenado al señor Ruiz Fuentes, junto con otros dos procesados a la pena de muerte por ser responsables del delito de plagio o secuestro en grado de autores directos. El señor Ruiz Fuentes y las otras dos personas condenadas a pena de muerte interpusieron un recurso de apelación especial por motivos de fondo y forma ante la Corte de Apelaciones, un recurso de casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad y un recurso de revisión ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, los cuales fueron desestimados. Finalmente, presentó un recurso de gracia ante el Ministro de Gobernación solicitando la conmutación de la pena de muerte por la inmediata inferior de 50 años de prisión. No consta que dicho recurso haya sido tramitado o resuelto. El 22 de octubre de 2005 se produjo en la cárcel de máxima seguridad, denominada “El Infiernito”, una fuga protagonizada por 19 internos, entre los que se encontraba el señor Ruiz Fuentes. Con el objeto de recapturar a las 19 personas fugadas, el Estado puso en marcha la “Operación Gavilán”. El 14 de noviembre de 2005 fue encontrado el cadáver del señor Ruiz Fuentes en la Avenida 0 Calle 5ta de la Colonia Monja Blanca de Barberena, Santa Rosa.
Presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en el pecho y otra en el ojo derecho. El señor Ruiz Fuentes tenía empuñada un arma de fuego.

TemaSecundario:
Pena de muerte. Garantías judiciales y protección judicial. Actos de tortura. Derecho a la integridad personal.


ID: C385
Caratula: Caso Ruiz Fuentes y otra vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad del Estado por violación de las garantías judiciales y a la protección judicial. .
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Restricción de derecho.
ArtsInterpretados: 8, 25
ArtsViolados: 8
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se relaciona con el acceso a un recurso adecuado y efectivo y con las debidas garantías procesales particularmente a través del deber de motivación y el plazo razonable, en favor de la señora Perrone y el señor Preckel, quienes interpusieron diversos recursos administrativos y judiciales, a fin de reclamar el pago de los haberes salariales y beneficios sociales, dejados de percibir como consecuencia de su alegada privación arbitraria de la libertad durante la dictadura militar en Argentina. En vista de la limitación temporal del Tribunal para evaluar hechos anteriores al reconocimiento de la competencia contenciosa por parte de Argentina (1984), corresponde a la Corte pronunciarse sobre hechos autónomos posteriores, a la luz del alcance de los derechos reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana para efectos del presente caso.

MencionOtros:
En nota al pie 97 cita la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abusos de poder. adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985, mediante resolución 40/34. En su principio 4 señala que “[l]as víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daños que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional”.  


ID: C386
Caratula: Caso Valenzuela Ávila vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a las garantías judiciale.
ArtsInterpretados: 4, 5, 11, 7, 8
ArtsViolados: 5, 4, 11, 7, 8
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se relaciona con una serie de violaciones al debido proceso en el marco del proceso penal contra Tirso Román Valenzuela Ávila por el delito de asesinato, que culminó en su condena a la pena de muerte con base en la figura de la peligrosidad, así como con una serie de torturas perpetradas en el momento de la detención, tras ser recapturado luego de su primera fuga en la cárcel en junio de 1998, y nuevamente tras ser recapturado luego de su segunda fuga de la cárcel en junio de 2001, además de la aparente ejecución extrajudicial del señor Valenzuela.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la violación al Derecho a la vida y a la integridad personal.

ParrDestacados:
196.	Por otro lado, esta Corte nota que la Comisión también alegó la vulneración del artículo 11 de la Convención Americana. Al respecto, este Tribunal ha señalado que si bien este artículo se titula Protección de la “Honra y de la Dignidad”, su contenido incluye, entre otros, la protección de la vida privada, que comprende entre otros ámbitos protegidos, la vida sexual  y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos , por tal motivo, la violencia sexual como una violación puede suponer una intromisión en los aspectos más personales e íntimos de la vida privada de una persona .  Con base en lo anterior, la Corte en el presente caso considera que la violación sexual causada al señor Valenzuela supuso una intromisión a su intimidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                203.	Por otra parte, los representantes alegaron que el señor Valenzuela Ávila no recibió tratamiento médico durante su permanencia en el centro penitenciario, luego de las torturas sufridas cuando fue detenido y recapturado. Al respecto, la Corte ha establecido que “[u]na de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de [procurar] a éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención” . Sobre este punto, la Corte ha desarrollado un conjunto de obligaciones para el cumplimiento de este deber, entre ellas, se encuentra la obligación de brindar atención médica, a través de un tratamiento adecuado que sea necesario . Asimismo, ha señalado que la inexistencia de un “tratamiento o atención médica adecuada y oportuna”, constituye una violación del artículo 5 de la Convención. (C114) 


