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ID: C001
Caratula: Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Excepciones Preliminares.
TemaPrincipal: Desaparición forzada de personas.
TipoSent: Excepciones Preliminares
TemaSecundario: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad personal.
ArtsInterpretados: 4, 5, 7
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
 Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue apresado en forma violenta y sin mediar orden judicial de captura, por miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras en Tegucigalpa en 1981. Según la denuncia la policía y las fuerzas de seguridad lo habían torturado en tres instalaciones diferentes en un esfuerzo por obtener su confesión por presuntos crímenes políticos. Las
autoridades hondureñas negaron que el estudiante fuera detenido, pero no pudieron proporcionar pruebas sufcientes que refutaran las alegaciones. La Comisión solicitó al gobierno de Honduras información sobre su paradero en varias ocasiones y nunca respondió. Entonces la Comisión aprobó la resolución 30/83 en la cual le ordenaba seguir determinadas conductas. Luego el gobierno hondureño respondió que no se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna y ofreció otros detalles sobre el paradero. La Comisión reconsideró la resolución 30/83 y pidió información sobre agotamiento de recursos internos. Finalmente la Comisión consideró que las informaciones del gobierno no eran suficientes y afirnó que Velasquez continúa desaparecido sin justificación. El gobierno opuso excepciones preliminares. 


ID: C002
Caratula: Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. Excepciones Preliminares.
TemaPrincipal: Desaparición forzada de personas.
TipoSent: Excepciones Preliminares
TemaSecundario: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad personal.
ArtsInterpretados: 4, 5, 7
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Una pareja costarricense desapareció mientras viajaba por Honduras hacia México. La Comisión solicitó información sobre las desapariciones, el gobierno hondureño alegó, sucesivamente, que la pareja nunca ingresó en Honduras, que solo Corrales había entrado en Honduras y que la pareja había entrado y salido del país.
El gobierno ofreció consideró que las siguientes excepciones preliminares debían ser consideradas por la Corte: 
a) falta de declaración formal de admisibilidad por la Comisión; b) omisión del procedimiento de solución amistosa del asunto; c) falta de realización de una investigación in loco; d) aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención, y; e) no agotamiento de los recursos de jurisdicción interna. La Corte por unanimidad determinó que se habían cumplido todas las excepciones preliminares excepto la de agotamiento de recursos internos, cuyo análisis lo remitió junto al tratamiento del fondo.


ID: C003
Caratula: Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Excepciones Preliminares.
TemaPrincipal: Desaparición forzada de personas.
TipoSent: Excepciones Preliminares
TemaSecundario: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad personal.
ArtsInterpretados: 4, 5, 7
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Un profesor desapareció en julio de 1982. Un testigo vio a hombres en uniformes militares arrestar a Cruz
mientras se dirigía al trabajo. Otro testigo afrmó haber visto a Cruz en la penitenciaría central de Tegucigalpa. La comisión solicitó información sobre la desaparición de Cruz al gobierno hondureño, pero el gobierno no proporcionó ninguna evidencia para explicar la desaparición o refutar las acusaciones. Según lo alegado por el Gobierno las excepciones preliminares que la Corte debe considerar son: a) falta de declaración formal de admisibilidad por la Comisión; b) omisión del procedimiento de solución amistosa del asunto; c) falta de realización de una investigación in loco; d) omisión de una audiencia previa; e) aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención, y f) no agotamiento de los recursos de jurisdicción interna. Por unanimidad la CIDH desestimó las excepciones, salvo la de agotamiento de recursos internos que será tratada en la sentencia de fondo.


ID: C004
Caratula: Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo.
TemaPrincipal: Desaparición forzada de personas.
TipoSent: Fondo
TemaSecundario: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad personal.
ArtsInterpretados: 4, 5, 7
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Fondo;
Hechos:
Aprehensión, sin una orden de arresto, de un estudiante local. según testigos, miembros de las fuerzas militares hondureñas lo arrestaron y lo detuvieron. la denuncia relataba que la policía y las fuerzas de seguridad lo habían torturado en tres instalaciones diferentes en un esfuerzo por obtener su confesión por presuntos crímenes políticos. las autoridades hondureñas negaron que el estudiante fuera detenido, pero no pudieron proporcionar pruebas sufcientes que refutaran las alegaciones.

DignidadIndividuo:
Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.

ParrDestacados:
¨Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana¨ (consid. 154). 
¨El aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, lo que constituye,
por su lado, la violación de las disposiciones del artículo 5 de la Convención que reconocen el derecho a la integridad personal¨ (consid. 156). 
¨La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención¨ (consid. 158). 
¨El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado¨ (consid. 165)
¨El solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e inhumano que lesiona la integridad psíquica y moral de la persona y el derecho de todo detenido a un trato respetuoso de su dignidad, en contradicción con los párrafos 1 y 2 del citado artículo...la garantía de la integridad física de toda persona y de que todo aquél que sea privado de su libertad sea tratado con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano, implica la prevención razonable de situaciones virtualmente lesivas de los derechos protegidos¨ (consid. 187). 

FormulasLiterales:
"Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana";"Abandono de los valores que emanan de la dignidad humana";"El aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad y la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano";"El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado";

Etiquetas:
Desaparición forzada y dignidad. Desaparición forzada y dignidad. Detención y dignidad. Dignidad y función pública.

FormulasAbrev:
Actividad del Estado y dignidad. Valores de la dignidad. Dignidad, aislamiento e incomunicación. Límites a función pública.


ID: C005
Caratula: Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo.
TemaPrincipal: Desaparición forzada de personas.
TipoSent: Fondo
TemaSecundario: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad personal.
ArtsInterpretados: 4, 5, 7
ArtsViolados: 4, 5, 7
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Fondo;
Etiquetas: Desaparición forzada y dignidad. Desaparición forzada y dignidad. Dignidad y función pública.
FormulasAbrev: Actividad del Estado y dignidad. Valores de la dignidad. Límites a función pública.
Hechos:
Un profesor que desapareció en julio de 1982. un testigo vio a hombres en uniformes militares arrestar a cruz
mientras se dirigía al trabajo. otro testigo afrmó haber visto a cruz en la penitenciaría central de tegucigalpa. la comisión solicitó información sobre la desaparición de cruz al gobierno hondureño, pero el gobierno no proporcionó ninguna evidencia para explicar la desaparición o refutar las acusaciones.

ParrDestacados:
¨Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana¨ (Consid. 162).
¨La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención¨ (Consid. 166).
¨La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado¨ (Consid. 174). 

FormulasLiterales:
"Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana";"Abandono de los valores que emanan de la dignidad humana";"El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado";


ID: C006
Caratula: Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. Fondo.
TemaPrincipal: Desaparición forzada de personas.
TipoSent: Fondo
TemaSecundario: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad personal.
ArtsInterpretados: 4, 5, 7
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Fondo;
FormulasLiterales: "Abandono de los valores que emanan de la dignidad humana";
Etiquetas: Desaparición forzada y dignidad.
FormulasAbrev: Valores de la dignidad.
Hechos:
Una pareja costarricense desapareció mientras viajaba por Honduras hacia México. La Comisión solicitó información sobre las desapariciones, el gobierno hondureño alegó, sucesivamente, que la pareja nunca ingresó en Honduras, que solo Corrales había entrado en Honduras y que la pareja había entrado y salido del país. La CIDH resolvió que el requisito del agotamiento de los recursos internos se había cumplido pero, en cambio, conforme a las puebas, no podía responsabilizarse a Honduras por estas desapaciciones.

ParrDestacados:
¨Esta práctica significa una ruptura radical del Pacto de San José, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios esenciales en que se fundamentan el sistema interamericano y la propia Convención¨ (consid. 151).


ID: C007
Caratula: Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Desaparición forzada de personas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad personal.
ArtsInterpretados: 4, 5, 7
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Se produjo una aprehensión, sin una orden de arresto, de un estudiante local. según testigos, miembros de las fuerzas militares hondureñas lo arrestaron y lo detuvieron. la denuncia relataba que la policía y las fuerzas de seguridad lo habían torturado en tres instalaciones diferentes en un esfuerzo por obtener su confesión por presuntos crímenes políticos. Las autoridades hondureñas negaron que el estudiante fuera detenido, pero no pudieron proporcionar pruebas sufcientes que refutaran las alegaciones.


ID: C008
Caratula: Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Desaparición forzada de personas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad personal.
ArtsInterpretados: 4, 5, 7
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Un profesor desapareció en julio de 1982. Un testigo vio a hombres en uniformes militares arrestar a Cruz
mientras se dirigía al trabajo. Otro testigo afrmó haber visto a Cruz en la penitenciaría central de Tegucigalpa. La comisión solicitó información sobre la desaparición de cruz al gobierno hondureño, pero el gobierno no proporcionó ninguna evidencia para explicar la desaparición o refutar las acusaciones. La CIDH estableció que Honduras había violado los arts. 4, 5 y 7 de la CADH.


ID: C009
Caratula: Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Desaparición forzada de persona.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad personal.
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Aprehensión, sin una orden de arresto, de un estudiante local. según testigos, miembros de las fuerzas militares hondureñas lo arrestaron y lo detuvieron. la denuncia relataba que la policía y las fuerzas de seguridad lo habían torturado en tres instalaciones diferentes en un esfuerzo por obtener su confesión por presuntos crímenes políticos. Las autoridades hondureñas negaron que el estudiante fuera detenido, pero no pudieron proporcionar pruebas sufcientes que refutaran las alegaciones.


ID: C010
Caratula: Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones.
TemaPrincipal: Desaparición forzada de personas.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Reparaciones
TemaSecundario: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad personal.
ArtsInterpretados: 4, 5, 7
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Un profesor desapareció en julio de 1982. Un testigo vio a hombres en uniformes militares arrestar a Cruz
mientras se dirigía al trabajo. Otro testigo afrmó haber visto a Cruz en la penitenciaría central de Tegucigalpa. La comisión solicitó información sobre la desaparición de Cruz al gobierno hondureño, pero el gobierno no proporcionó ninguna evidencia para explicar la desaparición o refutar las acusaciones. La CIDH consideró que Honduras había violado los arts. 4, 5 y 7 de la CADH.


ID: C011
Caratula: Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Fondo.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por detención ilegal y asesinato de personas.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 7, 25
ArtsViolados: 1, 2, 5, 7, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Surinam
TipoSentSimpl: Fondo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Según la denuncia presentada ante la Comisión el 15 de enero de 1988, los hechos materia de la denuncia sucedieron en Atjoni (desembarcadero de la aldea dePokigron en el Distrito de Sipaliwini) y en Tjongalangapassi, a la altura del kilómetro 30 del Distrito de Brokopondo. En Atjoni, más de 20 cimarrones (bushnegroes),
varones e inermes fueron golpeados con las culatas de las armas de fuego de los soldados que, bajo la sospecha de que eran miembros del Comando de la Selva, los detuvieron. Algunos de ellos fueron heridos gravemente con bayonetas y cuchillos. 
Se les obligó a acostarse boca abajo en el suelo y los militares les pisaron la espalda y los orinaron. De acuerdo con la denuncia estos hechos ocurrieron en presencia de unas 50 personas. Tanto las víctimas como los espectadores venían de Paramaribo. Para regresar a su aldea tenían que pasar por Atjoni. Todos negaron que ellos
pertenecieran al Comando de la Selva. El Capitán de la aldea de Gujaba informó explícitamente al Comandante Leeflang del Ejército que se trataba de civiles de varias aldeas. Este desatendió dicha intervención.
 Después de los hechos ocurridos en Atjoni, los militares permitieron que algunos de los cimarrones prosiguieran su viaje, pero siete personas, entre ellas un menor de 15 años de edad, fueron arrastradas con los ojos vendados al interior de un vehículo militar y llevadas por el camino de Tjongalangapassi rumbo a Paramaribo. Antes de partir, un militar dijo que celebrarían el fin de año con ellos.
Los nombres de las personas que los militares se llevaron en un vehículo, su lugar de origen y fecha de nacimiento (en algunos casos) son los siguientes: Daison Aloeboetoe, de Gujaba, nacido el 7 de junio de 1960; Dedemanu Aloeboetoe, de Gujaba; Mikuwendje Aloeboetoe, de Gujaba, nacido el 4 de febrero de 1973; John
Amoida, de Asindonhopo (vivía en Gujaba); Richenel Voola, alias Aside o Ameikanbuka, de Grantatai (encontrado vivo); Martin Indisie Banai, de Gujaba, nacido el 3 de junio de 1955 y Beri Tiopo, de Gujaba.
 Continúa diciendo la denuncia que a la altura del kilómetro 30 el vehículo se detuvo y los militares ordenaron a las víctimas que salieran de él; a las que no lohicieron las sacaron a la fuerza. Se les dio una pala y a poca distancia del camino se les ordenó que comenzaran a excavar. Al preguntar una de las víctimas sobre el  objeto de esta excavación, un militar respondió que iban a plantar caña de azúcar y otro repitió que iban a celebrar el fin de año con ellos. Aside trató de escapar, dispararon contra él, cayó herido y no lo persiguieron. Poco tiempo después se oyó un tiroteo y un griterío. Los otros seis cimarrones fueron asesinados.
 El sábado 2 de enero de 1988, hombres de Gujaba y de Grantatai salieron con destino a Paramaribo para demandar información de las autoridades sobre las siete víctimas. Al llegar a Paramaribo nadie pudo dar información sobre su paradero. En dicho lugar visitaron a Orna Albitrouw (Coordinador del Interior en Volksmobilisatie) y a la Policía Militar en Fuerte Zeelandia, en donde trataron de ver a Vaandrig Achong, Jefe del S-2. El lunes 4 de enero regresaron a la zona de Tjongalanga y al llegar al kilómetro 30 a las 7 de la noche encontraron a Aside gravemente herido y en estado crítico, así como los cadáveres de las otras víctimas. Aside, que tenía una bala enterrada en el muslo derecho sobre la rodilla, indicó que él era el único sobreviviente de la masacre, cuyas víctimas ya habían sido en parte devoradas por los buitres. La herida de Aside se hallaba infectada de gusanos y sobre el omóplato derecho tenía una cortada en forma de equis. El grupo regresó a Paramaribo. El
representante de la Cruz Roja Internacional obtuvo permiso para evacuar al señor Aside después de 24 horas de negociación con las autoridades. Este fue admitido en el Hospital Académico de Paramaribo el 6 de enero de 1988, falleció días después.El 6 de enero los familiares de las otras víctimas no habían obtenido autorización para enterrar

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Libertad personal. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.

