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ID: C397
Caratula: Caso Jenkins vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Derecho a la libertad personal y a las garantías judiciales. protección judicial.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a la libertad personal. Garantías judiciales. Derecho a la Protección judicial.
ArtsInterpretados: 7, 8, 24, 1, 2
ArtsViolados: 1, 7, 8, 24, 2
Arts5611: No invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 8 de junio de 1994 el señor Jenkins fue detenido por una orden dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 9, imputado por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita. El 29 de junio de 1994 se decretó el procesamiento en su contra y se acordó la conversión de su detención en prisión preventiva. Durante el tiempo en el que el señor Jenkins estuvo en prisión preventiva planteó diversos recursos para obtener su excarcelación. Tanto las resoluciones que resolvieron la acción de inconstitucionalidad como los posteriores recursos interpuestos fueron rechazados. Finalmente, el 19 de noviembre de 1997, en el marco de la audiencia de debate del procedimiento penal seguido contra el señor Jenkins y otros imputados, el fiscal solicitó la absolución por el delito por el que fue acusado, al considerar insuficientes los elementos de prueba recolectados respecto del señor Jenkins. Ese mismo día el Tribunal Oral en lo Criminal Federal resolvió disponer la libertad inmediata del señor Jenkins por no existir mérito para que continuara detenido. El 27 de diciembre de 1999 el señor Jenkins interpuso una demanda por daños y perjuicios contra el Estado y contra del juez que ordenó su detención. El 30 de abril de 2007 el Juzgado Contencioso  Administrativo Federal No. 10 dictó una sentencia rechazando la acción de daños y perjuicios. La defensa del señor Jenkins interpuso un recurso de apelación, el cual fue declarado desierto el 25 de marzo de 2008. Posteriormente, el señor Jenkins presentó un recurso de hecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue rechazado el 17 de marzo de 2009.


ID: C398
Caratula: Caso Montesinos Mejía vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 7, 8, 24, 1, 2, 5
ArtsViolados: 7, 24, 1, 2, 5, 6, 8
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El día 21 de junio de 1992 el señor Montesinos fue detenido por agentes policiales en la ciudad de Quito, Ecuador, en el marco de la operación “Ciclón” dirigida a desarticular una organización de narcotráfico. Luego de ser detenido, los agentes policiales llevaron al señor Montesinos a su domicilio donde decomisaron distintos armamentos. El 25 de junio de 1992, el señor Montesinos presto su declaración ante la Dirección Nacional de Investigaciones sin contar con representante legal. Luego de su detención fue recluido en una celda de aproximadamente 11 metros cuadrados donde se encontraban cerca de 13 personas más. El señor Montesinos denunció que, el 23 de julio de 1992, 25 miembros del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional habrían golpeado tanto a él como a otros detenidos, mientras se encontraban en el patio del centro de detención Regimiento Quito No. 2. Ese mismo día fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social No. 1 con los ojos y boca cubiertos con cinta adhesiva y amarrado de manos por detrás de la espalda durante todo el traslado. Dentro del lugar de detención alegó haber estado incomunicado y aislado desde su detención hasta el 28 de julio de 1992. El 10 de septiembre de 1996 el señor Montesinos presentó una petición de hábeas corpus ante el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito en la que alegó haber recibido golpes, tratos inhumanos y degradantes y haber permanecido en prisión por 50 meses si sentencia. El 16 de septiembre de 1996 se declaró como improcedente. El abogado del señor Montesinos apeló la decisión denegatoria del Alcalde ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. El 30 de octubre de 1996 dicho Tribunal concedió el hábeas corpus y ordenó su inmediata libertad. Esta decisión no fu cumplida. El 14 de abril de 1998 el señor Montesinos interpuso un segundo hábeas corpus ante el Alcalde de Distrito Metropolitano de Quito. El 21 de abril el Alcalde declaró improcedente el recurso. El representante del señor Montesinos apeló dicha decisión ante el Tribunal Constitucional. El 13 de agosto de 1998, dicho tribunal determinó la inmediata libertad del señor Montesinos. La Corte no tiene constancia de la fecha en la cual el señor Montesinos recupero la libertad.El 30 de noviembre de 1992 la Corte Superior de Quito dictó auto de proceso en contra del señor Montesinos (y otros) por presuntamente haber actuado como cómplice y encubridor del delito de enriquecimiento ilícito. El 22 de noviembre de 1996 la Presidencia de la Corte Superior de Justicia declaró abierta la etapa plenaria contra del señor Montesinos. El señor Montesinos interpuso un recurso de apelación. El 7 de mayo de 1998 la Cuarta Sala de Conjueces de la Corte Superior de Justicia de Quito dictó auto de sobreseimiento definitivo.El 30 de noviembre de 1992 la Corte Superior de Quito dictó el procesamiento contra del señor Montesinos, al considerar que existían graves indicios sobre su participación como cómplice y encubridor del delito de conversión o transferencia de bienes. El 30 de septiembre de 1996, la Corte Superior de Quito declaró abierta la etapa de plenario. Contra dicha decisión el señor Montesinos interpuso recurso de apelación. La Sala Cuarta de la Corte Superior de Justicia, mediante resolución del de abril de 1998 dictó auto de sobreseimiento definitivo al señor Montesinos. El 18 de noviembre de 1992 la Presidencia de la Corte Superior de Quito dictó el procesamiento del señor Montesinos y dispuso su prisión preventiva por haber realizado actividades de testaferro para una organización criminal. El 9 de septiembre de 2003 la Corte Superior de Quito dictó sentencia absolutoria en primera instancia en favor de Montesinos Mejía, el 8 de septiembre de 2008, la Primera Sala Especializada de lo Penal, lo condeno 10 años ,El 29 de septiembre de 2010 el señor Montesinos presentó una acción extraordinaria contra la sentencia del 31 de agosto 2010. El 18 de enero 2011 la Corte establecio que el recurso era inadmisible

TemaPrincipal:
Violación de las garantías judiciales. vulneración del derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a la protección judicial.

TemaSecundario:
Derecho a la libertad personal. Derecho a la presunción de inocencia. Derecho a la igualdad ante la ley. Derecho a la integridad personal. Obligación de investigar denuncias de torturas. Derecho a las garantías judiciales. Principio de legalidad y retroactividad. Protección de la honra y la dignidad. Derecho de propieda.

ParrDestacados:
"150... esta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal" (cita C020 y C387). 


ID: C399
Caratula: Caso Carranza Alarcón vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Libertad personal. Garantías judiciales.
ArtsInterpretados: 7, 8, 1, 2, 5, 25
ArtsViolados: 7, 1, 8, 2
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El día 17 de agosto de 1993 el Comisario a cargo de la estación policial en el Cantón de Yaguachi, provincia del Guayas, ordenó instruir sumario y dictó auto cabeza de proceso contra el señor Carranza. Las actuaciones se relacionaban con hechos sucedidos dos días antes, en los que un hombre perdió su vida luego de recibir impactos de bala. El Comisario, ordenó oficiar a la Policía Rural para que se procediera a la aprehensión del señor Carranza, en tanto se encontraba prófugo. Además, con base en el artículo 177del Código de Procedimiento Penal (en adelante, CPP), ordenó su “detención preventiva”. El 28 de octubre de 1993 el Juzgado 11° de lo Penal del Guayas (en adelante “Juzgado11º”) confirmó la orden de prisión y solicitó a la Policía Nacional adoptar las medidas para lograr la captura. En noviembre de 1994, el señor Carranza fue detenido por la Policía Rural ecuatoriana.El 6 de diciembre de 1994 el señor Carranza designó a su abogado defensor y rechazó la denuncia en su contra. El 25 de febrero de 1995 rindió testimonio indagatorio. En agosto del mismo año el Juzgado 11° receptó declaraciones testimoniales. El 11 de septiembre de 1995 el señor Carranza presentó un escrito al Juzgado 11° solicitando su liberación. No consta respuesta a ese requerimiento. El 30 de septiembre de 1995 el Juzgado 11º consideró concluido el sumario. El 4 de marzo de 1997 el Fiscal emitió su dictamen, sosteniendo que el señor Carranza había participado en un hecho de homicidio. El 14 de abril siguiente se declaró abierta la etapa de plenario. La audiencia pública tuvo lugar el 1 de diciembre de 1998, luego de haber sido pospuesta varias veces. Desde su detención y durante todo el proceso descrito, el señor Carranza permaneció privado de su libertad, dada la medida de prisión preventiva dispuesta en su contra. c. Condena y cumplimiento de la pena El 15 de diciembre de 1998, el Tribunal Penal dictó una sentencia condenatoria, imponiendo al señor Carranza la pena de “seis años de reclusión menor”. No consta que el señor Carranza presentara recurso alguno contra dicha sentencia. El 29 de marzo de 1999 el Tribunal Penal señaló que el señor Carranza había cumplido la pena impuesta. El 6 de abril del mismo año se emitió la “boleta de libertad”.

TemaPrincipal:
Violacion de las garantias judiciales. arbitrariedad en la prisión preventiva. duración irrazonable de la prisión preventiva y el proceso penal. violación a la presunción de inocencia.


ID: C400
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 21, 8, 25, 23, 26
ArtsViolados: 21, 25, 8, 1, 2, 23
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Vida digna. Existencia digna.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar.
DignidadRol: Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: "La protección del medio ambiente como una condición para la vida digna";
Etiquetas: Vida/existencia digna.
FormulasAbrev: Medio ambiente y vida digna.
Caratula:
Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El caso se refiere a un reclamo de comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí 
Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y(Tapiete), de la propiedad de los lotes fiscales 14 y 55, colindantes y en conjunto abarcan un área aproximada de 643.000 hectáreas (ha). En la zona referida, que está dentro de la Provincia de Salta y limita con Paraguay y Bolivia, ha habido presencia de comunidades indígenas de modo constante, al menos desde antes de 1629. Además, fue ocupada, por personas criollas a partir de inicios del siglo XX. El 15 de diciembre de 1991, fue dictado el Decreto No. 2609/91 que estableció la obligación de Salta de unificar los lotes 14 y 55 y adjudicar una superficie sin subdivisiones, mediante título único de propiedad, a las comunidades indígenas.Un año después, en diciembre de 1992, se conformó formalmente la “Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat” (en adelante “Lhaka Honhat”), integrada por personas de distintas comunidades indígenas, con la finalidad, entre otras, de obtener el título de propiedad de la tierra.En 1993 el Estado creó una “Comisión Asesora”, que en 1995 recomendó asignar dos terceras partes de la superficie de los lotes 14 y 55 a comunidades indígenas, lo que fue aceptado por comunidades.En 1995 comenzó la construcción de un puente internacional. En septiembre de ese año el puente fue ocupado pacíficamente por comunidades indígenas. El entonces Gobernador deSalta se comprometió a emitir un Decreto que asegurara la adjudicación definitiva de la tierra.El puente fue finalizado en 1996, sin que previamente se desarrollara un proceso de consulta con las comunidades indígenas. En 1999, por medio del Decreto 461, el Estado realizó adjudicaciones de fracciones del lote 55, otorgando parcelas a algunas Comunidades e individuos allí asentados. Luego, en diciembre de 2000, la Provincia presentó una propuesta de adjudicación del lote 55, previendo la entrega de fracciones a cada comunidad. Esto fue rechazado por Lhaka Honhat porque el ofrecimiento no contemplaba el lote 14 ni la unidaddel territorio. En 2007 la Corte de Justicia de Salta, a partir de una acción de amparo presentada por Lhaka Honhat en marzo de 2000, resolvió dejar sin efecto el Decreto 461.El 23 de octubre de 2005 Salta realizó un referéndum, en que los electores del Departamento rivadavia fueron preguntados sobre si era su voluntad “que se entreguen las tierras correspondientes a los lotes 55 y 14 a sus actuales ocupantes”. El “Sí” obtuvo el 98% de votos. En una reunión de 14 de marzo de 2006 entre Lhaka Honhat y representantes de Salta, se acordó que correspondía reconocer a los pueblos indígenas 400.000 ha dentro de los lotes 14 y 55, en un título único. Al respecto, las comunidades indígenas redujeron su reclamo, que antes era de 530.000 ha. El mismo acuerdo fue alcanzado en octubre de 2007 entre Lahka Honhat y la Organización de Familias Criollas. En el último mes indicado Salta adoptó el Decreto 2786/07, refrendando lo anterior. En octubre de 2008 Salta creó un “equipo técnico”, integrado por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que había sido creada en 2005 para ejecutar tareas relacionadas con la distribución de la tierra de los lotes señalados. El 25 de julio de 2012 Salta emitió el Decreto 2398/12, el cual dispuso “asignar, con destino a su posterior adjudicación”, 243.000 ha de los lotes 14 y 55 para las familias criollas y 400.000 ha para las comunidades indígenas, “en propiedad comunitaria y bajo la modalidad de título que cada una de ellas determine”.El 29 de mayo de 2014 Salta emitió el Decreto 1498/14, mediante el cual reconocía y transfería la “propiedad comunitaria”, a favor de 71 comunidades indígenas, de aproximadamente 400.000 ha de los lotes 114 y 55, y la “propiedad en condominio” de los mismos lotes a favor de múltiples familias criollas. Tambien se establece , a través de la UEP, se concreten  actos para la “determinacion del territorio a las comunidades indigena.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por violación de garantías procesales y de la propiedad indígena.

TemaSecundario:
Derecho de propiedad comunitaria indígena. Derechos de circulación y de residencia. Derecho a un medio ambiente sano. Derecho a una alimentación adecuada. Derecho al agua. Derecho a participar en la vida cultural. Derecho a las garantías judiciales. Derecho a la Protección judicial.

ParrDestacados:
Nota al pie 196: "La Corte ha señalado que en virtud de la obligación de respetar los derechos humanos, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, los Estados “deben abstenerse” de, entre otras conductas, “contaminar ilícitamente el medio ambiente de forma que se afecte las condiciones que permiten la vida digna de las personas, por ejemplo, mediante el depósito de desechos de empresas estatales en formas que afecten la calidad o el acceso al agua potable y/o a fuentes de alimentación” (Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23, párr. 117."; Nota al pie 216: "La Corte ha señalado que, dado el deber de “respeto” mandado por el artículo 1.1 de la Convención, “los Estados deben abstenerse de […] cualquier práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso, en condiciones de igualdad, a los requisitos para una vida digna, como lo [es] la alimentación adecuada” (Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-23/17, párr. 117)".  Se repite en nota al pie 219 y nota 229.

MencionOtros:
Res. 2349-07 (Asamblea General OEA): "en sus artículos 1 y 4, “[r]econoce” al agua como “esencial para la vida y la salud” e “indispensable para poder vivir una vida con dignidad humana”, así como “el uso ancestral del agua por parte de las comunidades urbanas, rurales y pueblos indígenas, en el marco de sus usos y costumbres sobre el uso del agua, de conformidad con las respectivas legislaciones nacionales”. Comité DESC: "El derecho al agua también está indisolublemente asociado al […] derecho a una vivienda […]. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, en primer lugar el derecho a la vida y a la dignidad humana” (Comité DESC. Observación General 15. El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales); Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, arts. 1 y 2. El artículo 4 agrega que “[l]a defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos indígenas”.


ID: C401
Caratula: Caso Noguera y otra vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 5, 19, 8, 25, 4
ArtsViolados: 4, 5, 19, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Paraguay
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
La Corte recordó que para la época de los hechos del caso existía en Paraguay un contexto de violaciones a derechos humanos en el reclutamiento militar y en las condiciones en que se prestaba el servicio militar en ese país.Los hechos del caso tuvieron lugar el 11 de enero de 1996 en las instalaciones de laIII Compañía de la Agrupación CIMEFO en Mariscal Estigarribia, en el Chaco Paraguayo. En esa fecha, mientras se encontraba cursando el segundo año de servicio militar, Vicente  Nogueraa pareció muerto en su cama a las 05:00 de la mañana. De acuerdo a las investigaciones, exámenes forenses, y autopsias que fueron practicadas, se estableció que la causa de muerte fue una infección de tipo neumonitis intersticial. Sin embargo, María Noguera, madre de la víctima, siempre sostuvo que el mismo había sido sometido a maltratos físicos y ejercicios excesivos que llevaron a su muerte. A partir de estos hechos, las autoridades emprendieron diversas diligencias de investigación para determinar las causas y circunstancias que rodearon la muerte deVicente Noguera. En un primer momento, se abrió un sumario ante la jurisdicción penal militar, el cual culminó con un sobreseimiento el 21 de octubre de 1997. Por otra parte, la investigación también se desarrolló en el marco de la jurisdicción ordinaria,la cual resultó en un archivamiento el 6 de noviembre de 2002. Ulteriormente, el 28 de mayo de 2012 se reabrió la investigación por la muerte de Vicente Noguera en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo de Solución Amistosa y se llevaron a cabo diversas diligencias de investigación. El 10 de marzo de 2014 se volvió a archivar la causa. Finalmente, el 13 de diciembre de 2018, luego de haber sido sometido el caso ante la Corte Interamericana, la Fiscalía de Derechos Humano correspondiente al Ministerio Público, inició el procedimiento de apertura de la causa por tortura el cual se encuentra aún en curso.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho de la vida, a la integridad personal, a los derechos del niño, garantías del debido proceso y protección judicial.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derechos del niño. Derecho a las garantías judiciales. Derecho a la protección judicial.


ID: C402
Caratula: Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 7, 5, 11, 1, 6, 8
ArtsViolados: 5, 8, 1, 6, 7, 11
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad y uso de la fuerza.
FormulasAbrev: Uso de la fuerza.
Hechos:
La Corte constató que en la sociedad peruana existían al momento de los hechos y aún hoy en día fuertes prejuicios en contra de la población LGBTI, que en ciertos casos se manifiesta en hechos de violencia. Estos hechos violentos en algunas oportunidades son cometidos por agentes estatales, incluyendo efectivos de la policía nacional y del serenazgo, tal como ocurrió en el presente caso.Azul Rojas Marín nació el 30 de noviembre de 1981. Al momento de su detención, el 25 de febrero de 2008, se identificaba como hombre gay. Actualmente, se identifica como mujer. El 25 de de febrero de 2008 a las 00:30 horas, la señora Rojas Marín se encontraba caminando sola a su casa cuando se acercó un vehículo policial, uno de sus ocupantes le preguntó a dónde se dirigía y le dijo: “¿a estas horas? Ten cuidado porque es muy tarde”. Veinte minutos después los agentes estatales regresaron, la registraron, la golpearon, y la obligaron a subir al vehículo policial mientras le gritaban “cabro concha de tu madre”. Los insultos y palabras despectivas con clara referencia a su orientación sexual continuaron mientras estuvo detenida. Fue conducida a la Comisaría de Casa Grande, donde fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, y fue víctima de tortura y violación sexual ya que en dos oportunidades los agentes estatales le introdujeron una vara policial en el ano. La víctima permaneció hasta las 6 de la mañana en la Comisaría sin que se registrara su detención. El 27 de febrero de 2008 la víctima presentó una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Casa Grande. El 24 de marzo de 2008 la fiscalía dispuso promover una investigación preliminar contra el personal policial de la Comisaría de Casa Grande por el delito contra la libertad sexual en perjuicio de Azul Rojas Marín. El 2 de abril de 2008 la fiscalía dispuso la formalización de la investigación preparatoria por los delitos de violación sexual y abuso de autoridad en contra de tres oficiales de policía. El 5 de mayo de 2008, la señora Rojas Marín solicitó la ampliación de la denuncia y de la investigación para incluir el delito de tortura. El 16 de junio de 2008 la fiscalía resolvió noproceder a la ampliación de la investigación. Esta decisión fue apelada por la señora Rojas Marín y confirmada el 28 de agosto de 2008. El 21 de octubre de 2008, la fiscalía requirió el sobreseimiento del proceso seguido contra lostres oficiales de policía. El 9 de enero de 2009 el juzgado sobreseyó el proceso por los delitosde violación sexual agravada y abuso de autoridad, ordenando el archivo del expediente. El 20 de noviembre de 2018, en cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el Informe de Fondo por la Comisión Interamericana en el presente caso, la fiscalía dispuso la reapertura de la investigación contra los presuntos responsables por el delito de tortura en agravio de la señora Rojas Marín. El 16 de enero de 2019 la fiscalía solicitó al juez penal la nulidad de las actuaciones en el proceso seguido contra los tres oficiales de policía por los delitos de violación sexual y abuso de autoridad en contra de Azul Rojas Marín. El 14 de agosto de 2019, el juzgado declaró improcedente el pedido de nulidad. La fiscalía presentó un recurso de apelación, el cual fue declarado como inadmisible.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial de en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos sin discriminación y de adoptar disposiciones de derecho interno.

TemaSecundario:
Derecho a la igualdad y a la no discriminación. Derecho a la integridad personal y vida privada. Derecho a la libertad personal. Derecho a las garantías judiciales. Derecho a la Protección judicial. Derecho a la integridad personal.

ParrDestacados:
"139.	El artículo 5.1 de la Convención consagra en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física y psíquica como moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más específica, la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano"; "158.	El Tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana, en violación del artículo 5 de la Convención Americana" (cita C033 y C392); "165. Asimismo, la Corte advierte que el caso resulta encuadrable en lo que considera “delito de odio” o “hate crime”, pues es claro que la agresión a la víctima estuvo motivada en su orientación sexual, o sea que, este delito no solo lesionó bienes jurídicos de Azul Rojas Marín, sino que también fue un mensaje a todas las personas LGBTI, como amenaza a la libertad y dignidad de todo este grupo social".


ID: C403
Caratula: Caso Roche Azaña y Otros vs. Nicaragua. Fondo y Reparaciones.
TipoSent: Fondo y Reparaciones
ArtsInterpretados: 2, 1, 4, 5, 8, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Nicaragua
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El presente caso se relaciona con la muerte del señor Pedro Bacilio Roche Azaña y las lesiones causadas a su hermano, Patricio Fernando Roche Azaña el 14 de abril de 1996, como consecuencia de los disparos proferidos por agentes estatales contra el vehículo en el que se transportaban y a bordo del cual pasaron tres controles migratorios, supuestamente sin que el conductor atendiera la voz de alto. Asimismo, el caso se relaciona con las alegadas falencias ocurridas en el marco del procedimiento penal que se siguió contra los agentes estatales que efectuaron los disparos.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por el asesinato de personas por parte de agentes del Estado y por irregularidades en el posterior proceso penal.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a las garantías judiciales. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Derecho a la integridad personal de los familiare.


ID: C404
Caratula: Caso Spoltore vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado debido a la demora excesiva del proceso judicial laboral.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Plazo razonabl.
ArtsInterpretados: 1, 8, 25, 26
ArtsViolados: 1, 8, 25, 26
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El señor Victorio Spoltore trabajaba en una empresa privada y sufrió dos infartos, por lo que se le reconoció que tenía un 70% de incapacidad. El 8 de mayo de 1987, a los 50 años de edad, dejó de trabajar y comenzó a recibir una pensión. El 30 de junio de 1988 el señor Spoltore presentó una demanda laboral “por indemnización emergente de enfermedad profesional” contra su empleador ante el Tribunal del Trabajo número 3 del Departamento Judicial de San Isidro de la Provincia de Buenos Aires. La víctima argumentó que “adquirió su enfermedad en el trabajo o con causa o motivo del trabajo” y que su desmejoramiento de salud generó un trato hostil por parte de la empresa. El Tribunal de Trabajo rechazó la demanda el 3 de junio de 1997, 9 años después de iniciado el proceso. El 2 de septiembre de 1997 el señor Spoltore interpuso contra la sentencia los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó los recursos en 2000. Paralelamente, el 16 de septiembre de 1997 el señor Spoltore presentó una denuncia disciplinaria ante la Inspección General de la SCJBA por la demora y negligencia en el proceso por parte del Tribunal de Trabajo. La SCJBA constató la demora, pero resolvió que dado “el excesivo cúmulo de tareas imperante en el Tribunal durante el período aquí investigado, los problemas de salud que padeciera la Actuaria y la ausencia de antecedentes disciplinarios”, únicamente cabía un llamado de atención a la secretaria del tribunal por la demora en varias diligencias de trámite de la causa. El caso ante la Corte IDH se relaciona con los hechos que tuvieron lugar dentro del marco del proceso judicial iniciado por el señor Spoltore y los recursos interpuestos dentro de ese proceso. 

ParrDestacados:
45.	A modo ejemplificativo, sobre la importancia de las garantías judiciales en la conducción de procesos, el Comité de DESC al resolver el caso I.D.G. Vs. España concluyó la “falta de acceso efectivo a los tribunales para proteger el derecho a la vivienda adecuada”. En el caso particular, el Comité arribó a dicha conclusión ya que “había existido una irregularidad en la notificación” e indicó que la referida irregularidad “podría no implicar una violación al derecho a la vivienda si no tuviera consecuencias significativas sobre el derecho de defensa de la autora sobre el goce efectivo de su vivienda”; por ejemplo “que la persona contara con otro mecanismo procesal apropiado para defender su derecho y sus intereses” . En este caso, una garantía judicial —como lo es la adecuada notificación— fue el detonante para que se afectara el contenido del derecho a la vivienda digna.

MencionOtros:
Artículo 45 de la Carta de la OEA […] b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza... (nota al pie nº 91)

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (...) El artículo 7 establece que: Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción (nota al pie nº 92). 

Artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “(...) 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. (nota al pie nº 103)

Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “[l]os Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: (...) ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto (nota al pie nº 104)

Artículo 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina:El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor (...) En especial, la ley establecerá: (...) y el acceso a una vivienda digna”. (nota al pie nº 105)

Artículo 39.1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires: “El trabajo es un derecho y un deber social. 1- En especial se establece: derecho al trabajo, a una retribución justa, a condiciones dignas de trabajo..." (el texto de la sentencia dice artículo 31.1, pero la nota al pie dice 31.1 (nota al pie nº 106)

Artículo 45, Carta de la OEA: "establece que “[e]l trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que..." (parr. 84)

Artículo XIV de la Declaración Americana "permite identificar el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias al referir que toda persona tiene derecho “al trabajo en condiciones dignas”" (parr. 89)


ID: C405
Caratula: Caso Guzmán Albarracín y Otras vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Violencia sexual. Garantías judiciale.
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 11, 19, 2, 8, 24, 25, 13
ArtsViolados: 1, 2, 5, 8, 11, 19, 24, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Vida digna.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar.
DignidadRol: Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Vida/existencia digna.
FormulasAbrev: Vida digna y educación.
Hechos:
En el año 2001, cuando Paola tenía 14 años y cursaba el segundo año de educación básica, comenzó a tener problemas con ciertas materias y el Vicerrector del colegio ofreció pasarla de año, con la condición de que mantuviera con él relaciones sexuales. Constan testimonios sobre actos de naturaleza sexual realizados por el Vicerrector con Paola, así como declaraciones que señalan que personal del colegio conocía la relación entre ambos y que ella no había sido la única estudiante con la que él había tenido acercamientos de esa índole. Prueba obrante en la causa indica que el Vicerrector mantuvo relaciones sexuales con Paola, inclusive actos de cópula vaginal. El 11 de diciembre de 2002, la Inspectora del curso de Paola le envió una citación a la madre de ésta, para que se presentara al colegio al día siguiente. El jueves 12 de diciembre de 2002, mismo día de la citación y dos días después de cumplir 16 años de edad, estando en su casa, entre las 10:30 hs. y las 11:00 hs. Paola ingirió unas pastillas, denominadas coloquialmente “diablillos”, que contienen fósforo blanco. Luego se dirigió al colegio y comunicó a sus compañeras lo que había hecho. En la institución educativa la trasladaron a la enfermería, donde instaron a Paola a rezar. La madre de la adolescente fue contactada después del mediodía, y logró llegar al colegio cerca de 30 minutos después. Luego trasladó en un taxi a su hija a un hospital, y con posterioridad a una clínica. El 13 de diciembre de 2002 por la mañana Paola murió. Dejó tres cartas. En una de ellas, dirigida al Vicerrector, expresó que se sintió “engañada” por él y que decidió tomar veneno por no poder soportar lo que estaba sufriendo.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por violencia sexual sufrida por adolescente en el ámbito educativo estatal, violación de garantías judiciales y del derecho a la protección judicial, en relación con el derecho a la igualdad ante la ley de la madre y de la hermana de la adolescente y violación del derecho a la integridad personal de estas últimas.

ParrDestacados:
117.	La Corte ha indicado que “dentro de las medidas especiales de protección de los niños y entre los derechos reconocidos a éstos en el artículo 19 de la Convención Americana, figura de manera destacada el derecho a la educación, que favorece la posibilidad de gozar de una vida digna y contribuye a prevenir situaciones desfavorables para el menor y la propia sociedad” . (Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC 17/02, párr. 84.)

Nota al pie 97: En ese sentido, la Corte ha indicado que la protección a la vida privada “abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para […] definir sus propias relaciones personales. El concepto de vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior” (cfr. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México, párr. 129, y Caso López y otros Vs. Argentina, párr. 97). 

155. ... no son admisibles enfoques restrictivos del derecho a la vida, dado su carácter fundamental y necesario para el ejercicio de los demás derechos humanos. Teniendo esto en cuenta, en diversas oportunidades este Tribunal ha señalado que el derecho a la vida abarca el derecho a una vida digna (Cfr., entre otros, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, párr. 144; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs. 162 y 163, y Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú, párr. 186) 

155. ... es decir, [el derecho a la vida] no solo “comprende el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna” (Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, párr. 144. En similar sentido, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, párrs. 162, y Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú, párr. 186)

157. La situación de violencia indicada implicó, entonces, una afectación al derecho de Paola Guzmán Albarracín a una existencia digna, que se vio estrechamente ligada al acto suicida que ella cometió.

164.	Con base en todo lo expuesto, la Corte concluye que el Estado no respetó el derecho de Paola a una vida digna y no garantizó su vida al tomar conocimiento del riesgo de su muerte, finalmente consumado, a partir de un acto suicida. 

MencionOtros:
115. ... el Experto independiente de las Naciones Unidas para el estudio de la violencia contra los niños, ha considerado el concepto de “violencia” contra niñas o niños a partir del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, refiriendo, igualmente, la “definición recogida en el ‘Informe mundial sobre la violencia y la salud’ (2002): el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra un niño, por parte de una persona o un grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a la salud del niño, a su supervivencia, desarrollo o dignidad” . 

141. el Comité de los Derechos del Niño ha expresado que la discriminación basada en diversos motivos, incluso el “sexo”, “bien sea de forma manifiesta o larvada, atenta contra la dignidad humana del niño”... (Comité de los Derechos del Niño, Observación General No 1, Propósitos de la Educación, abril de 2001, Doc. CRC/GC/2001/1, párr. 10) 

Nota al pie 166: El Comité de Derechos humanos advirtió que ello debe hacerse reconociendo “la importancia cardinal que reviste la autonomía personal para la dignidad humana” y “sin incumplir las demás obligaciones que les incumben [a los Estados] en virtud del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos]” (Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 36, párr. 9).

152. la categorización de un acto como tortura debe realizarse con el máximo rigor, pues la tortura constituye un ataque a la dignidad humana particularmente grave y reprochable, en la que el perpetrador deliberadamente inflige un dolor o sufrimiento severo, o ejerce un método tendiente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental, en una víctima que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, haciéndolo para lograr, de ese modo, un propósito específico (Informe del Relator Especial para la tortura y otros tratos o pena crueles, inhumanos o degradantes, Estudio sobre los fenómenos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el mundo, incluida una evaluación de condiciones de detención, 5 de febrero de 2010, Doc. A/HRC/13/39/Add.5, párrs. 33 y 188). 

155. el Comité de Derechos Humanos ha señalado que “[e]l derecho a la vida no se debería interpretar en sentido restrictivo[; e]s el derecho a no ser objeto de acciones u omisiones que causen o puedan causar una muerte no natural o prematura y a disfrutar de una vida digna (Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 36, Artículo 6. Derecho a la vida, 3 de septiembre de 2019, Doc. CCPR/C/GC/36, párr. 3.

FormulasLiterales:
"El derecho a la educación, que favorece la posibilidad de gozar de una vida digna y contribuye a prevenir situaciones";


ID: C406
Caratula: Caso Petro Urrego vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derechos políticos. Garantías judiciales. Integridad persona.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 23, 5
ArtsViolados: 1, 2, 8, 23
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
En 2011 el señor Gustavo Francisco Petro Urrego fue elegido como Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., cargo que ocupó entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2016. Durante el primer año del mandato del señor Petro se estableció a través de diversos contratos y decretos que la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la empresa Aguas de Bogotá estuvieran encargada de la gestión y operación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá. El 14 de diciembre de 2012, días antes del vencimiento de los contratos entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y las operadoras privadas que se encontraban prestando el servicio público de aseo hasta ese momento, el señor Petro expidió el Decreto 570, mediante el cual se decretó un estado de prevención o alerta amarilla, y se ordenaron medidas que incluyeron la autorización del uso de vehículos automotores tipo volquetas y la implementación de un plan de emergencia para el esquema transitorio de prestación del servicio público de aseo. A pesar de ello, los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012, la ciudad de Bogotá enfrentó una crisis de recolección de basura, pues aproximadamente 5,841 toneladas de basura no fueron recogidas. Luego de la crisis, los operadores privados continuaron prestando el servicio de aseo en alrededor del 48% de la ciudad. En virtud de estos hechos se inició una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría y se levantaron cargos. El señor Petro fue sancionado con la pena de destitución de su cargo de Alcalde de Bogotá e inhabilidad general para ocupar cualquier cargo público por el término de 15 años. A pesar de los recursos, las sanciones fueron confirmadas, aunque luego el Consejo de Estado declaró su nulidad. Otros órganos administrativos le impusieron tres sanciones más.

TemaPrincipal:
Responsabilidad del Estado por la violación de derechos políticos, garantías judiciales y derecho a la integridad personal.

ParrDestacados:
144.	Sin perjuicio de lo anterior, la Corte recuerda que, por su carácter alimentario, la provisión del salario guarda una estrecha relación con la protección del derecho a la vida digna, por cuanto permite procurar los medios para garantizar la propia subsistencia, de manera que no debe ser objeto de restricciones ilegales, arbitrarias o desproporcionadas. (Cfr. Mutatis mutandis, caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C No. 375, párr. 137) (C375)

144. ... De esta forma, los Estados deberán evitar el embargo de salarios en una proporción mayor que aquella que permita a una persona gozar de una vida digna, y además siempre deberá estar prevista por la ley y ser proporcional.

MencionOtros:
Nota al pie 148: Véase, por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador de 17 de septiembre de 2014, en la cual se señaló lo siguiente: “En virtud de la irradiación constitucional que experimenta el ordenamiento jurídico ecuatoriano, dentro del cual no solo existe un reconocimiento expreso de la supremacía constitucional, sino también de la jerarquía de los instrumentos internacionales de derechos humanos, el control de convencionalidad se constituye en un mecanismo básico para la garantía de los derechos, en tanto permite que los órganos jurisdiccionales no se limiten a un análisis de sus disposiciones internas, sino que además recurran a los instrumentos internacionales y la interpretación efectuada de estos, a fin de dotar de contenido integral a los derechos, por ende a la dignidad humana, de lo que se deriva un control integral sobre el respeto a los derechos constitucionales/humanos.” Cfr. Corte Constitucional de Ecuador, Sentencia No. 003-14-SIN-CC, 17 de septiembre de 2014, pág. 20. Véase también, Corte Constitucional de Ecuador, Sentencia No. 113-14-SEP-CC, 30 de julio de 2014; Corte Constitucional de Ecuador, Sentencia No. 146-14-SEP-CC, Caso No. 1773-11-EP, 1 de octubre de 2014;Suprema Corte de Justicia de la Nación (México), Jurisprudencia 1ª./J 4/2016, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 1, publicada el 19 de febrero de 2016; y Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina), “Mazzeo, Julio Lilio s/recurso de casación e inconstitucionalidad”, sentencia del 13 de julio de 2007, Fallos 330.3248.

Nota al pie 151: Constitución Política de Colombia, artículo 1. Dicho artículo señala lo siguiente: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”


ID: C407
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 4, 5, 19, 1, 24, 26, 8, 25
ArtsViolados: 4, 5, 19, 24, 26, 1, 25, 8
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Brasil
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus Familiares vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El 11 de diciembre de 1998 se produjo una explosión en una fábrica de fuegos artificiales ubicada en el municipio de Santo Antônio de Jesus, en el estado de Bahia, en Brasil. La fábrica consistía en un conjunto de carpas ubicadas en potreros con algunas mesas de trabajo compartidas. Como consecuencia de la explosión, murieron 60 personas y seis sobrevivieron. Entre las personas que perdieron la vida se encontraban 59 mujeres -de las cuales 19 eran niñas- y un niño. Entre las personas sobrevivientes, se encontraban tres mujeres adultas, dos niños y una niña. Cuatro de las mujeres fallecidas se encontraban en estado de embarazo. Ninguno de los sobrevivientes recibió tratamiento médico adecuado para recuperarse de las consecuencias del accidente. La gran mayoría de las trabajadoras en la fábrica eran mujeres afrodescendientes que vivían en condición de pobreza y tenían un bajo nivel de escolaridad. Eran contratadas informalmente y tenían salarios muy bajos. Tampoco les ofrecían equipos de protección individual, ni entrenamiento o capacitación para ejercer su labor. Además, había varias niñas y niños trabajando en la fábrica, pese a que la Constitución de Brasil y la normativa infraconstitucional prohibían el trabajo de niños en este tipo de actividad. La fábrica contaba con autorización del entonces Ministerio del Ejército y de la municipalidad para su operación. Sin embargo, desde el registro de la fábrica de fuegos, hasta el momento de la explosión, no hubo fiscalización alguna por parte de las autoridades estatales en relación con las condiciones laborales o con el control de actividades peligrosas, pese a que esta era una exigencia de la normatividad por el riesgo que implicaba la actividad desplegada en la fábrica.  En relación con la explosión, se inició un proceso penal y un proceso administrativo, así como varios procesos civiles y laborales. Luego de 18 años de la explosión, varios de los procesos aún no habían finalizado. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad del Estado por las violaciones a derechos en perjuicio de 60 personas fallecidas y seis heridas en la explosión en una fábrica de fuegos artificiales.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Derechos de la niña y del niño. Igualdad y no discriminación. Protección judicial. Garantías judiciale.

ResumenDisRelevante:
Vio Grossi: Uso de dignidad como dignidad del cargo

11.	La función jurisdiccional de la Corte le impone, por lo tanto, proceder acorde a la dignidad que emana de la circunstancia de ser un tribunal y, adicionalmente, autónomo, sin que, en el ejercicio de sus prerrogativas, pueda ser fiscalizado o controlado por entidad alguna, pero, al mismo tiempo, sin ninguna capacidad de hacer cumplir sus fallos por el empleo de medidas coercitivas. 

VOTO CONCURRENTES (NO ENTRABAN EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE)

9.	Similar visión se afirma en el Preámbulo del Protocolo de San Salvador: “Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana... (Manrique)

15. ... pretender que los órganos de protección interamericanos solo puedan conocer los derechos civiles y políticos sería contrario a las notas de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación entre los derechos humanos, que implicaría una fragmentación de la protección internacional de la persona que iría en directo detrimento de la dignidad humana fundamento y fin de los derechos humanos. (Manrique)

22.	Entiendo la interseccionalidad como la confluencia respecto de una misma persona o grupo de personas de la violación de diferentes tipos de derechos y como víctimas de discriminación. La confluencia de múltiples discriminaciones a mi entender potencia el efecto devastador a la dignidad humana de las personas que las sufren y provoca violación de derechos más intensa y diversa que cuando las mismas se configuran respecto de un solo derecho. (Manrique)

25. La Corte IDH utilizó por primera vez el concepto de “interseccionalidad” en  el análisis de la discriminación sufrida por una niña en el acceso a educación en el caso Gonzales Lluy y Otros Vs. Ecuador (...) En efecto, la pobreza impactó en el acceso inicial a una atención en salud que no fue de calidad y que, por el contrario, generó el contagio con VIH. La situación de pobreza impactó también en las dificultades para encontrar un mejor acceso al sistema educativo y tener una vivienda digna (Manrique) (C298 : Cfr. Caso Gonzales Lluy y Otros Vs. Ecuador, supra, párr. 290. 

MencionOtros:
155. ... el artículo 45.b de la Carta de la OEA establece que “b) [e]l trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que..."

Nota al pie nº 122: Cfr. Artículo 45 de la Carta de la OEA. - Los Estados miembros (...) convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: […] b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que..."

160. ... el artículo XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “Declaración Americana”) permite identificar el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias al señalar que toda persona tiene derecho “al trabajo en condiciones dignas”.


ID: C408
Caratula: Caso Valle Ambrosio y Otro vs. Argentina. Fondo y Reparaciones.
TipoSent: Fondo y Reparaciones
TemaSecundario: Derecho a recurrir. Recurso adecuado y efectiv.
ArtsInterpretados: 1, 8, 2
ArtsViolados: 1, 2, 8
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los señores del Valle Ambrosio y Domínguez Linares fueron imputados por la comisión de un delito de “defraudación por administración fraudulenta calificada”, en calidad de partícipes necesarios. En 1997 la Cámara Novena del Crimen de Córdoba declaró en primera instancia a ambos señores cómplices necesarios del referido delito, imponiéndoles una pena de tres años y seis meses de prisión a cada uno, con accesorias de ley y costas. La defensa del primero interpuso recursos de casación por vicios in iudicando e in procedendo, por la aplicación errónea del Código Penal y la falta de congruencia entre acusación y sentencia. La defensa de Valle Ambrosio alegó que se habían valorado equívocamente los elementos probatorios y que se forzaron los hechos para incluirlos en la calificación del delito. La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba declaró los recursos de casación inadmisibles. También fueron declarados inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por ambas defensas ante esa misma Sala. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisibles los recursos de queja. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, así como por el incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno debido a la regulación de un recurso.


ID: C409
Caratula: Caso Urrutia Labubreaux vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 8, 9, 1
ArtsViolados: 1, 8, 9
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Chile
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El Juez del Séptimo Juzgado de Garantía en la ciudad de Santiago Daniel David Urrutia Laubreaux fue autorizado por la Corte Suprema a participar del “Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización” . Al finalizarlo, remitió el informe final de dicho diplomado, titulado “Propuesta de Política Pública de Introducción del Enfoque de Derechos Humanos en el trabajo del Poder Judicial de Chile”, para que fuera “puesto a disposición del pleno para los fines que se estimen pertinentes”. Dicho trabajo, entre otras cosas, propuso que el Poder Judicial adoptara determinadas medidas de reparación por la responsabilidad que dicha institución habría tenido en las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar chileno, entre ellas, que reconociera públicamente su responsabilidad de acuerdo con las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El informe fue devuelto al juez indicandole que debía aportar un “informe acerca de los motivos que tuvo en consideración para enviar a la Excma. Corte Suprema, copia de su trabajo final”, a lo que respondió que su fin fue acreditar, ante la Excma. Corte Suprema el hecho de la realización del curso, la alta calificación obtenida y hacer entrega del producto final del estudio. Tras ello, la Corte de Apelaciones de La Serena decidió sancionar a la víctima con una medida disciplinaria de “censura por escrito”. Como consecuencia, el juez apeló la medida impuesta, por lo que  la Corte Suprema confirmó la resolución impugnada, pero redujo la condena a una “amonestación privada” y ordenó que se registrara en la hoja de vida del Juez Urrutia Laubreaux la sanción impuesta. Su basamento fue que el juez vulneró “la prohibición, que el artículo 323 No 4 del Código Orgánico de Tribunales impone a todos los funcionarios judiciales de atacar 'en cualquier forma' la conducta oficial de otros jueces o magistrados..."

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por falta de garantías judiciales y protección judicial en un proceso. .

TemaSecundario:
Supervisión de cumplimiento de sentencia. Responsabilidad del Estado por violación de las garantías judiciales y a la protección judicial. Libertad de pensamiento y de expresión. Estabilidad labora.

ParrDestacados:
"83.	Los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura (en adelante “Principios Básicos de las Naciones Unidas”) reconocen que “los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura”. Asimismo, los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial establecen que “[u]n juez, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión y de creencias, derecho de asociación y de reunión pero, cuando ejerza los citados derechos y libertades, se comportará siempre de forma que preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura” - Nota al pie 62: Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura (adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985), principio 8. Nota al pie 63: "Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial redactados por el Grupo Judicial de Reforzamiento de la Integridad Judicial, integrado por presidentes de tribunales supremos y magistrados de tribunales superiores, a invitación del Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito y en el marco del Programa mundial contra la corrupción, anexados a la Resolución 2006/23 de 27 de julio de 2006 del Consejo de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, párr. 4.6."

MencionOtros:
Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura (adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985), principio 8; Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial redactados por el Grupo Judicial de Reforzamiento de la Integridad Judicial, integrado por presidentes de tribunales supremos y magistrados de tribunales superiores, a invitación del Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito y en el marco del Programa mundial contra la corrupción, anexados a la Resolución 2006/23 de 27 de julio de 2006 del Consejo de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, párr. 4.6.


ID: C410
Caratula: Caso Acosta Martínes y otros vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Privación de la libertad. Discriminación.
ArtsInterpretados: 4, 5, 7, 24, 8, 25
ArtsViolados: 4, 5, 7, 8, 24, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
En abril de 1996, José Delfín Acosta Martínez fue denunciado anónimamente por portación de arma y provocación de disturbios, por lo que fue requisado. Ante esta situación, Marcelo Gonçalves Da Luz, con quien se encontraba hablando Acosta Amrtínez, trató de intervenir para evitar que su hermano fuera detenido. Ambos fueron arrestados y trasladados en un patrullero. José Delfín Acosta Martínez intentó intervenir y protestó por la detención de los hermanos Gonçalves Da Luz, de nacionalidad uruguaya y afrodescendientes, alegando que “sólo los arrestaban por ser negros”.  Un policía le pidió su identificación, y por no poseerla fue detenido. Constataron, mediante el sistema dígito radial, que no existían órdenes de captura en su contra. A pesar de lo anterior, las tres personas fueron trasladadas en los patrulleros a la Comisaría. En el registro de ingreso se consignó como motivo de detención de José Delfín Acosta Martínez, la aplicación del Edicto de ebriedad. 
Al momento de la detención, José Delfín Acosta Martínez sufrió convulciones y se alega que había sido golpeado, mientras que la policía sostuvo que de forma deliberada se había golpeado contra el piso. Luego llegó el SAME, y se le trasladó en una camilla al interior de la ambulancia rumbo al hospital Ramos Mejía. Casi al arribo del hospital, el señor Acosta Martínez sufrió de un paro cardiorrespiratorio y falleció en la ambulancia. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la privación de libertad ilegal y arbitraria de una persona, así como por los maltratos recibidos y las condiciones de su detención.

ParrDestacados:
"87... A menos que el estar ebrio se considere en sí mismo punible, así ese comportamiento no trascienda de la órbita más íntima del sujeto, lo que sin duda alguna resulta contrario a la Convención, por tratarse de una órbita precisamente sustraída al ejercicio del ius puniendi estatal, el cual tiene como límite infranqueable la libre determinación y la dignidad de la persona, los cuales constituyen los pilares básicos de todo ordenamiento jurídico".


ID: C411
Caratula: Caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina. Fondo y Reparaciones.
TemaPrincipal: Responsabilidad del Estado por la detención ilegal de personas.
TipoSent: Fondo y Reparaciones
TemaSecundario: Garantías procesales y judiciales. Privación ilegal de la libertad.
ArtsInterpretados: 7, 1, 2, 8, 25
ArtsViolados: 1, 2, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
1) La Policía de la Provincia de Buenos Aires estaba recorriendo la jurisdicción cuando avistaron un vehículo  con tres sujetos en su interior en actitud sospechosa, entre los cuales se encontraba el señor Fernández Prieto, comerciante de 45 años. Los agentes policiales procedieron a realizar una requisa. En el baúl del vehículo se encontraron un ladrillo envuelto cuyo aroma y características indicaban que “podría tratarse de […] marihuana”, y un revólver calibre 32 con diez proyectiles y 30 vainas. Procedieron al secuestro de dichos objetos, detuvieron al señor Fernández Prieto y los demás pasajeros, y los llevaron a la dependencia policial. 20 días más tarde el juez federal dictó orden de prisión preventiva contra el señor Fernández Prieto. El 19 de julio de 1996, el Juez Federal condenó al señor Fernández Prieto a cinco años de prisión y multa de tres mil pesos por el delito de transporte de estupefacientes. El condenado apeló el decisorio, agraviándose de la arbitrariedad de la requisa sin orden judicial y de la errónea calificación jurídica. La sentencia fue confirmada, tras lo cual interpuso un recurso extraordinario federal, el que fue rechazado. En virtud del fallo condenatorio, el señor Fernández Prieto estuvo privado de libertad por un periodo de dos años, ocho meses y cinco días59. El señor Fernández Prieto falleció en el año 2020.  
2) El señor Tumbeiro, electricista de 44 años, por su actitud sospechosa, fue interceptado por agentes de la Policía Federal Argentina “con fines de identificación”, mientras transitaba por una calle de la Ciudad de Buenos Aires. Al notarlo “sumamente nervioso”, “previo palpado de sus prendas” en la vía pública, uno de los agentes “lo invitó a subir” a la patrulla “hasta tanto comprobar su identidad”. Mientras esperaban la comprobación sobre la existencia o no de antecedentes penales, los agentes se percataron de que el señor Tumbeiro “en medio de un diario […] portaba consigo una sustancia […] blanca similar al clorhidrato de cocaína”, a raíz de lo cual requirieron la presencia de testigos y procedieron con la detención. Por su lado, el señor Tumbeiro declaró que ese día iba vestido con pantalones jean y camisa, que los agentes policiales lo “metieron en el patrullero” y le “encajaron la droga”, y que hasta entonces nunca había tenido un “antecedente”. El señor Tumbeiro también fue obligado a bajarse los pantalones y la ropa interior en el interior de la patrulla. En primera instancia fue condenado por el Tribuanl Federal. Tras ser apelada la decisión, El Tribuanl de Casación la revocó y absolvió al señor Tumbeiro. Tras lo cual, el fiscal general presentó un recurso extaordninario y la Corte Suprema revocó la decisión de la Cámara de Casación Penal y ordenó que fuera emitido un nuevo pronunciamiento. El señor Tumbeiro interpuso un recurso de apelación contra dicha sentencia, el cual fue rechazado el 24 de octubre de 2002 por la Cámara Nacional de Casación Penal, con lo cual la condena quedó en firme.