ID: C387
Caratula: Caso Rodríguez Revolorio y otros vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a las garantías judiciale.
ArtsInterpretados: 4, 5, 8, 9, 25
ArtsViolados: 4, 5, 8, 9, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos (Reglas de Mandela)
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
La pena de muerte se encuentra prevista tanto en la Constitución, como en la legislación penal guatemalteca. El artículo 18 de la Constitución de Guatemala reconoce la posibilidad de que se aplique la pena de muerte. Los señores Rodríguez Revolorio, López Calo y Archila Pérez fueron detenidos el 11 de febrero de 1995 y puestos a disposición de la autoridad judicial, acusados de cometer un delito de asesinato y otro en grado de tentativa.El 23 de mayo de 1996 el Tribunal de Sentencia Penal dictó una sentencia condenatoria en contra de los señores Rodríguez Revolorio, López Calo y Archila Pérez por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, condenándolos a la pena de muerte. Para determinar su condena, el Tribunal de Sentencia Penal aplicó el artículo 132 del Código Penal guatemalteco vigente en dicha época, en virtud del cual, en caso de que una persona fuera declarada culpable por asesinato, se le impondría la pena de muerte en lugar del máximo de prisión “si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor particular peligrosidad del agente”.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la violación al Derecho a la vida y a la integridad personal.

ParrDestacados:
71. Asimismo, esta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal . Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia . Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos, brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida, y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel de sufrimiento inherente a la detención". (C244, C20, C112).                                                                                          92.	A la vista de todo lo anterior, la Corte concluye que las condiciones carcelarias en las que fueron recluidos los señores Rodríguez Revolorio, López Calo y Archila Pérez no cumplieron los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno  y constituyeron en su conjunto un trato cruel, inhumano y degradante violatorio de lo dispuesto en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, así como del artículo 6 de la CIPST.   (C244 Y 241).                                                   NOTA AL PIE 113: La Corte Interamericana en numerosas decisiones ha empleado las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas de Mandela) a fin de interpretar el contenido del derecho de las personas privadas de la libertad a un trato digno y humano. Éstas prescriben las normas básicas respecto al alojamiento, higiene, tratamiento médico y ejercicio de los reos privados de la libertad. Cfr. Reglas Mínimas de las Naciones para el Tratamiento de Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1995, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXVII) de 13 de mayo de 1977, inter alia...
Véase también, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, principios IX, X, XI y XII. Cfr. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 241, párr. 67 y Asunto del Complejo Penitenciario de Pedrinhas respecto de Brasil. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de marzo de 2018, Considerando 47, y Asunto del Complejo Penitenciario de Curado respecto de Brasil. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2018, Considerando 31.


ID: C388
Caratula: Caso Rosadio Villavicencio vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a la libertad.
ArtsInterpretados: 7, 8, 9
ArtsViolados: 7, 8, 9
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado por las supuestas violaciones al debido proceso que se cometieron en los tres procesos, disciplinario, penal ordinario y penal militar que se le iniciaron a Jorge Rosadio Villavicencio por su actuación en una operación de inteligencia en la que debía infiltrarse en grupos de narcotráfico en la zona de Sion en el Perú. La Comisión consideró que el Estado incumplió su obligación de comunicar previa y detalladamente los hechos y causales que se le imputaron, violó el derecho de defensa de la presunta víctima, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a una motivación adecuada, así como vulneró el principio de legalidad. En la jurisdicción penal militar, concluyó que el Estado violó el derecho a contar con un juez independiente e imparcial, de recibir previa y detalladamente la acusación, y de defensa. En cuanto a la justicia penal ordinaria,  el derecho a contar con una motivación suficiente respecto del aumento de la pena que sufrió. La Comisión también estimó que se violó el principio de ne bis in idem.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a las garantías judiciales y principio de legalidad.


ID: C389
TemaPrincipal: Derecho a la vida y a la integridad personal.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Desaparición forzada.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Omeara Carrascal y otros vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 

Hechos:
El caso se relaciona con el atentado sufrido por el señor Noel Emiro Omeara Carrascal el 28 de enero de 1994 y su posterior muerte; la desaparición y ejecución de Manuel Guillermo Omeara Miraval, hijo del primero, desde el 27 de agosto al 23 de septiembre de 1994, y el atentado y posterior muerte del señor Héctor Álvarez Sánchez, suegro del segundo, el 21 de octubre de 1994.


ID: C390
Caratula: Caso Girón y otro vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a las garantías judiciale.
ArtsInterpretados: 4, 5, 8
ArtsViolados: 5, 4, 8
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
La Comisión indicó que el caso se relaciona con una serie de violaciones en el marco del proceso penal contra Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza por los delitos de violación calificada y asesinato, que culminó con la imposición de la pena de muerte, y sus ejecuciones por medio de un pelotón de fusilamiento. El Estado habría violado los derechos de las presuntas víctimas por no haber contado con el tiempo y los medios adecuados para la defensa y a no ser asistidos por defensores proporcionados por el Estado al momento de rendir sus confesiones. Sostuvo también que los defensores de oficio designados eran estudiantes de derecho, quienes carecían de la experiencia y capacitación técnica necesaria para ejercer una defensa adecuada en el marco de un proceso penal.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad personal.