ParrDestacados:
En la audiencia del 2 de diciembre de 1991, que fue convocada para conocer las excepciones preliminares (supra 10), el agente de Suriname manifestó que “[l]a República de Suriname, en cuanto al primer caso siguiendo el procedimiento que inicialmente determinó la Corte, reconoce la responsabilidad consecuente sobre el
caso Pokigron, mejor conocido como Aloeboetoe y otros”. Más adelante añadió: “simplemente quiero reiterar [que Suriname] reconoce la responsabilidad en este caso”. Luego, ante una aclaración solicitada por el delegado de la Comisión, señor Jackman, el agente de Suriname expresó: “Yo creo que fue claro lo que dije: reconoce la responsabilidad y, por lo tanto, la Corte tiene el derecho de cerrar el caso, archivar el caso, determinar las indemnizaciones correspondientes o hacer lo que a derecho corresponda”.
 La Corte considera que, dado el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Gobierno de Suriname, ha cesado la controversia en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso. Por lo tanto, corresponde a la Corte decidir sobre las reparaciones y sobre las costas del procedimiento.


ID: C012
Caratula: Caso Gangaram Panday vs. Surinam. Excepciones Preliminares.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la detención ilegal de personas.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: No invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Surinam
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso se iniciaron el 5 de noviembre de 1988 cuando Asok Gangaram Panday llegó al aeropuerto de Zanderij en Surinam procedente de Holanda. Inmmediatamente fue detenido por miembros de la Policía Militar, bajo el alegato de que se debían investigar las razones de su expulsión de Holanda. Es así como fue trasladado a una celda dentro de un albergue para deportados, situado en la Brigada Militar en Zanderij. 
Asok Gangaram Panday permaneció detenido en dicho centro desde la noche del día 5 de noviembre hasta  la madrugada del 8 de noviembre de 1988, cuando se encontró su cuerpo sin vida producto de su ahorcamiento.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Protección judicial.


ID: C013
Caratula: Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por asesinato de personas durante operativo militar.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
 Los hechos del presente caso se centran durante el operativo militar realizado en el establecimiento penal de El Frontón durante los días 18 y 19 de junio de 1986. Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar se encontraban detenidos en dicho centro penitenciario en calidad de procesados como presuntos autores del delito de terrorismo.
El 18 de junio de 1986 se produjo un amotinamiento en El Frontón. Como consecuencia, el gobierno ordenó que las Fuerzas Armadas retomen el contro del centro penitenciario. Luego de numerosos bombardeos, 111 internos fallecieron, dentro de los cuales se encontraban Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar. 
Sus familiares presentaron un recurso de hábeas corpus que fue declarado improcedente debido a que se había decretado un estado de emergencia. De otro lado se abrió instrucción en la jurisdicción penal militar para determinar una posible responsabilidad de los miembras de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo. No obstante se sobreseyó la causa y se determinó la no responsabilidad de los encausados.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Protección judicial.


ID: C014
Caratula: Caso Cayara vs. Perú. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 21, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 8, 21, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: no consigna
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso sucedieron el 18 de noviembre de 1988. Como consecuencia de un presunto ataque del grupo armado Sendero Luminio, las Fuerzas Armadas del Perú ingresaron a la población de Cayara en tanto asumían que los miembros de dicho grupo se encontraban en dicha localidad. Cuarenta personas fueron ejecutadas y ocho torturadas.
Asimismo se ocasionaron daños en sus propidades privadas. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por presunto asesinato de pobladores por parte de Fuerzas Armadas y archivamiento de causa.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales. Libertad personal. Propiedad privada. Protección judicial.


ID: C015
Caratula: Caso Aloeboetoe y Otros vs. Surinam. Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por detención ilegal y asesinato de personas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 7, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: no se consigna
PaisDemandado: Surinam
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso sucedieron el 31 de diciembre de 1987 en el distrito de Brokopondo. Alrededor de 20 cimarrones se encontraban por dicha zona a fin de regresar a sus hogares luego de haber estado en la ciudad de Paramaribo. Miembros de las fuerzas armadas detuvieron a estas personas bajo la sospecha de que eran miembros del Comando de la Selva y posteriormente fueron golpeados con las culatas de las armas de fuego de los soldados. Algunos de ellos fueron heridos gravemente con bayonetas y cuchillos.  Se les obligó a acostarse boca abajo en el suelo y los militares les pisaron la espalda y los orinaron.
Luego de ello los militares permitieron que los cimarrones prosiguieran su viaje con excepción de siete personas: Daison Aloeboetoe, Dedemanu Aloeboetoe, Mikuwendje Aloeboetoe, John Amoida, Richenel Voola, Martin Indisie Banai y Beri Tiopo. Ellos fueron arrastrados con los ojos vendados al interior de un vehículo militar y llevados rumbo a Paramaribo.
Antes de llegar a Paramaribo, el vehículo se detuvo y los militares ordenaron a las víctimas que salieran de él; a las que no lo hicieron las sacaron a la fuerza.  Se les dio una pala y a poca distancia del camino se les ordenó que comenzaran a excavar.  Richenel Voola trató de escapar pero los militares dispararon contra él. Poco tiempo después las otras seis personas fueron asesinadas por los militares.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Libertad personal. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.


ID: C016
Caratula: Caso Gangaram Panday vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por detención ilegal y asesinato de personas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 7, 25
ArtsViolados: 1, 2, 5, 7, 25
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: no consigna
PaisDemandado: Surinam
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
 Los hechos del presente caso se iniciaron el 5 de noviembre de 1988 cuando Asok Gangaram Panday llegó al aeropuerto de Zanderij en Surinam procedente de Holanda. Inmmediatamente fue detenido por miembros de la Policía Militar, bajo el alegato de que se debían investigar las razones de su expulsión de Holanda. Es así como fue trasladado a una celda dentro de un albergue para deportados, situado en la Brigada Militar en Zanderij. 
 Asok Gangaram Panday permaneció detenido en dicho centro desde la noche del día 5 de noviembre hasta  la madrugada del 8 de noviembre de 1988, cuando se encontró su cuerpo sin vida producto de su ahorcamiento.

 

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Protección judicial.


ID: C017
Caratula: Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Excepciones Preliminares.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la detención y posterior desaparición de personas.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso se produjeron en el Municipio de San Alberto, departamente del Cesar en 1989. En dicha época la región era una zona de intensa actividad del Ejército, paramilitares y guerrilleros.
El 7 de febrero de 1989 cuando Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, miembros del Movimiento 19 de Abril, fueron detenidos por miembros del Ejército y por varios civiles que trabajaban con ellos. 
Los familiares de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana iniciaron su búsqueda en diversas instalaciones militares. Sin embargo, las autoridades a cargo de dichos centros negaron hubieran sido aprehendidos. Asimismo, se entablaron acciones judiciales y administrativas para ubicar el paradero de los desaparecidos y sancionar a los responsables directos. Sin embargo, ninguna de estas acciones obtuvo un resultado positivo.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial.


ID: C018
Caratula: Caso Maqueda vs. Argentina. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso se iniciaron el 23 de enero de 1989 cuando Guillermo Maqueda, miembro activo del Movimiento Todos por la Patria, intentó participar de una movilización pacífica cerca de un cuartel en la zona de La Tablada. No obstante, dicha movilización no se llevó a cabo puesto que en dicha zona se originó un enfrentamiento armado, resultado de la acción de un grupo de personas que intentaron la toma del cuartel.
El 19 de mayo de 1989, Guillermo Maqueda fue detenido y luego condenado a diez años de prisión por los delitos de asociación ilícita calificada, rebelión, usurpación, robo agravado, entre otros. Los representantes del señor Maqueda interpusieron un recurso extraordinario y luego un recurso de queja, ambos de ellos denegados.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por los actos de secuestro, detención arbitraria, trato inhumano, tortura y asesinato cometidos por agentes del Estado, así como la falta de investigación y sanción de responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial. Tortura. Trato cruel y degradante. Trato inhumano.


ID: C019
Caratula: Caso El Amparo vs. Venezuela. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 51, 1, 2, 4, 5, 8, 24, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 8, 24, 25
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Fondo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
16 pescadores fueron atacados por efectivos militares y policiales del "Comando Específico José Antonio Páez" (CEJAP), quienes en ese momento realizaban un operativo militar. 14 murieron y 2 pudieron escapar nadando. Los sobrevivientes fueron con Comandante de la Policía de El Amparo, quien les brindó protección. El comandante fue presionado para que los entregara al Ejército.

TemaPrincipal:
Reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por la muerte y lesiones de personas, a cargo de militares.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales. Igualdad ante la ley. Protección judicial.


ID: C020
Caratula: Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Fondo.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por asesinato de personas durante operativo militar.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 25, 27
ArtsViolados: 1, 4, 7, 27
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
FallosCitados: Caso Velásquez Rodríguez y caso Godínez Cruz
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;
Etiquetas: Detención y dignidad. Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Detención compatible con dignidad. Prueba lesión de dignidad.
Hechos:
El 18 de junio de 1986 Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar se encontraban detenidos en el establecimiento penal San Juan Bautista (conocido como “El Frontón”), procesados como presuntos autores del delito de terrorismo. Ese día ocurrió un motín, por lo que el gobierno delegó en las Fuerzas Armadas el control de los penales, quedando incluido el penal San Juan Bautista dentro de las “zonas militares restringidas”. Tras la intervención de las Fuerzas Armadas, las tres personas quedaron desaparecidas, y sus familiares no volvieron a tener noticia sobre ellos.
Los familiares presentaron un recurso de hábeas corpus, que fue declarado improcedente debido a que se había decretado un estado de emergencia y que el Penal San Juan Bautista estaba incluido en la zona militar restringida. A su vez, se abrió instrucción en la jurisdicción penal militar para determinar una posible responsabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron presentes en el operativo. Sin embargo, se sobreseyó la causa y se determinó la no responsabilidad de los encausados.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Protección judicial.

ParrDestacados:
60. En los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.

86. Este Tribunal considera que en este caso el Gobierno no ha infringido el artículo 5 de la Convención, pues si bien pudiera entenderse que cuando se priva de la vida a una persona también se lesiona su integridad personal, no es este el sentido del citado precepto de la Convención que se refiere, en esencia, a que nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. No está demostrado que las
tres personas a que se refiere este asunto hubiesen sido objeto de malos tratos o que se hubiese lesionado su dignidad por parte de las autoridades peruanas durante el tiempo en que estuvieron detenidas en el Penal San Juan Bautista. Tampoco existe prueba de que se hubiese privado a dichas personas de las garantías judiciales a que se refiere el artículo 8 de la Convención, durante los procesos que se siguieron en su contra.