ParrDestacados:
"62.	La Corte advierte que el presente caso se relaciona con dos supuestos específicos de restricciones a los derechos por acciones de la policía: la interceptación y posterior registro del automóvil donde se transportaba el señor Fernández Prieto por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y la detención con fines de identificación y requisa corporal del señor Tumbeiro por parte de la Policía Federal Argentina. ... ambos supuestos pueden ser analizados a partir de los derechos a la libertad personal y a la protección a la honra y la dignidad, reconocidos en los artículos 7 y 11 de la Convención.";  "104... el Tribunal considera que un registro corporal puede tener una incidencia y constituir una afectación a la protección de la honra y la dignidad. Por esta razón, los registros corporales que realicen las autoridades a personas detenidas deben realizarse en debida consideración a los límites impuestos por la Convención Americana"; 


ID: C412
Caratula: Caso Martínez Esquivia vs. Colombia. Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones.
TemaPrincipal: Responsabilidad del Estado por violación de las garantías judiciales y a la protección judicial.
TipoSent: Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones
TemaSecundario: Garantías judiciales. Protección judicial.
ArtsInterpretados: 1, 8, 23, 25
ArtsViolados: 1, 8, 23, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
 En 1992 la Dirección Seccional de Fiscalía de Cartagena incorporó a la señora Martínez Esquivia al cargo de Fiscal Seccional Grado 18, en Mompóx (Bolívar). Durante los doce años de su nombramiento en provisionalidad, la señora Martínez Esquivia fue trasladada en varias ocasiones. En el 2004 el Fiscal General de la Nación emitió una resolución en donde se declaró insubsistente el nombramiento de la señora Martínez Esquivia. En ella no se consignó ninguna motivación, únicamente se precisó que “rige a partir de la fecha de su comunicación y contra ella no procede recurso alguno”. El mismo año, se resolvió el traslado de la señora Martínez Esquivia a la Unidad Seccional de Fiscalías de Providencia. Se interpusieron 3 recursos frente a la insubistencia de su nombramiento, los cuales fueron rechazados. 

MencionOtros:
En nota al pie 23 cita el considerando 144 del caso "Lagos del Campo" (C340), que a su vez cita: "el artículo XIV de la Declaración Americana dispone que “[t]oda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación […]”; ONU. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 18: El derecho al Trabajo, U.N. Doc. E/C.12/GC/18, 24 de noviembre de 2005, párr. 4.: "el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha indicado que el derecho al trabajo, amparado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, afirma la obligación de los Estados Partes de garantizar a las personas su derecho al trabajo libremente elegido o aceptado, en particular el derecho a no ser privado de trabajo de forma injusta. Esta definición subraya el hecho de que el respeto a la persona y su dignidad se expresa a través de la libertad del individuo para elegir un trabajo, haciendo hincapié al tiempo en la importancia del trabajo para el desarrollo personal, así como para la integración social y económica".


ID: C413
TemaPrincipal: Responsabilidad del Estado por violación de las garantías judiciales y a la protección judicial. .
TipoSent: Interpretación de la sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Vida digna. Seguridad social. Derecho a la propieda.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: -
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) vs. Perú. Interpretación de la sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Los hechos del caso se relacionan con los distintos recursos judiciales intentados por los miembros de ANCEJUB-SUNAT para lograr la ejecución de la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de 25 de octubre de 1993. Dicha sentencia declaró fundada la acción de amparo incoada por ANCEJUB-SUNAT, y en consecuencia inaplicable la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 673 de 23 de septiembre de 1991. La sentencia también ordenó que fuera repuesto el derecho a recibir la pensión que correspondiera, nivelada con las remuneraciones de los servidores activos de la SUNAT, y se reintegraran los incrementos dejados de percibir como consecuencia de la aplicación de la mencionada Tercera Disposición Transitoria. La ejecución de dicha sentencia fue objeto de un litigio de cerca de 27 años, donde se discutieron diversos aspectos respecto a su alcance. En ese sentido, se destacan los hechos mencionados a continuación. El 23 de abril de 1999 ANCEJUB-SUNAT incoó una segunda acción de amparo en contra de
diversas resoluciones judiciales que obligaban a cada uno de los miembros de la organización a iniciar trámites administrativos y/o jurisdiccionales para la determinación de los aspectos económicos relacionados con el pago de sus pensiones. El 10 de mayo de 2001 el Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de amparo. El 23 de septiembre de 2002, el Sexagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima dispuso el nombramiento de un perito contador con el propósito de que “se practique una liquidación de pago adeudado a favor de cada uno de los asociados de la asociación demandante”. El 3 de abril de 2003 el perito presentó su informe concluyendo que el total de los reintegros dejados de percibir asciende a S/442, 401, 571.
 El 9 de agosto de 2011 el Tribunal Constitucional declaró infundado dicha acción de amparo, al considerar que de acogerse la pretensión de la demanda se iría en contra de lo establecido en su propia jurisprudencia respecto a que “la nivelación a que tienen derecho todos los pensionistas del Régimen del Decreto Ley No. 20530 debe efectuarse con los haberes del funcionario o trabajador que se encuentre en actividad en el mismo nivel,
categoría o régimen laboral que ocupó el pensionista al momento de su cese”. El 1 de septiembre de 2011, ANCEJUB-SUNAT presentó una solicitud de aclaración de la sentencia, la cual fue declarada improcedente.
Por otro lado, el 10 de marzo de 1999 el señor Rafael Ipanaqué Centeno, integrante de ANCEJUB-SUNAT, presentó a título personal un recurso ante el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado de Derecho Público para que ordenara a la SUNAT cumplir con lo dispuesto en la sentencia de 25 de octubre de 1993. El 30 de marzo de 1999 se acogió la pretensión del señor Ipanaqué y se ordenó el cumplimiento de la sentencia. El 29 de abril de 1999 el Primer Juzgado anuló la resolución de 30 de marzo de 1999, argumentando que no se habría acreditado la existencia de intereses para litigar por separado. El señor Ipanaqué apeló la decisión, la cual fue confirmada el 29 de abril de 1999. Posteriormente, el señor Ipanaqué realizó diversas peticiones a la SUNAT y al Presidente de Perú para que las acogieran.


ID: C414
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a la libertad.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: -
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Rosadio Villavicencio vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado por las supuestas violaciones al debido proceso que se cometieron en los tres procesos, disciplinario, penal ordinario y penal militar que se le iniciaron a Jorge Rosadio Villavicencio por su actuación en una operación de inteligencia en la que debía infiltrarse en grupos de narcotráfico en la zona de Sion en el Perú. La Comisión consideró que el Estado incumplió su obligación de comunicar previa y detalladamente los hechos y causales que se le imputaron, violó el derecho de defensa de la presunta víctima, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a una motivación adecuada, así como vulneró el principio de legalidad. En la jurisdicción penal militar, concluyó que el Estado violó el derecho a contar con un juez independiente e imparcial, de recibir previa y detalladamente la acusación, y de defensa. En cuanto a la justicia penal ordinaria,  el derecho a contar con una motivación suficiente respecto del aumento de la pena que sufrió. La Comisión también estimó que se violó el principio de ne bis in idem.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a las garantías judiciales y principio de legalidad.


ID: C415
Caratula: Caso Olivares Muñoz y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 8, 25
ArtsViolados: 4, 1, 2, 5, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 10 de noviembre de 2003, miembros de la Guardia Nacional ingresaron a la cárcel de Vista Hermosa y, luego de ello, 7 internos fueron encontrados muertos y 27 resultaron heridos. Sin embargo, las versiones de lo sucedido son 3: (i) la Guardia Nacional quiso atentar contra la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad; (ii) las muertes y lesiones fueron el resultado de una riña entre los presos y la Guardia Nacional ingresó luego de que la pelea terminara; y (iii) la Guardia Nacional ingresó para detener la pelea entre los internos. 

TemaPrincipal:
Reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por la muerte y lesiones de personas, a cargo de militares. .

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas. Obligación de respetar y garantizar derechos. Obligación de investigar. Obligación de respetar y garantizar derechos. Tortura. Personas privadas de libertad. Reparacione.

ParrDestacados:
102.	En este punto, la Corte recuerda la relevancia que tiene la idoneidad y debida capacitación del personal penitenciario, con especial énfasis en el personal encargado de la seguridad de los centros de privación de libertad como medida para garantizar un trato digno hacia las personas internas, evitando con ello los riesgos de actos de tortura y de todo trato cruel, inhumano o degradante . Lo anterior, sin perjuicio de lo que se refiere en esta Sentencia respecto de la actuación de órganos policiales o militares en labores de seguridad, custodia o vigilancia en centros penitenciarios (infra párr. 107). CITA: Cfr. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), Reglas No. 74, 75 y 76, y Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 65/229, de 21 de diciembre de 2010, Regla No. 29. 


ID: C416
Caratula: Caso Almeida vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la violación de las garantías judiciales. .
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 24, 25
ArtsViolados: 1, 2, 8, 24, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
En 1978, Rufino Jorge Almeida y su esposa, Claudia Graciela Estévez, permanecieron detenidos por 54 días en el centro de detención “El Banco”, donde fueron torturados por integrantes de las Fuerzas Armadas. Tras su liberación, fueron sometidos a un régimen de “libertad vigilada de facto”, que consistía en visitas y llamadas telefónicas de control por parte de guardias del mencionado centro clandestino. 
En la década de 1990, Argentina sancionó la Ley Nro. 24.043, que previó una indemnización para las personas que hubieran sido detenidas, sin incluir el régimen de “libertad vigilada”, situación que, luego, por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1997, quedó amparada dentro del régimen de compensaciones económicas.
La Señora Estévez recibió una compensación por la situación de detención y de “libertad vigilada”, mientras que su esposo sólo recibió una indemnización por la detención, a pesar de que la reclamó judicialmente.

TemaSecundario:
Derecho a las garantías judiciales. Igualdad ante la ley. Obligación de respetar y garantizar derechos. Deber de adoptar disposiciones de derecho intern.

MencionOtros:
En nota al pie 52 cita: Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder. Resolución 40/34 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1985. Su principio 4 señala que “[l]as víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación de daños que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional”. 


ID: C417
Caratula: Caso Mota Abarullo y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 8, 25, 19
ArtsViolados: 1, 4, 5, 8, 19, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Vida digna.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Calificación de un derecho. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Detención y dignidad. Detención y dignidad. Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Vida digna de reclusos. Detención compatible con dignidad. Detención compatible con dignidad.
Hechos:
Como consecuencia de un incendio ocurrido el 30 de junio de 2005 en una celda del “Centro de Tratamiento y Diagnóstico Monseñor Juan José Bernal”, fallecieron las cinco personas que se encontraban allí.  El mencionado centro de detención de adolescentes tenía problemas de hacinamiento y de falta de personal de custodia y de instalaciones y medidas de seguridad adecuadas, lo cual era conocido por autoridades del centro y del Poder Judicial. Los hechos no fueron investigados.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la muerte y lesiones de niños internos en un instituto de reeducación de menores, así como a las deficientes condiciones de dicho centro. 
.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derechos de los niños y las niñas. Obligación de respetar y garantizar derechos. Derechos a las garantías judiciales. Derecho a la protección judicial. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctima.

ParrDestacados:
88… “[…] frente a personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia , más aún si se trata de niños. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna” Cita: Cfr. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, C260 párr. 188. Antes la Corte había expresado consideraciones en el mismo sentido: Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, C112, párr. 152.
89. Esta condición de garante del Estado, lleva a que éste deba procurar a las personas privadas de la libertad “condiciones mínimas compatibles con su dignidad”, lo que resulta necesario para “proteger y garantizar” su vida e integridad.... 
Nota 92. (...) En el mismo sentido, la Corte ha señalado que las autoridades penitenciarias ejercen un “control total” sobre las personas privadas de la libertad, por lo que respecto de las mismas, las “obligaciones generales” estatales relativas a los derechos humanos “adquieren un matiz particular que obliga al Estado a brindar a los internos, con el objetivo de proteger y garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal, las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de [privación de libertad]” (Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa respecto de Brasil. Medidas Previsionales, Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú y Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto de Brasil. Medidas Provisionales).
92. Por lo anterior, los Estados tienen una obligación de “desplegar acciones inmediatas que garanticen la integridad física, psíquica y moral de los internos, así como su derecho a la vida y el derecho a gozar las condiciones mínimas de una vida digna, especialmente cuando se trata de niños y niñas, quienes requieren una atención especial por parte del Estado” (Asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el "Complexo do Tatuapé” da FEBEM respecto Brasil, Considerando 18).
94. En primer lugar, debe resaltarse que la Corte ha señalado que el hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal y que obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios. Además, “no permite que los adolescentes desarrollen una vida digna mientras se encuentran privados de libertad[, lo que] cobra especial relevancia en virtud de la obligación adicional establecida en el artículo 19 de la Convención Americana” (Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa respecto de Brasil. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de noviembre de 2017, Considerando 65).
98. En ese marco, los centros de privación de libertad de adolescentes deben ser seguros, lo que, entre otros factores, implica que garanticen la protección de las personas alojadas en ellos contra situaciones de riesgo; que, en caso de ser cerrados, tengan una población lo menos numerosa posible; que cuenten con “locales y servicios que satisfagan todas las exigencias de la higiene y la dignidad humana”...
Nota 115. La Corte, en efecto, ha considerado diversas circunstancias pueden generar la vulneración a la finalidad prevista por el artículo 5.6. Así, en el caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, el Tribunal determinó una lesión a esa disposición, en perjuicio de niños, considerando diversos elementos, tales como la omisión de “medidas positivas necesarias y suficientes para garantizar […] condiciones de vida digna a todos los internos”, la falta de “medidas especiales que se requerían para los niños”...
159. Por otra parte, la Corte recuerda que en su Sentencia sobre el caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), de 5 de julio de 2006, ordenó a Venezuela (...) señalando que, en particular, el Estado debe “asegurar que toda persona privada de su libertad viva en condiciones compatibles con su dignidad humana, entre las que se encuentren, inter alia: a) un espacio lo suficientemente amplio para pasar la noche; b) celdas ventiladas y con acceso a luz natural; c) acceso a sanitarios y duchas limpias y con suficiente privacidad; d) alimentación y atención en salud adecuadas, oportunas y suficientes, y e) acceso a medidas educativas, laborales y de cualquier otra índole esenciales para la reforma y readaptación social de los internos”...

MencionOtros:
Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, por su parte, señalan, en su Regla 12, que, durante la privación de libertad, “[d]eberá garantizarse a los menores recluidos en centros el derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y asegurar su sano desarrollo y su dignidad, promover su sentido de responsabilidad e infundirles actitudes y conocimientos que les ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembros de la sociedad” (nota al pie 114).

FormulasLiterales:
"Garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna";"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";


ID: C419
Caratula: Caso Casa Nina vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la violación de la estabilidad en el cargo.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 8, 23, 26, 1, 2, 25
ArtsViolados: 1, 2, 8, 23, 25, 26
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El Sr. Casa Nina se desempeñaba como Fiscal Adjunto Provisional de la Segunda Fiscalía Penal de la Provincia de Huamanga, Ayacucho, Perú, hasta que fue separado del cargo como resultado de un procedimiento en el que no se respetaron sus derechos.

TemaSecundario:
Derecho a trabajar. Garantías judiciales. Derechos políticos. Obligación de respetar y garantizar derechos. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Principio de legalidad. Protección de la honra y la dignidad. Igualdad ante la ley. Derecho a la protección judicial.

ParrDestacados:
111. Respecto de la alegada violación a la protección de la honra y de la dignidad, sin perjuicio de la facultad de la presunta víctima de invocar derechos distintos a los señalados por la Comisión, la Corte advierte que no desarrolló argumentos específicos, pues simplemente aludió a la conexidad de tales derechos “con los invocados en el presente caso”, lo que no denota el fundamento de su alegación. En tal sentido, el Tribunal carece de sustento alguno que le permita realizar el examen pretendido, en tanto no es posible advertir en qué sentido se habría ocasionado la violación.

MencionOtros:
Artículo XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “[t]oda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación […]”. 

Artículo 45, inciso B, de la Carta de la OEA: "El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar" (Corte y voto de Vio Grossi).

Artículo 45, inciso A, de la Carta de la OEA: “Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica" (Vio Grossi).

Artículo 34, inciso L, de la Carta de la OEA: “Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna" (Vio Grossi). 

Artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Protocolo de San Salvador:  “Derecho a la Educación. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. 2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz" (Vio Grossi). 

Preámbulo del Protocolo de San Salvador: “Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros” (Pérez Manrique).


ID: C420
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: No aplic
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El caso se refiere a un reclamo de comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí 
Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y(Tapiete), de la propiedad de los lotes fiscales 14 y 55, colindantes y en conjunto abarcan un área aproximada de 643.000 hectáreas (ha). En la zona referida, que está dentro de la Provincia de Salta y limita con Paraguay y Bolivia, ha habido presencia de comunidades indígenas de modo constante, al menos desde antes de 1629. Además, fue ocupada, por personas criollas a partir de inicios del siglo XX. El 15 de diciembre de 1991, fue dictado el Decreto No. 2609/91 que estableció la obligación de Salta de unificar los lotes 14 y 55 y adjudicar una superficie sin subdivisiones, mediante título único de propiedad, a las comunidades indígenas.Un año después, en diciembre de 1992, se conformó formalmente la “Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat” (en adelante “Lhaka Honhat”), integrada por personas de distintas comunidades indígenas, con la finalidad, entre otras, de obtener el título de propiedad de la tierra.En 1993 el Estado creó una “Comisión Asesora”, que en 1995 recomendó asignar dos terceras partes de la superficie de los lotes 14 y 55 a comunidades indígenas, lo que fue aceptado por comunidades.En 1995 comenzó la construcción de un puente internacional. En septiembre de ese año el puente fue ocupado pacíficamente por comunidades indígenas. El entonces Gobernador deSalta se comprometió a emitir un Decreto que asegurara la adjudicación definitiva de la tierra.El puente fue finalizado en 1996, sin que previamente se desarrollara un proceso de consulta con las comunidades indígenas. En 1999, por medio del Decreto 461, el Estado realizó adjudicaciones de fracciones del lote 55, otorgando parcelas a algunas Comunidades e individuos allí asentados. Luego, en diciembre de 2000, la Provincia presentó una propuesta de adjudicación del lote 55, previendo la entrega de fracciones a cada comunidad. Esto fue rechazado por Lhaka Honhat porque el ofrecimiento no contemplaba el lote 14 ni la unidaddel territorio. En 2007 la Corte de Justicia de Salta, a partir de una acción de amparo presentada por Lhaka Honhat en marzo de 2000, resolvió dejar sin efecto el Decreto 461.El 23 de octubre de 2005 Salta realizó un referéndum, en que los electores del Departamento rivadavia fueron preguntados sobre si era su voluntad “que se entreguen las tierras correspondientes a los lotes 55 y 14 a sus actuales ocupantes”. El “Sí” obtuvo el 98% de votos. En una reunión de 14 de marzo de 2006 entre Lhaka Honhat y representantes de Salta, se acordó que correspondía reconocer a los pueblos indígenas 400.000 ha dentro de los lotes 14 y 55, en un título único. Al respecto, las comunidades indígenas redujeron su reclamo, que antes era de 530.000 ha. El mismo acuerdo fue alcanzado en octubre de 2007 entre Lahka Honhat y la Organización de Familias Criollas. En el último mes indicado Salta adoptó el Decreto 2786/07, refrendando lo anterior. En octubre de 2008 Salta creó un “equipo técnico”, integrado por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que había sido creada en 2005 para ejecutar tareas relacionadas con la distribución de la tierra de los lotes señalados. El 25 de julio de 2012 Salta emitió el Decreto 2398/12, el cual dispuso “asignar, con destino a su posterior adjudicación”, 243.000 ha de los lotes 14 y 55 para las familias criollas y 400.000 ha para las comunidades indígenas, “en propiedad comunitaria y bajo la modalidad de título que cada una de ellas determine”.El 29 de mayo de 2014 Salta emitió el Decreto 1498/14, mediante el cual reconocía y transfería la “propiedad comunitaria”, a favor de 71 comunidades indígenas, de aproximadamente 400.000 ha de los lotes 114 y 55, y la “propiedad en condominio” de los mismos lotes a favor de múltiples familias criollas. Tambien se establece , a través de la UEP, se concreten  actos para la “determinacion del territorio a las comunidades indigena.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por violación de garantías procesales y de la propiedad indígena.

TemaSecundario:
Derecho de propiedad comunitaria indígena. Derechos de circulación y de residencia. Derecho a un medio ambiente sano. Derecho a una alimentación adecuada. Derecho al agua. Derecho a participar en la vida cultural. Derecho a las garantías judiciales. Derecho a la Protección judicial.


ID: C421
Caratula: Caso Cordero Bernal vs. Perú. Excepción Preliminar y Fondo.
TipoSent: Excepción Preliminar y Fondo
TemaSecundario: Derecho del juez a permanecer en el cargo. Recurso judicial efectivo. Garantías procesales.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 9, 23, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El señor Héctor Fidel Cordero Bernal ingresó a la Judicatura de Perú en 1993 y un año después fue designado Juez Provisional del Cuarto Juzgado Penal de la Provincia de Huánuco. Un año más tarde se le solicitó que se encargara de la atención del Primer Juzgado Penal de la Corte Superior de Huánuco debido a una licencia solicitada por el Juez titular. El encargo fue objeto de investigación debido a alegadas irregularidades en especial sobre el otorgamiento de libertad incondicional a dos personas que piloteaban una avioneta de matrícula colombiana interceptada por la Fuerza Aérea peruana y que habían sido sometidas a un proceso penal por el delito de tráfico ilícito de drogas. La oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (“OCMA”) inició un proceso disciplinario en contra del señor Cordero Bernal y formuló una propuesta de destitución del señor Cordero Bernal y de los entonces Presidente y Secretario de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. El Consejo Nacional de la Magistratura emitió la Resolución No. 008-96-PCNM que ordenó la destitución del señor Cordero Bernal. El señor Cordero Bernal presentó una acción de amparo que fue declarada improcedente y a pesar de diversas apelaciones y recursos interpuestos, finalmente el Tribunal Constitucional rechazó la acción por no encontrar violación al debido proceso. Además se inició contra Cordero Bernal un proceso penal por los delitos de encubrimiento y prevaricato. Luego de haber sido declarada la nulidad del proceso en tres oportunidades, el 21 de junio de 2005 la Corte Superior de Justicia de Huánuco emitió sentencia absolutoria en favor del señor Cordero Bernal, decisión que se confirmó en segunda instancia. A pesar de que Cordero Bernal presentó recurso de nulidad contra la decisión del Consejo de la Magistratura y solicitó su reincorporación, esta no fue concedida. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad Internacional del Estado por la destitución arbitraria de una jueza sin ofrecer garantías de un debido proceso ni un recurso adecuado para cuestionar dicha situación.

ResumenDisRelevante:
4.	A mi juicio, del texto de la norma no se desprende indicación alguna sobre qué tipo de actos pueden ser considerados hechos graves. Además, las expresiones “comprometa la dignidad del cargo” y “desmerezca en el concepto público” tienen un alto grado de indeterminación y permiten gran discrecionalidad al encargado de ejercer la potestad disciplinaria, por lo que no ofrecen ninguna garantía frente a la posibilidad de ser utilizadas arbitrariamente. (Pazmiño Freire)


25.	De la lectura de la referida disposición se advierte que adolece de vaguedad, no solo respecto de lo que podría implicar “un hecho grave” o “las conductas que podrían ser calificadas como graves”, sino además de lo que implicaría “la dignidad del cargo” y “desmerecer en el concepto público”. Tampoco fue indicado por el Estado que se hayan desarrollado criterios  objetivos  normativos  o jurisprudenciales/interpretativos  que permitan corregir la vaguedad de estos términos, cuya su textura especialmente abierta implicaba riesgos para la independencia del poder judicial. (Ferrer Mac Gregor)

ParrDestacados:
78.	Así, este Tribunal ha establecido que la normatividad orientada a juzgar disciplinariamente a jueces y juezas debe buscar la protección de la función judicial al evaluar el desempeño de los jueces en el ejercicio de sus funciones. De modo que, “al aplicar normas disciplinarias abiertas o indeterminadas, que exijan la consideración de conceptos tales como el decoro y la dignidad de la administración de justicia, es indispensable tener en cuenta la afectación que la conducta examinada podría tener en el ejercicio de la función judicial, ya sea positivamente a través del establecimiento de criterios normativos para su aplicación o por medio de un adecuado razonamiento e interpretación del juzgador al momento de su aplicación. De lo contrario, se expondría el alcance de estos tipos disciplinarios a las creencias morales o privadas del juzgador” (cita textual de C302)


ID: C422
Caratula: Caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 4, 1, 8, 25, 24, 3, 7, 11, 13, 18, 5
ArtsViolados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 18, 24, 25
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Vicky Hernández era una mujer trans que era trabajadora sexual y reconocida activista dentro del “Colectivo Unidad Color Rosa”, el cual defiende los derechos humanos de las personas trans en Honduras. En la noche del 28 de junio de 2009 se declaró un toque de queda en el contexto del golpe de Estado ocurrido en Honduras ese mismo día. Esa noche, Vicky Hernández se encontraba con dos compañeras en la calle, cuando una patrulla de policía habría intentado arrestarlas. Las tres mujeres huyeron y se perdieron de vista. El 29 de junio de 2009, agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal recibieron una comunicación sobre el hallazgo del cuerpo de Vicky Hernández. Se concluyó como causa aparente de la muerte una laceración cerebral por perforación de arma de fuego. A partir de estos hechos, las autoridades emprendieron algunas diligencias de investigación para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Vicky Hernández. A pesar de ello, hasta el momento, las investigaciones no han llegado a ningún resultado concreto y los hechos del caso permanecen en la impunidad.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por falta de investigación del asesinato de una mujer trans.