ParrDestacados:
87. Asimismo, este Tribunal advierte que la publicidad de la ejecución de los señores Girón y Castillo a través de los medios televisivos es incompatible con la dignidad humana, por constituirse como un trato degradante, toda vez, que las presuntas víctimas del presente caso fueron tratados como objetos para ejemplificar, a través de su ejecución, que determinadas conductas eran rechazadas por la sociedad en Guatemala. 
133.c. b) medidas de rehabilitación: i) en atención a los menoscabos inmateriales sufridos por los familiares de las presuntas víctimas, deviene necesario que, con su consentimiento, se otorgue un tratamiento médico y psicológico en centros especializados, sin costo adicional y de manera gratuita, y ii) implementar e incluir en un programa habitacional del Estado, mediante el cual provea de vivienda adecuada, sin gasto adicional y de manera gratuita, a la señora Dora Alicia Castillo Mendoza, hermana del señor Pedro Castillo Mendoza, para que pueda vivir con dignidad. (unanimidad, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo Vio Grossi, Humberto Antonio Sierra Porto, Elizabeth Odio Benito, Patricio Pazmiño Freire, Ricardo Pérez Manrique)

MencionOtros:
Consejo de Derechos Humanos, La cuestión de la pena capital, A/HRC/39/19 (2018).
Consejo de Derechos Humanos, La cuestión de la pena capital, A/HRC/24/18 (2013).


ID: C391
Caratula: Caso Romero Feris vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Presunción de inocencia Derecho a las garantías judiciales.
ArtsInterpretados: 7, 1, 8, 25
ArtsViolados: 7, 8, 1, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El señor Romero Feris ejerció diferentes cargos públicos entre los años 1985 y 1999 entre los que se incluyen los de Presidente de la Confederación Rural Argentina; Intendente de la ciudad capital de la Provincia de Corrientes; Gobernador de la Provincia de Corrientes, e Intendente de la ciudad capital de la Provincia de Corrientes.
En 1999 el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes presentó una denuncia en contra del señor Romero y otros funcionarios públicos ante la Fiscalía de Instrucción N°1 de Corrientes. En la denuncia se alegó la responsabilidad de la presunta víctima por los delitos de administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, defraudación, malversación de caudales públicos, entre otros.
Como consecuencia de esa denuncia, se abrieron varios procesos y se ordenó la detención de señor Romero Feris la cual se hizo efectiva el 3 de agosto de 1999. Con posterioridad se decidió mantenerlo en prisión preventiva, y el 1 de agosto de 2001 se prorrogó la medida cautelar privativa de la libertad por el término de 8 meses adicionales. El 11 de septiembre de 2002 fue puesto en libertad luego de que el Juez de Instrucción N°1 de Corrientes y la Cámara en lo Criminal N°1 de Corrientes lo ordenaran.
Por otra parte, el caso también se relaciona con los distintos recursos que presentó el señor Romero Feris en el marco de cuatro causas penales que se desarrollaron desde el año 1999 hasta el año 2016, a saber a) Causa: SITRAJ-Corrientes S/ DenunciaCapital; b) Causa: Romero Feris Raúl Rolando y Zidianakis, Andrés P/ Peculado – Capital; c) Causa: Romero Feris, Raúl Rolando; Isetta, Jorge Eduardo; Magram, Manuel Alberto P/Peculado; Ortega, Lucía Placida P/Peculado y uso de documento falso – Capital, y d) Causa: Comisionado Interventor de la municipalidad de la ciudad de Corrientes, Juan Carlos Zubieta S/ denuncia.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por violación de derechos humanos de una persona privada de su libertad. 
Privación de la libertad.


ID: C392
Caratula: Caso Díaz Loreto y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 7, 5, 25, 8, 6
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 25, 8, 6
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
La Corte recordó que para la época de los hechos del caso existía en Venezuela y en particular en el estado Aragua un contexto de ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios policiales. Ese contexto fue reconocido por instituciones públicas a nivel interno y a nivel internacional.
Los hechos del caso tuvieron lugar el 6 de enero de 2003 en el sector de la Segundera de la ciudad de Cagua, Aragua, cuando el señor Robert Ignacio Díaz Loreto recibió disparos por parte de funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado Aragua (CSOPEA), y posteriormente fue trasladado al centro de salud Seguro Social de la Cornisa, en la ciudad de Cagua donde llegó sin vida.
En un segundo momento, David Octavio Díaz Loreto y Octavio Ignacio Díaz Álvarez recibieron disparos por parte de los funcionarios policiales. Con posterioridad fueron trasladados y dejados sin vida en el Hospital José María Vargas, en la ciudad de Cagua.
A partir de esos hechos, las autoridades emprendieron diligencias de investigación y procesamiento de los presuntos responsables de las muertes de Robert Ignacio Díaz Loreto, David Octavio Díaz Loreto y Octavio Ignacio Díaz Álvarez, al cabo de los cuales fueron absueltos por sentencia en firme de 4 de septiembre de 2014. Por otra parte, la Corte comprobó que en el presente caso varios familiares de las tres víctimas fueron objeto de amenazas e intimidación durante el desarrollo de la investigación y del proceso.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad personal, al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, al derecho a la integridad física y a la libertad personal.