FormulasLiterales:
"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"No está demostrado que las personas involucradas hubiesen sido objeto de malos tratos o que se hubiese lesionado su dignidad";


ID: C021
Caratula: Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
TemaSecundario: Garantías judiciales y procesales. Igualdad ante la ley. Protección judicial.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 24, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Nicaragua
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
A las 8:35 de la noche del 28 de octubre de 1990.  Jean Paul Genie Lacayo, de 16 años de edad, residente en la ciudad de Managua, se dirigía en automóvil a su domicilio en el reparto Las Colinas. Luego de detenerse en un restaurante entró a la carretera que conduce a Masaya y entre los Kms. 7 y 8 se encontró con una caravana de vehículos con efectivos militares quienes, al ver que los trataba de sobrepasar, le dispararon con sus armas. La víctima no murió inmediatamente pero fue abandonada en la carretera y murió de shock hipovolémico a consecuencia de la hemorragia. 
Sus familiares presentaron una serie de recursos ante instancias administrativas, policiales, judiciales y militares, todos ellos dirigidos a investigar y sancionar a los responsables de la muerte de Jean Paul Genie Lacayo. No obstante, existieron numerosos obstáculos en la investigación, y no se llegó a identificar y sancionar a los autores.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por las deficiencias en la investigación de la muerte de una persona, así como la falta de sanción a los responsables.


ID: C022
Caratula: Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Fondo.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la detención y posterior desaparición de personas.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 4, 7
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: Sí
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso se produjeron en el Municipio de San Alberto, departamente del Cesar en 1989. En dicha época la región era una zona de intensa actividad del Ejército, paramilitares y guerrilleros.
El 7 de febrero de 1989, en el lugar conocido como la vereda Guaduas, Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana fueron capturados por una patrulla militar (y por varios civiles que trabajaban con ellos). La detención se habría producido por la activa participación del señor Isidro Caballero Delgado como dirigente sindical del magisterio santandereano.
La familia de Isidro Caballero Delgado y varios organismos sindicales y de derechos humanos iniciaron la búsqueda de los detenidos en instalaciones militares, donde se negó que tanto Isidro Caballero Delgado como María del Carmen Santana hubieran sido aprehendidos. Se entablaron acciones judiciales y administrativas para ubicar el paradero de los desaparecidos y sancionar a los responsables directos, pero no se obtuvieron resultados positivos.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial.

ResumenDisRelevante:
La disidencia del juez Máximo Pacheco Gómez en su primer punto trasncribe el artículo 5 de la Convención. En el segundo, expresa: 
"Con las declaraciones de los testigos Elida González y Gonzalo Arias Alturo ha quedado acreditado fehacientemente que Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana no fueron tratados con el respeto debido a su dignidad como personas humanas."
El testimonio de Elida Vergel expresaba que mientras transitaba por el mismo lugar en que fueron capturadas las víctimas, fue retenida por la misma patrulla del Ejército y dejada en libertad. Ella pudo observar a Isidro Caballero Delgado con un uniforme militar camuflado y a una mujer totalmente desnuda con las manos amarradas hacia atrás que iba con ellos.
Arias Alturo declaró formar parte de un equipo formado para capturar a Caballero, vestidos como guerrilleros; y explocó cómo lo amarraron y asesinaron.


ID: C023
Caratula: Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Según la demanda, en cada uno de los delitos que se alegan en ella, el “modus operandi” era el siguiente: miembros de la Guardia de Hacienda de Guatemala, fuertemente armados, detenían por la fuerza a personas y las obligaban a subir a una panel (camioneta) blanca. Estos secuestros tuvieron lugar en la ciudad de Guatemala entre fines de diciembre de 1987 y febrero de 1988, con excepción de un secuestro y ejecución ocurridos en junio de
1987. En todos los casos alegados, agentes de la Guardia de Hacienda detuvieron a las personas sin ninguna orden judicial. Algunos de los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la Guardia de Hacienda y torturados; otros fueron ejecutados después de ser torturados y sus cuerpos abandonados pocos días después de su detención en las calles de la ciudad de Guatemala y sus alrededores.
Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López, Erik Leonardo Chinchilla, Augusto Angárita Ramírez, Doris Torres Gil, José Antonio Montenegro, Oscar Vásquez y Marco Antonio Montes Letona fueron detenidos en diversas fechas. Asimismo, fueron objeto de maltratos y torturas. Cinco de estas personas también fueron asesinadas. Sus cuerpos, con signos de violencia física, fueron abandonados el mismo día o días después de su detención, en las calles de la ciudad de Guatemala y en sus alrededores.
A pesar de haberse interpuesto recursos judiciales, no hubo avances avances significativos en la investigación o en la identificación de los responsables.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por los actos de secuestro, detención arbitraria, trato inhumano, tortura y asesinato cometidos por agentes del Estado contra personas y por la falta de investigación y sanción de responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial. Tortura. Trato cruel y degradante. Trato inhumano.


ID: C024
Caratula: Caso Castillo Páez vs. Perú. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 21 de octubre de 1990, el señor Ernesto Rafael Castillo Páez, estudiante universitario y profesor de 22 años de edad, fue detenido por agentes de la Policía General, integrantes de la Policía Nacional en la ciudad de Lima. Según testigos presenciales, lo despojaron de sus anteojos, lo golpearon, lo esposaron y lo introdujeron a la maletera (baúl) de un vehículo policial, que partió con rumbo desconocido. La detencion se habría producido después de un atentado del grupo subversivo "Sendero Luminoso", cuyos integrantes produjeron estallidos explosivos en la zona del Monumento a la Mujer en este distrito. 
Los padres de Castillo recibieron una llamada anónima que les informó que su hijo había sido detenido por la policía. Ellos iniciaron su búsqueda, y al no encontrarlo en las diversas dependencias policiales, iniciaron las gestiones judiciales para localizarlo. Presentaron una serie de recursos judiciales; no obstante, no se realizaron mayores investigaciones y no se pudo sancionar a los responsables.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de personas por parte de agentes policiales.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la verdad. Derecho a la vida. Familia. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial.


ID: C025
Caratula: Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 6 de febrero de 1993 María Elena Loayza Tamayo, una profesora de la Universidad de San Martín de Porres, junto a un familiar, fue arrestada por miembros de la División Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) de la Policía Nacional de Perú, en un inmueble de su propiedad. Los agentes policiales no presentaron orden judicial de arresto ni mandato de la autoridad competente. La detención se produjo por la acusación de Angélica Torres García ante las autoridades policiales en las que denunció a Tamayo como presunta colaboradora del grupo subversivo Sendero Luminoso. 
Tamayo permaneció diez días incomunicada y fue objeto de torturas y tratos crueles, con la finalidad de que se autoinculpara y declarara pertenecer al Partido Comunista de Perú - Sendero Luminoso. El 26 de febrero de 1993 se la presentó a la prensa, vestida con un traje a rayas, imputándosele el delito de traición a la patria.  Luego de ello fue procesada y posteriormente absuelta por el delito de traición a la patria en el fuero militar. Seguidamente fue procesada en el fuero ordinario por el delito de terrorismo y fue condenada a 20 años de pena privativa de la libertad.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por los tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas, así como la falta de garantías y protección judicial para cuestionar su detención y el proceso en jurisdicción penal militar.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Protección judicial. Suspensión de garantías. Tortura. Trato cruel y degradante. Trato inhumano.


ID: C026
Caratula: Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 8, 24
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 28 de abril de 1990, fueron detenidos por personal uniformado de la Policía de Mendoza los señores Garrido y Baigorria cuando circulaban en un vehículo. Estas personas fueron interrogadas (o detenidas) por al menos cuatro agentes policiales. Los familiares de Garrido fueron avisados de lo que ocurrió una hora después por los relatos de un testigo de las detenciones. Los familiares iniciaron la búsqueda de inmediato y descubrieron que Garrido no se hallaba detenido en ninguna dependencia policial, aunque en una comisaría estaba el vehículo en el que las víctimas se encontraban en el momento de la detención.

TemaPrincipal:
Reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada de personas por parte de agentes policiales.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.


ID: C027
Caratula: Caso Blake vs. Guatemala. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 13, 22, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 8, 13, 22, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: "Abandono de los valores que emanan de la dignidad humana";
Etiquetas: Desaparición forzada y dignidad.
FormulasAbrev: Valores de la dignidad.
Hechos:
Los hechos del presente caso se iniciaron el 26 de marzo de 1985, cuando los ciudadanos norteamericanos Nicholas Blake, periodista, y Griffith Davis, fotógrafo, salieron de la ciudad de Huehuetenango rumbo a la aldea El Llano. En dicho lugar fueron detenidos por la Patrulla de Autodefensa Civil de El Llano.
Luego de ser llevados a un sitio denominado Los Campamentos fueron asesinados y sus cadáveres fueron arrojados en la maleza. Los restos de Griffith Davis fueron encontrados el 16 de marzo de 1992 mientras que los de Nicholas Blake el 14 de junio de 1992.
Durante su desaparición, los familiares de Nicholas Blake iniciaron una serie de acciones judiciales a fin de ubicar su paradero, lo cual resultó infructuoso. Asimismo, no se había investigado los hechos ni sancionado a los responsables. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la ineficacia en la investigación y sanción de los responsables de la detención y muerte de una persona.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Desaparición forzada. Garantías judiciales y procesales. Libertad de circulación y residencia. Libertad de pensamiento y expresión. Libertad personal. Protección judicial.

FallosCitados:
Caso Velásquez Rodriguez, sentencia de 29 de julio de 1998 C004; y Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989 C005.

ParrDestacados:
[l]a desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y
continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados
Partes están obligados a respetar y garantizar... La práctica de desapariciones, a más
de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas,
significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los
valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente
fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención. La existencia de esa
práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del
Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención (Caso
Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs. 155 y 158
y Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párrs. 163 y
166).


ID: C029
Caratula: Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por asesinato de personas durante operativo militar.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 25, 27
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso se centran durante el operativo militar realizado en el establecimiento penal de El Frontón durante los días 18 y 19 de junio de 1986. Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar se encontraban detenidos en dicho centro penitenciario en calidad de procesados como presuntos autores del delito de terrorismo.
El 18 de junio de 1986 se produjo un amotinamiento en El Frontón. Como consecuencia, el gobierno ordenó que las Fuerzas Armadas retomen el contro del centro penitenciario. Luego de numerosos bombardeos, 111 internos fallecieron, dentro de los cuales se encontraban Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar. 
Sus familiares presentaron un recurso de hábeas corpus que fue declarado improcedente debido a que se había decretado un estado de emergencia. De otro lado se abrió instrucción en la jurisdicción penal militar para determinar una posible responsabilidad de los miembras de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo. No obstante se sobreseyó la causa y se determinó la no responsabilidad de los encausados.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Protección judicial.


ID: C030
Caratula: Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Garantías judiciales y procesales. Igualdad ante la ley. Protección judicial.
ArtsInterpretados: 51.2, 1, 2, 8, 24, 25
ArtsViolados: 1, 8
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Nicaragua
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
A las 8:35 de la noche del 28 de octubre de 1990  Jean Paul Genie Lacayo, de 16 años de edad, residente en la ciudad de Managua, se dirigía en automóvil a su domicilio en el reparto Las Colinas. Luego de detenerse en un restaurante entró a la carretera que conduce a Masaya y entre los Kms. 7 y 8 se encontró con una caravana de vehículos con efectivos militares quienes, al ver que los trataba de sobrepasar, le dispararon con sus armas. La víctima no murió inmediatamente pero fue abandonada en la carretera y murió de shock hipovolémico a consecuencia de la hemorragia. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por las deficiencias en la investigación de la muerte de una persona, así como la falta de sanción a los responsables.


ID: C031
Caratula: Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la detención y posterior desaparición de personas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 7
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
"Los hechos del presente caso se produjeron en el Municipio de San Alberto, departamente del Cesar en 1989. En dicha época la región era una zona de intensa actividad del Ejército, paramilitares y guerrilleros.
El 7 de febrero de 1989 cuando Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, miembros del Movimiento 19 de Abril, fueron detenidos por miembros del Ejército y por varios civiles que trabajaban con ellos. 
Los familiares de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana iniciaron su búsqueda en diversas instalaciones militares. Sin embargo, las autoridades a cargo de dichos centros negaron hubieran sido aprehendidos. Asimismo, se entablaron acciones judiciales y administrativas para ubicar el paradero de los desaparecidos y sancionar a los responsables directos. Sin embargo, ninguna de estas acciones obtuvo un resultado positivo."

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial.


ID: C032
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 19, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Excepciones Preliminares.

Hechos:
El 15 de junio de 1990, en la zona conocida como “Las Casetas”, una camioneta se acercó a Henry Giovanni Contreras, de 18 años de edad, Federico Clemente Figueroa Túnchez, de 20 años, Julio Roberto Caal Sandoval, de 15 años y Jovito Josué Juárez Cifuentes, de 17 años. De dicho vehículo descendieron hombres armados miembros de la policía, quienes los obligaron a subir al mismo. Luego de estar retenidos por unas horas, fueron asesinados. Asimismo, el 25 de junio de 1990 fue asesinado Anstraum Aman Villagrán Morales, mediante un disparo de arma de fuego, en el sector de “Las Casetas”. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables de los hechos.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la detención y posterior asesinato de personas por parte de agentes policiales y por falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derechos de los niños y las niñas. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial. Tortura. Trato cruel y degradante. Trato inhumano.