TemaSecundario:
Derecho a la igualdad y no discriminación. Derecho a la vida e integridad personal. Garantías judiciales. Libertad de expresión.

ResumenDisRelevante:
17.	También es oportuno reconocer que, en nuestras sociedades, que siguen siendo dominadas por estructuras patriarcales donde imperan patrones de violencia masculina, los grupos o personas trans, LGTBI, queer también sufren marginación y violencia, individual o colectiva. Su desafío a la “normalidad” las hace victimas de toda suerte de atropellos a su dignidad e integridad física, psicológica y moral. Se les persigue, humilla, segrega, tortura y asesina. (Odio Benito)

MencionOtros:
Convención de Belém do Pará, preámbulo: considerando 127.	La Corte recuerda que la Convención de Belém do Pará es un instrumento que fue adoptado ante la necesidad de proteger de forma reforzada el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y eliminar todas las situaciones de violencia que puedan afectarlas tanto en el ámbito público como en el privado. A su vez, como lo indica el preámbulo de dicha Convención, la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y una ofensa a la dignidad humana. 

31.	La propia Convención de Belém do Pará lo deja claro en su preámbulo, en el que se resalta la preocupación “porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. (disidencia de Odio Benito)


ID: C423
Caratula: Caso Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 25, 2, 11
ArtsViolados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 25, 11, 2
Arts5611: No invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía).
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad y consentimiento informado.
FormulasAbrev: Dignidad y consentimiento informado.
Hechos:
Luis Eduardo Guachalá Chimbo, de 23 años, fue internado en el hospital psiquiátrico público Julio Endara en dos ocasiones en razón de la epilepsia que padecía desde su infancia. Luego de ser dado de alta en su primer internamiento, el 2 de julio de 2003, se le indicó que debía regresar a chequeos médicos y seguir con su tratamiento, lo que no fue posible debido a su situación económica. En virtud de ello, la condición del señor Guachalá Chimbo se agravó. El 10 de enero de 2004 fue internado nuevamente en el Hospital Julio Endara. La señora Zoila Chimbo (madre) firmó la autorización de ingreso al hospital. El 12 de enero de 2004, la madre del señor Guachalá Chimbo acudió al hospital, pero no encontró a su hijo en su cuarto, y al preguntarle al personal del hospital, le dieron información contradictoria. La señora Chimbo se comunicó telefónicamente con personal del hospital el 13, 15 y 16 de enero de 2004 y le informaron sobre el estado de su hijo. El señor Guachalá Chimbo estuvo internado hasta el 17 de enero del 2004, día en el cual el informe de cambio de turno indica a las 15:30 horas que “abandona el hospital, se le busca, no se le encuentra”. El enfermero encargado del cuidado del señor Guachalá declaró que en la tarde del 17 de enero de 2004 lo llevó a la sala de televisión, fue a vigilar a otro paciente y cuando regresó notó que el señor Guachalá no estaba en la sala. Inmediatamente lo buscó por el hospital, pero no informó a los guardias de seguridad. El domingo 18 de enero de 2004 la señora Zoila Chimbo acudió al hospital para ver a su hijo, y allí un enfermero le indicó que su hijo “se había escapado...". Su madre hizo la denuncia policial y se llevaron a cabo algunas diligencias investigativas, sin dar con el paradero de Guachalá Chimbo. En agosto de 2005 la Fiscalía solicitó al Juzgado la desestimación y archivo de la denuncia. Paralelamente, se presentó un hábeas corpus ante el Alcalde de Quito y ante la falta de respuesta, se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que resolvió favorablemente y encomendó a toda institución estatal que comprometa su esfuerzo para coordinar acciones para dar con el paradero de Luis, sin que puedan cerrar sus investigaciones hasta que hubiera resolución definitiva. Entre 2006 y 2009 no se realizó ninguna diligencia. En 2009 la Fiscalía abrió una investigación sin resultados hasta la fecha. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad del Estado por falta de investigación ante la desaparición de un paciente que se encontraba en un establecimiento psiquiátrico.

TemaSecundario:
Discapacitados. Derecho a la igualdad y no discriminación. Deber de investigar. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales. Acceso a la información y salud.

ParrDestacados:
100. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos, y todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud no solo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. Nota al pie 187: cita C349, C395 110.	El consentimiento informado es un elemento fundamental del derecho a la salud. La exigencia del mismo es una obligación de carácter inmediato. Esta Corte ha señalado que la violación del derecho al consentimiento informado implica no solo una violación del derecho a la salud, sino también al derecho a la libertad personal, el derecho a la dignidad y la vida privada, y el derecho al acceso a la información. (cita C329 y C349) La Corte advierte que ni la Comisión ni los representantes alegaron de manera expresa en el presente caso la violación del artículo 11 de la Convención. Sin embargo, en virtud de principio iura novit curia (cita C4 y C400), el Tribunal se pronunciará respecto del derecho a la vida privada como componente esencial del consentimiento informado (cita C329 y C349).

118.	El consentimiento informado del paciente es una condición sine qua non para la práctica médica, el cual se basa en el respeto a su autonomía y su libertad para tomar sus propias decisiones de acuerdo a su plan de existencia. En otras palabras, el consentimiento informado asegura el efecto útil de la norma que reconoce la autonomía como elemento indisoluble de la dignidad de la persona. (C329)

119.	Los Estados tienen la obligación internacional de asegurar la obtención del consentimiento informado antes de la realización de cualquier acto médico, ya que éste se fundamenta principalmente en la autonomía y la auto-determinación del individuo, como parte del respeto y garantía de la dignidad de todo ser humano, así como en su derecho a la libertad. (C329)

139.	En virtud de lo anterior, la internación y tratamiento médico recibido por el señor Guachalá Chimbo en el Hospital Julio Endara no contó con su consentimiento informado y, en consecuencia, el Estado violó el derecho del señor Guachalá a la salud, al reconocimiento de la personalidad jurídica, dignidad, vida privada, libertad personal y acceso a la información, en relación con el derecho a no ser discriminado y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

MencionOtros:
75.	Posteriormente, en 1999 se adoptó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad141 (en adelante “CIADDIS”), la cual indica en su Preámbulo que los Estados Partes reafirman “que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano”.

83.	Por otra parte, la CDPD establece los siguientes principios rectores en la materia: i) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas (...) Dicha Convención fue ratificada por Ecuador el 3 de abril de 2008.

104.	La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que:
Artículo 25 (Salud) (...) En particular, los Estados Partes: (...) d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado...

121. (...) la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que: "El carácter universal de los derechos humanos obliga a los Estados a promover la plena efectividad de los derechos de todas las personas. Las personas con discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás. El acceso a un apoyo adecuado es, sin lugar a dudas, una condición necesaria para que las personas con discapacidad puedan ejercer efectivamente sus derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás y, de ese modo, vivir con dignidad y autonomía en la comunidad" (Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 20 de diciembre de 2016, U.N. Doc. A/HRC/34/58, párr. 32)

171. Específicamente, para la toma de decisiones médicas, los Estados tienen la obligación de brindar el apoyo necesario para que este tome una decisión propia e informada. En ese sentido, se reitera que, de acuerdo a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “[e]l acceso a un apoyo adecuado es, sin lugar a dudas, una condición necesaria para que las personas con discapacidad puedan ejercer efectivamente sus derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás y, de ese modo, vivir con dignidad y autonomía en la comunidad. (Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 20 de diciembre de 2016, U.N. Doc. A/HRC/34/58, párr. 32)

FormulasLiterales:
"El consentimiento informado asegura el efecto útil de la norma que reconoce la autonomía como elemento indisoluble de la dignidad de la persona";


ID: C424
Caratula: Caso Guerrero, Molina y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del caso refieren a la ejecución extrajudicial o sin proceso de Jimmy Guerrero, de 26 años de edad al momento de su muerte, y de su pariente Ramón Molina, cometidas el 30 de marzo de 2003 por personal policial en el Estado Falcón. Incluyen actos anteriores de hostigamiento, detenciones ilegales y arbitrarias y torturas cometidos contra Jimmy Guerrero por fuerzas policiales, así como la falta de investigación adecuada de las muertes y los otros hechos aludidos.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de una persona así como a la falta de investigación y sanción de los responsables del hecho.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad personal. Garantías judiciales.


ID: C425
Caratula: Caso Moya Solís vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a las garantías judiciales. Derecho al plazo razonable. Igualdad. Principio de legalidad.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 9, 23, 25
ArtsViolados: 1, 2, 8, 9, 23, 25
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
En 1982 la señora Norka Moya Solís se desempeñaba como Secretaria Judicial del Décimo Juzgado del Fuero Privativo del Trabajo y Comunidades Laborales de Lima, cuando se determinó su no ratificación en el cargo. Interpuso diversos recursos, en los que argumentó que su desempeño laboral era bueno, que no tuvo la oportunidad de presentar pruebas o sustentar sus descargos y que nunca le entregaron el acta de la reunión en la que se evaluó su desempeño. El expediente de ratificaciones no apareció y sus recursos fueron rechazados, el último en el año 1999. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad del Estado por la ausencia de ratificación en el cargo judicial lesiva de la igualdad y por no brindar medios adecuados para la defensa ni una decisión debidamente motivada y dictada en un plazo razonable.


ID: C426
Caratula: Caso Grijalva Bueno vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 8, 13, 25
ArtsViolados: 1, 8, 13, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El señor Vicente Aníbal Grijalva Bueno era miembro de la Fuerza Naval del Ecuador, con el cargo de Capitán de Corbeta perteneciente a la Dirección General de la Marina Mercante. El señor Grijalva en ejercicio de sus funciones tuvo conocimiento de detenciones ilegales, y arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de tres personas por parte de miembros de la marina, por lo que denunció la comisión de dichas violaciones de derechos humanos a su superior jerárquico en diciembre de 1991. Se le inició un proceso administrativo de destitución y se le dio de baja. El 8 de septiembre de 1994 el señor Grijalva junto con otras personas, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales (actualmente denominado Corte Constitucional), que resolvió que se le debía restituir en el cargo. Paralelamente, se le inició un proceso penal militar en el que fue condenado.

TemaPrincipal:
Responsabilidad del Estado por sentencia infundada y por no permitir al procesado controlar la prueba.

TemaSecundario:
Debido proceso. Garantías judiciales. Derecho de defensa. Presunción de inocencia. Igualdad procesal. Plazo razonable. Derecho a la libertad de pensamiento y expresión.


ID: C427
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: No aplica
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Brasil
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus y sus familiares vs. Brasil. Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El 11 de diciembre de 1998 se produjo una explosión en una fábrica de fuegos artificiales ubicada en el municipio de Santo Antônio de Jesus, en el estado de Bahia, en Brasil. La fábrica consistía en un conjunto de carpas ubicadas en potreros con algunas mesas de trabajo compartidas. Como consecuencia de la explosión, murieron 60 personas y seis sobrevivieron. Entre las personas que perdieron la vida se encontraban 59 mujeres -de las cuales 19 eran niñas- y un niño. Entre las personas sobrevivientes, se encontraban tres mujeres adultas, dos niños y una niña. Cuatro de las mujeres fallecidas se encontraban en estado de embarazo. Ninguno de los sobrevivientes recibió tratamiento médico adecuado para recuperarse de las consecuencias del accidente. La gran mayoría de las trabajadoras en la fábrica eran mujeres afrodescendientes que vivían en condición de pobreza y tenían un bajo nivel de escolaridad. Eran contratadas informalmente y tenían salarios muy bajos. Tampoco les ofrecían equipos de protección individual, ni entrenamiento o capacitación para ejercer su labor. Además, había varias niñas y niños trabajando en la fábrica, pese a que la Constitución de Brasil y la normativa infraconstitucional prohibían el trabajo de niños en este tipo de actividad. La fábrica contaba con autorización del entonces Ministerio del Ejército y de la municipalidad para su operación. Sin embargo, desde el registro de la fábrica de fuegos, hasta el momento de la explosión, no hubo fiscalización alguna por parte de las autoridades estatales en relación con las condiciones laborales o con el control de actividades peligrosas, pese a que esta era una exigencia de la normatividad por el riesgo que implicaba la actividad desplegada en la fábrica.  En relación con la explosión, se inició un proceso penal y un proceso administrativo, así como varios procesos civiles y laborales. Luego de 18 años de la explosión, varios de los procesos aún no habían finalizado. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad del Estado por las violaciones a derechos en perjuicio de 60 personas fallecidas y seis heridas en la explosión en una fábrica de fuegos artificiales.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Derechos de la niña y del niño. Igualdad y no discriminación. Protección judicial. Garantías judiciales.


ID: C428
TemaPrincipal: Responsabilidad del Estado por violación de las garantías judiciales y a la protección judicial.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones
TemaSecundario: Garantías judiciales. Protección judicial.
ArtsInterpretados: No aplica
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Martínez Esquivia vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones.

Hechos:
 En 1992 la Dirección Seccional de Fiscalía de Cartagena incorporó a la señora Martínez Esquivia al cargo de Fiscal Seccional Grado 18, en Mompóx (Bolívar). Durante los doce años de su nombramiento en provisionalidad, la señora Martínez Esquivia fue trasladada en varias ocasiones. En el 2004 el Fiscal General de la Nación emitió una resolución en donde se declaró insubsistente el nombramiento de la señora Martínez Esquivia. En ella no se consignó ninguna motivación, únicamente se precisó que “rige a partir de la fecha de su comunicación y contra ella no procede recurso alguno”. El mismo año, se resolvió el traslado de la señora Martínez Esquivia a la Unidad Seccional de Fiscalías de Providencia. Se interpusieron 3 recursos frente a la insubistencia de su nombramiento, los cuales fueron rechazados. 


ID: C429
Caratula: Caso Ríos Avalos y otro vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad del Estado por violación de las garantías judiciales y a la protección judicial.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Estabilidad en el cargo. Debido proceso. Garantías procesales y judiciales. Derecho de defensa. .
ArtsInterpretados: 70, 8, 24, 25
ArtsViolados: 8, 1, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Paraguay
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El señor Carlos Fernández Gadea fue designado como ministro de la Corte Suprema de Justicia (en adelante también “la Corte Suprema”) del Paraguay en abril de 1995. El señor Fernández Gadea falleció el 20 de junio de 2010. Por su parte, el señor Bonifacio Ríos Avalos fue designado como ministro de la Corte Suprema el 6 de mayo de 1999 y electo como Presidente de dicho tribunal para el periodo correspondiente de febrero de 2003 a febrero de 2004.
El 18 de noviembre de 2003 la Cámara de Diputados de la Nación formuló acusación ante la Cámara de Senadores de la Nación contra tres ministros, incluidos los señores Fernández Gadea y Ríos Avalos, con el fin de instaurar un juicio político en su contra. Para el efecto, la Cámara de Diputados invocó el artículo 225 de la Constitución Nacional e imputó a los acusados distintas conductas, referidas a 20 cargos, los que calificó como mal desempeño de sus funciones.
El 25 de noviembre de 2003 la Cámara de Senadores emitió la Resolución No. 122, por la que reguló el procedimiento para la tramitación del juicio político, en cuyo artículo 2° estableció que no se admitirían recusaciones y que las resoluciones dictadas por dicho órgano no podrían ser objeto de recurso alguno.
El 26 de noviembre de 2003 dio inicio el juicio político ante la Cámara de Senadores, oportunidad en la que la Comisión Acusadora, designada por la Cámara de Diputados, presentó la acusación. Por su parte, el 3 de diciembre de 2003 la Comisión Acusadora desistió de diversos cargos contenidos en la acusación y ratificó, a efecto de continuar el juicio político, tres cargos respecto del señor Fernández Gadea y cuatro respecto del señor Ríos Avalos. En la sesión del 12 de diciembre de 2003 la Cámara de Senadores, procedió a votar a efecto de decir si los ministros acusados eran o no culpables por el mal desempeño en sus funciones. El mismo día la Cámara separó de sus cargos a ambas víctimas.
El 27 de noviembre de 2003 las víctimas promovieron, por separado, acciones de inconstitucionalidad contra la Resolución No. 122 de 25 de noviembre de 2003, emitida por la Cámara de Senadores. Asimismo, el 24 de diciembre y el 26 de diciembre de 2003, los señores Fernández Gadea y Ríos Avalos promovieron, respectivamente, acciones de inconstitucionalidad contra la Resolución No. 134 de 12 de diciembre de 2003 que había dispuesto separarlos de sus cargos.
El 30 de diciembre de 2009 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió favorablemente las acciones de inconstitucionalidad planteadas. Al resolver, la Sala declaró la nulidad de las Resoluciones impugnadas.
El 2 de enero de 2010 el Congreso Nacional emitió la Resolución No. 1, mediante la cual repudió y rechazó el contenido y los términos de los Acuerdos y Sentencias No. 951 y 952, a la vez que advirtió a distintas autoridades, incluidos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que, en caso de admitir la validez de las referidas decisiones judiciales, incurrirían en causales de juicio político.
El 5 de enero de 2010 la Corte Suprema de Justicia emitió la Resolución No. 2382, por medio de la cual declaró que los Acuerdos y las Sentencias No. 951 y 952 carecían de validez jurídica, a la vez que dispuso suspender en sus funciones a los magistrados que las habían dictado. En la emisión de la Resolución No. 2382 intervinieron ministros que previamente se habían inhibido de conocer las acciones de inconstitucionalidad promovidas por las víctimas.
El 1 de febrero de 2010 los señores Ríos Avalos y Fernández Gadea promovieron, por separado, recursos de aclaratoria respecto del Acuerdo y la Sentencia No. 951, y el Acuerdo y la Sentencia No. 952, respectivamente. El 2 de septiembre de 2019 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió el recurso de aclaratoria interpuesto por el señor Ríos Avalos. Por su parte, no consta que haya sido resuelto el recurso promovido oportunamente por el señor Fernández Gadea.


ID: C430
Caratula: Caso Villarroel Merino y otros vs. Ecuador. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la privación de la libertad.
TipoSent: Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Garantías judiciales. Protección judicial.
ArtsInterpretados: 7, 8, 25
ArtsViolados: 7, 8, 24
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Todas las víctimas eran oficiales de la Policía Nacional del Ecuador. El 13 de julio de 2001 la Contraloría General del Estado emitió un informe denominado “Indicios de responsabilidad penal del examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Comandancia General de la Policía Nacional” No. 32-DA.1-2001- 466 (en adelante también “informe”). En dicho informe fue identificada la existencia de irregularidades en los procesos contractuales efectuados por la Comandancia General de la Policía Nacional y se concluyó que existían méritos para abrir una investigación penal por el delito de peculado y el delito de falsedad en instrumentos privados. 
El 19 de marzo de 2002 el Presidente de la CNJP dictó auto cabeza de proceso en contra de catorce oficiales de la Policía Nacional, incluyendo a las seis víctimas por el delito de malversación de fondos. El 26 de mayo de 2003 el Presidente de la CNJP ordenó la detención en firme de ocho oficiales, incluyendo a las víctimas del presente caso, y se dispuso girar boleta constitucional de encarcelamiento. 
Los señores Villarroel Merino, Coloma Gaibor, Vinueza Pánchez, López Ortiz y Ascázubi Albán presentaron un recurso de amparo de libertad en conjunto. Por otro lado, el señor Cevallos Moreno interpuso también un recurso de amparo de libertad. 
El 14 de enero de 2004 la Corte Suprema de Justicia resolvió que “[e]n los procesos penales iniciados antes del 13 de enero de 2003 no procede dictar la orden de detención firme […]. Por consiguiente en esos procesos el juez o tribunal que se encuentre conociendo la causa, debe dejar sin efecto –por ineficaz– la orden de detención en firme que se hubiere dictado, inclusive las contenidas en autos de llamamiento a juicio, y en su lugar ordenar o confirmar la prisión preventiva, así como dejarla sin efecto, cuando corresponda, por haber transcurrido los plazos previstos en el numeral 8 del [artículo] 24 de la Constitución”. El 9 de enero de 2004 la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución, en la que señaló que “las reformas al Código de Procedimiento Penal promulgadas el 13 de enero de 2003 son aplicables únicamente a los procesos que se inicien por delitos presuntamente perpetrados con posterioridad a esa fecha, mientras que en los procesos ya iniciados tienen que aplicarse las normas vigentes al momento en que se hubiere iniciado el proceso”. 
El 25 de mayo de 2004 la Corte Nacional de Justicia Policial dispuso la inmediata libertad de los señores Ascázubi Albán, López Ortiz, Coloma Gaibor y Vinueza Pánchez, sin perjuicio a continuar el proceso penal en su contra y se giraron sus boletas de excarcelación. Se negó la petición de libertad del señor Villarroel Merino por no cumplir con el tiempo estipulado en el referido artículo. El 4 de junio de 2004 la CNJP resolvió su solicitud, y dispuso su inmediata libertad.
El 10 de enero de 2005 la CNJP dictó sentencia condenatoria en contra de Alfonso Patricio Vinueza Pánchez y Jorge Enrique Coloma Gaibor, en calidad de autores del delito de malversación de fondos, con una pena de tres años de reclusión menor ordinaria, que por tener circunstancias atenuantes se modificó a un año de prisión y a Jorge Humberto Villarroel Merino, en calidad de cómplice del mismo delito. Absolvió definitivamente a Fernando Marcelo López Ortiz y Leoncio Amílcar Ascázubi Albán. 
El 19 de septiembre de 2005 la CNJP con la nueva integración revocó la sentencia condenatoria, y absolvió definitivamente a todas las personas procesadas incluyendo a las personas mencionadas y ordenó la libertad de los detenidos. La CNJP sostuvo que “no existe prueba, mucho menos plena, como en Derecho se requiere sobre la culpabilidad de los encausados”.


ID: C431
Caratula: Caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a la integridad personal.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Libertad de pensamiento y de expresión. Integridad personal. .
ArtsInterpretados: 4, 5, 8, 7, 11, 13, 22, 24, 25
ArtsViolados: 5, 7, 11, 13, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso se desarrollaron en el marco del conflicto armado interno existente en Colombia. El Tribunal destacó que, en el marco de dicha época, se podía distinguir un contexto de violencia específica dirigida contra periodistas, así como un contexto de violencia sexual contra mujeres y, en particular, contra mujeres periodistas. Este contexto también incluía un ambiente “generalizado de impunidad” con respecto a los asesinatos de periodistas. Es en este contexto que la señora Jineth Bedoya Lima, periodista de profesión y defensora de derechos humanos, realizaba las actividades de investigación. La señora Bedoya inició su carrera en el año 1995 y, desde entonces, ha trabajado en diversos medios de comunicación de radio, prensa y televisión en Colombia, en los que ha dado especial cobertura al conflicto armado en dicho país. Desde el año 2010 inició –y, actualmente, lidera– la campaña “No es hora de callar”, centrada principalmente en la visibilización y lucha contra la violencia de género en general, así como la violencia sexual contra las mujeres en particular.
El 27 de abril de 2000 tuvo lugar un enfrentamiento entre paramilitares y miembros de grupos de delincuencia común al interior de la Cárcel La Modelo, el cual terminó con la muerte de 32 reclusos. La señora Bedoya, junto con otros periodistas, reportó los hechos de manera sistemática. A raíz de lo anterior, la señora Bedoya recibió varias amenazas de muertes, tras las cuales se realizó una reunión entre el director del periódico y varios periodistas con la policía.
La noche del 24 de mayo de 2000 la señora Bedoya recibió una llamada de un individuo que se hacía llamar “Ramiro”, quien le informó que una persona recluida en la Cárcel La Modelo, conocida como “El Panadero”, quería entrevistarse con ella al día siguiente a las 10:00 de la mañana en la sede de la cárcel. El 25 de mayo de 2000 la periodista acudió a la cita, donde fue secuestrada, golpeada y violada por varios hombres.
El 26 de mayo de 2000 el Fiscal ordenó la apertura de investigación penal en fase preliminar por el delito de secuestro simple y acto sexual violento, así como la práctica de las primeras diligencias. Durante varios años se realizaron varias diligencias de investigación, en el marco de las cuales la señora Bedoya tuvo que declarar hasta en 12 ocasiones. Además, la señora Bedoya tuvo que realizar una investigación propia y aportar la prueba recabada por ella al procedimiento en curso.
Como resultado de los procesos penales seguidos contra las personas procesadas por los hechos cometidos contra la señora Bedoya, tres personas asociadas al paramilitarismo fueron condenadas en los años 2016 y 2019 como autores materiales de los hechos a penas entre 11 y 40 años de prisión.
La Comisión señaló que el caso se relaciona con una serie de alegadas violaciones de derechos humanos derivadas del secuestro, tortura y violación sexual de la periodista Jineth Bedoya Lima por motivos vinculados a su profesión y la alegada falta de adopción de medidas adecuadas y oportunas por parte del Estado para protegerla y prevenir la ocurrencia de dichos hechos.