TemaSecundario:
Derechos a las garantías judiciales. Garantías judiciales y protección judicial. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctima.

ParrDestacados:
91... Asimismo, el Tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención Americana . (C33, C368)


ID: C393
Caratula: Caso Gómez Virula y otros vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 8, 25
ArtsViolados: 1, 8, 25
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Alexander Yovany Gómez Virula tenía 22 años al momento de su desaparición el 13 de marzo de 1995. Trabajaba en la empresa RCA y era miembro del Consejo Consultivo del sindicato de dicha empresa. El sindicato de la empresa RCA se encontraba en conflicto con la misma tras el cierre de sus operaciones. Este sindicato se encontraba afiliado a la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (en adelante “UNSITRAGUA”).
El 13 de marzo de 1995 el señor Gómez Virula fue visto por última vez por un compañero del sindicato. El 13 y el 14 de marzo los padres del señor Gómez Virula, Antonio Gómez Areano y Paula Virula Dionicio, buscaron a su hijo en la Policía Nacional, centros de detención, hospitales y la morgue. El 14 de marzo de 1995 el señor Gómez Areano denunció la desaparición de su hijo ante el Procurador de los Derechos Humanos y posteriormente ante la Sub-Jefatura del Departamento de Investigaciones Criminológicas de Guatemala. Asimismo, los días 15, 16 y 17 de marzo de 1995 la UNSITRAGUA emitió una comunicación a la opinión pública y dos telegramas urgentes dirigidos al Ministerio de Gobernación, manifestando su preocupación por la posible relación entre la desaparición del señor Gómez Virula y su participación en el sindicato de la empresa RCA.
Entre el 16 y 17 de marzo de 1995 la policía realizó algunas diligencias para investigar la desaparición del señor Gómez Virula. El 19 de marzo de 1995 fue hallado el cuerpo del señor Gómez Virula en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.
Entre marzo y el agosto de 1995 se recibieron diversas declaraciones y se realizaron otras diligencias para investigar la muerte de la víctima. El 20 de agosto de 1996 el Ministerio Público solicitó la clausura del procedimiento, y el 7 de mayo de 1997 requirió el archivo de la causa.
El 6 de junio de 1997 el Sexto Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente emitió un auto en respuesta a lo solicitado por el Ministerio Público manifestando que le correspondía al Ministerio Público el archivo del caso, sin necesidad de autorización judicial. A pesar de haberse solicitado al Estado, no consta en el expediente la decisión del Ministerio Público de archivar el caso.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad física y a la libertad personal. .

TemaSecundario:
Derecho de asociación. Libertad de asociación. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas. Derecho a las garantías judiciale.