ID: C033
Caratula: Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;
Etiquetas: Dignidad y uso de la fuerza.
FormulasAbrev: Uso de la fuerza.
Hechos:
"El 6 de febrero de 1993 María Elena Loayza Tamayo, profesora universitaria, fue detenida por miembros de la División Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) en un inmueble ubicado en el Distrito Los Olivos, en la ciudad de Lima. La detención se produjo en base a su presunta colaboración con el grupo armado Sendero Luminoso. 
María Elena Loayza Tamayo fue llevada al centro de la DINCOTE donde estuvo incomunidad e imposibilitada de presentar un recurso judicial para cuestionar su detención. Luego de ella fue exhibida como terrorista públicamente a través de medios de comunicación con un traje a rayas. Luego de ello fue procesada y posteriormente absuelta por el delito de traición a la patria en el fuero militar. Seguidamente fue procesada en el fuero ordinario por el delito de terrorismo y fue condenada a 20 años de pena privativa de la libertad."

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por los tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas, así como la falta de garantías y protección judicial para cuestionar su detención y el proceso en jurisdicción penal militar.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Protección judicial. Suspensión de garantías. Tortura. Trato cruel y degradante. Trato inhumano.

ParrDestacados:
57. La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos
y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta. La Corte Europea de Derechos Humanos ha manifestado que, aún en la ausencia de lesiones, los sufrimientos en el plano físico y moral, acompañados de turbaciones psíquicas durante los interrogatorios, pueden ser considerados como tratos inhumanos. El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima (cf. Case of Ireland v. the United Kingdom, Judgment of 18 January 1978, Series A no. 25. párr. 167). Dicha situación es agravada por la vulnerabilidad de una persona ilegalmente detenida (cf. Case Ribitsch v. Austria, Judgment of 4 December 1995, Series A no. 336, párr. 36). Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana (cf. Ibid., párr. 38) en violación del artículo 5 de la Convención Americana. Las necesidades de la investigación y las dificultades innegables del combate al terrorismo no deben acarrear restricciones a la protección de la integridad física de la persona.

58. Aún cuando la Comisión alegó en su demanda que la víctima fue violada durante su detención, la Corte, después de analizar el expediente y, dada lanaturaleza del hecho, no está en condiciones de darlo por probado. Sin embargo, los otros hechos alegados como la incomunicación durante la detención, la exhibición pública con un traje infamante a través de medios de comunicación, el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, los golpes y otros maltratos como el ahogamiento, la intimidación por amenazas de otros actos violentos, las restricciones al régimen de visitas (supra, párr. 46 c., d., e., k. y l.), constituyen formas de tratos
crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 5.2. de la Convención Americana. De las alegaciones y pruebas examinadas aparecen elementos graves y convergentes, y no desvirtuados por el Estado, que permiten válidamente presumir la existencia de una práctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes en la cual se enmarca el presente caso de la señora María Elena Loayza Tamayo, en violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana.

MencionOtros:
Case of Ireland v. the United Kingdom, Judgment of 18 January 1978, Series A no. 25. párr. 167
Case Ribitsch v. Austria, Judgment of 4 December 1995, Series A no. 336, párr. 36 - 38

FormulasLiterales:
"Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana";


ID: C034
Caratula: Caso Castillo Páez vs. Perú. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 4, 5, 7, 8, 17, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;
Etiquetas: Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Introducción en maletera de vehículo.
Hechos:
Ernesto Rafael Castillo Páez salió de su casa el 21 de octubre de 1990. Ese mismo día el grupo subversivo "Sendero Luminoso"  produjo explosiones en la zona del “Monumento a la Mujer” (ciudad de Lima, Perú). Poco después de las explosiones, las fuerzas de seguridad peruanas organizaron una operación para detener a sus responsables. Durante esta operación, un vehículo patrullero se acercó al señor Ernesto Castillo Páez y del él descendieron policias que lo golpearon y lo obligaron a subirse al baúl del vehículo. Desde ese momento no se supo de su paradero.
Los familiares de Ernesto Rafael Castillo Páez iniciaron su búsqueda. Al no encontrarlo en las diversas dependencias policiales, presentaron una serie de recursos judiciales para localizarlo. No obstante, no se realizaron mayores investigaciones y no se pudo sancionar a los responsables.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de personas por parte de agentes policiales.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la verdad. Derecho a la vida. Familia. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial.

ParrDestacados:
66. La Corte da por probado con las declaraciones de los testigos presenciales, que el señor Castillo Páez, después de ser detenido por agentes de la Policía fue introducido en la maletera del vehículo oficial (supra, párr. 43.d.). Lo anterior constituye una infracción al artículo 5 de la Convención que tutela la integridad personal, ya que, aún cuando no hubiesen existido otros maltratos físicos o de otra índole, esa acción por sí sola debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

FormulasLiterales:
"El haber sido introducido en la maletera del vehículo por agentes de Policía es una acción que, por sí sola, debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano";


ID: C035
Caratula: Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 5, 7, 8, 11, 17, 25
ArtsViolados: 1, 2, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El señor Rafael Iván Suárez Rosero fue arrestado a el 23 de junio de 1992 por agentes de la Policía Nacional del Ecuador, en el marco de la operación policíaca "Ciclón", cuyo objetivo era “desarticular a una de las más grandes organizaciones del narcotráfico internacional”, en virtud de una orden policial emitida a raíz de una denuncia hecha por residentes del sector de Zámbiza, en la ciudad de Quito, quienes manifestaron que los ocupantes de un vehículo “Trooper” se encontraban incinerando lo que, en apariencia, era droga. El el señor Suárez Rosero fue detenido sin orden emitida por autoridad competente y sin haber sido sorprendido en flagrante delito. El señor Suárez no contó con un abogado durante su primer interrogatorio. Estuvo incomunicado en una celda de de cinco por tres metros, con otras dieciséis personas. Durante su incomunicación no pudo recibir visitas de su familia o comunicarse con un abogado.
Se interpuso un recurso de hábeas corpues para cuestionar la detención. Sin embargo, éste fue rechazado. El 9 de septiembre de 1996 se dictó una sentencia condenatoria donde se resolvió que el señor Suárez Rosero era encubridor del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Fue sentenciado a dos años de prisión y una multa de dos mil salarios mínimos vitales generales
El señor Suárez Rosero en ningún momento fue citado ante autoridad judicial competente para ser informado de los cargos en su contra.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la detención ilegal y arbitraria de personas por parte de agentes policiales, así como la falta de diligencia en el proceso penal dado.

TemaSecundario:
Derecho a la honra y la intimidad. Derecho a la integridad personal. Dignidad. Familia. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial.

ParrDestacados:
84. La Comisión solicitó a la Corte declarar que la incomunicación a la cual fue sometido el señor Suárez Rosero durante 36 días violó el artículo 5.2 de la Convención Americana, pues ese aislamiento constituyó un trato cruel, inhumano y degradante.

90. Una de las razones por las cuales la incomunicación es concebida como un instrumento excepcional es por los graves efectos que tiene sobre el detenido. En efecto, el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles.

91. La sola constatación de que la víctima fue privada durante 36 días de toda comunicación con el mundo exterior y particularmente con su familia, le permite a la Corte concluir que el señor Suárez Rosero fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, más aún cuando ha quedado demostrado que esta incomunicación fue arbitraria y realizada en contravención de la normativa interna del Ecuador. La víctima señaló ante la Corte los sufrimientos que le produjo verse impedido de la posibilidad de buscar un abogado y no poder ver o comunicarse con su familia.
Agregó que, durante su incomunicación, fue mantenido en una celda húmeda y subterránea de aproximadamente 15 metros cuadrados con otros 16 reclusos, sin condiciones necesarias de higiene y se vio obligado a dormir sobre hojas de periódico y los golpes y amenazas a los que fue sometido durante su detención. Todos estos hechos confieren al tratamiento a que fue sometido el señor Suárez Rosero la característica de cruel, inhumano y degradante.


ID: C036
Caratula: Caso Blake vs. Guatemala. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 51.2, 63.1, 1, 4, 5, 7, 8, 13, 22, 25
ArtsViolados: 1, 5, 8
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 26 de marzo de 1985 los señores Nicholas Blake, periodista y Griffith Davis, fotógrafo, ambos estadounidenses, residentes en Guatemala, salieron de Huehuetenango hasta llegar a San Juan Ixcoy y de ahí caminaron hasta la aldea El Llano, sitio al que llegaron el 28 ó 29 de marzo de 1985. Ahí fueron interrogados por el Comandante de la Patrulla de Autodefensa Civil de El Llano, quien consultó a los oficiales de la guarnición militar de Las Majadas e instruyó a los miembros de dicha patrulla civil para que los trasladaran a la frontera con El Quiché, y les dijo "si ustedes quieren mátenlos". Seguidamente las víctimas fueron trasladadas en los patrulleros a un sitio llamado Los Campamentos donde les dieron muerte y luego arrojaron los cadáveres en la maleza y los cubrieron con troncos de árboles.
Blake y Davis permanecieron desaparecidos desde el 28 ó 29 de marzo de 1985 hasta las fechas en que se descubrieron sus restos (en el año 1992).
Durante su desaparición, los familiares de Nicholas Blake iniciaron una serie de acciones judiciales a fin de ubicar su paradero, lo cual resultó infructuoso. Asimismo, no se había investigado los hechos ni sancionado a los responsables.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la ineficacia en la investigación y sanción de los responsables de la detención y muerte de una persona.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Desaparición forzada. Garantías judiciales y procesales. Libertad de circulación y residencia. Libertad de pensamiento y expresión. Libertad personal. Protección judicial.


ID: C037
Caratula: Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 63.1, 1, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Entre junio de 1987 y febrero de 1988 se produjeron en Guatemala detenciones arbitrarias calificadas como secuestros acompañadas de maltratos y torturas y, en algunos casos, de privación de la vida. Algunos de los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la Guardia de Hacienda y maltratados; otros, cuyo lugar de detención se desconoce, aparecieron muertos y sus cuerpos, con signos de violencia física, fueron abandonados el mismo día o días después de su detención, en las calles de la ciudad de Guatemala y en sus alrededores.
En las detenciones arbitrarias a que se refiere el presente caso, intervinieron hombres armados, vestidos de civil en la mayoría de ellas, vinculados con la Guardia de Hacienda o con alguna institución militar o policial. En la mayoría de los casos, las personas detenidas eran obligadas a subir, por la fuerza, a un vehículo tipo “panel” (especie de microbús o furgoneta) de color blanco.
Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López, Erik Leonardo Chinchilla, Augusto Angárita Ramírez, Doris Torres Gil, José Antonio Montenegro, Oscar Vásquez y Marco Antonio Montes Letona fueron detenidos en diversas fechas. Asimismo, fueron objeto de maltratos y torturas. Cinco de estas personas también fueron asesinadas. Sus cuerpos, con signos de violencia física, fueron abandonados el mismo día o días después de su detención, en las calles de la ciudad de Guatemala y en sus alrededores.
A pesar de haberse interpuesto recursos judiciales, no hubo avances avances significativos en la investigación o en la identificación de los responsables.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por los actos de secuestro, detención arbitraria, trato inhumano, tortura y asesinato cometidos por agentes del Estado contra personas y por la falta de investigación y sanción de responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial. Tortura. Trato cruel y degradante. Trato inhumano.


ID: C038
Caratula: Caso Benavides Cevallos vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso ocurrieron el 4 de diciembre de 1995, cuando Consuelo Benavides Cevallos fue detenida por miembros de la Infantería Naval Ecuatoriana en Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. Dichos agentes alegaron que era necesario investigar las presuntas actividades subversivas de Consuelo Benavides Cevallos ligadas al grupo guerrillero “Alfaro Vive Carajo”. El 13 de diciembre de 1985 fue encontrado su cadáver. A pesar de que sus familiares interpusieron una serie de recursos judiciales, no se ha investigado ni sancionado a los responsables de este hecho. 

TemaPrincipal:
Reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por la detención, tortura y muerte de personas por parte de miembros de la Infantería Naval.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.


ID: C039
Caratula: Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y Costas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 63.1, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: "La devolución de la honra o la dignidad que fueron ilegítimamente quitadas";
Etiquetas: Honra y dignidad.
FormulasAbrev: Devolución de dignidad.
Hechos:
El 28 de abril de 1990, fueron detenidos por personal uniformado de la Policía de Mendoza los señores Garrido y Baigorria cuando circulaban en un vehículo. Estas personas fueron interrogadas (o detenidas) por al menos cuatro agentes policiales. Los familiares de Garrido fueron avisados de lo que ocurrió una hora después por los relatos de un testigo de las detenciones. Los familiares iniciaron la búsqueda de inmediato y descubrieron que Garrido no se hallaba detenido en ninguna dependencia policial, aunque en una comisaría estaba el vehículo en el que las víctimas se encontraban en el momento de la detención.

TemaPrincipal:
Reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de personas por parte de agentes policiales.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.