ParrDestacados:
"190.	La Corte valora positivamente el ofrecimiento del Estado en su escrito de alegatos finales, alternativo a la solicitud de cierre de la Cárcel La Modelo, y ordena, por tanto, la creación de un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo con un reconocimiento específico a la labor de las mujeres periodistas. "


ID: C432
Caratula: Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) vs. Honduras. Homologación de Acuerdo.
TipoSent: Homologación de Acuerdo
TemaSecundario: Garantías judiciales. Protección judicial. Derecho al trabajo. Derecho a trabajar.
ArtsInterpretados: 4, 5, 8, 19, 24, 25, 26
ArtsViolados: 4, 5, 8, 19, 24, 25, 26
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Homologación de Acuerdo;
Etiquetas: Dignidad y función pública. Dignidad e igualdad.
FormulasAbrev: Límites a función pública. Igualdad y dignidad.
Hechos:
El 31 de agosto de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante la cual homologó un acuerdo de solución amistosa (en adelante también, “el acuerdo”) entre el Estado de Honduras y los representantes de las víctimas. En este acuerdo, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe de Fondo No. 64/18. De conformidad con ello, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado por la
violación de los derechos a la vida, a la vida digna, a la integridad personal, a los derechos del niño, al trabajo y sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias que garanticen la salud e higiene del trabajador, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y la prohibición de discriminación, y a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de 42 miskitos que sufrieron accidentes de buceo mientras trabajaban para empresas privadas, y por la violación al derecho a la integridad personal en perjuicio de sus familiares. La Corte consideró necesario referirse a los hechos y realizar algunas consideraciones de fondo respecto de los derechos violados.
Los miskitos son un pueblo indígena binacional que comparten los territorios fronterizos de Honduras y Nicaragua. Tradicionalmente, los hombres miskito practicaban la pesca por buceo “a pulmón” (sin equipo) para obtener langosta para consumo familiar. Sin embargo, debido a su mayor comercialización, que representa una importante fuente de ingresos para la economía hondureña, se comenzó a pescar en la Costa Atlántica de Honduras y Nicaragua, por medio del buceo, y no de la pesca artesanal. Los miskitos inician esta actividad a partir de los 14 años trabajando para compañías pesqueras, se realiza al margen de la legislación laboral vigente, y ha produce accidentes laborales, intoxicaciones y discapacidades para personas en edad productiva.
Las compañías pesqueras que contratan el trabajo de los miskitos, no cuentan con las normas mínimas necesarias para trabajar en la pesca por buceo, no existen contratos que respalden la relación laboral, no se facilita el equipo adecuado para realizar esta actividad, ni se realiza el trabajo en condiciones de higiene, por lo que los buzos carecen de condiciones adecuadas de seguridad.
En este contexto, la Corte analizó los hechos relacionados con 42 personas pertenecientes al pueblo indígena Miskito, que habitan o habitaban en el departamento de Gracias a Dios, y que están divididas en cuatro grupos: a) 34 buzos sufrieron accidentes debido a las sumersiones profundas que realizaron y que les generaron el síndrome de descompresión u otras enfermedades y discapacidades relacionadas con su actividad de buceo, 12 de los cuales fallecieron como consecuencia de dichos accidentes; b) 7 buzos miskitos que fallecieron a
causa del incendio de la embarcación “Lancaster” en que viajaban, provocada por la explosión de un tanque de butano; c) el niño Licar Méndez Gutiérrez, quien fue abandonado en un cayuco por el dueño de la embarcación, y de quien no se conoce su paradero, y d) sus familiares. Por otro lado, el caso se refiere a las reclamaciones por vía administrativa o judicial intentadas por las presuntas víctimas.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por violación internacional al derecho a la vida y a la integridad personal.

ParrDestacados:
42. En ese sentido, previo al análisis de fondo, a manera de consideración preliminar, este Tribunal considera pertinente recordar que, desde sus primeras sentencias, ha señalado que la primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del artículo 1.1 de la Convención, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en dicho instrumento. De esta forma, el ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. En ese sentido, la protección de los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal36.

98. La Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación134. Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto135. La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que, en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico136.

143. Al respecto, la Corte advierte que, dado que en el presente caso confluyeron distintos factores de discriminación que incrementaron el efecto devastador a la dignidad humana de las víctimas del caso (supra párr. 107), en particular de aquellas que sufrieron accidentes de buceo y adquirieron discapacidades, es necesario que el Estado, en el desarrollo de políticas dirigidas al fortalecimiento de la atención sanitaria, tome en cuenta el modelo social de discapacidad. Este modelo refiere a que las causas que originan la discapacidad son sociales y no individuales, y responden a las limitaciones de la sociedad de prestar servicios adecuados para la inclusión de las personas con discapacidad. La Corte recuerda que el modelo social para abordar la discapacidad implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva157.

MencionOtros:
88. En el ámbito universal, el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “[t]oda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la Cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. De igual forma, el artículo 25 destaca que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado […] y a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Por su parte, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) también reconoce “el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”117.

FormulasLiterales:
"El ejercicio de la función pública tiene sus límites en los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad humana, que, en consecuencia, son superiores al poder del Estado";"La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona";


ID: C433
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la violación de la estabilidad en el cargo.
TipoSent: Interpretación de la sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: -
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Casa Nina vs. Perú. Interpretación de la sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El Sr. Casa Nina se desempeñaba como Fiscal Adjunto Provisional de la Segunda Fiscalía Penal de la Provincia de Huamanga, Ayacucho, Perú, hasta que fue separado del cargo como resultado de un procedimiento en el que no se respetaron sus derechos.

TemaSecundario:
Derecho a trabajar. Garantías judiciales. Derechos políticos. Obligación de respetar y garantizar derechos. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Principio de legalidad. Protección de la honra y la dignidad. Igualdad ante la ley. Derecho a la protección judicial.


ID: C434
Caratula: Caso Garzón Guzmán y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: -
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El señor César Gustavo Garzón Guzmán fue desaparecido el 10 de noviembre de 1990 en el contexto de desapariciones forzadas contra personas de los grupos "Alfaro Vive Carajo" y "Montoneras Patria Libre". A más de 30 años de ocurrida la desaparición del señor Garzón Guzmán, la investigación continuaba en sus primeras etapas, sin que se hayan esclarecido las circunstancias del delito, determinado el paradero del señor Garzón Guzmán, y sancionado a los responsables, lo cual ha sobrepasado excesivamente el plazo que puede considerarse razonable. El Estado reconoce su responsabilidad internacional. 

TemaSecundario:
Desaparición forzada. Garantía judicial del plazo razonable. Libertad personal. Falta de esclarecimiento judicial de los hechos. Derecho a conocer la verdad.


ID: C435
Caratula: Caso Barbosa de Souza y otros vs. Brasil. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 8, 24, 25, 1, 2, 5
ArtsViolados: 1, 2, 8, 5, 24, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Brasil
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad e igualdad.
FormulasAbrev: Igualdad y dignidad.
Hechos:
La controversia se relaciona con la alegada situación de impunidad en que se encontraría la muerte de Márcia Barbosa de Souza, ocurrida en junio de 1998 en manos de un entonces diputado estatal, el señor Aércio Pereira de Lima. La Comisión determinó que: i) “la inmunidad parlamentaria en los términos definidos en la normativa interna” generó una demora al proceso penal de carácter discriminatoria, ii) “el plazo de más de 9 años que duró la investigación y [el] proceso penal por la muerte de Márcia Barbosa de Souza resultó en una violación a la garantía de plazo razonable y una denegación de justicia”, iii) “no se subsanaron las deficiencias probatorias ni se agotaron todas las líneas de investigación, siendo la situación resultante incompatible con el deber de investigar con la debida diligencia”, y iv) el homicidio de Márcia Barbosa de Souza, como consecuencia de un acto de violencia, aunado a las fallas y retrasos en las investigaciones y el proceso penal, afectaron la integridad psíquica de sus familiares. El Estado resulta responsable. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la impunidad de un homicidio derivada de la inmunidad parlamentaria y la falta de investigación.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas. Igualdad ante la ley. Protección judicial. Garantías judiciales.

ParrDestacados:
"138.	Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación" (cita OC 4-84 y C407)

MencionOtros:
Nota al pie 200: "El artículo 161 de la Constitución de Guatemala dispone que “Artículo 161. Prerrogativas de los diputados. Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación; como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán, desde el día que se les declare electos, de las siguientes prerrogativas: a) Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, ..."

FormulasLiterales:
"La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona";


ID: C436
Caratula: Caso González y otros vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones.
TipoSent: Fondo y Reparaciones
ArtsInterpretados: 1, 7, 8, 5, 25, 4
ArtsViolados: 1, 7, 8, 2, 5
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: -
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;
Etiquetas: Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Detención compatible con dignidad.
Hechos:
El caso se relaciona con las detenciones ilegales y arbitrarias de Olimpiades González, María Angélica González, Belkis Mirelis González, Fernando González, Wilmer Antonio Barliza González y Luis Guillermo González, miembros de una familia indígena Wayuú, en noviembre de 1998 y enero de 1999, por parte de agentes estatales. La Comisión advirtió que no se acreditó que las detenciones se realizaran por orden judicial o flagrancia en la comisión de un delito. Determinó, además, que dichas personas fueron sometidas a una detención preventiva conforme al artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Criminal entonces vigente, disposición que no exigía la existencia de fines procesales para dictar esa medida. La Comisión consideró que la aplicación de dicha norma constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar, en violación tanto del derecho a la libertad personal como al principio de presunción de inocencia. Finalmente, determinó que el Estado es responsable por no prevenir la muerte de Olimpiades González, quien fue víctima de un homicidio en diciembre de 2006, así como por la falta de investigación de ese hecho en un plazo razonable. Por todo lo expuesto, sostuvo que se perpetraron violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Condena parcial del Estado. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por detención ilegal de personas y por falta de investigación en plazo razonable.

TemaSecundario:
Garantía del plazo razonable. Detención ilegal. Presunción de inocencia. Derecho a la libertad personal. Garantías judiciales. Derecho a la integridad personal.

ParrDestacados:
"142.	Este Tribunal recuerda que quien sea privado de su libertad “tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal”, y el Estado debe garantizar este derecho, receptado en el artículo 5.1 de la Convención Americana" (cita C100 y C417)

FormulasLiterales:
"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";


ID: C437
Caratula: Familia Julien Grisonas vs. Argentina. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada y falta de investigación.
TipoSent: Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado Argentino por la desaparición forzada de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, las que habrían “iniciad[o] en un operativo policial y militar llevado a cabo [el 26 de septiembre de 1976,] durante la dictadura”, y que “continúan hasta el presente”. Asimismo, el caso tiene relación con la falta de una adecuada investigación, sanción y reparación por los hechos anteriores. De igual forma, se alegó la falta de una adecuada investigación, sanción y reparación por los actos de tortura, desaparición forzada y otras violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de Anatole y Victoria, hijo e hija del matrimonio Julien Grisonas, las que habrían ocurrido “a raíz del mismo operativo".

TemaSecundario:
Derecho al reconocimiento de la personalidad. Derecho a la libertad personal. Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales. Protección judicial.

ParrDestacados:
"120... la Corte ha subrayado que “las normas de derechos humanos […] reflejan valores comunes e intereses colectivos que se consideran importantes y, por tanto, lo suficientemente dignos de beneficiarse de la aplicación colectiva” (cita nota al pie 143: OC26-20)

"137.	La permanencia de la presunta víctima en el referido centro clandestino resultó violatoria del derecho a la integridad personal, dados los actos de tortura que sufrió y las otras condiciones contrarias a la dignidad de la persona a las que fue sometida, sin dejar de lado que el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva representa un tratamiento cruel e inhumano en contradicción con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención Americana". (Cita C004 y CC368)

"165.	La Corte considera que el cumplimiento del deber de los Estados de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, como las del presente caso, configura no solo una obligación internacional, sino que provee elementos imprescindibles para consolidar una política integral en materias de derecho a la verdad, acceso a la justicia, medidas efectivas de reparación y garantías de no repetición. Así, los procesos judiciales dirigidos a esclarecer lo sucedido en contextos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos pueden propiciar un espacio de denuncia pública y rendición de cuentas por las arbitrariedades cometidas; fomentan la confianza de la sociedad en el régimen de legalidad y en la labor de sus autoridades, legitimando su actuación; permiten procesos de reconciliación social sobre la base del conocimiento de la verdad de lo sucedido y de la dignificación de las víctimas, y, en definitiva, fortalecen la cohesión colectiva y el Estado de derecho".

"276... la realización de un acto público de reconocimiento de la responsabilidad estatal, en desagravio de las víctimas y como garantía de no repetición. Dicho acto tiene como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos" (Cita C092 y C252).

"281.	Sin perjuicio de valorar positivamente los esfuerzos emprendidos por Argentina, la Corte considera que la recuperación y preservación de la memoria y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas en el caso concreto hace meritorio disponer medidas específicas al respecto" (cita C209 y C287)

MencionOtros:
El Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha destacado que los procesamientos penales en procesos de transición “dan a las víctimas reconocimiento como titulares de derechos”, “[s]irven […] para que el ordenamiento jurídico demuestre que es digno de crédito”, “afianzan el [E]stado de derecho y […] contribuyen a la reconciliación social”. Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Pablo de Greiff, U.N. Doc. A/HRC/27/56, 27 de agosto de 2014, párr. 22. 


ID: C438
Caratula: Cuya Lavy y otros vs. Perú. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 8, 11, 23, 25, 2, 9
ArtsViolados: 1, 2, 8, 11, 23, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se relaciona con una serie de alegadas violaciones en el marco del proceso de evaluación y ratificación a las que fueron sometidas las presuntas víctimas de este caso, los jueces y los fiscales Jorge Luis Cuya Lavy, Jean Aubert Díaz Alvarado, Marta Silvana Rodríguez Ricse y Walter Antonio Valenzuela Cerna por el Consejo Nacional de la Magistratura entre los años 2001 y 2002. Según la Comisión Interamericana, el Estado violó, dentro de las garantías judiciales contempladas por la Convención Americana, el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada, así como de tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa, dado que durante el procedimiento de evaluación y ratificación las presuntas víctimas no habrían tenido la oportunidad de presentar pruebas de descargo respecto a las acusaciones, cargos, denuncias y quejas en su contra, pues no se les informó de la existencia de estos previamente a la resolución decisoria. De igual manera, la Comisión estableció la violación del principio de legalidad, debido a que las resoluciones de no ratificación emitidas por el CNM no habrían contado con motivación alguna y el marco legal del proceso no establecía causales debidamente delimitadas que permitieran a las presuntas víctimas entender las conductas concretas evaluadas y cuáles de estas podían ser consideradas como faltas graves que justificaran la no ratificación. Por otra parte, la Comisión consideró la violación del derecho de recurrir del fallo y el derecho a la protección judicial, pues el marco normativo vigente establecía que no eran revisables en sede judicial las decisiones del CNM en materia de evaluaciones y ratificaciones de jueces y fiscales, y que no existía la posibilidad de presentar un recurso judicial frente a una potencial violación de derechos humanos emanada de dichas resoluciones. Finalmente, la Comisión concluyó que el Estado violó los derechos políticos de las presuntas víctimas.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por violación de las garantías judiciales en proceso de evaluación y ratificación judicial.

TemaSecundario:
Garantías judiciales. Protección de la honra y de la dignidad. Protección de los Derechos Políticos. Protección Judicial.

ParrDestacados:
"149.	Este Tribunal considera que dichas aseveraciones tienen vinculación con su honra y su dignidad, pues las presuntas víctimas no conocieron las razones de su separación del cargo por la falta de motivación de las decisiones del CNM, de acuerdo a la situación planteada al momento de los hechos. De esta forma, las presuntas víctimas quedaron señaladas como funcionarios que no fueron ratificados en razón de su conducta o por su incapacidad, sin que se expusieran las razones que justificaban la decisión adoptada por el CNM. Al respecto, la Corte ha señalado que el derecho a la honra “reconoce que toda persona tiene derecho al respeto de esta, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra o reputación e impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques. En términos generales, este Tribunal ha indicado que el derecho de la honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen de una persona”142. En consideración de lo anterior y en aplicación del principio iura novit curia, este Tribunal considera que la falta de motivación de las resoluciones del CNM mediante las cuales se dispuso la no ratificación de los señores Cuya, Valenzuela y Díaz y de la señora Rodríguez ocasionó también una afectación al derecho de la honra y de la dignidad de las mencionadas presuntas víctimas, previsto en el artículo 11.1 de la Convención."

MencionOtros:
Constitución Política del Perú, publicada el 13 de julio de 1979. Artículo 242 señala que el Estado garantizaba a los magistrados judiciales: .... 3.- Una remuneración que les asegura un nivel de vida digno de su misión y jerarquía

“Cualquier ciudadano debidamente identificado o institución u organismo público o privado debidamente representada pueden poner en conocimiento del Consejo la existencia de hechos que desmerezcan la dignidad del cargo, inconducta funcional o falta de idoneidad para el cargo del juez o fiscal sometido a ratificación […] Esta información y documentación tendrá carácter reservado.” Cfr. Reglamentos de Proceso de Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobados a través de la Resolución 043-2000-CNM y de la Resolución No. 241-2002-CNM, disposiciones generales, apartado XI, 


ID: C439
Caratula: Caso Vera Rojas y otros vs. Chile. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 4, 5, 19, 26, 1, 2
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 19, 26
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Chile
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad y función pública. Dignidad niño.
FormulasAbrev: Límites a función pública. Interés superior del niño.
Hechos:
Martina Vera Rojas era una menor de edad con una enfermedad degenerativa. Sus padres contrataron un seguro especial de salud para contar con atención domiciliaria. Unos años después, la aseguradora, amparada en la regulación de la Superintendencia de Salud, retiró la atención. Desde ese entonces, los padres recurrieron a múltiples instancias hasta que, finalmente, lograron la reinstalación de la atención.  No obstante, dadas algunas incertidumbres sobre el futuro de dicha atención, recurrieron a la Corte IDH. La Corte resolvió la responsabilidad del Estado debido a que la aseguradora se basó en una reglamentación estatal. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad personal. 

.

TemaSecundario:
Vida digna. Salud. No discriminación. Legislación interna. Interés superior del niño. Integridad personal. Derechos de los niños y las niñas. Derecho de los niños y niñas. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas. Derecho a la integridad personal. Deber de no discriminación. .

ParrDestacados:
81.	La Corte, desde sus primeras sentencias, ha señalado que la primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del artículo 1.1 de la Convención, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en dicho instrumento. De esta forma, el ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. En ese sentido, la protección a los derechos humanos, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal (C004 C432)
86.	Adicionalmente, este Tribunal ha considerado que, en la consecución de los fines antes mencionados, los Estados deben adoptar medidas destinadas a que las empresas cuenten con: (...) b) procesos de diligencia debida en relación con los derechos humanos para la identificación, prevención y corrección de violaciones a los derechos humanos, así como para garantizar el trabajo digno y decente (...)
93.	Esta Corte ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana, por ser el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos. La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. En razón de este carácter fundamental, el Tribunal ha sostenido que no son admisibles enfoques restrictivos al derecho a la vida, de forma tal que este derecho comprende el derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna. (C063 C422)
105.	Adicionalmente, el Tribunal advierte que el interés superior de los niños y niñas constituye un principio regulador de la normativa relativa a los derechos de la niñez que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y las niñas, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos. (OC17)
114.	En efecto, tal como lo ha señalado el mencionado Comité [de DESC], el Tribunal considera que el derecho a la seguridad social es de fundamental importancia para garantizar la dignidad de las personas y para hacer frente a circunstancias que privan del ejercicio de otros derechos.
130.	En ese sentido, la Corte advierte que los problemas regulatorios de la Circular No. 7 permitieron que la aseguradora adoptara una decisión que, además de excluir el RHD a favor de Martina, lo cual conllevaba un riesgo para su salud, su integridad personal y su vida, obligaba a Martina a continuar con su tratamiento médico en condiciones que no eran adecuadas para su estado de salud, y las necesidades especiales que surgían en virtud de su condición como niña con discapacidad, afectando así las posibilidades de una existencia digna. 

MencionOtros:
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 19, El derecho a la seguridad social (artículo 9), 23 de noviembre de 2007
Carta de la OEA
Protocolo de San Salvador 

FormulasLiterales:
"El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado";"El principio del interés superior del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar su desarrollo con pleno aprovechamiento de sus potencialidades";


ID: C440
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la violación de derechos de pueblos indígenas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 24, 25, 13
ArtsViolados: 13, 24, 26, 1, 2
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
En Guatemala, gran parte de la población pertenece a comunidades indígenas. No obstante, la pobreza y la desigualdad se acentúan en estas comunidades en comparación con lo que sucede en las no indígenas. El Estado ha intentado tomar medidas para que los miembros de estas comunidades puedan tener acceso a los medios de comunicación pero las medidas han sido históricamente insuficientes. En particular, en el caso se analizan los sucesos de allanamiento y secuestro de equipamiento en dos radios de comunidades indígenas que finalmente dejaron de funcionar.

TemaSecundario:
Derecho a participar de la vida cultural. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Prohibición de discriminación. Principio de no discriminación. No discriminación. Discriminación. Principio de igualdad y no discriminación. Principio de igualdad. Igualdad ante la ley. Igualdad. Libertad de expresión.

MencionOtros:
Comité para la eliminación de la discriminación Racial, Observación General No. 21 relativa al derecho a la libre determinación, 48º período de sesiones, 1996
Protocolo de San Salvador


ID: C441
Caratula: Caso Manuela y otros vs. El Salvador. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 7, 8, 1, 2, 5, 24, 26, 11
ArtsViolados: 1, 2, 7, 8, 5, 24, 26, 11
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Protocolo de San Salvador Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos
PaisDemandado: El Salvador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad y uso de la fuerza.
FormulasAbrev: Uso de la fuerza.
Hechos:
Manuela era una mujer de una población rural de escasos recursos y bajo nivel de alfabetización. En 2008 fue encontrada inconciente y sangrando por sus padres. Una vez en el hospital se determinó que había dado a luz y fue denunciada ya que no se localizaba a su bebé. Finalmente, este fue encontrado en una fosa séptica. Manuela fue denunciada. El juicio tuvo  irregularidades y Manuela fue declarada culpable. Cuando cumplía su condena fue diagnosticada con una grave enfermedad. El tratamiento se inició pero fue interrumpido. Manuela falleció en 2010.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por violación del derecho a un juicio justo y por violación del derecho a la vida e integridad personal.

TemaSecundario:
Derecho a la defensa. Salud. Derecho a la salud. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Trato cruel e inhumano. Trato cruel y degradante. Trato inhumano. Derecho a la igual protección de la ley. Derecho a la igualdad. Derecho a la igualdad ante la ley. Derecho a la integridad personal. Igualdad. Igualdad ante la ley. Discriminación. Deber de no discriminación. Prohibición de discriminación. Principio de igualdad. Principio de igualdad y no discriminación. No discriminación. Discriminación. Debido proceso. Garantías judiciales. Principio de presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Libertad Personal. Libertad Personal. Derechos a la libertad personal. Derecho a la libertad personal. Derecho a la libertad.

ParrDestacados:
163.	Existe en este momento consenso doctrinario y jurisprudencial en que la pena debe guardar proporcionalidad con el grado de reproche personalizado (o culpabilidad) que se le puede formular a la persona infractora en razón del espacio de determinación que tuvo en las circunstancias concretas del hecho. Esta regla no solo es compatible, sino que se adecua a la Convención y se impone por ella, pues se deduce de la idea misma de dignidad de la persona humana, concebida como un ente capaz de autodeterminación y dotado de conciencia moral.
184.	La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos, y todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud no solo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral301. En este sentido, el derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. (C349, C423)
198.	Las esposas u otros dispositivos análogos son frecuentemente utilizados como instrumentos de coerción física de las personas detenidas y privadas de la libertad. Este Tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana, en violación del artículo 5 de la Convención Americana. La Corte recuerda que numerosas decisiones de organismos internacionales invocan las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (en adelante “Reglas sobre Tratamiento de Reclusos”) a fin de interpretar el contenido del derecho de las personas privadas de la libertad a un trato digno y humano, lo cual se relaciona con la garantía de su derecho a la salud, como normas básicas respecto de su alojamiento, higiene, tratamiento médico y ejercicio físico, entre otros.
252.	La Corte ha reconocido que la libertad y autonomía de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva ha sido históricamente limitada, restringida o anulada con base en estereotipos de género negativos y perjudiciales. Ello se ha debido a que se ha asignado social y culturalmente a los hombres un rol preponderante en la adopción de decisiones sobre el cuerpo de las mujeres y a que las mujeres son vistas como el ente reproductivo por excelencia. No obstante, las mujeres tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en los servicios de salud reproductiva y en la atención obstétrica sin ser objeto de discriminación o violencia.


ID: C442
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 3, 4, 5, 7, 19, 22, 17, 8, 25
ArtsViolados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 19, 22, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Masacre de la Aldea Los Josefinos vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
En el marco del conflicto armado interno en Guatemala, hubo un enfrentamiento entre miembros de una guerrilla y del ejército.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de las personas por parte de miembros de las fuerzas armadas.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas. Garantías judiciales. Garantías judiciales y procesales. Garantías judiciales y protección judicial.  Garantías procesales. Garantías procesales  y protección judicial. Derechos a las garantías judiciales.  Derechos de los niños y las niñas. Derecho de los niños y niñas. Derecho a la familia. Familia. Desaparición forzada. Desplazamiento forzado. .