ID: C394
TemaPrincipal: Responsabilidad del Estado por violación de las garantías judiciales y a la protección judicial. .
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Vida digna. Seguridad social. Derecho a la propieda.
ArtsInterpretados: 4, 8, 21, 25, 26, 1
ArtsViolados: 1, 4, 8, 21, 25, 26
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Vida digna.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar.
DignidadRol: Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Vida/existencia digna.
FormulasAbrev: Vida digna y medidas positivas.
Caratula:
Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Los hechos del caso se relacionan con los distintos recursos judiciales intentados por los miembros de ANCEJUB-SUNAT para lograr la ejecución de la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de 25 de octubre de 1993. Dicha sentencia declaró fundada la acción de amparo incoada por ANCEJUB-SUNAT, y en consecuencia inaplicable la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 673 de 23 de septiembre de 1991. La sentencia también ordenó que fuera repuesto el derecho a recibir la pensión que correspondiera, nivelada con las remuneraciones de los servidores activos de la SUNAT, y se reintegraran los incrementos dejados de percibir como consecuencia de la aplicación de la mencionada Tercera Disposición Transitoria. La ejecución de dicha sentencia fue objeto de un litigio de cerca de 27 años, donde se discutieron diversos aspectos respecto a su alcance. En ese sentido, se destacan los hechos mencionados a continuación. El 23 de abril de 1999 ANCEJUB-SUNAT incoó una segunda acción de amparo en contra de
diversas resoluciones judiciales que obligaban a cada uno de los miembros de la organización a iniciar trámites administrativos y/o jurisdiccionales para la determinación de los aspectos económicos relacionados con el pago de sus pensiones. El 10 de mayo de 2001 el Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de amparo. El 23 de septiembre de 2002, el Sexagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima dispuso el nombramiento de un perito contador con el propósito de que “se practique una liquidación de pago adeudado a favor de cada uno de los asociados de la asociación demandante”. El 3 de abril de 2003 el perito presentó su informe concluyendo que el total de los reintegros dejados de percibir asciende a S/442, 401, 571.
 El 9 de agosto de 2011 el Tribunal Constitucional declaró infundado dicha acción de amparo, al considerar que de acogerse la pretensión de la demanda se iría en contra de lo establecido en su propia jurisprudencia respecto a que “la nivelación a que tienen derecho todos los pensionistas del Régimen del Decreto Ley No. 20530 debe efectuarse con los haberes del funcionario o trabajador que se encuentre en actividad en el mismo nivel,
categoría o régimen laboral que ocupó el pensionista al momento de su cese”. El 1 de septiembre de 2011, ANCEJUB-SUNAT presentó una solicitud de aclaración de la sentencia, la cual fue declarada improcedente.
Por otro lado, el 10 de marzo de 1999 el señor Rafael Ipanaqué Centeno, integrante de ANCEJUB-SUNAT, presentó a título personal un recurso ante el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado de Derecho Público para que ordenara a la SUNAT cumplir con lo dispuesto en la sentencia de 25 de octubre de 1993. El 30 de marzo de 1999 se acogió la pretensión del señor Ipanaqué y se ordenó el cumplimiento de la sentencia. El 29 de abril de 1999 el Primer Juzgado anuló la resolución de 30 de marzo de 1999, argumentando que no se habría acreditado la existencia de intereses para litigar por separado. El señor Ipanaqué apeló la decisión, la cual fue confirmada el 29 de abril de 1999. Posteriormente, el señor Ipanaqué realizó diversas peticiones a la SUNAT y al Presidente de Perú para que las acogieran.

ResumenDisRelevante:
El voto parcialmente disidente del Juez Humberto Sierra Porto considera vulnerado el derecho a la vida digna y realiza consideraciones al respecto en sus párrafos 2, 3, 4, 6 y 7.