ParrDestacados:
41. En primer lugar, resulta útil precisar el vocabulario empleado. La reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas cómo un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido. Los modos específicos de reparar varían según la lesión producida: podrá consistir en la restitutio in integrum de los derechos afectados, en un tratamiento médico para recuperar la salud física de la persona lesionada, en la obligación del Estado de anular ciertas medidas administrativas, en la devolución de la honra o la dignidad que fueron ilegítimamente quitadas, en el pago de una indemnización, etc.


ID: C040
Caratula: Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 6 de febrero de 1993 el señor Luis Alberto Cantoral Benavides fue detenido arbitrariamente y torturado por agentes de seguridad de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (“DINCOTE”) de la Policía Nacional del Perú. Luis Cantoral estuvo incomunicado por más de una semana en el centro de la DINCOTE y a los 15 días después de su detención tuvo acceso a un abogado. Asimismo, fue objeto, por parte de efectivos policiales y miembros de la Marina, de actos de violencia. Fue vendado, esposado con las manos en la espalda, obligado a permanecer de pie, golpeado en varias partes del cuerpo, etc. Asimismo, fue exhibido públicamente a través de los medios de comunicación, vestido con un traje a rayas como los que usan los presos, como integrante del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado.
El señor Cantoral Benavides fue procesado ante la Justicia Militar del Perú por el delito de traición a la patria. El 5 de marzo el Juez Especial de Marina lo absolvió y el 2 de abril el Consejo Especial de Guerra de la Marina en alzada confirmó la decisión del Juez Especial. El 11 de agosto el Consejo Supremo de Justicia Militar, al resolver un recurso de nulidad contra la sentencia del 2, lo absolvió y dispuso su libertad. Sin embargo, por error en la ejecución de sentencia en su lugar fue liberado su hermano gemelo, Luis Fernando Cantoral Benavides, quien había sido condenado a 25 años de pena privativa de libertad.  El 23 de septiembre de 1993 los peticionarios interpusieron una acción de hábeas corpus a favor del señor Cantoral Benavides, la cual fue declarada infundada. Se remitió lo actuado al fuero común para que fuera juzgado por el delito de terrorismo. En dicho proceso fue condenado a 20 años de pena privativa de libertad por el delito de terrorismo. Sin embargo, Luis Cantoral solicitó un indulto a la Comisión ad hoc creada por la ley No. 26.555 y dicho beneficio fue concedido. En total, Luis Aberto Cantoral Benavides estuvo privado de libertad en forma ininterrumpida desde el 6 de febrero de 1993 hasta el 25 de junio de 1997, cuando fue liberado.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por detención ilegal, actos de tortura y falta de investigación y sanción de responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Principio de legalidad. Retroactividad. Protección judicial. Suspensión de garantías. Tortura. Trato cruel y degradante. Trato inhumano.


ID: C041
Caratula: Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 51.2, 1, 5, 8, 20, 29
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 14 y 15 de octubre de 1993 fueron detenidos los chilenos Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, Lautaro Enrique Mellado  Saavedra, María Concepción Pincheira Sáez y Alejandro Luis Astorga Valdez, quienes fueron juzgados en un proceso de jurisdicción penal militar y condenados por el delito de "traición a la patria", aunque Perú no es su patria. Durante la etapa de  investigación, no contaron con defensa legal. El proceso fue llevado frente a  jueces "sin rostro" quienes los sentenciaron. Se interpusieron  recursos de hábeas corpus, los cuales fueron rechazados.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la falta de diligencia en un proceso ante el fuero militar e irregularidades en las detenciones.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Nacionalidad. Personas privadas de libertad. Principio de legalidad. Retroactividad. Principio de legalidad y de retroactividad. Protección judicial.


ID: C042
Caratula: Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y Costas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: Sí
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
"El 6 de febrero de 1993 María Elena Loayza Tamayo, profesora universitaria, fue detenida por miembros de la División Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) en un inmueble ubicado en el Distrito Los Olivos, en la ciudad de Lima. La detención se produjo en base a su presunta colaboración con el grupo armado Sendero Luminoso. 
María Elena Loayza Tamayo fue llevada al centro de la DINCOTE donde estuvo incomunidad e imposibilitada de presentar un recurso judicial para cuestionar su detención. Luego de ella fue exhibida como terrorista públicamente a través de medios de comunicación con un traje a rayas. Luego de ello fue procesada y posteriormente absuelta por el delito de traición a la patria en el fuero militar. Seguidamente fue procesada en el fuero ordinario por el delito de terrorismo y fue condenada a 20 años de pena privativa de la libertad."

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por los tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas, así como la falta de garantías y protección judicial para cuestionar su detención y el proceso en jurisdicción penal militar.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Protección judicial. Suspensión de garantías. Tortura. Trato cruel y degradante. Trato inhumano.

ResumenDisRelevante:
VOTO RAZONADO DE LOS JUECES A.A. CANCADO Y A. ABREU BURELLI:
17. Todo el capítulo de las reparaciones de violaciones de derechos humanos debe, a nuestro juicio, ser repensado desde la perspectiva de la integralidad de la personalidad de la víctima y teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su dignidad. La presente Sentencia de reparaciones en el caso Loayza Tamayo, al reconocer la existencia del daño al proyecto de vida vinculado a la satisfacción, entre otras medidas de reparación, da un paso acertado y alentador en esta dirección, que, confiamos, será objeto de mayor desarrollo jurisprudencial en el futuro.


ID: C043
Caratula: Caso Castillo Páez vs. Perú. Reparaciones y Costas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 17, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: Sí
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
"Los hechos del caso ocurrieron el 21 de octubre de 1990 cuando Ernesto Rafael Castillo Páez, estudiante universitario de 22 años de edad, fue detenido por agentes de la Policía General en el Distrito de Villa El Salvador, Lima. Cuando fue detenido, los agentes lo golpearon y lo introdujeron en el baúl de un vehículo policial. Desde esa fecha no se tiene conocimiento de su paradero.
Los familiares de Ernesto Rafael Castillo Páez iniciaron su búsqueda. Al no encontrarlo en las diversas dependencias policiales, presentaron una serie de recursos judiciales para localizarlo. No obstante, no se realizaron mayores investigaciones y no se pudo sancionar a los responsables."

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de personas por parte de agentes policiales.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la verdad. Derecho a la vida. Familia. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial.

ResumenDisRelevante:
VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ SERGIO GARCIA RAMIREZ:
7. En la reciente doctrina sobre los derechos humanos, ha sido ampliamente examinado el tema de las leyes de amnistía, que por su propio carácter implican la impunidad de conductas realizadas antes de la expedición de aquéllas. Quienes han estudiado el tema, que cada día suscita mayor interés, tratan de armonizar las exigencias de la paz y la reconciliación con el deber de tutelar los derechos humanos y sancionar a quienes los vulneran, particularmente cuando se han cometido violaciones de extraordinaria gravedad --es decir, delitos de lesa humanidad, como genocidio, ejecución extrajudicial, tortura o desaparición forzada-- amparadas en supuestas
necesidades de lucha contra la subversión. No se ignora que la amnistía implica el olvido y el silencio en relación con hechos que tienen, en principio, naturaleza delictiva. Pero se considera que este olvido y este silencio no pueden poner a cubierto las más severas violaciones a los derechos humanos, que significan un grave menosprecio de la dignidad del ser humano y repugnan a la conciencia de la humanidad.


ID: C044
Caratula: Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Reparaciones y Costas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 5, 7, 8, 11, 17, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
"Los hechos del presente caso se iniciaron el 23 de junio de 1992 cuando Rafael Iván Suárez Rosero fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Ecuador, en el marco de la operación “Ciclón”, cuyo presunto objetivo era desarticular una organización del narcotráfico internacional. La detención se realizó sin una orden judicial y sin haber sido sorprendido en flagrante delito.
El señor Suárez Rosero no contó con un abogado durante su primer interrogatorio. Asimismo se le restringió las visitas familiares. Se interpuso un recurso de hábeas corpues para cuestionar la detención. Sin embargo, éste fue rechazado. El 9 de septiembre de 1996 se dictó una sentencia condenatoria donde se resolvió que el señor Suárez Rosero era encubridor del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Fue sentenciado a dos años de prisión y una multa de dos mil salarios mínimos vitales generales."

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la detención ilegal y arbitraria de personas por parte de agentes policiales, así como la falta de diligencia en el proceso penal dado.

TemaSecundario:
Derecho a la honra y la intimidad. Derecho a la integridad personal. Dignidad. Familia. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial.

ParrDestacados:
68. El señor Suárez Rosero solicitó, en su escrito sobre reparaciones y en la audiencia pública, que el Estado le presentara una disculpa a él y a su familia y que “reali[zara] una declaración oficial o una decisión judicial, que restaure su dignidad, reputación y derechos bajo la Ley”. Por su parte, la Comisión solicitó que la Corte ordenara al Estado ofrecer disculpas al señor Suárez Rosero por los actos y omisiones de las autoridades ecuatorianas en su contra.

69. En la audiencia pública, el señor Suárez Rosero presentó como prueba pericial la declaración de su terapeuta, quien manifestó que la solución para superar los problemas psicológicos del señor Suárez Rosero y el sufrimiento que toda su familia aún experimenta “es un reconocimiento por parte del Estado, una reivindicación de su nombre, una reivindicación de su dignidad”, y que este reconocimiento es “una necesidad imprescindible, insustituible”.


ID: C045
TipoSent: Solicitud de Revisión de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Garantías judiciales y procesales. Igualdad ante la ley. Protección judicial.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 24, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Nicaragua
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Solicitud de Revisión de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
A las 8:35 de la noche del 28 de octubre de 1990  Jean Paul Genie Lacayo, de 16 años de edad, residente en la ciudad de Managua, se dirigía en automóvil a su domicilio en el reparto Las Colinas. Luego de detenerse en un restaurante entró a la carretera que conduce a Masaya y entre los Kms. 7 y 8 se encontró con una caravana de vehículos con efectivos militares quienes, al ver que los trataba de sobrepasar, le dispararon con sus armas. La víctima no murió inmediatamente pero fue abandonada en la carretera y murió de shock hipovolémico a consecuencia de la hemorragia. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por las deficiencias en la investigación de la muerte de una persona, así como la falta de sanción a los responsables.


ID: C046
Caratula: Caso El Amparo vs. Venezuela. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 51, 1, 2, 4, 5, 8, 24, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 8, 24, 25
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Dieciséis pescadores residentes del pueblo El Amparo se dirigían a través del río Aruca a participar en un paseo de pesca. En un momento se detuvieron y efectivos militares y policiales del "Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) que estaban realizando un operativo militar, dieron muerte a catorce de ellos. Dos lograron escapar lanzándose al agua. Los sobrevivientes se refugiaron en una finca y al día siguiente se entregaron al Comandante de la Policía de El Amparo, quien les brindó protección. El comandante posteriormente recibió presiones de funcionarios policiales y militares para que entregara los sobrevivientes al Ejército (se dijo que habían matado a catorce guerrilleros y que dos habían escapado).

TemaPrincipal:
Reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por la muerte y lesiones de personas, a cargo de militares.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales. Igualdad ante la ley. Protección judicial.


ID: C048
Caratula: Caso Blake vs. Guatemala. Reparaciones y Costas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 13, 22, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
"Los hechos del presente caso se iniciaron el 26 de marzo de 1985, cuando los ciudadanos norteamericanos Nicholas Blake, periodista, y Griffith Davis, fotógrafo, salieron de la ciudad de Huehuetenango rumbo a la aldea El Llano. En dicho lugar fueron detenidos por la Patrulla de Autodefensa Civil de El Llano.
Luego de ser llevados a un sitio denominado Los Campamentos fueron asesinados y sus cadáveres fueron arrojados en la maleza. Los restos de Griffith Davis fueron encontrados el 16 de marzo de 1992 mientras que los de Nicholas Blake el 14 de junio de 1992.
Durante su desaparición, los familiares de Nicholas Blake iniciaron una serie de acciones judiciales a fin de ubicar su paradero, lo cual resultó infructuoso. Asimismo, no se había investigado los hechos ni sancionado a los responsables. "

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la ineficacia en la investigación y sanción de los responsables de la detención y muerte de una persona.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Desaparición forzada. Garantías judiciales y procesales. Libertad de circulación y residencia. Libertad de pensamiento y expresión. Libertad personal. Protección judicial.


ID: C049
Caratula: Caso Cesti Hurtado vs. Perú. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 51.2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 21, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
"Los hechos del presente caso se inician el 23 de diciembre de 1996, cuando la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar resolvió abrir instrucción, entre otros, contra el señor Gustavo Cesti Hurtado, por los delitos de desobediencia contra el deber y dignidad de la función, negligencia y fraude. El señor Cesti Hurtado se retiró del Ejército en 1984.
El 28 de febrero de 1997 el señor Cesti Hurtado fue detenido y llevado a un penal militar. Fue condenado el 14 de abril del mismo año a una pena privativa de libertad de siete años. La Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar modificó redujo la pena a cuatro años. El señor Cesti Hurtado interpuso una serie de recursos judiciales cuestionando la detención. Sin embargo, éstos fueron denegados."