ParrDestacados:
78.	La Corte recuerda, asimismo, que la obligación de garantizar el derecho de circulación y de residencia también debe tomar en consideración las acciones emprendidas por el Estado para asegurar que las poblaciones desplazadas puedan regresar a sus lugares de origen sin riesgo de que se vean vulnerados sus derechos. En ese sentido, este Tribunal reafirma que la obligación de los Estados de proteger los derechos de las personas desplazadas conlleva no solo el deber de adoptar medidas de prevención sino también proveer las condiciones necesarias para un retorno digno y seguro a su lugar de residencia habitual o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Para ello, se debe garantizar su participación plena en la planificación y gestión de su regreso o reintegración (C212, C352)
102.	Además, la Corte considera que el cumplimiento del deber de los Estados de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, como las del presente caso, configura no solo una obligación internacional, sino que provee elementos imprescindibles para consolidar una política integral en materias de derecho a la verdad, acceso a la justicia, medidas efectivas de reparación y garantías de no repetición. Así, los procesos judiciales dirigidos a esclarecer lo sucedido en contextos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos pueden propiciar un espacio de denuncia pública y rendición de cuentas por las arbitrariedades cometidas; fomentan la confianza de la sociedad en el régimen de legalidad y en la labor de sus autoridades, legitimando su actuación; permiten procesos de reconciliación social sobre la base del conocimiento de la verdad de lo sucedido y de la dignificación de las víctimas, y, en definitiva, fortalecen la cohesión colectiva y el Estado de derecho.

MencionOtros:
Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Pablo de Greiff, Doc. A/HRC/27/56, 27 de agosto de 2014, párr. 22. 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Informe del Secretario General, El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, Doc. S/2004/616, 3 de agosto de 2004, párr. 39.


ID: C443
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del estado por las violaciones al debido proceso.
TipoSent: Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 21, 25
ArtsViolados: 1, 2, 8, 21, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Chile
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Profesores de Chañaral y otras municipalidades vs. Chile. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
En Chile, en la década de 1980, se traspasó la administración de instituciones educativas desde el Estado central a los municipios. Se estableció una asignación especial no imponible para docentes, pero quienes habían sido traspasados no la percibieron. Algunos docentes, por circunstancias particulares (convenios o decisiones de los municipios) pudieron cobrar estos montos. Se determinó que el Estado adeuda la asignación a 846 docentes, pero la ejecución de esta deuda se demoró. En la década de 1990, con el retorno de la democracia, se judicializaron los reclamos, pero aún así las ejecuciones no fueron posibles. Muchos de los docentes son adultos mayores e incluso uno falleció tras una espera de 25 años de resolución del problema.

TemaSecundario:
Garantías judiciales. Garantías judiciales y procesales. Garantías judiciales y protección judicial. Garantías procesales. Garantías procesales y protección judicial. Derechos a las garantías judiciales. Derecho a las garantías judiciales. Debido proceso. Personas mayores. Propiedad privada. Derecho a la propiedad. Protección judicial. Derecho de acceso a la justicia. 
.

MencionOtros:
Considerando 150: Cita Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en el 2008 y actualizadas en la XIX Cumbre de 2018: 1.(6) El envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales y/o barreras producto del entorno económico y social, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia, con pleno respeto a su dignidad.


ID: C444
Caratula: Caso Maidanik y otros vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones.
TipoSent: Fondo y Reparaciones
ArtsInterpretados: 3, 4, 5, 7, 8, 25, 1, 2
ArtsViolados: 3, 4, 5, 7, 8, 25, 1, 2
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Uruguay
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
En el marco de la dictadura, en Uruguay, miembros del ejército asesinaron a tres jóvenes que, además, habrían sido víctimas de malos tratos y se habrían secuestrado y desaparecido a otras dos personas. Las investigaciones posteriores fueron deficientes y muchas de ellas fueron desestimadas a partir de la Ley de Caducidad.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por las desapariciones forzadas de personas, así como por la falta de investigación de tales hechos. .

TemaSecundario:
Desaparición forzada. Personas desaparecidas. Derecho a la vida. Personalidad jurídica. Integridad personal. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas. Libertad Personal. Derechos a la libertad personal. Derecho a la libertad personal. Garantías judiciales. Garantías judiciales y procesales. Garantías judiciales y protección judicial. Garantías procesales. Garantías procesales y protección judicial. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Derecho a la verdad. Derecho a conocer la verdad.

ParrDestacados:
234.	Por otra parte, este Tribunal aprecia la información brindada por el Estado, sobre diversas medidas de reparación simbólica que ha adoptado respecto a víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. En ese sentido, como lo ha hecho en anteriores oportunidades, y en particular al pronunciarse sobre el caso Gelman Vs. Uruguay, la Corte valora favorablemente aquellos actos realizados por los Estados que tienen como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos, tales como los mencionados en el párrafo 232. (c140, C213, C217, C221)


ID: C445
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones
TemaSecundario: Derecho a la libertad sindical. Derecho a trabajar. Libertad de asociación. Derecho de huelga. .
ArtsInterpretados: 1, 2, 16, 26, 8, 25
ArtsViolados: 16, 26, 1, 8, 25, 2
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Extrabajadores del Organismo Judicial vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones .

Hechos:
El 1 de septiembre de 1999 la Corte Suprema de Justicia procedió a ejecutar los despidos de 404 personas trabajadoras que habrían participado en la huelga. El 6 de septiembre de 1999 corrigió tal resolución, eliminando de la lista a miembros del sindicato que fueron incluidos a pesar de que no participaron en la huelga y agregando a otros empleados. Por ello, se analiza la destitución de 65 personas trabajadoras del Organismo Judicial que no fueron recontratadas.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por el despido arbitrario de empleados públicos, así como a la falta de un debido proceso que ampare sus reclamos. .

MencionOtros:
En considerando 129 cita el artículo XIV de la Declaración Americana dispone que “[t]oda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación […]”. En nota al pie 140 cita: Artículo 45 de la Carta de la OEA. - Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: […] b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar; 


ID: C446
Caratula: Caso Palacio Urrutia y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Libertad de pensamiento y de expresión, estabilidad laboral.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 9, 13, 1, 2, 8, 25, 22, 26, 7, 21,
ArtsViolados: 1, 2, 13, 8, 25, 9, 22
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
 Los órganos judiciales ecuatorianos dictaron una condena penal de tres años de pena privativa de la libertad y una sanción civil por 30 millones de dólares de los Estados Unidos de América por la comisión del delito de “injurias calumniosas graves contra la autoridad”  contra del periodista Emilio Palacio Urrutia y los directivos del diario El Universo con motivo de la publicación de un artículo de opinión respecto a los sucesos de crisis política ocurridas en septiembre de 2010 en el Ecuador y a la actuaciòn del expresidente Correa y de otras autoridades en el marco de la crisis.

TemaSecundario:
Derecho a la protección judicial. Derecho a trabajar. Libertad de pensamiento. Libertad de expresión. Derecho a la libertad personal. Derecho de circulación y residencia. Derecho a la propiedad.

ResumenDisRelevante:
Dr. Eugenio Zaffaroni: "66... debe absolverse al estado. Hubo falta de defensa material del estado y el criterio de la mayoría de esta Corte parece aproximarse a la solución del proceso civil, en que ante el silencio del demandado se da por cierto lo dicho por el demandante, solución con la que disiente  por contrariar el principio contradictorio que siempre ha regido el procedimiento ante esta Corte, dado que no se trata de un proceso que persiga únicamente fines de reparación patrimonial"; "67. Esta esencia de nuestra materia no puede menos que imponernos para su interpretación y aplicación el estricto respeto a la estructura lógico-real, o sea, que nos es indispensable atender, incorporar y respetar los datos del mundo y de la antropología jurídica subyacente, pues de lo contrario, de omitir o seleccionar arbitrariamente los hechos del mundo que hacen al devenir de cada hecho a juzgar, es posible que abiertos y crueles actos de violación de los derechos más elementales pasen por respetuosos de la dignidad de la persona, sólo porque las circunstancias que hacen a la situación constelacional concreta no estuviesen incorporadas por el valor y, por ende, cayesen fuera de la consideración jurídica".

ParrDestacados:
"146... la Corte ha reafirmado que la obligación de garantía para el Estado de origen de proteger los derechos de las personas desplazadas conlleva no sólo el deber de adoptar medidas de prevención sino también proveer las condiciones necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro a su lugar de residencia habitual o a su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Para ello, se debe garantizar su participación plena en la planificación y gestión de su regreso o reintegración (cita C212 y c352); "150... no consta que el Estado haya realizado acciones dirigidas a proteger al señor Palacio Urrutia ante las amenazas que ocurrieron en su contra o de su familia, o que se hayan tomado medidas que le permitan un retorno voluntario, digno y seguro. En consecuencia, la Corte considera que se configuró una restricción de facto respecto del derecho de circulación " (sin citas);

MencionOtros:
Artículo 45 de la Carta de la OEA. – “Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: […] b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar; el artículo XIV de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que “[t]oda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación […]”; el artículo 6 del Protocolo de San Salvador establece que “[t]oda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada; 


ID: C447
Caratula: Caso Digna Ochoa y Familiares vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad del Estado por la no investigación de asesinatos.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 5, 8, 25, 1, 11, 4,
ArtsViolados: 8, 5, 11, 25, 4, 1
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: México
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Irregularidades graves en la investigación de la muerte con armas de fuego de la defensora de DDHH Digna Ochoa ocurrida el 19 de octubre de 2001 en México. Se presentaron tres acuerdos de no ejecicio de acción penal por parte del Ministerio Público y la causa se archivó en 2011 por descartarse la hipótesis de homicidio, inclinándose hacia la de "suicidio disimulado". Su muerte se insertaría en contexto de hostigamientos y ataques en contra de personas defensoras de DDHH. 

TemaSecundario:
Deber de investigación. Debido proceso. Plazo razonable en el proceso judicial. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales. Protección de la honra y dignidad.

ParrDestacados:
137. En el presente caso, el Estado ha reconocido su responsabilidad parcial internacional por la violación del derecho a la protección de la honra y de la dignidad (artículo 11 de la Convención Americana) en perjuicio de la señora Digna Ochoa “como víctima de la imagen negativa que se generó respecto de su persona después de su fallecimiento y por el manejo dado a la información dentro de la investigación llevada por la muerte de esta defensora”; "140. La Corte advierte, además, que la intromisión post mortem en la vida privada de una persona por parte de autoridades estatales, de tal manera que se afecte su derecho al respeto de la honra y dignidad, es incompatible con la Convención Americana. Todo lo anterior supuso una violación del artículo 11 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en su perjuicio"
148. "...se realizaron declaraciones públicas en el marco de la investigación que dañaron la honra y la dignidad de la señora Digna Ochoa..."


ID: OC01
TemaPrincipal: Alcance de la función consultiva de la Corte IDH.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Normas de interpretación.
ArtsInterpretados: 64
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
"Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Hechos:
¿Cómo debe ser interpretada la frase "o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos" del art. 64 de la Conv. Am.? 


ID: OC02
TemaPrincipal: Efectos de las reservas a la Convención Americana.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Determinación de vigencia de la Convención Americana. Tratados.
ArtsInterpretados: 74, 75
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Hechos:
¿Desde qué momento se entiende que un Estado es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando ha ratificado o se ha adherido a dicha Convención con una o más reservas?, ¿desde la fecha del depósito del instrumento de ratificación o adhesión o al cumplirse el término previsto en el artículo 20 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados? 


ID: OC03
Caratula: Restricciones a la pena de muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
TemaPrincipal: Restricciones a la pena de muerte respecto de la Convención Americana.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Reservas a la Convención Americana.
ArtsInterpretados: 68, 4, 27
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
¿Puede un Gobierno aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estuviese contemplada dicha pena en su legislación interna al momento de entrar en vigor para ese Estado la Conv. Am.?  ¿Puede un Gobierno, sobre la base de una reserva hecha al momento de la ratificación al artículo 4, inciso 4 de la Convención, legislar con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención imponiendo la pena de muerte a delitos que no tenían esa sanción cuando se efectuó la ratificación?


ID: OC04
TemaPrincipal: Nacionalidad. Discriminación.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Nacionalidad. Discriminación.
ArtsInterpretados: 17, 20, 24
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: No invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
Caratula:
Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización.

Hechos:
Costa Rica consulta a la Corte IDH por algunas reformas legislativas referidas a la cuestión de la nacionalidad costarricense. "31. Las preguntas formuladas por el Gobierno entrañan dos grupos de problemas jurídicos generales que la Corte examinará separadamente. En primer lugar, la materia se relaciona con el derecho a la nacionalidad reconocido por el artículo 20 de la Convención. En segundo término se plantean varias cuestiones atinentes a la discriminación prohibida por la misma". Que el derecho a la nacionalidad, reconocido por el artículo 20 de la Convención, no está involucrado en el proyecto de reforma constitucional, objeto de la presente consulta.  Que no constituye discriminación contraria a la Convención estipular condiciones preferentes para obtener la nacionalidad costarricense por naturalización en favor de los centroamericanos, iberoamericanos y
españoles, frente a los demás extranjeros. Que no constituye discriminación contraria a la Convención limitar esa
preferencia a los centroamericanos, iberoamericanos y españoles por nacimiento. Que no constituye, en sí mismo, discriminación contraria a la Convención agregar los requisitos del artículo 15 del proyecto, para la obtención de la nacionalidad costarricense por naturalización.

DignidadIndividuo:
No se puede clasificar. No se puede clasificar. Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). No se puede clasificar. Dignidad como valor sustantivo.

DignidadRol:
Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio.

ParrDestacados:
55. La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. 
56. Sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la
dignidad humana. Ya la Corte Europea de Derechos Humanos basándose "en los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos" definió que sólo es discriminatoria una distinción cuando "carece de justificación objetiva y razonable" [Eur. Court H.R., Case "relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium" (merits), judgment of 23rd July 1968, pág. 34]. Existen, en efecto, ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de
tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia. Por el contrario, pueden ser un vehículo para realizarla o para proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles. Mal podría, por ejemplo, verse una discriminación por razón de edad o condición social en los casos en que la ley limita el ejercicio de la capacidad civil a quienes, por ser menores o no gozar de salud mental, no están en condiciones de ejercerla sin riesgo de su propio patrimonio.
58. Si bien no puede desconocerse que las circunstancias de hecho pueden hacer más o menos difícil apreciar si se está o no en presencia de una situación como la descrita en el párrafo anterior, es también cierto que,  partiendo de la base de la esencial unidad de la dignidad del ser humano, es posible apreciar circunstancias en
que los imperativos del bien común puedan justificar un mayor o menor grado de distinciones que no se aparten de las consideraciones precedentes. Se trata de valores que adquieren dimensiones concretas a la luz de la realidad en que están llamados a materializarse y que dejan un cierto margen de apreciación para la expresión que deben asumir en cada caso.

FormulasLiterales:
"Dignidad de las personas";"Dignidad del ser humano";"No todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana";"Esencial unidad de la dignidad del ser humano";"La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona";

Etiquetas:
Dignidad e igualdad. Dignidad e igualdad. Dignidad e igualdad. Dignidad e igualdad. Dignidad e igualdad.

FormulasAbrev:
Dignidad persona humana. Dignidad persona humana. Distinción de trato y dignidad. Esencial unidad de dignidad. Igualdad y dignidad.


ID: OC05
TemaPrincipal: Colegiación obligatoria de periodistas.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Libertad de expresión. Medios de comunicación social.
ArtsInterpretados: 13, 29
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: Sí
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Hechos:
Costa Rica sometió a la Corte una solicitud de opinión consultiva sobre la interpretación de los artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con la colegiación obligatoria de los periodistas y sobre la compatibilidad de la Ley No. 4420 de 22 de setiembre de 1969, Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica (en adelante "la Ley No. 4420" y "Colegio de Periodistas", respectivamente) con las disposiciones de los mencionados artículos. Para la Corte la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

ResumenDisRelevante:
En declaración del juez Nikken afirma: "En segundo lugar, creo que tampoco puede interpretarse la Opinión de la
Corte como una toma de posición sobre la relación entre las empresas periodísticas y quienes trabajan en ellas. Por lo que toca a la parte estrictamente laboral, la Corte no ha hecho ningún pronunciamiento y estimo que no pueden considerarse sino como necesarias y plausibles las actividades de los gremios para conseguir condiciones de trabajo dignas y satisfactorias".


ID: OC06
Caratula: La expresión "Leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
TemaPrincipal: Interpretación de la expresión leyes utilizada en el art. 30 Convención Americana.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Protección de los DDHH.
ArtsInterpretados: 30
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
¿La expresión leyes utilizada en el artículo 30 de la Convención se refiere a leyes en sentido formal (norma jurídica emanada del Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, con las formas requeridas por la Constitución), o en sentido material (como sinónimo de ordenamiento jurídico, prescindiendo del procedimiento de elaboración y del rango normativo que le pudiera corresponder en la escala jerárquica del respectivo orden jurídico)?


ID: OC07
TemaPrincipal: Derecho de rectificación o respuesta.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Derecho de rectificación o respuesta. Libertad de expresión.
ArtsInterpretados: 14
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Hechos:
Consulta de Costa Rica: Debe considerarse que el derecho consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos está ya garantizado en su libre y pleno ejercicio a todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado costarricense, según se desprende de las obligaciones que para nuestro país contiene el artículo 1° de dicha Convención? Determinar qué obligaciones, si las hay, están impuestas a Costa Rica por el artículo 2 de la Convención a fin de hacer efectivo el derecho reconocido por el artículo 14.1. Si se decidiese que el Estado costarricense está en el deber de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivo el derecho de rectificación o respuesta previsto en el artículo 14 de la Convención Americana, sería dable entonces entender que la expresión "ley" que figura al final del párrafo 
primero del mencionado artículo 14 está usada en sentido amplio o lato, lo que podría comprender entonces disposiciones de carácter reglamentario emitidas por decreto ejecutivo, teniendo en cuenta la índole más bien instrumental de tales disposiciones legales?


ID: OC08
TemaPrincipal: Recurso de habeas corpus.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Amparo. Garantías judiciales.
ArtsInterpretados: 7, 25, 27
ArtsViolados: 7, 25, 27
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Hechos:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( en adelante " la Comisión"), mediante comunicación del 10 de octubre de 1986, sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( en adelante " la Corte " ) una solicitud de opinión consultiva sobre la interpretación de los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( en adelante " la Convención " o " la Convención Americana " ) en relación con la última frase del artículo 27.2 de la misma. 

ParrDestacados:
Sin embargo, al propio tiempo, la Comisión considera que ni aún bajo una situación de emergencia el hábeas corpus puede suspenderse o dejarse sin efecto. Como se ha expresado, este recurso tiene por finalidad inmediata poner a disposición de los jueces la persona del detenido, lo que le permite a aquél asegurar si éste está vivo y no se encuentra padeciendo torturas o apremios físicos o psicológicos, lo cual es importante de subrayar, toda vez que el derecho a la integridad personal que reconoce el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es de aquellos derechos que bajo circunstancia alguna pueden suspenderse. 

Aún respecto de la libertad personal, cuya suspensión temporal es posible en circunstancias excepcionales, el hábeas corpus permitirá al juez comprobar si la orden de arresto se apoya en un criterio de razonabilidad, tal como la jurisprudencia de tribunales nacionales de ciertos países que se han encontrado en estado de sitio han llegado a exigirlo. Sostener lo contrario, esto es que el Poder Ejecutivo no se encontraría obligado a fundamentar una detención o a prolongar ésta indefinidamente durante situaciones de emergencia, sin someter al detenido a la autoridad de un juez que pueda conocer de los recursos que reconocen los artículos 7.6 y 25.1 de la Convención importaría, en concepto de la Comisión, atribuirle al Poder Ejecutivo las funciones específicas del Poder Judicial, con lo cual se estaría conspirando contra la separación de los poderes públicos que es una de las características básicas del estado de derecho y de los sistemas democráticos.
Los procedimientos jurídicos consagrados en los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no pueden ser suspendidos conforme al artículo 27.2 de la misma, porque constituyen garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse según la misma disposición. 

MencionOtros:
La interpretación de los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención con respecto a la posibilidad de suspender el hábeas corpus en los estados de excepción, frente a lo dispuesto en el artículo 27.2, debe hacerse utilizando las normas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que pueden considerarse reglas de derecho internacional general sobre el tema ( cf. Restricciones a la pena de muerte ( arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. 48 y otras opiniones consultivas de la Corte ), de acuerdo con los cuales Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin ( art. 31.1 ).


ID: OC09
TemaPrincipal: Interpretación del alcance de la prohibición de suspender garantías judiciales.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Habeas corpus. Amparo. Garantías judiciales. Debido proceso.
ArtsInterpretados: 8, 25, 27
ArtsViolados: 8, 25, 27
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Hechos:
El Gobierno de la República Oriental del Uruguay ( en adelante " el Gobierno " ), mediante comunicación del 17 de setiembre de 1986, sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( en adelante " la Corte " ) una solicitud de opinión consultiva sobre el alcance de la prohibición de suspender las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos mencionados en el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( en adelante " la Convención " o " la Convención Americana " ). 

2. 	El Gobierno solicitó a la Corte " que se interprete el alcance de la prohibición, contenida en la Convención, de suspender " las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos ". Como incluso " en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte " ( art. 27.1 ) no es posible suspender las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos, el Gobierno del Uruguay desea, en especial, que la Corte dé su opinión en cuanto: a ) la determinación de cuáles son " esas garantías judiciales indispensables ", y b ) la relación del artículo 27.2, en lo pertinente, con los artículos 25 y 8 de la Convención Americana ". 

FallosCitados:
Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 1987, párrs. 90, 90 y 92, respectivamente ).

ParrDestacados:
1. 	Que deben considerarse como garantías judiciales indispensables no susceptibles de suspensión, según lo establecido en el artículo 27.2 de la Convención, el hábeas corpus (art. 7.6 ), el amparo, o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes ( art. 25.1 ), destinado a garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención. 

por unanimidad 

2. 	También deben considerarse como garantías judiciales indispensables que no pueden suspenderse, aquellos procedimientos judiciales, inherentes a la forma democrática representativa de gobierno ( art. 29.c ) ), previstos en el derecho interno de los Estados Partes como idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 27.2 de la Convención y cuya supresión o limitación comporte la indefensión de tales derechos. 

por unanimidad 

3. 	Que las mencionadas garantías judiciales deben ejercitarse dentro del marco y según los principios del debido proceso legal, recogidos por el artículo 8 de la Convención. 

MencionOtros:
La Corte ya se ha referido al Estado de Derecho, a la democracia representativa y al régimen de libertad personal y ha puntualizado cómo son consustanciales con el Sistema Interamericano y en particular con el régimen de protección de los derechos humanos contenido en la Convención ( véase La colegiación obligatoria de periodistas ( arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 66; La expresión " leyes " en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párrs. 30 y 34 y El hábeas corpus bajo suspensión de garantías, supra 16, párr. 20 ). En esta oportunidad considera pertinente reiterar lo que sigue: En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros ( El hábeas corpus bajo suspensión de garantías, supra 16, párr. 26 ). 
También dijo la Corte que la suspensión de garantías no debe exceder la medida de lo estrictamente necesario y que resulta ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de excepción... ( El hábeas corpus bajo suspensión de garantías, supra 16, párr. 38 ). 

(T)ampoco pueden apartarse de esos principios generales las medidas concretas que afecten los derechos o libertades suspendidos, como ocurriría si tales medidas violaran la legalidad excepcional de la emergencia, si se prolongaran más allá de sus límites temporales, si fueran manifiestamente irracionales, innecesarias o desproporcionadas, o si para adoptarlas se hubiere incurrido en desviación o abuso de poder ( Ibid., párr. 39 ).


ID: OC10
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Función consultiva de la Convención Americana. Tratados. Interpretación dinámica.
ArtsInterpretados: 64
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Hechos:
¿Autoriza el artículo 64 a la Corte Interamericana a rendir opiniones consultivas sobre la interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en Bogotá en 1948 por la Novena Conferencia Internacional Americana? 

TemaPrincipal:
Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del art. 64 de la Convención Americana.

MencionOtros:
Preámbulo de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura: “Reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración” 


ID: OC11
TemaPrincipal: Alcance de las excepciones al agotamiento de los recursos internos.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Indigencia. Agotamiento de recursos internos.
ArtsInterpretados: 46
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Excepciones al agotamiento de los recursos internos (Arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Hechos:
¿Se aplica el requisito de agotar los recursos jurídicos internos a un indigente que, debido a circunstancias económicas, no es capaz de hacer uso de los recursos jurídicos en el país? 


ID: OC12
TemaPrincipal: Compatibilidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2.h de la Convención Americana.
TipoSent: Opinión Consultiva
ArtsInterpretados: 8
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Compatibilidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Hechos:
El Gobierno de la República de Costa Rica preguntó acerca de la compatibilidad de un proyecto de ley de reforma de dos artículos del Código de Procedimientos Penales y de Creación del Tribunal Superior de Casación Penal en trámite ante la Asamblea Legislativa, con el artículo 8.2.h. de la citada Convención. ¿La Creación de un Tribunal de Casación Penal, como las reformas propuestas; se adecuan a lo dispuesto por el artículo 8.2 h), respondiendo al contenido de “derecho de recurrir del fallo ante Juez o Tribunal Superior”? 