ParrDestacados:
181.	Sin embargo, la Corte nota que, pese a que la restitución de los derechos de las presuntas víctimas se produjo en octubre de 1993 con la sentencia de la Corte Suprema, tuvieron que transcurrir cerca de 18 años a partir de la sentencia emitida el 9 de agosto de 2011 por el Tribunal Constitucional para que el Estado fijara de modo definitivo, con carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, el régimen laboral con cuyas remuneraciones se nivelarían las pensiones de las presuntas víctimas. Esto implicó que durante dicho lapso de tiempo el contenido material del derecho a la nivelación fuera incierto, porque no se había determinado cómo esta debía efectuarse, y subsecuentemente cuáles serían sus alcances pecuniarios. La indeterminación de la modalidad bajo la cual operaría la nivelación significó, a su vez, la indeterminación de la cuantía a que efectivamente ascendían las pensiones de las presuntas víctimas. Estos hechos constituyeron una afectación del derecho a la seguridad social de las presuntas víctimas, pues la Corte considera que una de las obligaciones inmediatas que atañen al Estado para el ejercicio pleno de este derecho comporta que las personas puedan prever los recursos económicos con los cuales contarán para vivir dignamente durante su vejez.                                                               184.	En tercer lugar, la Corte resalta que otro de los elementos fundamentales de la seguridad social lo constituye su relación con la garantía de otros derechos, pues este derecho “contribuye en gran medida a reforzar el ejercicio de muchos de los derechos económicos, sociales y culturales” . En ese sentido, este Tribunal ha señalado que la pensión derivada de un sistema de contribuciones o cotizaciones es un componente de la seguridad social. Asimismo, que los Estados deben prestar servicios especiales para las personas mayores, pues la jubilacion constituye el único monto sustitutivo de salario que reciben para suplir sus necesidades básicas. En definitiva, la pensión, y en general la seguridad social, constituyen un medio de protección para gozar de una vida digna.                       185.	La Corte considera que en el presente caso los derechos a la seguridad social y a la vida digna se interrelacionan, situación que se acentúa en el caso de personas mayores. El Tribunal ha señalado que la ausencia de recursos económicos ocasionada por la falta de pago de las mesadas pensionales genera en una persona mayor directamente un menoscabo en su dignidad, pues en esta etapa de su vida la pensión constituye la principal fuente de recursos económicos para solventar sus necesidades primarias y elementales como ser humano. Lo mismo puede afirmarse de la falta de otros conceptos que se encuentran directamente relacionados con la pensión, como son el pago de reintegros adeudados. De esta forma, la afectación del derecho a la seguridad social por la falta de pago de dichos reintegros implica angustia, inseguridad e incertidumbre en cuanto al futuro de una persona mayor por la posible falta de recursos económicos para su subsistencia, ya que la privación de un ingreso lleva intrínsecamente la privación en el avance y desarrollo de su calidad de vida y de su integridad personal . C375                           186.	El Tribunal recuerda que el derecho a la vida es fundamental en la Convención Americana, toda vez que su salvaguarda depende la realización de los demás derechos . Al no respetarse este derecho, todos los demás derechos desaparecen, puesto que se extingue su titular . En razón de este carácter fundamental, el Tribunal ha sostenido que no son admisibles enfoques restrictivos al derecho a la vida y que este derecho comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna . En este sentido, una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y no producir condiciones que la dificulten o impidan . Por esta razón, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria , como las personas mayores. (c63, c112, c125)                          187.	Este Tribunal también considera que el alcance de las obligaciones positivas del Estado respecto a la protección del derecho a la vida digna de personas mayores debe comprenderse a la luz del corpus juris internacional en la materia. De esta forma, el contenido de estas obligaciones se compone a la luz de lo expuesto en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el deber general de garantía contenido en el artículo 1.1 y con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 del mismo instrumento, y de los artículos 9 (Seguridad Social), 10 (Derecho a la Salud), y 13 (derecho a la educación) del Protocolo de San Salvador. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé en su artículo 11 reconoce el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda, y a una mejora continua de las condiciones de existencia” . En la misma lógica, el Tribunal nota que los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas mayores han establecido que los Estados deberán introducir en sus programas nacionales principios que garanticen que “[l]as personas de edad [tengan] acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuados, mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia” .                                                                                                                                                                                                       El Tribunal considera que al no haber obtenido los reintegros que les correspondían por el tiempo en que fue aplicada la Tercera Disposición Transitoria del Decreto 673, las posibilidades económicas de las presuntas víctimas para gozar de una vida digna también se vieron afectadas.    Este Tribunal considera que las circunstancias específicas en que este cambio sucedió deben ser tomadas en cuenta para la calificación de la responsabilidad internacional del Estado en relación con la garantía del derecho a la seguridad social y a la vida digna. De esta forma, el Tribunal concluye que los efectos que las afectaciones que dicho cambio tuvo en la calidad de vida de las presuntas víctimas constituyó, además de una vulneración a su derecho a la seguridad social, una violación del derecho a su vida digna.     PARR. 206 (...) En particular, el Tribunal advirtió que en virtud de la interrelación entre el derecho a la seguridad social y la vida digna, situación que se acentúa en el caso de personas mayores, la disminución de los ingresos de las presuntas víctimas con motivo de su jubilación de la SUNAT, y los montos dejados de percibir por la falta de pago de sus reintegros, tuvieron como resultado una afectación a su derecho a la vida digna. Asimismo, la falta de pago de dichos reintegros derivó en la violación al derecho a la propiedad privada.

MencionOtros:
156.	Para identificar aquellos derechos que pueden ser derivados interpretativamente del artículo 26, se debe considerar que este realiza una remisión directa a las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA. De una lectura de este último instrumento, la Corte advierte que reconoce la seguridad social en su artículo 3.j)  al señalar que “la justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera”. Asimismo, el artículo 45.b)  de la Carta de la OEA establece que “b) [e]l trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar”.                                                                                                                          164.	De igual manera, el artículo 9 del Protocolo de San Salvador establece que “1) [t]oda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.                                                                                                                                                                                                                                                                       165.	En el ámbito universal, el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos  establece que “[t]oda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la Cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.                                                                                                                                                                                         la Observación General No. 19 del Comité DESC: c) Nivel suficiente: las prestaciones, ya sea en efectivo o en especie, deben ser suficientes en importe y duración a fin de que todos puedan gozar de sus derechos a la protección y asistencia familiar, de unas condiciones de vida adecuadas y de acceso suficientes a la atención de salud. Además, los Estados Partes deben respetar plenamente el principio de la dignidad humana y el principio de la no discriminación, a fin de evitar cualquier efecto adverso sobre el nivel de las prestaciones y la forma en que se conceden.