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la detención de una persona y la falta de diligencia en proceso seguido en el fuero militar contra él.

TemaSecundario:
Derecho a la honra y la intimidad. Derecho a la integridad personal. Dignidad. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Propiedad privada. Protección judicial.


ID: C050
Caratula: Caso Durand y Ugarte vs. Perú. Excepciones Preliminares.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada y muerte de personas.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 7, 8, 25, 27
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
"Los hechos del presente caso se iniciaron con la detención el 14 y 15 de febrero de 1986 de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera por efectivos de la Dirección contra el Terrorismo en el Perú. La detención se basó en su presunta participación en actos de terrorismo. El 4 de marzo de 1986 fueron trasladados por orden judicial al penal de El Frontón. 
El 18 de junio de 1986 se produjo un motín en el centro penitenciario donde se encontraban. Las Fuerzas Armadas iniciaron un operativo al día siguiente, el cual produjo la muerte y lesiones de muchas personas que se encontraban privadas de libertad. Los cuerpos de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera nunca fueron encontrados. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables de los hechos."

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Protección judicial. Suspensión de garantías.


ID: C051
Caratula: Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Reparaciones
ArtsInterpretados: 63
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso se iniciaron el 23 de junio de 1992 cuando Rafael Iván Suárez Rosero fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Ecuador, en el marco de la operación “Ciclón”, cuyo presunto objetivo era desarticular una organización del narcotráfico internacional. La detención se realizó sin una orden judicial y sin haber sido sorprendido en flagrante delito.
El señor Suárez Rosero no contó con un abogado durante su primer interrogatorio. Asimismo se le restringió las visitas familiares. Se interpuso un recurso de hábeas corpues para cuestionar la detención. Sin embargo, éste fue rechazado. El 9 de septiembre de 1996 se dictó una sentencia condenatoria donde se resolvió que el señor Suárez Rosero era encubridor del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Fue sentenciado a dos años de prisión y una multa de dos mil salarios mínimos vitales generales.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la detención ilegal y arbitraria de personas por parte de agentes policiales, así como la falta de diligencia en el proceso penal dado.

TemaSecundario:
Derecho a la honra y la intimidad. Derecho a la integridad personal. Dignidad. Familia. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial.


ID: C052
Caratula: Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 51.2, 63.1, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 20, 25, 29
ArtsViolados: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Detención y dignidad. Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Detención compatible con dignidad. Dignidad, aislamiento e incomunicación.
Hechos:
Durante los años 1980 a 1994 el Perú sufrió una grave convulsión social generada por actos terroristas. El órgano encargado de combatir las actividades de traición a la patria es la DINCOTE; y los inculpados pueden estar detenidos en dicha dependencia con carácter preventivo por un plazo de 15 días, que puede ser prorrogado por otros 15 días, y permanecen incomunicados si la investigación lo justifica. Los señores Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, Lautaro Enrique Mellado Saavedra, María Concepción Pincheira Sáez y Alejandro Luis Astorga Valdez; todos de nacionalidad chilena, fueron detenidos el 14 y 15 de octubre de 1993 a raíz de este conflicto; durante la vigencia de un estado de emergencia y de suspensión de garantías constitucionales.
La calificación legal del ilícito supuestamente cometido por los detenidos fue efectuada por la DINCOTE y sirvió de base para atribuir competencia a la jurisdicción militar: fueron imputados por el delito de traición a la patria en el fuero militar; y su proceso llevado a cabo por jueces "sin rostro". Además, durante la etapa de investigación no contaron con defensa legal. Fueron sentenciados por el tribunal militar por el delito de traición a la patria a pesar de ser chilenos y no peruanos. Se interpusieron  recursos de hábeas corpus, los cuales fueron rechazados.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la falta de diligencia en un proceso ante el fuero militar e irregularidades en las detenciones.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Nacionalidad. Personas privadas de libertad. Principio de legalidad. Retroactividad. Principio de legalidad y de retroactividad. Protección judicial.

FallosCitados:
Caso Loayza Tamayo, supra nota 4, párrs. 57-58.

Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 19, párr. 156; Caso Godínez Cruz , supra nota 19, párr. 164;

Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, supra nota 19, párr. 149.

Caso Neira Alegría y Otros, supra nota 104, párr. 60.

Caso Suárez Rosero, supra nota 80, párr. 90.

ParrDestacados:
192. En el presente caso, el ciudadano chileno Jaime Francisco Castillo Petruzzi estuvo incomunicado en poder de la autoridad administrativa, durante 36 días, hasta ser puesto a disposición judicial. Por su parte, los señores Pincheira Sáez, Astorga Valdez y Mellado Saavedra, estuvieron 37 días en las mismas condiciones. Este hecho, sumado a lo señalado en los alegatos de la Comisión, no controvertido por el Estado, de acuerdo con los cuales dichas personas eran presentadas a las diligencias de declaración ante las autoridades judiciales -vendadas o encapuchadas, ‘amarrocadas’ o ‘engrilletadas’- constituye per se una violación al artículo 5.2 de la Convención.

194. La Corte ha establecido que el “aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano”105.

195. La Corte ha dicho, también, que en “los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos”106. La incomunicación ha sido concebida como un instrumento excepcional por los graves efectos que tiene sobre el detenido, pues “el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecient[a] el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles”107.

MencionOtros:
Case of Ireland v. the United Kingdom, Judgment of 18 January 1978, Series A no. 25. párr. 167 DE L; y Caso Loayza Tamayo, supra nota 4, párr. 57.

FormulasLiterales:
"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad";"El aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad y la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano";


ID: C053
Caratula: Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Interpretación de la sentencia de Reparaciones y Costas.
TipoSent: Interpretación de la sentencia de Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 6 de febrero de 1993, la profesora María Elena Loayza Tamayo fue arrestada junto con un familiar por miembros de la División Nacional Contra el Terrorismo (“DINCOTE”) de la Policía Nacional del Perú tras haber sido denunciada como presunta colaboradora del grupo subversivo Sendero Luminoso. Su detención duró hasta el 26 de febrero sin haber sido puesta a disposición del juzgado correspondiente. Permaneció 10 días incomunicada y fue objeto de torturas, tratos crueles y degradantes y de apremios ilegales; para lograr que se autoinculpara y declarara pertenecer al Partido Comunista de Perú – Sendero Luminoso-. Su familia se enteró de su paradero el 8 de febrero por una llamada anónima. No se interpuso ninguna acción de garantía a su favor, porque la ley peruana prohibía presentar el recurso de hábeas corpus por hechos relacionados con el delito de terrorismo.
El 26 de febrero Loayza Tamayo fue presentada a la prensa imputándosele el delito de traición a la patria. El Juzgado Especial de Marina el 5 de marzo la absolvió, aunque el Consejo de Guerra Especial de Marina la condenó el 2 de abril. Posteriormente fue absuelta nuevamente, pero en el fuero ordinario fue procesada por el delito de terrorismo y condenada a 20 años de pena privativa de la libertad.


ID: C054
Caratula: Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Competencia.
TipoSent: Competencia
ArtsInterpretados: 1, 8, 13, 20, 21, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Competencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
"- Los hechos del presente caso se centran en Baruch Ivcher Bronstein, quien era el propietario mayoritario de un canal de televisión desde 1986. El señor Ivcher nació en Israel posteriormente adquirió la ciudadanía peruana por naturalización. 
- Uno de los programas de dicho canal empezó a transmitir reportajes relacionados con el gobierno del entonces Presidente Alberto Fujimori. Es así como el 23 de mayo de 1997 el Poder Ejecutivo del Perú expidió el Decreto Supremo No. 004-97-IN, que reglamentó la Ley de Nacionalidad No. 26574, y estableció la posibilidad  de cancelar la nacionalidad a los peruanos naturalizados. En julio de 1997 se dejó sin efecto legal el título de nacionalidad peruana del señor Ivcher. Debido a ello, se le suspendió como accionista mayoritario del canal televisivo. Los recursos presentados para cuestionar estas decisiones fueron desestimados."

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la pérdida de nacionalidad de una persona y la pérdida de sus acciones de un canal de televisión.

TemaSecundario:
Garantías judiciales y procesales. Libertad de pensamiento y expresión. Nacionalidad. Propiedad privada. Protección judicial.


ID: C055
Caratula: Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Competencia.
TipoSent: Competencia
TemaSecundario: Derechos económicos y políticos. Garantías judiciales y procesales. Protección judicial.
ArtsInterpretados: 62, 1, 2, 8, 23, 25, 29
ArtsViolados: 1, 2, 8, 23, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Competencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 28 de mayo de 1997  los magistrados Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano fueron revocados del Tribunal Constitucional. Ello fue producto de un juicio político efectuado por el Congreso. 
El 25 de julio de 1997 y el 1 de agosto de 1997, el magistrado Manuel Aguirre Roca y  los magistrados Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano respectivamente, interpusieron acciones de amparo contra las resoluciones de destitución. Los amparos interpuestos fueron declarados infundados en segunda instancia por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima el 9 de febrero de 1998. Por su parte, el Tribunal Constitucional confirmó dichas decisiones los días 10 y 16 de julio de 1998 en cada uno de los recursos.

 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la destitución de miembros del Tribunal Constitucional, y la falta de un debido proceso.


ID: C056
Caratula: Caso Cesti Hurtado vs. Perú. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 51.2, 63.1, 1, 2, 5, 7, 8, 11, 21, 25
ArtsViolados: 1, 2, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;
Etiquetas: Proceso judicial y dignidad.
FormulasAbrev: Proceso judicial y dignidad.
Hechos:
El señor Gustavo Adolfo Cesti Hurtado, es un ciudadano peruano que se retiró del Ejército en 1984 y que, a la fecha de los hechos, desempeñaba el cargo de Gerente de la sociedad anónima “Top Security”. Dicha sociedad asesoraba al Comando Logístico del Ejército peruano (en adelante “el COLOGE”) en materia de seguros. El 25 de noviembre de 1996 el Comandante General del COLOGE formuló ante el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar una denuncia penal contra cuatro oficiales militares y contra la presunta víctima por delito contra el deber y dignidad de la función y por el delito de fraude. El 23 de diciembre del mismo año, la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar resolvió abrir instrucción, entre otros, contra el señor Cesti Hurtado, por los delitos de desobediencia contra el deber y dignidad de la función, negligencia y fraude.
El 9 de enero de 1997 el Consejo Supremo de Justicia Militar citó al señor Cesti Hurtado a rendir su declaración instructiva el 15 de los mismos mes y año. El señor Cesti Hurtado no se presentó a declarar y, por esta razón, el 17 de enero de 1997 el Consejo Supremo de Justicia Militar varió la orden de comparecencia y ordenó su detención provisional y dispuso su captura y el impedimento de su salida del país. El 28 de febrero de 1997 el señor Cesti Hurtado fue detenido y llevado a un penal militar. Fue condenado el 14 de abril del mismo año a una pena privativa de libertad de siete años. La Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar modificó redujo la pena a cuatro años. El señor Cesti Hurtado interpuso una serie de recursos judiciales cuestionando la detención. Sin embargo, éstos fueron denegados.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la detención de una persona y la falta de diligencia en proceso seguido en el fuero militar contra él.

TemaSecundario:
Derecho a la honra y la intimidad. Derecho a la integridad personal. Dignidad. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Propiedad privada. Protección judicial.

ParrDestacados:
177. La Corte considera que un proceso judicial no constituye, por sí mismo, una afectación ilegítima del honor o de la dignidad de la persona. El proceso sirve al objetivo de resolver una controversia, aunque ello pudiera acarrear, indirectamente, molestias para quienes se hallan sujetos al enjuiciamiento con los demás, o prácticamente inevitable que así sea de sostenerse otra cosa, quedaría excluida de plano la solución de los litigios por la vía contenciosa. Por otra parte, la sanción aplicada al cabo de este proceso tampoco se dirige a menoscabar esos valores de la persona, en otros términos, no entraña o pretende el descrédito del reo, como ocurrió en el caso de una pena infamante, que suspende precisamente a esa intención. Por ello, la Corte considera que, en el presente caso, no se comprobó que hubo una violación, per se, del artículo 11 por parte del Estado peruano.

FormulasLiterales:
"Un proceso judicial no constituye, por sí mismo, una afectación ilegítima del honor o de la dignidad de la persona";


ID: C058
Caratula: Caso del Caracazo vs. Venezuela. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 8, 25, 27
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 8, 25, 27
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Fondo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 16 de febrero de 1989 el entonces presidente de Venezuela anunció una serie de medidas de ajuste económico para refinanciar la deuda externa a través del Fondo Monetario Internacional. Se generó una enorme conmoción social con protestas violentas por los aumentos de tarifas. El control de la situación se encomendó a fuerzas militares integradas por jóvenes de 17 y 18 años sin experiencia y fuertemente armados. El PEN decretó la suspensión de garantías constitucionales.