TemaSecundario:
Competencia consultiva de la Corte IDH. Jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. Alcance del término “delitos”. Derecho a recurrir.


ID: OC13
TemaPrincipal: Competencia de la Comisión IDH.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Procedimientos. Admisibilidad de petición. Legislación interna.
ArtsInterpretados: 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Hechos:
Con respecto a los artículos 41 y 42, ¿cuál es la competencia de la Comisión para calificar y dar su criterio, como fundamento de su intervención, en el caso de comunicaciones que alegan una violación a los derechos protegidos por los artículos 23, 24 y 25 de la Convención, sobre la regularidad jurídica de leyes internas, adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución, en cuanto a su “razonabilidad”, “conveniencia” o “autenticidad”? Con respecto a los artículos 46 y 47 de la Convención, en el caso de comunicaciones presentadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Convención, ¿es jurídicamente aceptable que la Comisión, después de haber declarado inadmisible la solicitud, se pronuncie, en el mismo informe, sobre el fondo?
¿Es posible subsumir en un solo informe los dos que determinan los artículos 50 y 51? ¿La Comisión puede ordenar la publicación del informe a que se refiere el artículo 50 antes de que transcurra el plazo que indica el artículo 51?


ID: OC14
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Pena de muerte. Responsabilidad internacional del Estado.
ArtsInterpretados: 3, 4
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Hechos:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una solicitud de opinión consultiva, en los siguientes términos: [1] Cuando un Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos dicta una ley que viola manifiestamente las obligaciones que el Estado ha contraído al ratificar la Convención, [¿]cuáles serían en ese caso los efectos jurídicos de esa ley en vista de las obligaciones internacionales de ese Estado? [2] Cuando un Estado parte en la Convención dicta una ley cuyo cumplimiento por parte de los agentes o  funcionarios de ese Estado se traduce en una violación manifiesta de la Convención, [¿]cuáles son las obligaciones y responsabilidades de dichos agentes o funcionarios?

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional por leyes que violan disposiciones de la Convención Americana de DDHH.


ID: OC15
TemaPrincipal: Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Competencia. Competencia consultiva.
ArtsInterpretados: 50, 51, 64, 59, 62, 63, 31
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Hechos:
El Estado de Chile realizó las siguientes preguntas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

a) ¿Puede la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que respecto de un Estado ha adoptado los dos informes a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Convención y que en relación al último de esos informes  ha notificado al Estado de que se trata de un informe definitivo, modificar sustancialmente esos informes y emitir un tercer informe?, y
b) En el caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a la Convención, no esté facultada para cambiar su informe definitivo, ¿cuál de los informes deberá ser considerado como el válido para el Estado?.


ID: OC16
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Relaciones consulares. Tratados. Pena de muerte. Asistencia consular.
ArtsInterpretados: 64.1
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
Etiquetas: Proceso judicial y dignidad.
FormulasAbrev: Diligencias policiales y dignidad.
Caratula:
El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal.

Hechos:
En  relación con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares:
1.  En el marco del artículo 64.1 de la Convención Americana, ¿debe entenderse el  artículo 36 de la Convención de Viena [sobre Relaciones Consulares], en el  sentido de contener disposiciones concernientes a la protección de los derechos  humanos en los Estados Americanos?
2.  Desde el punto de vista del Derecho internacional, ¿está subordinada la  exigibilidad de los derechos individuales que confiere el citado artículo 36 a  los extranjeros, por parte de los interesados frente al Estado receptor, a las  protestas del Estado de su nacionalidad?
3.  Tomando en cuenta el objeto y fin del artículo 36.1.b) de la Convención de  Viena, ¿debe interpretarse la expresión “sin dilación” contenida en dicho  precepto, en el sentido de requerir que las autoridades del Estado receptor  informen a todo extranjero detenido por los delitos sancionables con la pena  capital de los derechos que le confiere el propio artículo 36.1.b), en el  momento del arresto y en todo caso antes de que el detenido rinda cualquier  declaración o confesión ante las autoridades policíacas o judiciales?
4.  Desde el punto de vista del Derecho internacional y tratándose de personas  extranjeras, ¿cuáles debieran ser las consecuencias jurídicas respecto de la  imposición y ejecución de la pena de muerte, ante la falta de notificación a  que se refiere el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena?

Respecto  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
 5.  En el marco del artículo 64.1 de la Convención Americana, ¿deben entenderse los  artículos 2, 6, 14 y 50 del Pacto, en el sentido de contener disposiciones  concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados  americanos?
6.  En el marco del artículo 14 del Pacto, ¿debe entenderse que el propio artículo  14 debe aplicarse e interpretarse a la luz de la expresión “todas las garantías  posibles para asegurar un juicio justo”, contenida en el párrafo 5 de las  respectivas salvaguardias de las Naciones Unidas y que tratándose de  extranjeros acusados o inculpados de delitos sancionables con la pena capital,  dicha expresión incluye la inmediata notificación al detenido o procesado, por  parte del Estado receptor, de los derechos que le confiere el artículo 36.1.b)  de la Convención de Viena?
7.  Tratándose de personas extranjeras acusadas o inculpadas de delitos  sancionables con la pena capital, ¿se conforma la omisión, por parte del Estado  receptor, de la notificación exigida por el artículo 36.1.b) de la Convención  de Viena con respecto a los interesados, con el derecho de éstos a disponer de  “medios adecuados para la preparación de su defensa” de acuerdo con el artículo  14.3.b) del Pacto?
8.  Tratándose de personas extranjeras acusadas o inculpadas de delitos  sancionables con la pena capital, ¿debe entenderse que las expresiones  “garantías mínimas”, contenida en el artículo 14.3 del Pacto, y “equiparables  como mínimo”, contenida en el párrafo 5 de las respectivas salvaguardias de las  Naciones Unidas, eximen al Estado receptor del inmediato cumplimiento con  respecto al detenido o procesado de las disposiciones del artículo 36.1.b) de  la Convención de Viena?
9.  Tratándose de países [a]mericanos constituidos como Estados federales que son  Parte en el Pacto de Derechos Civiles, y en el marco de los artículos 2, 6, 14  y 50 del Pacto, ¿están obligados dichos Estados a garantizar la notificación  oportuna a que se refiere el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena a todo  individuo de nacionalidad extranjera arrestado, detenido o procesado en su  territorio por delitos sancionables con la pena capital; y a adoptar  disposiciones conforme a su derecho interno para hacer efectiva en tales casos  la notificación oportuna a que se refiere ese artículo en todos sus  componentes, si el mismo no estuviese ya garantizado por disposiciones  legislativas o de otra índole, a fin de dar plena eficacia a los respectivo

TemaPrincipal:
El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal.

ParrDestacados:
116. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho al debido proceso legal (artículo 14) derivado de “la dignidad inherente a la persona humana”83. Esa norma señala diversas garantías aplicables a “toda persona acusada de un delito”, y en tal sentido coincide con los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

121. En el caso al que se refiere la presente Opinión Consultiva, ha de tomarse en cuenta la situación real que guardan los extranjeros que se ven sujetos a un procedimiento penal, del que dependen sus bienes jurídicos más valiosos y, eventualmente, su vida misma. Es evidente que, en tales circunstancias, la notificación del derecho a comunicarse con el representante consular de su país, contribuirá a mejorar considerablemente sus posibilidades de defensa y a que los actos procesales en los que interviene - y entre ellos los correspondientes a diligencias de policía - se realicen con mayor apego a la ley y respeto a la dignidad de las personas.

VOTO CONCURRENTE RAZONADO DEL
JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ El criterio sustentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta Opinión Consultiva (OC-16) recoge la más avanzada doctrina del procedimiento penal y ensancha la protección de los derechos humanos en un ámbito que constituye, verdaderamente, la "zona crítica" de esos derechos. En efecto, es aquí donde se halla en más grave riesgo la dignidad humana. Por lo tanto, es en este ámbito donde verdaderamente se acredita o se desvanece -- en la práctica, no sólo en el discurso jurídico y político-- el Estado democrático de derecho.

MencionOtros:
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (supra nota al pie de página 77), Preámbulo, punto
segundo.

FormulasLiterales:
"Los actos procesales en los que interviene - y entre ellos los correspondientes a diligencias de policía - se realicen con mayor apego a la ley y respeto a la dignidad de las personas";


ID: OC17
Caratula: Condición jurídica y derechos humanos del niño.
TemaPrincipal: Condición jurídica y derechos humanos del niño.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Derechos de los niños y las niñas. Interés superior del niño. Debido proceso.
ArtsInterpretados: 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1, 4, 8, 17, 19, 24, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Vida digna.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
Hechos:
La Comisión solicitó a la CIDH que interpretara si los artículos 8 y 25 de la Convención constituyen límites al arbitrio o discreción de los Estados para dictar medidas de protección de acuerdo al Artículo 19 de la Convención. Asimismo, pidió a la CIDH que se pronunciara sobre la compatibilidad de las siguientes medidas con los Arts. 8 y 25 de la Convención: (i) la separación de los niños de sus padres y/o familia por falta de condiciones para su educación o mantenimiento; (ii) la supresión de la libertad de los menores mediante la internación en establecimientos de guarda o custodia, por considerárselos abandonados o proclives a caer en situaciones de riesgo o ilegalidad; (iii) la aceptación en sede penal de confesiones de menores obtenidas sin las debidas garantías; (iv) la tramitación de procedimientos administrativos o judiciales en los que se determinan derechos fundamentales del menor sin la garantía de su defensa en juicio; (v) la determinación de los derechos de los menores en procedimientos administrativos o judiciales sin respetar el derecho a ser oído y sin considerar la opinión o preferencias del menor. A su vez, la Comisión solicitó a la CIDH que formulara criterios generales válidos sobre estos temas.

FallosCitados:
Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo 

DignidadIndividuo:
Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar. No se puede clasificar. No se puede clasificar. No se puede clasificar.

DignidadRol:
Derecho a la dignidad. Dignidad como principio. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho.

ParrDestacados:
"En una opinión consultiva, la Corte hizo notar que [l]a noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con
privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza."
"En cuanto a las condiciones de cuidado de los niños, el derecho a la vida que se consagra en el artículo 4 de la Convención Americana, no sólo comporta las prohibiciones que en ese precepto se establecen, sino la obligación de proveer de medidas necesarias para que la vida revista condiciones dignas. El concepto de vida digna, desarrollado por este Tribunal, se relaciona con la norma contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 23.1, relativo a los niños que presentan algún tipo de discapacidad..."
"Se debe destacar que dentro de las medidas especiales de protección de los niños y entre los derechos reconocidos a éstos en el artículo 19 de la Convención Americana, figura de manera destacada el derecho a la educación, que favorece la posibilidad de gozar de una vida digna y contribuye a prevenir situaciones
desfavorables para el menor y la propia sociedad"
"En suma, la educación y el cuidado de la salud de los niños suponen diversas medidas de protección y constituyen los pilares fundamentales para garantizar el disfrute de una vida digna por parte de los niños, que en virtud de su inmadurez y vulnerabilidad se hallan a menudo desprovistos de los medios adecuados para la
defensa eficaz de sus derechos"
"Entre estos valores fundamentales figura la salvaguarda de los niños, tanto por su condición de seres humanos y la dignidad inherente a éstos, como por la situación especial en que se encuentran. En razón de su inmadurez y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado."
"Que el respeto del derecho a la vida, en relación con los niños, abarca no sólo las prohibiciones, entre ellas, la de la privación arbitraria, establecidas en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que comprende también la obligación de adoptar las medidas necesarias para que la existencia de los 
niños se desarrolle en condiciones dignas."
Voto concurrente de Cançado Trindade: "En la base de todo ese notable desarrollo, encuéntrase el principio del respeto a la dignidad de la persona humana, independientemente de su condición existencial. En virtud de ese principio, todo ser humano, independientemente de la situación y las circunstancias en que se encuentra, tiene derecho a la dignidad. Este principio fundamental encuéntrase invocado en los preámbulos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 así como de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Figura igualmente en el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales e Culturales (Protocolo de San Salvador, de 1988), entre otros tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos."

MencionOtros:
Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño: "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño."

Artículo 23.1 de la Convención de los Derechos del Niño: "Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad."

Artículo 37, Inc. C de la Convención de los Derechos del Niño: "Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales."

Artículo 40.1 de la Convención de los Derechos del Niño: "Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales."

Voto concurrente del Juez Cançado Trindade cita al Preámbulo de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad: "...que las personas con discapacidad
"tienen los mismos derechos humanos" que otras personas (inclusive el derecho de no verse sometidas a
discriminación basada en la discapacidad), los cuales "dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes
a todo ser humano"."

El voto concurrente del Juez Cançado Trindade expresa que el principio del respecto a la dignidad humana se encuentra reconocido en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales e Culturales (Protocolo de San Salvador, de 1988), pero no transcribe la norma.   

FormulasLiterales:
"Derecho a la dignidad";"Dignidad de la persona humana";"La educación y el cuidado de la salud de los niños suponen diversas medidas de protección y constituyen los pilares fundamentales para garantizar el disfrute de una vida digna por parte de los niños";"El derecho a la educación, que favorece la posibilidad de gozar de una vida digna y contribuye a prevenir situaciones";"El concepto de vida digna, desarrollado por este Tribunal, se relaciona con la norma contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño";

Etiquetas:
Dignidad niño. Principio de la dignidad. Vida/existencia digna. Vida/existencia digna. Vida/existencia digna.

FormulasAbrev:
Derecho a la dignidad. Dignidad persona humana. Vida digna niños. Vida digna y educación. Vida digna y niño.


ID: OC18
Caratula: Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados.
TemaPrincipal: Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Migrantes. Trabajo. Deber de garantía. No discriminación. Ius cogens.
ArtsInterpretados: 64, 1, 2
ArtsViolados: 1, 2
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: N/A
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
Hechos:
Los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención solicitó la opinión consultiva sobre la “[...] privación del goce y ejercicio de ciertos derechos laborales [a los trabajadores migrantes, y su compatibilidad con la obligación de los Estados americanos de garantizar los principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igualitaria y efectiva de la ley consagrados en instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; así como con la subordinación o condicionamiento de la observancia de las obligaciones impuestas por el derecho internacional de los derechos humanos, incluidas aquellas oponibles erga omnes, frente a la consecución de ciertos objetivos de política interna de un Estado americano”. Además, la consulta trata sobre “el carácter que los principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igualitaria y efectiva de la ley han alcanzado en el contexto del desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos y su codificación”. México señaló que los trabajadores migratorios, al igual que el resto de las personas,deben tener garantizado el goce y ejercicio de los derechos humanos en los Estados donde residen. Sin embargo, su vulnerabilidad los hace blanco fácil de violaciones a sus derechos humanos, basadas especialmente en criterios de discriminación y, en consecuencia, los coloca en una situación de desigualdad ante la ley en cuanto al goce y ejercicio efectivos de estos derechos.

FallosCitados:
Condición jurídica y derechos humanos del niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002.

DignidadIndividuo:
Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar.

DignidadRol:
Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio.

ParrDestacados:
73. Los derechos humanos deben ser respetados y garantizados por todos los Estados. Es incuestionable el hecho de que toda persona tiene atributos inherentes a su dignidad humana e inviolables, que le hacen titular de derechos fundamentales que no se le pueden desconocer y que, en consecuencia, son superiores al poder del Estado, sea cual sea su organización política.

89. Ahora bien, al examinar las implicaciones del trato diferenciado que algunas normas pueden dar a sus destinatarios, es importante hacer referencia a lo señalado por este Tribunal en el sentido de que “no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana”

100. Al referirse, en particular, a la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos, independientemente de cuáles de esos derechos estén reconocidos por cada Estado en normas de carácter interno o internacional, la Corte considera evidente que todos los Estados, como miembros de la comunidad internacional, deben cumplir con esas obligaciones sin discriminación alguna, lo cual se encuentra  intrínsecamente relacionado con el derecho a una protección igualitaria ante la ley, que a su vez se desprende “directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona”

119. Los Estados, por lo tanto, no pueden discriminar o tolerar situaciones discriminatorias en perjuicio de los migrantes. Sin embargo, sí puede el Estado otorgar un trato distinto a los migrantes documentados con respecto de los migrantes indocumentados, o entre migrantes y nacionales, siempre y cuando este trato diferencial sea razonable, objetivo, proporcional, y no lesione los derechos humanos. Por ejemplo, pueden efectuarse distinciones entre las personas migrantes y los nacionales en cuanto a la titularidad de algunos derechos políticos. Asimismo, los Estados pueden establecer mecanismos de control de ingresos y salidas de migrantes indocumentados a su territorio, los cuales deben siempre aplicarse con apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana.

157. En el caso de los trabajadores migrantes, hay ciertos derechos que asumen
una importancia fundamental y sin embargo son frecuentemente violados, a saber:
la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, la prohibición y abolición del trabajo
infantil, las atenciones especiales para la mujer trabajadora, y los derechos
correspondientes a: asociación y libertad sindical, negociación colectiva, salario justo
por trabajo realizado, seguridad social, garantías judiciales y administrativas,
duración de jornada razonable y en condiciones laborales adecuadas (seguridad e
higiene), descanso e indemnización. Reviste gran relevancia la salvaguardia de estos
derechos de los trabajadores migrantes, teniendo presentes el principio de la
inalienabilidad de tales derechos, de los cuales son titulares todos los trabajadores,
independientemente de su estatus migratorio, así como el principio fundamental de
la dignidad humana consagrado en el artículo 1 de la Declaración Universal, según el
cual “[t]odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros”.

VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE: 23, 28, 54, 55 Y 56.

VOTO RAZONADO CONCURRENTE DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ 14 Y 23.

VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ ALIRIO ABREU BURELLI último párrafo

FormulasLiterales:
"No todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana";"El derecho a una protección igualitaria ante la ley, que a su vez se desprende “directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona";"En el ámbito del derecho internacional se han desarrollado ciertos límites a la aplicación de las políticas migratorias que imponen un apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana, cualquiera que sea la condición jurídica del migrante";"Es incuestionable el hecho de que toda persona tiene atributos inherentes a su dignidad humana e inviolables, que le hacen titular de derechos fundamentales que no se le pueden desconocer y que, en consecuencia, son superiores al poder del Estado, sea cual sea su organización política";"Principio fundamental de la dignidad humana";

Etiquetas:
Dignidad e igualdad. Dignidad e igualdad. Dignidad migrantes. Dignidad y derechos humanos. Principio de la dignidad.

FormulasAbrev:
Distinción de trato y dignidad. Igual protección ante la ley. Políticas migratorias y dignidad. Atributos inherentes a dignidad. Principio de dignidad.


ID: OC19
TemaPrincipal: Control de legalidad de la Comisión Interamericana.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Sistema Interamericano.
ArtsInterpretados: 41
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Control de legalidad en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

Hechos:
El 12 de noviembre de 2003 Venezuela sometió a la Corte una solicitud de opinión consultiva sobre “[...] si existe un órgano dentro [del sistema interamericano de protección de derechos humanos] que disponga de las competencias necesarias para ejercer el control de la legalidad de las actuaciones de la Comisión [...], ante el cual puedan recurrir los Estados partes de la Convención [...], en defensa de la legalidad. En caso de que existiere tal órgano, el [Estado] desearía conocer cuál es dicho órgano y cuáles [son] sus atribuciones [...]”. La Corte opinó que la Comisión IDH tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme a la CADH, que actúa dentro del marco legal establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el ejercicio de las funciones que le competen en el procedimiento relativo al trámite de las peticiones individuales dispuesto en los artículos 44 a 51 de la Convención, así como en el ejercicio de sus restantes atribuciones destinadas a la promoción y protección de los derechos humanos, consagradas en el artículo 41 de ese instrumento y que la Corte IDH efectúa el control de legalidad de las actuaciones de la Comisión


ID: OC21
TipoSent: Opinión Consultiva
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 22, 25, 29
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
Etiquetas: Dignidad niño.
FormulasAbrev: Verificación de edad y dignidad.
Caratula:
Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional.

Hechos:
Acorde a lo requerido por los Estados solicitantes, la presente Opinión Consultiva determina las obligaciones estatales respecto de niñas y niños, asociadas a su condición migratoria o a la de sus padres y que deben, en consecuencia, los Estados considerar al diseñar, adoptar, implementar y aplicar sus políticas migratorias, incluyendo en ellas, según corresponda, tanto la adopción o aplicación de las correspondientes normas de derecho interno como la suscripción o aplicación de los pertinentes tratados y/u otros instrumentos internacionales.

TemaPrincipal:
Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional.

TemaSecundario:
Integridad personal. Derechos de los niños y las niñas. Libertad personal. Derechos humanos. Tortura.

FallosCitados:
Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, supra, párr. 151. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 138.

ParrDestacados:
88. La verificación de la edad de una persona es una cuestión crucial, toda vez que la determinación de que se trata de una persona menor de 18 años exige que el tratamiento otorgado por el Estado deba ser prioritario, diferenciado y de forma excluyente acorde a dicha condición. En caso de que haya dudas acerca de la edad147, se procederá a determinar la misma con base no sólo en la apariencia física, sino también en la madurez psicológica del individuo148 y, en su caso, deberá realizarse una evaluación con criterios científicos, de forma segura, respetando la dignidad humana, que sea culturalmente apropiada y con consideraciones de género (Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General No 6: Trato de los menores no acompañados y
separados de su familia fuera de su país de origen, supra, párr. 31)

MencionOtros:
 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura

FormulasLiterales:
"La verificación de la edad... deberá realizarse una evaluación con criterios científicos, de forma segura, respetando la dignidad humana";


ID: OC22
TemaPrincipal: Titularidad de derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
TipoSent: Opinión Consultiva
ArtsInterpretados: 44, 46, 62, 1, 8, 11, 13, 16, 21, 25, 29, 30
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Vida digna.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar. No se puede clasificar.
DignidadRol: Dignidad como principio. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Protocolo de San Salvador
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
Etiquetas: Dignidad y DESC. Vida/existencia digna.
FormulasAbrev: Dignidad y protocolo san salvador. Vida digna.
Caratula:
Titularidad de derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Interpretación y alcance del artículo 1.2, en relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46, y 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo 8.1 A y B del Protocolo de San Salvador).

Hechos:
Panamá consulta respecto de si las personas jurídicas quedan excluidas del ámbito de protección de derechos humanos del Sistema IDH o si son susceptibles de algún tipo de derechos. En dicho caso, se consulta sobre los alcances posibles.

TemaSecundario:
Personas físicas. Personas jurídicas. Derechos humanos. Procedimientos de la jurisdicción interna. Agotamiento de recursos internos. Libertad de asociación. Intimidad y vida privada. Libertad de expresión. Propiedad privada. No discriminación. Principio de igualdad.

ParrDestacados:
De lo anterior, se deriva que la protección de los derechos económicos, sociales y culturales que se pretende alcanzar con el Protocolo de San Salvador busca salvaguardar no solo la dignidad humana sino también, y en igual medida, la democracia y los derechos de los pueblos del continente.

10.	El surgimiento del ideal de “mínimo existencial” ganó fuerza a partir de la II Posguerra, en la doctrina de Otto Bachof, sustentando que la dignidad humana no se limita a la garantía de la libertad, pero también engloba, necesariamente, los recursos materiales indispensables para el mantenimiento de una vida digna. Poco tiempo después de la formulación de Bachof, el Tribunal Federal Administrativo de Alemania (Bundesverwaltungsgericht) reconoció al individuo como titular de derechos y obligaciones en el aspecto de mantenimiento de sus condiciones de existencia. (Voto concurrente de Caldas)
11.	En otras palabras, debe ser garantizada la actuación de la Corte en defensa del derecho a la propiedad en caso de que restricciones a este derecho amenacen necesidades básicas indispensables para el mantenimiento de la existencia digna. Considerando que atentaría a los derechos humanos privar al individuo de parcela patrimonial mínima indispensable, sólo esos casos recaerían en la esfera de competencia de la Corte. (Voto concurrente de Caldas)
12.	La definición de lo que es, de hecho, abarcado por la noción de mínimo existencial es determinada por el contexto socioeconómico particular de cada Estado, por lo que cabe especialmente a los ordenamientos jurídicos internos la protección del conjunto de bienes que garanticen al propietario el mantenimiento de su existencia no sólo física, como social, política y cultural digna.(Voto concurrente de Caldas)
14.	Para que casos relativos al derecho a la propiedad puedan ser conocidos por los órganos que componen el sistema interamericano de derechos humanos, estos deben: (i) estar limitados a los bienes necesarios a la vida digna del individuo o (ii) representar un bien vital para el desarrollo de actividad profesional, siempre y cuando sea necesario para garantizar la vida digna de la persona. (Voto concurrente de Caldas)
15.	No se puede hablar en dignidad de la persona jurídica en campo de derechos humanos. Por eso la vía judicial común nacional, y no la internacional de los derechos humanos, es la que estará accesible para conocer de lesiones a los derechos de persona jurídica. (voto concurrente de Caldas)
16.	Concluyo, por lo tanto, que la intención del presente voto no es proponer la creación de un rol taxativo de bienes intangibles; la definición debe siempre dialogar con la realidad socioeconómica y con la visión nacional de lo que representa el interés general, traído en el conjunto normativo democráticamente producido. Propone, esto sí, establecer el principio de que no son todas las propiedades que merecen protección por parte del sistema interamericano, pues ciertamente excluye propiedades superfluas, suntuarias, lujosas, es decir, que van más allá de las necesidades elementales de las personas, aquellas garantizadoras del mínimo existencial y da la vida digna. (voto concurrente de Caldas)

FormulasLiterales:
"Se deriva que la protección de los derechos económicos, sociales y culturales que se pretende alcanzar con el Protocolo de San Salvador busca salvaguardar no solo la dignidad humana";"Vida digna";


ID: OC23
TemaPrincipal: Obligación de los Estados de prevenir daños ambientales.
TipoSent: Opinión Consultiva
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 8, 23, 24
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Vida digna. Existencia digna.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
Caratula:
Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Hechos:
El 15 de noviembre de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “este Tribunal”) dictó una Opinión Consultiva en respuesta a la consulta realizada por el Estado de Colombia sobre las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal, consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado

TemaSecundario:
Obligación de respetar y garantizar derechos. Derecho de acceso a la justicia. Derecho a la participación pública.