FormulasLiterales:
"El Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo";


ID: C395
Caratula: Caso Hernández vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 5, 1, 7, 26, 25, 8
ArtsViolados: 1, 8, 5, 25, 26
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Calificación de un derecho. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Detención y dignidad. Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Detención compatible con dignidad. Detención compatible con dignidad.
Hechos:
El señor José Luis Hernández fue detenido el 7 de febrero de 1989 por el delito de robo calificado en grado de tentativa. El día de su detención la víctima fue sometida a un examen físico donde se determinó que se encontraba sano. El 14 de febrero de 1989 el Juez de la Causa dictó el fallo de prisión preventiva respecto de dicha detención, al considerar que existía semi-prueba plena de su autoría y responsabilidad penal. El 28 de septiembre de 1990, el señor Hernández fue condenado a cinco años de prisión. El 21 de mayo de 1991, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal modificó tanto la calificación legal del delito como el monto de la pena a dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo. El 29 de mayo de 1991, el señor Hernández obtuvo su libertad condicional. El señor Hernández permaneció privado de su libertad por un periodo de alrededor de 2 años y tres meses. Durante ese tiempo estuvo detenido del 7 de febrero de 1989 al 3 de agosto de 1990 en la Comisaría de la localidad de Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, y del 3 de agosto de 1990 hasta su liberación en la Unidad Carcelaria No. 1 del Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.
La madre del señor Hernández realizó diversas solicitudes de atención médica a su hijo durante el tiempo que estuvo detenido –tanto antes como después de ser trasladado a la Unidad Carcelaria. Una vez que se diagnosticó que el señor Hernández padecía meningitis aguda de etiología T.B.C., el Estado le proporcionó tratamiento médico intermitente en el Hospital del Servicio Penitenciario Provincial y en los hospitales San Juan de Dios de la Plata y Alejandro Korn de Melchor Romero. Como consecuencia de la meningitis que padecía, y a pesar del tratamiento médico recibido, el señor Hernández sufrió afectaciones neurológicas consistentes en la pérdida de la visión de un ojo, adquirió una incapacidad parcial y permanente del miembro superior izquierdo, y pérdida de memoria. El señor Hernández presentó el 2 de abril de 1993 una demanda civil de daños y perjuicios contra la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires por la enfermedad que contrajo y la falta de atención médica adecuada y sus secuelas, la cual fue rechazada porque la acción estaba prescrita. El señor Hernández falleció el 24 de diciembre de 2015, a la edad de 47 años.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a la integridad personal y al derecho a la libertad personal.

TemaSecundario:
Derechos a las garantías judiciales y la protección judicial. Presunción de inocencia. Derecho a la salud. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctima.

ParrDestacados:
55.	La Convención Americana reconoce en su artículo 5 que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, prevé que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y establece que toda persona privada de libertad deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. La Corte ha establecido que la infracción a la integridad personal es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta . El Tribunal también ha señalado que el derecho a la integridad personal es de tal importancia que no puede ser suspendido bajo ninguna circunstancia . Asimismo, la Corte ha señalado que de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre . (C33, C390, C112, C312, C140).       56.	En tal sentido, en relación con las personas que han sido privadas de su libertad, la Corte ha determinado que el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre quienes se encuentran sujetos a su custodia . Lo anterior, como resultado de la interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al privado de libertad se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna . En consecuencia, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma . C20, C312, C112.        57.	Asimismo, la Corte ha establecido que la integridad personal se halla directa e inmediatamente vinculada con la atención a la salud humana , y que la falta de atención médica adecuada puede conllevar la vulneración del artículo 5 de la Convención . Este Tribunal ha señalado que la falta de atención médica adecuada a una persona que se encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales acumulativos  y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros . La Corte recuerda que numerosas decisiones de organismos internacionales invocan las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos a fin de interpretar el contenido del derecho de las personas privadas de la libertad a un trato digno y humano, como normas básicas respecto de su alojamiento, higiene, tratamiento médico y ejercicio físico, entre otros . (c171, c387, c114, c150, c63, c133, c312 y Reglas mínimas).             59.	El Tribunal ha señalado que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención Americana. En casos de personas privadas de libertad, la ausencia de propósito por parte de las autoridades de humillar o degradar a una víctima no lleva inevitablemente a la conclusión de que no ha habido violación al artículo 5.2 de la Convención. En el régimen de la Convención Americana, el sufrimiento y el deterioro a la integridad personal causado por la falta de atención médica adecuada –y el consecuente daño a su salud- de una persona privada de libertad pueden constituir por sí mismos tratos crueles, inhumanos y degradantes.       60.	Asimismo, la Corte recuerda que de conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal. En ese sentido, el Tribunal ha señalado que las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral, estrictamente prohibido por el inciso 2 del artículo 5 de la Convención, que no es consecuencia natural y directa de la privación de libertad en sí misma . En relación a las condiciones de las instalaciones en las cuales se encuentran las personas privadas de libertad, mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación a la integridad personal . Como responsable de los centros de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos condiciones que respeten sus derechos fundamentales y dejen a salvo su dignidad .     C119, C160, C114                 76.	Esta Corte ya ha reconocido que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos, y que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. El Tribunal ha precisado que la obligación general de protección a la salud se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así como de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población .   c349, c359.     87.	En relación con lo anterior, el Tribunal recuerda que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en una situación de detención compatible con su dignidad personal . Asimismo, como responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a salvo sus derechos . En relación con la atención a la salud, el cumplimiento del requisito de calidad requiere que los establecimientos, bienes y servicios de salud, además de ser aceptables desde un punto de vista cultural, deben ser apropiados desde el punto de vista científico y ser de buena calidad . Al respecto, la Corte recuerda que numerosas decisiones de organismos internacionales invocan las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (en adelante, “Reglas sobre Tratamiento de Reclusos” a fin de interpretar el contenido del derecho de las personas privadas de la libertad a un trato digno y humano, lo cual se relaciona con la garantía de su derecho a la salud, como normas básicas respecto de su alojamiento, higiene, tratamiento médico y ejercicio físico, entre otros . C114, C115, Comite DESC - C113, 112 y Reglas Mínimas