TemaPrincipal:
Reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por el uso desproporcionado de la fuerza en contra de los habitantes por parte de agentes militares y policiales, así como el empleo de mecanismos institucionales para asegurar la impunidad de los hechos.


ID: C059
Caratula: Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Cumplimiento de Sentencia.
TipoSent: Cumplimiento de Sentencia
ArtsInterpretados: 67, 68.1
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Supervisión de cumplimiento;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de diligencia en el proceso ante el fuero militar de Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdez, así como las afectaciones durante su detención.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la falta de diligencia en un proceso ante el fuero militar e irregularidades en las detenciones.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Nacionalidad. Personas privadas de libertad. Principio de legalidad. Retroactividad. Principio de legalidad y de retroactividad. Protección judicial.


ID: C060
Caratula: Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Cumplimiento de Sentencia.
TipoSent: Cumplimiento de Sentencia
ArtsInterpretados: 67, 68, 1
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Supervisión de cumplimiento;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 6 de febrero de 1993 María Elena Loayza Tamayo, profesora universitaria, fue detenida por miembros de la División Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) en un inmueble ubicado en el Distrito Los Olivos, en la ciudad de Lima. La detención se produjo en base a su presunta colaboración con el grupo armado Sendero Luminoso. 
María Elena Loayza Tamayo fue llevada al centro de la DINCOTE donde estuvo incomunidad e imposibilitada de presentar un recurso judicial para cuestionar su detención. Luego de ella fue exhibida como terrorista públicamente a través de medios de comunicación con un traje a rayas. Luego de ello fue procesada y posteriormente absuelta por el delito de traición a la patria en el fuero militar. Seguidamente fue procesada en el fuero ordinario por el delito de terrorismo y fue condenada a 20 años de pena privativa de la libertad.


ID: C061
Caratula: Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 16, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Panamá
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
"Los hechos del presente caso se refieren al despido de 270 empleados públicos y dirigentes sindicales, que habían participado en distintas protestas contra la política gubernamental en reclamo de sus derechos laborales. El despido se produjo en base a la ley No. 25 de fecha 14 de diciembre de 1990, luego de que el Gobierno acusara a estas personas de haber participado en manifestaciones de protesta y de resultar cómplices de una asonada militar. 
Se interpusieron una serie de recursos administrativos. Sin embargo, no se tuvo ningún resultado positivo."

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por el despido arbitrario de empleados públicos, así como a la falta de un debido proceso que ampare sus reclamos.

TemaSecundario:
Derecho de asociación. Derecho de reunión. Derecho sindical. Derechos económicos, sociales y culturales. Garantías judiciales y procesales. Indemnizaciones. Principio de legalidad. Retroactividad. Principio de legalidad y de retroactividad. Protección judicial.


ID: C062
Caratula: Caso Cesti Hurtado vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Fondo
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 7, 8, 11, 21, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
"- Los hechos del presente caso se inician el 23 de diciembre de 1996, cuando la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar resolvió abrir instrucción, entre otros, contra el señor Gustavo Cesti Hurtado, por los delitos de desobediencia contra el deber y dignidad de la función, negligencia y fraude. El señor Cesti Hurtado se retiró del Ejército en 1984.
- El 28 de febrero de 1997 el señor Cesti Hurtado fue detenido y llevado a un penal militar. Fue condenado el 14 de abril del mismo año a una pena privativa de libertad de siete años. La Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar modificó redujo la pena a cuatro años. El señor Cesti Hurtado interpuso una serie de recursos judiciales cuestionando la detención. Sin embargo, éstos fueron denegados."

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la detención de una persona y la falta de diligencia en proceso seguido en el fuero militar contra él.

TemaSecundario:
Derecho a la honra y la intimidad. Derecho a la integridad personal. Dignidad. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Propiedad privada. Protección judicial.


ID: C063
Caratula: Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 19, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 8, 19, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: Sí
CitaFallos: Sí
FallosCitados: Caso Castillo Páez, párr. 66
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Existencia digna. Vida digna.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Convención sobre los Derechos del Niño, Preámbulo, párr. 6. / Art. 37 inc. C
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;
Etiquetas: Detención y dignidad. Detención y dignidad. Vida/existencia digna. Vida/existencia digna.
Hechos:
Henry Giovanni Contreras, de 18 años de edad; Federico Clemente Figueroa Túnchez, de 20 años; Julio Roberto Caal Sandoval, de 15, Jovito Josué Juárez Cifuentes, de 17, y Anstraum Aman Villagrán Morales, también de 17 años, eran “niños de la calle”, amigos entre sí; y vivían en la Ciudad de Guatemala. Cuando ocurrieron los hechos, la zona que frecuentaban era notoria por tener una alta tasa de delincuencia y criminalidad, y además abrigaba un gran número de "niños de la calle".
A su vez, por esa época existía en Guatemala un patrón común de acciones al margen de la ley, perpetradas por agentes de seguridad estatales, en contra de los “niños de la calle”; esta práctica incluía amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes y homicidios como medio para contrarrestar la delincuencia y vagancia juvenil.
El 15 de junio de 1990, en la zona conocida como “Las Casetas”, una camioneta se acercó a Henry Giovanni Contreras, de 18 años de edad, Federico Clemente Figueroa Túnchez, de 20 años, Julio Roberto Caal Sandoval, de 15 años y Jovito Josué Juárez Cifuentes, de 17 años. De dicho vehículo descendieron hombres armados miembros de la policía, quienes los obligaron a subir al mismo. Luego de estar retenidos por unas horas, fueron asesinados. Asimismo, el 25 de junio de 1990 fue asesinado Anstraum Aman Villagrán Morales, mediante un disparo de arma de fuego, en el sector de “Las Casetas”. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables de los hechos.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la detención y posterior asesinato de personas por parte de agentes policiales y por falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derechos de los niños y las niñas. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial. Tortura. Trato cruel y degradante. Trato inhumano.

ResumenDisRelevante:
VOTO CONCURRENTE CONJUNTO DE LOS JUECES
A.A. CANÇADO TRINDADE Y A. ABREU BURELLI

4. El deber del Estado de tomar medidas positivas se acentúa precisamente en relación con la protección de la vida de personas vulnerables e indefensas, en situación de riesgo, como son los niños en la calle. La privación arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del homicidio; se extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. Esta visión conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos.

7. Las necesidades de protección de los más débiles, - como los niños en la calle, - requieren en definitiva una interpretación del derecho a la vida de modo que comprenda las condiciones mínimas de una vida digna. De ahí la vinculación inexorable que constatamos, en las circunstancias del presente caso, entre los artículos 4 (derecho a la vida) y 19 (derechos del niño) de la Convención Americana, tan bien articulada por la Corte en los párrafos 144 y 191 de la presente Sentencia.

8. Creemos que el proyecto de vida es consustancial del derecho a la existencia, y requiere para su desarrollo condiciones de vida digna, de seguridad e integridad de la persona humana. En nuestro Voto Razonado Conjunto en el caso Loayza Tamayo versus Perú (Reparaciones, 1998) sostuvimos que el daño al proyecto de vida debe ser integrado al universo conceptual de las reparaciones bajo el artículo 63.1 de la Convención Americana.

DignidadIndividuo:
Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar. Dignidad como valor sustantivo.

DignidadRol:
Calificación de un derecho. Dignidad como principio. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho.

ParrDestacados:
144. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.

164. Es pertinente poner de presente, al efecto, que la Corte ha dicho anteriormente que el mero hecho de ser introducido en la maletera de un vehículo constituye una infracción al artículo 5 de la Convención que tutela la integridad personal, ya que, aún cuando no hubiesen existido otros maltratos físicos o de otra índole, esa acción por sí sola debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano24.

166. Merece advertirse asimismo que, como ya lo ha dicho este Tribunal, una persona ilegalmente detenida (supra, párr. 134) se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad27.

191. A la luz del artículo 19 de la Convención Americana la Corte debe constatar la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo. Cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de los niños en situación de riesgo, como los “niños de la calle”, los hacen víctimas de una doble agresión. En primer lugar, los Estados no evitan que sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el “pleno y armonioso desarrollo de su personalidad”33, a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece. En segundo lugar, atentan contra su integridad física, psíquica y moral, y hasta contra su propia vida.

FormulasLiterales:
"Una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad";"El haber sido introducido en la maletera del vehículo por agentes de Policía es una acción que, por sí sola, debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano";"El derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna.";"Las necesidades de protección de los más débiles, - como los niños en la calle, - requieren en definitiva una interpretación del derecho a la vida de modo que comprenda las condiciones mínimas de una vida digna";

FormulasAbrev:
Dignidad del ilegalmente detenido. Introducción en maletera de vehículo. Condiciones de existencia digna. Condiciones mínimas de vida digna.


ID: C064
Caratula: Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Bolivia
TipoSentSimpl: Fondo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 23 de diciembre de 1971 el señor José Carlos Trujillo Oroza fue detenido sin orden judicial expedida por autoridad competente en la ciudad de Santa Cruz y trasladado al recinto carcelario denominado El Pari. Su madre se enteró el 15 de enero que su hijo había sido capturado y tras verlo notó que había sido sometido a evidentes torturas físicas. El 2 de febrero le informaron que su hijo no se encontraba más en El pari y que había sido trasladado a la Central de la Policía para ser interrogado junto a otros detenidos. A partir de ese momento la madre empezó oír distintos destinos a los que, teóricamente, había sido enviado su hijo. La señora no pudo denunciar los hechos a los tribunales por la inestabilidad política del país. Recién en 1999 el Estado inició la investigación.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada de personas por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.


ID: C065
Caratula: Caso Cesti Hurtado vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Fondo
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 7, 8, 11, 21, 25
ArtsViolados: 1, 2, 5, 7, 8, 11, 21, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso se inician el 23 de diciembre de 1996, cuando la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar resolvió abrir instrucción, entre otros, contra el señor Gustavo Cesti Hurtado, por los delitos de desobediencia contra el deber y dignidad de la función, negligencia y fraude. El señor Cesti Hurtado se retiró del Ejército en 1984. El 28 de febrero de 1997 el señor Cesti Hurtado fue detenido y llevado a un penal militar. Fue condenado el 14 de abril del mismo año a una pena privativa de libertad de siete años. La Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar modificó redujo la pena a cuatro años. El señor Cesti Hurtado interpuso una serie de recursos judiciales cuestionando la detención. Sin embargo, éstos fueron denegados.


ID: C066
Caratula: Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 11, 12, 16, 21, 22, 23, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Nicaragua
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
"- Los hechos del presente caso están referidos a la Comunidad indígena Awas Tingni, conformada por más de 600 personas. En marzo de 1992, con ocasión de un proyecto de extracción forestal, la Comunidad Awas Tingni celebró un contrato con la empresa MADENSA con la finalidad de determinar el manejo integral del bosque, reconociéndose así ciertos derechos de participación sobre el territorio ocupado por la Comunidad en virtud a su “posesión histórica”. Dos años después, la Comunidad, MADENSA y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua (MARENA) celebraron un convenio mediante el cual el Ministerio se comprometió a facilitar la definición de las tierras comunales de la Comunidad.
- En marzo de 1996 el Estado otorgó una concesión por 30 años para el manejo y aprovechamiento forestal de 62 mil hectáreas aproximadamente a la empresa SOLCARSA, sin que la Comunidad hubiese sido consultada al respecto. La Comunidad solicitó a diversos organismos estatales no avanzar con el otorgamiento de la concesión y a la vez delimitar su territorio. No obstante, ninguna de las dos peticiones fueron atendidas. Asimismo presentaron dos recursos de amparo, los cuales tampoco produjeron resultados positivos."

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la falta de delimitación del territorio de una comunidad indígena y por la ineficacia de los recursos interpuestos.

TemaSecundario:
Derecho a la honra y la intimidad. Derecho a la vida. Derechos económicos y políticos. Dignidad. Libertad de circulación y residencia. Libertad de conciencia y religión. Propiedad privada. Protección judicial. Pueblos indígenas. Derecho a la propiedad colectiva. Propiedad colectiva.


ID: C067
Caratula: Caso Las Palmeras vs. Colombia. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 4, 8, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 23 de enero de 1991 miembros de la Policía Nacional colombiana llevaron a cabo una operación armada en la localidad de Las Palmeras (con apoyo de efectivos del Ejército). Ese día se encontraban en la escuela rural de Las Palmeras unos niños que esperaban el comienzo de clases y dos trabajadores que reparaban un tanque séptico. Las fuerzas del Ejército abrieron fuego desde un helicóptero e hirieron a uno de los niños que se dirigía a la escuela.  La policía a su vez detuvo en la escuela y sus alrededores a seis personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente. Los miembros de la Policía y el Ejército vistieron con uniformes militares los cadáveres de algunas de esas personas, quemaron sus ropas y amedrentaron a varios testigos. La policía presentó siete cadáveres como pertenecientes a subversivos muertos en un enfrentamiento; entre esos cadáveres estaban los 6 mencionados y otro más cuyas circunstancias de muerte no fueron esclarecidas.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la muerte de personas por parte de miembros de la Policía Nacional y el Ejército, así como de la falta de investigación y sanción de responsables de los hechos.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Derecho internacional humanitario. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Protección judicial.