FallosCitados:
 Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, supra, párr. 163

Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam 

Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, supra, párrs. 145, 232 y 249; 

Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas

 Caso Albán Cornejo y otros. vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de
221 2007. Serie C No. 171, párr. 117 

Caso Chinchilla Sandoval vs. Guatemala

DignidadIndividuo:
Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). No se puede clasificar.

DignidadRol:
Calificación de un derecho. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho.

ParrDestacados:
la Corte ha reconocido la estrecha vinculación del derecho a una vida digna con la protección del territorio ancestral y los recursos naturales. Al respecto, este Tribunal ha determinado que, en atención a la situación de especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas y tribales, los Estados deben adoptar medidas positivas encaminadas a asegurar a los miembros de estos pueblos el acceso a una vida digna -que comprende la protección de la estrecha relación que mantienen con la tierra- y su proyecto de vida, tanto en su dimensión individual como colectiva

Referente a los derechos sustantivos, este Tribunal se ha referido tanto al derecho a la vida, en particular con respecto a la definición de una vida digna, así como a la integridad personal, el derecho a la propiedad, el derecho a la salud.

la Corte se ha referido al acceso y calidad del agua, alimentación y salud, cuyo contenido ya ha sido definido en la jurisprudencia de esta Corte, indicando que estas condiciones impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos. Asimismo, la Corte ha incluido la protección del medio ambiente como una condición para la vida digna

Así, por ejemplo en el caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, la Corte declaró que el Estado era responsable por la violación del derecho a la vida por considerar que, al no haber garantizado el derecho a la propiedad comunitaria, el Estado los había privado de la posibilidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales, así como del uso y disfrute de los recursos naturales necesarios para la obtención de agua limpia y para la práctica de la medicina tradicional de prevención y cura de enfermedades, además de no haber adoptado las medidas positivas necesarias para asegurarles las condiciones de vida compatibles con su dignidad.


La Corte advierte que si bien cada uno de los derechos contenidos en la Convención tiene su ámbito, sentido y alcance propios219, existe una estrecha relación entre el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. En este sentido, existen ocasiones en que la falta de acceso a las condiciones que garantizan una vida digna también constituye una violación al derecho a la integridad personal220, por ejemplo, en casos vinculados con la salud humana

MencionOtros:
OEA, Resolución de la Asamblea General, titulada “Derechos Humanos y Medio Ambiente”, aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2001, OEA/Ser.P AG/ RES. 1819 (XXXI-O/01), resolutivo primero. Asimismo, en la Resolución titulada “Los Derechos Humanos y el Medio Ambiente en las Américas”, la Asamblea General de la OEA “[r]econoc[ió] la creciente importante que se le asigna a la necesidad de administrar el medio ambiente en un forma sostenible para promover la dignidad y el bienestar humanos”


Préambulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros

Preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que indica que: “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros”

FormulasLiterales:
"Acceso y calidad del agua, alimentación y salud, cuyo contenido ya ha sido definido en la jurisprudencia de esta Corte, indicando que estas condiciones impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos";"Condiciones de vida compatibles con su dignidad";"La protección del medio ambiente como una condición para la vida digna";"Los Estados deben adoptar medidas positivas encaminadas a asegurar a los miembros de estos pueblos el acceso a una vida digna -que comprende la protección de la estrecha relación que mantienen con la tierra- y su proyecto de vida, tanto en su dimensión individual como colectiva";"La Corte ha reconocido la estrecha vinculación del derecho a una vida digna con la protección del territorio ancestral y los recursos naturales";

Etiquetas:
Vida/existencia digna. Vida/existencia digna. Vida/existencia digna. Vida/existencia digna. Vida/existencia digna.

FormulasAbrev:
Acceso al agua, alimentación y salud. Condiciones de vida compatibles. Medio ambiente y vida digna. Pueblos indígenas y dignidad. Vida digna y territorio ancestral.


ID: OC24
TemaPrincipal: Identidad de género.
TipoSent: Opinión Consultiva
ArtsInterpretados: 1, 3, 7, 11, 13, 17, 18, 24
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Dignidad del vínculo afectivo.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
Caratula:
Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Hechos:
El 18 de mayo de 2016 la República de Costa Rica (en adelante “Costa Rica” o el “Estado solicitante”), con fundamento en los artículos 64.1 y 64.2 de la Convención Americana1 y de conformidad con lo establecido en los artículos 702 y 723 del Reglamento, presentó una solicitud de opinión consultiva sobre la interpretación y alcance de los artículos 11.24, 185 y 246 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 17 del mismo instrumento (en adelante “la solicitud” o “la consulta”). En particular, Costa Rica presentó la solicitud de opinión consultiva con el fin de que el Tribunal se pronuncie sobre8:
a. “[L]a protección que brindan los artículos 11.2, 18 y 24 en relación con el artículo 1 de la CADH al reconocimiento del cambio de nombre de las personas, de acuerdo con la identidad de género de cada una”.
b. “[L]a compatibilidad de la práctica que consiste en aplicar el artículo 54 del Código Civil de la República de Costa Rica9, Ley no 63 del 28 de setiembre de 1887, a las personas que deseen optar por un cambio de nombre a partir de su identidad de género, con los artículos 11.2, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención”.
c. [L]a protección que brindan los artículos 11.2 y 24 en relación con el artículo 1 de la CADH al reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo”.

TemaSecundario:
Igualdad. Principio de no discriminación. Nombre. Derechos derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo.

FallosCitados:
Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 55

Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 79

Caso Duque vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 91 

Caso Flor Freire vs. Ecuador, párr. 109

Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párr. 123

Caso I.V. vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 149 

Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 194

Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 299, párr. 200

Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010.

Caso I.V. vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr.  150 y 152 

Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica, párr. 143.

Caso López Álvarez vs. Honduras, párr. 169

Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005

DignidadIndividuo:
Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). No se puede clasificar.

DignidadRol:
Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio.

ParrDestacados:
La Corte recuerda que la Convención Americana protege uno de los valores más fundamentales de la persona humana entendida como ser racional, esto es, el reconocimiento de su dignidad. Es así como este Tribunal ha señalado en otras oportunidades que ese valor es consustancial a los atributos de la persona, y es, en consecuencia, un derecho humano fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés colectivo de la comunidad internacional en su conjunto, que no admite derogación ni suspensión en los casos previstos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos200. Además, debe entenderse que esa protección se encuentra establecida de forma transversal en todos los derechos reconocidos en la Convención Americana.

la Convención contiene una cláusula universal de protección de la dignidad, cuyo basamento se erige tanto en el principio de la autonomía de la persona como en la idea de que todos las personas deben ser tratados como iguales, en tanto son fines en sí mismos según sus intenciones, voluntad y propias decisiones de vida.

el Tribunal ha precisado que la protección del derecho a la vida privada no se limita al derecho a la privacidad, pues abarca una serie de factores relacionados con la dignidad de la persona, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar su propia personalidad, aspiraciones, determinar su identidad y definir sus relaciones personales. 

un aspecto central del reconocimiento de la dignidad lo constituye la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones206. En este marco juega un papel fundamental el principio de la autonomía de la persona, el cual veda toda actuación estatal que procure la instrumentalización de la persona, es decir, que lo convierta en un medio para fines ajenos a las elecciones sobre su propia vida, su cuerpo y el desarrollo pleno de su personalidad, dentro de los límites que impone la Convención207. De esa forma, de conformidad con el principio del libre desarrollo de la personalidad o a la autonomía personal, cada persona es libre y autónoma de seguir un modelo de vida de acuerdo con sus valores, creencias, convicciones e intereses208.

este Tribunal ha indicado que el derecho a la identidad se encuentra estrechamente relacionado con la dignidad humana, con el derecho a la vida privada y con el principio de autonomía de la persona (artículos 7 y 11 de la Convención Americana)218.

el Estado, en su calidad de garante de la pluralidad de derechos, debe respetar y garantizar la coexistencia de individuos con distintitas identidades, expresiones de género y orientaciones sexuales, para lo cual debe asegurar que todas ellas puedan vivir y desarrollarse con dignidad y el mismo respeto al que tienen derecho todas las personas. La Corte opina que esa protección no se refiere simplemente al contenido de esos derechos, sino que a través de ella, el Estado también estaría garantizando la plena vigencia y ejercicio de otros derechos de las personas cuya identidad de género es diferente 

El Estado debe asegurar que los individuos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género puedan vivir con la misma dignidad y el mismo respeto al que tienen derecho todas las personas 

la orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad

El Tribunal estima importante destacar que con ello, no se está demeritando otras modalidades de familia, ni tampoco se está desconociendo la importancia de esta institución como elemento fundamental de la sociedad; por el contrario, la Corte le está reconociendo igual dignidad al vínculo afectivo de una pareja conformada por dos personas que son parte de una minoría históricamente oprimida 

MencionOtros:
OEA, Comité Jurídico Interamericano, Opinión “sobre el alcance del derecho a la identidad”, resolución CJI/doc. 276/07 rev. 1, de 10 de agosto de 2007, párr. 12

Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, Principios de Yogyakarta, 2007

OEA, Comité Jurídico Interamericano. Informe sobre Privacidad y Protección de Datos Personales,CJI/doc.474/15 rev.2, 2015. Definiciones

Suprema Corte de Justicia de México, Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009, pág. 18.

Corte Constitucional Colombia, Sentencia C-075 de 2007
Corte Constitucional Colombia, Sentencia C-811 de 2007
Corte Constitucional Colombia, Sentencia C-336 de 2008
Corte Constitucional Colombia, Sentencia C-283 de 2011

FormulasLiterales:
"El derecho a la identidad se encuentra estrechamente relacionado con la dignidad humana, con el derecho a la vida privada y con el principio de autonomía de la persona";"Un aspecto central del reconocimiento de la dignidad constituye la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones";"La Corte le está reconociendo igual dignidad al vínculo afectivo de una pareja conformada por dos personas que son parte de una minoría históricamente oprimida";"La Convención contiene una cláusula universal de protección de la dignidad, cuyo basamento se erige tanto en el principio de la autonomía de la persona como en la idea de que todos las personas deben ser tratados como iguales, en tanto son fines en sí mismos según sus intenciones, voluntad y propias decisiones de vida";"El Estado debe asegurar que los individuos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género puedan vivir con la misma dignidad y el mismo respeto al que tienen derecho todas las personas";"El Estado debe asegurar que los individuos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género puedan vivir con la misma dignidad y el mismo respeto al que tienen derecho todas las personas";"La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad";"La protección del derecho a la vida privada no se limita al derecho a la privacidad, pues abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales";"Uno de los valores más fundamentales de la persona humana entendida como ser racional, esto es, el reconocimiento de su dignidad";

Etiquetas:
Dignidad y derecho a la identidad. Dignidad/vida privada/autonomía. Dignidad/vida privada/autonomía. Dignidad/vida privada/autonomía. Dignidad/vida privada/autonomía. Dignidad/vida privada/autonomía. Dignidad/vida privada/autonomía. Dignidad/vida privada/autonomía. Valores/atributos dignidad.

FormulasAbrev:
Identidad, dignidad y autonomía. Autodeterminación y dignidad. Dignidad de vínculos afectivos. Dignidad, autonomía e igualdad. Identidad de género. Identidad de género. Orientación sexual y dignidad. Vida privada y dignidad. Valor fundamental de dignidad.


ID: OC25
TemaPrincipal: Asilo.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Asilo.
ArtsInterpretados: 22
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
La institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el Sistema Interamericano de Protección (interpretación y alcance de los artículos 5, 22.7 y 22.8, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Hechos:
Ecuador realiza una serie de preguntas sobre las modalidades que puede adoptar el asilo (que la corte distinguirá en diplomático y territorial) y las obligaciones internacionales que se derivan de la CADH.


ID: OC26
TemaPrincipal: Denuncia de la Convención.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Denuncia de la Convención.
ArtsInterpretados: 1, 2, 27, 29, 30, 31, arts 32, 33 a 65 y 78
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus efectos sobre las obligaciones estatales en materia de derechos humanos (Interpretación y alcance de los artículos 1, 2, 27, 29, 30, 31, 32, 33 a 65 y 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3.l), 17, 45, 53, 106 y 143 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos)

Hechos:
La Corte responde las siguientes consultas: 1. ¿Cuáles son las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que subsisten para un Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos que ha denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos?,  2. Si un Estado que no es parte de la Convención Americana denuncia la Carta de la Organización de los Estados Americanos, ¿cuáles son los efectos que dicha denuncia y retiro tienen sobre las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos a que se refiere la primera pregunta?; 3.  ¿Qué obligaciones internacionales en materia de derechos humanos tienen los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos respecto de los Estados de las Américas que hayan denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la Organización de los
Estados Americanos?

ResumenDisRelevante:
Disidencia parcial de Pazmiño Freire: 5. (...) Es decir, se orienta a que la ‘‘reformulación constitucional [e internacional, incorpore,] introduzca y desarrolle “ las instituciones más avanzadas [, tales como,] la consulta popular a nivel local o nacional, las elecciones primarias para selección de candidatos, el plebiscito, el referéndum, la revocatoria del mandato de dignidades de elección popular’’10, así como la creación innovadora de nuevas funciones del poder público, como la función electoral, la creación de mecanismos constitucionales de participación ciudadana en la gestión, control y escrutinio del poder público, así como la emergencia de procesos de reformulación constitucional a partir de las asambleas constituyentes. Es en esta medida que nuestro Tribunal tenía la oportunidad de robustecer y desarrollar en la Opinión Consultiva, la institución de la democracia representativa y participativa, en tanto componentes coadyuvantes y constitutivos del sistema democrático regional y, por ende, parte sustantiva del orden público interamericano. (Se cita a sí mismo: Pazmiño, Patricio. Descifrando Caminos. Del Activismo Social a la Justicia Constitucional. Flacso, 2010, P. 50)

ParrDestacados:
52. En efecto, el desarrollo moderno del derecho internacional de los tratados se aceleró en las postrimerías de la segunda guerra mundial, momento histórico en el cual la comunidad internacional consideró, frente a las violaciones graves, masivas y sistemáticas que habían sido cometidas, necesario reafirmar la centralidad de la dignidad humana53 y el respeto universal, interdependiente e indivisible de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los seres humanos sin distinción, por medio de su codificación internacional, así como dotarlos de efectividad en la práctica, a través de la posibilidad de reclamarlos en sede internacional cuando el Estado falló en su deber de respeto, garantía y reparación integral. Los propios instrumentos fundantes del sistema interamericano moderno proclaman que los derechos, que “tienen como fundamento los atributos de la persona humana”, deben ser objeto de protección internacional, de acuerdo a la Declaración y Convención Americana54. Por tanto, se refuerza el catálogo de derechos y, a su vez, se amplía el horizonte de acceso a la justicia, ya que los tratados de derechos humanos están dotados de mecanismos específicos de supervisión para salvaguardar el cumplimiento eficaz de lo pactado.

Nota al pie 94: En el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, la Corte determinó lo siguiente: “La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de ‘respetar los derechos y libertades’ reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado”. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 165.

105. El ius cogens se presenta como la expresión jurídica de la propia comunidad internacional como un todo que, a raíz de su superior valor universal, constituye un conjunto de normas indispensables para la existencia de la comunidad internacional y para garantizar valores esenciales o fundamentales de la persona humana. Esto es, aquellos valores que se relacionan con la vida y la dignidad humana, la paz y la seguridad. Las prohibiciones acerca de los actos de agresión, de genocidio, de la esclavitud y trata de esclavos, de la tortura, de la discriminación racial y del apartheid, de los crímenes contra la humanidad, así como el derecho a la libre determinación, junto con las normas de derecho internacional humanitario básicas, han sido reconocidas como normas de ius cogens, que protegen derechos fundamentales y valores universales sin los cuales la sociedad no prosperaría, por lo que producen obligaciones erga omnes152. (cita jurisp de la CIJ, pero al parecer referida al ius cogens)

MencionOtros:
Resolución XXX de la Novena Conferencia Internacional Americana que aprobó la Declaración Americana, que reafirman: “Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad; Que, en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”.

El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” fue adoptado el 17 de noviembre de 1988 y entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. En su preámbulo, afirma lo siguiente: “Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros”.

Artículo 45, Carta de la OEA: la persona “sólo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz”, para lo cual se acuerda dedicar los máximos esfuerzos estatales en una serie de principios y mecanismos, entre los que figura el siguiente: “[t]odos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica”. Por su parte, el artículo 53 dispone que la OEA realiza sus fines por medio de diferentes órganos, entre los que se encuentra la Asamblea General y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos172. 

155. La Corte afirmó previamente que las normas consuetudinarias, las derivadas de principios generales de derecho y las pertenecientes al ius cogens continúan obligando al Estado denunciante de la Convención Americana como fuentes autónomas del derecho internacional general (supra párrs. 94 a 97 y 100 a 110). Lo mismo es aplicable a un Estado que haya denunciado la Carta de la OEA y se retire de la organización regional. Es así que las normas consuetudinarias, las derivadas de principios generales de derecho internacional y las pertenecientes al ius cogens representan el núcleo esencial de derechos humanos que protegen de forma universal la dignidad humana.

5. El Estado denunciante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que se haya desligado de la misma, continuará obligado a respetar el núcleo esencial de derechos humanos representado en las normas consuetudinarias, las derivadas de principios generales de derecho internacional y las pertenecientes al ius cogens, como fuentes autónomas del derecho internacional general que protegen de forma universal la dignidad humana, así como las obligaciones que se derivan de la Carta de las Naciones Unidas, en los términos de los párrafos 155 a 157.


ID: OC27
TemaPrincipal: Derechos laborales colectivos y perspectiva de género.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Derechos laborales colectivos y perspectiva de género.
ArtsInterpretados: 13, 15, 16, 24, 25, 26
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género (Interpretación y alcance de los artículos 13, 15, 16, 24, 25 y 26, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los artículos 3, 6, 7 y 8 del Protocolo de San Salvador, de los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Convención de Belem do Pará, de los artículos 34, 44 y 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y de los artículos ii, iv, xiv, xxi y xxii de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre)

Hechos:
La Corte respondió las siguientes preguntas. 1) ¿Cuál es el alcance de los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, y cuál es su relación con los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de reunión y el derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias?;
2) ¿Cuál es el contenido del derecho de las mujeres de ser libres de toda forma de discriminación y violencia en el ejercicio de sus derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga?;
3) ¿Cuál es el alcance del deber del Estado para proteger la autonomía sindical y garantizar la participación efectiva de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales?, y ¿cuál es el alcance de las obligaciones del Estado respecto a garantizar la participación de los sindicatos en el diseño de las normas y políticas públicas relacionadas al trabajo en contextos de cambios en el mercado de trabajo mediante el uso de nuevas tecnologías? 

ParrDestacados:
107. Este Tribunal ha señalado, desde sus primeras sentencias, en relación con el artículo 1.1 de la Convención, que la primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. En ese sentido,la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se tratade esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrarlimitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida lanoción de la restricción al ejercicio del poder estatal142. (C04 y C252)

130. Por otro lado, el Tribunal concluyó, en el Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil, que el derecho a las condiciones equitativas y satisfactorias que aseguren la seguridad, la salud y la higiene en el trabajo, es un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención, al paso que el artículo XIV de la Declaración Americana permite identificar el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias al señalar que toda persona tiene derecho “al trabajo en condiciones dignas”173. (C407)

152. La Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación219. Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto220. La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que, en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico221. (OC04, C351)

183. Por otro lado, esta Corte ha señalado que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases282. Asimismo, ha establecido que la violencia basada en el género, es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer, tal como han señalado otros organismos internacionales de protección de derechos humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité CEDAW283. De esta forma, una vez que se demuestra que la aplicación de una regla lleva a un impacto diferenciado entre mujeres y hombres, el Estado debe probar que se debe a factores objetivos no relacionados con la discriminación284. (Cita CEDAW, C205 y TEDH) (Más adelante en el párrafo, nota 284, cita C289)

criterios de universalidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, garantizando el trabajo digno y decente. Este Tribunal considera que los Estados deben adoptar medidas legislativas y de otro carácter, centradas en las personas, y no principal ni exclusivamente en los mercados, que respondan a los retos y las oportunidades que plantea la transformación digital del trabajo, incluido el trabajo en plataformas digitales330. En específico, los Estados deben adoptar medidas dirigidas a: a) el reconocimiento de los trabajadores y las trabajadoras en la legislación como empleados y empleadas, si en la realidad lo son, pues de esta forma deberán tener acceso a los derechos laborales que les corresponden conforme a la legislación nacional; y, en consecuencia, b) el reconocimiento de los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. En este sentido, cabe mencionar los derechos laborales son universales, por lo que aplican para todas las personas en todos los países en la medida que las disposiciones de los convenios laborales lo establezcan.

212. El Tribunal nota que la emergencia de las plataformas digitales de trabajo ha constituido un importante cambio en la modalidad de trabajo, lo que también conlleva importantes desafíos para los derechos laborales de sus usuarios. La OIT ha señalado que el reto principal que surge del trabajo mediante plataformas, particularmente mediante el uso de apps y mediante el crowdwork, es que el trabajo realizado por medios digitales no reconoce la condición del trabajador o trabajadora como asalariado o asalariada, sino como trabajador o trabajadora independiente332. Esta falta de reconocimiento puede excluir al trabajador o trabajadora de los beneficios laborales de los trabajadores y las trabajadoras, incluida su estabilidad laboral, el salario mínimo, y el acceso a condiciones dignas de empleo, dificultando su posibilidad de ejercer sus derechos sindicales. En este sentido, esta Corte resalta la importancia que tiene el diálogo tripartito, que permita que la política pública y la legislación laboral promueva relaciones profesionales estables y sólidas entre empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras, en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos. El respeto a los principios de la consulta y la colaboración debe ser un elemento esencial de la acción estatal en el diseño e implementación de la política estatal en materia laboral.

MencionOtros:
Art XIV Declaración Americana: “[t]oda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo”, y que “[t]oda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia”

Artículos 6 y 7 del Protocolo de San Salvador, los cuales consagran lo siguiente:
Artículo 6
Derecho al Trabajo
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.
Artículo 7
Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo
Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva...

Vio Grossi en voto concurrente cita también Art. 13 del Protocolo de San Salvador: Art.13: “Artículo 13 Derecho a la Educación 1. Toda persona tiene derecho a la educación.
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.


ID: OC28
TemaPrincipal: Reelección presidencial.
TipoSent: Opinión Consultiva
TemaSecundario: Derechos políticos. Garantías judiciales. Integridad personal.
ArtsInterpretados: 32, 1, 23, 24
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: No aplica
TipoSentSimpl: Opinión Consultiva;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
La figura de la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Interpretación y alcance de los artículos 1, 23, 24 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 3.d de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana)

Hechos:
A raíz de una consulta de Colombia la Corte IDH se expidió sobre las siguientes interrogantes: i) 1) ¿Es la reelección presidencial indefinida un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos? En este sentido, 2) ¿Resultan contrarias al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos las regulaciones que limitan o prohíben la reelección presidencial, ya sea por restringir los derechos políticos del gobernante que busca ser reelegido o por restringir los derechos políticos de los votantes? O, por el contrario, 3) ¿Es la limitación o prohibición de la reelección presidencial una restricción de los derechos políticos
que resulta acorde a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia?
ii) ¿Es la reelección presidencial indefinida compatible con la existencia de la democracia representativa en el sistema interamericano de protección de derechos humanos?

ResumenDisRelevante:
Voto disidente de Pazmiño Freire: 23. Es urgente y actual refrendar una hermenéutica convencional que en sus presupuestos se oriente y esté dispuesta a reconocer que la ‘‘reformulación constitucional [e internacional, incorpore,] introduzca y desarrolle las instituciones más avanzadas [, tales como,] la consulta popular a nivel local o nacional, las elecciones primarias para selección de candidatos, el plebiscito, el referéndum, la revocatoria del mandato de dignidades de elección popular’’11, así como la creación innovadora de nuevas funciones del poder público, como la función electoral, la creación de mecanismos constitucionales de participación ciudadana en la gestión, control y escrutinio del poder público, así como la emergencia de procesos de reformulación constitucional a partir de las asambleas constituyentes con amplia participación social y popular, que nos alejen de las cosméticas reformas y cambios constitucionales legislativos diseñados por jerarcas, élites o grupos exclusivos, censitarios, generalmente beneficiarios de los cambios que dicen producir. (Se cita a sí mismo: 
2010, p. 50. Cfr. Pazmiño, Patricio. Descifrando Caminos. Del Activismo Social a la Justicia Constitucional. Flacso, 8)