MencionOtros:
De una lectura de este último instrumento, la Corte advierte que reconoce a la salud en 34.i  y 34.l  de la Carta de la OEA establece, entre los objetivos básicos del desarrollo integral, el de la “[d]efensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica”, así como de las “[c]ondiciones que hagan posible una vida sana, productiva y digna”.      El artículo 34.l de la Carta de la OEA establece: “[l]os Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: […] l) Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna”. 

FormulasLiterales:
"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";


ID: C396
Caratula: Caso López y otros vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Vida privada y familiar. Derecho de los niños y niñas. Derecho de la protección a la famili.
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 11, 17, 30
ArtsViolados: 1, 2, 5, 11, 17, 30
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Vida digna.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: "Garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna";
Etiquetas: Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Vida digna de reclusos.
Hechos:
Los señores Néstor López, Hugo Blanco, José Muñoz Zabala y Miguel Ángel González fueron condenados a penas privativas de la libertad por la justicia provincial de Neuquén, Argentina. No obstante, cumplieron sus penas en el ámbito del Servicio Penitenciario Nacional, en razón de un convenio entre dicho órgano federal y la Provincia de Neuquén, el cuál preveía que hasta que la Provincia tuviera condiciones económicas para construir y habilitar sus propios establecimientos carcelarios, el servicio de guardia y custodia de los condenados y procesados sería prestado por el órgano federal.
Una vez dentro del sistema penitenciario federal, las cuatro víctimas del caso fueron trasladadas repetidas veces a centros de detención localizados entre 800 y 2000km de distancia de sus familiares, abogados y jueces de ejecución de la pena. Dichos traslados eran determinados por el Servicio Penitenciario Federal y no fueron objeto de control judicial previo. Las víctimas del caso presentaron recursos de habeas corpus y solicitudes para regresar a unidades de detención cercanas a sus familiares, pero dichos recursos fueron todos denegados por las autoridades judiciales internas.

TemaPrincipal:
Responsabilidad del Estado por violación de las garantías judiciales y a la protección judicial, a la integridad personal.

ParrDestacados:
90. La Corte recuerda que en contextos de personas privadas de libertad, “los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente del ser humano” 83 .
Nota al pie 83: Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 85, y Caso Pachecho Teruel Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 241, párr. 67.
90… Además, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular los derechos y obligaciones de la persona privada de libertad y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna84.
Nota al pie 84: Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párr. 152, y Caso Norín Catrimán Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, párr. 406.
91. Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto a todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar85.
Nota al pie 85: Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay, párr. 153.
97. Respecto al artículo 11.2, el Tribunal ha precisado que la vida privada no se limita al derecho a la privacidad, pues abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales. El concepto de vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, el desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior93. Además, la efectividad del ejercicio del derecho a la vida privada es decisiva para la posibilidad de ejercer la autonomía personal sobre el futuro curso de eventos relevantes para la calidad de vida de la persona94.
Nota al pie 93: Cfr. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 129, y Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329, párr. 152.
Nota al pie 94: Cfr. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie C No. 257, párr. 143, y Caso I.V. Vs. Bolivia, párr. 152.

MencionOtros:
Considerando 107: Cita Resolución 70/175 de la Asamblea General, que adoptó las nuevas Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela): “Regla 58.2. En caso de que se permitan las visitas conyugales, este derecho se aplicará sin discriminación y las reclusas podrán ejercerlo en igualdad de condiciones que los reclusos. Se contará con procedimientos y locales que garanticen el acceso equitativo e igualitario y se prestará la debida atención a la seguridad y dignidad”.
Considerando 111. Cita: Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Americas. Adoptados por la Comisión durante el 131º periodo ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008. Principio IX: “[l]os traslados de las personas privadas de libertad deberán ser autorizados y supervisados por autoridades competentes, quienes respetarán, en toda circunstancia, la dignidad y los derechos fundamentales, y tomarán en cuenta la necesidad de las personas de estar privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal, y al tribunal de justicia u otro órgano del Estado que conozca su caso. Los traslados no se deberán practicar con la intención de castigar, reprimir o discriminar a las personas privadas de libertad, a sus familiares o representantes”.