ID: C068
Caratula: Caso Durand y Ugarte vs. Perú. Fondo.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada y muerte de personas.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 7, 8, 25, 27
ArtsViolados: 1, 2, 4, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: Sí
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;
Etiquetas: Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Prueba lesión de dignidad.
Hechos:
El 14 y 15 de febrero de 1986 fueron detenidos sin mediar orden judicial ni haber sido encontrados en fragante delito Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, respectivamente, por efectivos de la Dirección contra el Terrorismo -DIRCOTE- bajo sospecha de haber participado en actos de terrorismo. Se negó a Ugarte Rivera el derecho de contar con un abogado defensor, porque fue obligado a renunciar expresamente a este derecho. 
Las víctimas fueron trasladados por orden judicial a El Frontón.
El 18 de junio de 1986 se produjeron motines en diversos centros penitenciaros, incluido El Frontón. Los presos asumieron el control de los pabellones.
 Las Fuerzas Armadas iniciaron un operativo al día siguiente, el cual produjo la muerte y lesiones de muchas personas que se encontraban privadas de libertad. Fue demostrado que el Pabellón Azul fue demolido por las fuerzas de la Marina peruana, quienes hicieron un uso desproporcionado de la fuerza en relación con el peligro que representaba el motín. Los cuerpos de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera nunca fueron encontrados. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables de los hechos. 

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Protección judicial. Suspensión de garantías.

ResumenDisRelevante:
El juez De Roux Rengifo entendió que se había violado el art. 5.2 de la Convención, ya que el uso desproporcionado de la fuerza para acabar con el motín (es decir, la explosión del Pabellón Azul) no acabó simplemente con la vida de los reclusos, sino que les provocó un gran sufrimiento y estrés antes de su muerte, y a aquellos que lograron sobrevivir y quedaron entre los escombros. 

FallosCitados:
Caso Godínez Cruz, párr. 162; y Caso Velásquez Rodríguez,, párr. 154.

Caso Neira Alegría y otros, párr. 86.

ParrDestacados:
79. En el presente caso no está demostrado que los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera hubiesen sido objeto de malos tratos o que se hubiera lesionado su dignidad por parte de las autoridades peruanas durante el tiempo en que estuvieron detenidas en el penal El Frontón. A idéntica conclusión llegó la Corte en el caso Neira Alegría y otros, en el que se alegaron los mismos hechos a los que se refiere la presente sentencia. Resulta claro que hubo un uso excesivo de la fuerza para sofocar el motín, lo que constituye vulneración del principio de proporcionalidad que debe existir entre la situación que se trata de resolver y los medios que para ello se utilizan (supra párrs. 67, 68 y 70). Sin embargo, de esta desproporción no se puede inferir que se hubiese practicado tortura o trato cruel, inhumano o degradante, conceptos que poseen contenido jurídico propio y que no se deducen en forma necesaria y automática de la privación arbitraria de la vida, aún en circunstancias agravantes como las presentes.

FormulasLiterales:
"No está demostrado que las personas involucradas hubiesen sido objeto de malos tratos o que se hubiese lesionado su dignidad";


ID: C069
Caratula: Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 25
ArtsViolados: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Eur. Court HR, Mahmut Kaya v. Turkey, Judgment of 28 March 2000, para. 117.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;
Etiquetas: Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Incomunicación de detenidos.
Hechos:
El 6 de febrero de 1993, Luis Alberto Cantoral Benavides fue detenido sin una orden judicial expedida por una autoridad competente por agentes de la DINCOTE. Los agentes llegaron a la casa para detener a su hermano, José Antonio Cantoral Benavides; pero al no encontrarlo, se lo llevaron a él. El hermano mellizo de Luis Alberto Cantoral, Luis Fernando Cantoral Benavides, acompañó voluntariamente a su hermano a las instalaciones de la policía y fue posteriormente detenido y condenado a 25 años.
Al momento de las detenciones se encontraba vigente en el Departamento de Lima un estado de emergencia y suspensión de garantías. Luis Alberto Cantoral Benavides estuvo detenido administrativamente en la DINCOTE, lugar donde fue mantenido incomunicado y sometido a torturas (buscando su autoinculpación) durante ocho o nueve días, y sólo 15 días después de su detención tuvo acceso a un abogado.
Asimismo, fue exhibido públicamente a través de los medios de comunicación, vestido con un traje a rayas como los que usan los presos, como integrante del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado.
Luis Alberto Cantoral Benavides fue procesado por el fuero militar por el delito de traición a la patria. Fue absuelto pero se remitió lo actuado al fuero común para que fuera juzgado por el delito de terrorismo. En dicho proceso fue condenado a 20 años de pena privativa de libertad por el delito de terrorismo. Sin embargo, Luis Cantoral solicitó un indulto a la Comisión ad hoc creada por la ley No. 26.555 y dicho beneficio fue concedido. En total, Luis Aberto Cantoral Benavides estuvo privado de libertad en forma ininterrumpida desde el 6 de febrero de 1993 hasta el 25 de junio de 1997, cuando fue liberado.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por detención ilegal, actos de tortura y falta de investigación y sanción de responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Principio de legalidad. Retroactividad. Principio de legalidad y de retroactividad. Protección judicial. Suspensión de garantías. Tortura. Trato cruel y degradante. Trato inhumano.

FallosCitados:
Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, párr. 149; 
Caso Godínez Cruz, , párr. 164 
Caso Velásquez Rodríguez, párr. 156.
Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 78 
Caso Neira Alegría y otros, párr. 60.
Caso Loayza Tamayo, párr. 58.
Caso Villagrán Morales y otros. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr.
166; 
Caso Suárez Rosero, supra nota 10, párr. 90 
Caso Loayza Tamayo, supra nota 12, párr. 57.
Caso Castillo Petruzzi y otros, párr. 197  
Caso Loayza Tamayo, párr. 57.

ParrDestacados:
82. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha establecido que la incomunicación debe ser excepcional y que su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana.

105. En cuanto a la alegada violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención en relación con los familiares del señor Cantoral Benavides, la Corte reconoce que la situación por la que atravesaron la señora Gladys Benavides de Cantoral y el señor Luis Fernando Cantoral Benavides, madre y hermano de la víctima, respectivamente, a raíz de la detención y encarcelamiento de ésta, les produjo sufrimiento y angustia graves, pero el Tribunal valorará los mismos a la hora de fijar las reparaciones necesarias en virtud de las violaciones comprobadas de la Convención Americana.

FormulasLiterales:
"La incomunicación durante la detención debe ser excepcional y su uso puede constituir un acto contrario a la dignidad humana";


ID: C070
Caratula: Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;
Etiquetas: Detención y dignidad. Detención y dignidad. Detención y dignidad. Detención y dignidad.
Hechos:
Durante los años en que sucedieron los hechos relativos a este caso, Guatemala estaba convulsionado por un conflicto interno. En 1992 existía en Guatemala un grupo guerrillero denominado Organización del Pueblo en Armas (ORPA), el que operaba en cuatro frentes, uno de los cuales era el Frente Luis Ixmatá comandado por Efraín Bámaca Velásquez, conocido como Everardo.
El 15 de febrero de 1992 inició su actividad la Fuerza de Tarea Quetzal creada por el Ejército para combatir la guerrilla en la zona suroeste del país. Era práctica del Ejército capturar guerrilleros y mantenerlos en reclusión clandestina a efectos de obtener, mediante torturas físicas y psicológicas, información útil para el Ejército. Estos guerrilleros eran trasladados frecuentemente de un destacamento militar a otro y, luego de varios meses en esta situación, eran utilizados como guías para determinar los lugares de acción de la guerrilla y para identificar personas que tuvieran militancia guerrillera. Buena parte de estos detenidos eran luego ejecutados, lo que completaba el cuadro de la desaparición forzada.
Al momento de los hechos del presente caso había ex guerrilleros que colaboraban con el Ejército, suministrando información útil a éste.
El 12 de marzo de 1992 se produjo un enfrentamiento armado entre combatientes de la guerrilla pertenecientes al Frente Luis Ixmatá y miembros del Ejército en las orillas del río Ixcucua, en el Municipio de Nuevo San Carlos, Departamento de Retalhuleu. En dicho enfrentamiento fue capturado vivo Efraín Bámaca Velásquez.
Los captores trasladaron a Efraín Bámaca Velásquez, quien estaba herido, a un destacamento militar. Durante su reclusión en dicho centro, permaneció atado y con los ojos vendados, y fue sometido a numerosos maltratos durante su interrogatorio. La última vez que fue visto el señor Bámaca Velásquez se encontraba en la enfermería de una base militar atado a una cama de metal.
Como resultado de los hechos del presente caso, se iniciaron varios procesos judiciales. No obstante, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la verdad. Derecho a la vida. Derecho internacional humanitario. Garantías judiciales y procesales. Libertad de pensamiento y expresión. Libertad personal. Personalidad jurídica. Protección judicial. Tortura.

FallosCitados:
Caso Cantoral Benavides, párr. 90
Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”), párr. 166
Caso Fairén Garbi y Solís Corrales,párr. 149; 
Caso Godínez Cruz, párrs. 164 y 197; 
Caso Velásquez Rodríguez, 53, párrs. 156 y 187
Caso Castillo Petruzzi y otros, párr. 195
Caso Suárez Rosero, párr. 90.
Caso Cantoral Benavides, párr. 82 
Caso Suárez Rosero, párr. 90.
Caso Cantoral Benavides, párr. 96; 
Caso Castillo Petruzzi y otros, párr. 197;
Caso Loayza Tamayo, párr. 57.
Caso Neira Alegría y otros, párr. 60.

DignidadIndividuo:
Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.

DignidadRol:
Dignidad como principio. Calificación de un derecho. Dignidad como principio. Dignidad como principio.

ParrDestacados:
150. ... Como ya lo ha establecido este Tribunal, una “persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad” (98) A lo anterior habría que agregar que “el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”(99). Esta incomunicación produce en el detenido sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, lo coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en los centros de detención(100). Por todo ello, la Corte ha afirmado que, “en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos [...] la incomunicación debe ser excepcional y [...] su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana”(101).”  

Cita 98: Cfr. Caso Cantoral Benavides, supra nota 56, párr. 90; Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”), supra nota 52, párr. 166; y en igual sentido, Eur. Court H.R., Case of Ireland v. the United Kingdom, Judgment of 18 January 1978, Series A no. 25. párr. 167. 

nota 99 Cfr. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, supra nota 53, párr. 149; Caso Godínez Cruz, supra fondo, párrs. 164 y 197; y Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 53, párrs. 156 y 187. 

nota 100 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros, supra nota 50, párr. 195; y Caso Suárez Rosero, supra nota 53, párr. 90. 

nota 101 Cfr. Caso Cantoral Benavides, supra nota 56, párr. 82; y Caso Suárez Rosero, supra nota 53, párr. 90. 

171. Esta misma Corte ha dejado claro que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos(112). (considerando 171) 

Nota 112: Cfr. Caso Neira Alegría y otros, supra nota 102, párr. 60. 

VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANCADO TRINDADE:
3. Los alegatos ante la Corte, relatados en la presente Sentencia sobre el caso Bámaca Velásquez, introducen un elemento nuevo para consideración de esta tragedia. En sus alegatos escritos finales (de 22.10.1999), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que, en los conflictos internos en países de América Latina, muchos individuos fueron “secuestrados en centros clandestinos de detención, fueron objeto de torturas”, así como “fueron enterrados sin dignidad ni respeto en fosas sin nombre”, o arrojados “desde aviones al mar” (párr. 123). 

4. En la audiencia pública ante la Corte del día 16 de junio de 1998, la Comisión Interamericana, en sus alegatos orales finales, se refirió a “las angustias y los sufrimientos” que padecieron los familiares del Sr. Bámaca Velásquez como consecuencia de la desaparición forzada de éste (párr. 145(f)). En sus alegatos escritos finales supracitados, la Comisión destacó, al respecto, la repercusión, en la cultura maya – a la que pertenecía el Sr. Bámaca Velásquez, - de no haberse dado sepultura digna a sus restos mortales, “por la relevancia central que tiene en su cultura el vínculo activo que une a los vivos con los muertos”, pues la “falta de un lugar sagrado a donde acudir para velar por este nexo constituye una preocupación profunda que brota de los testimonios de muchas comunidades mayas” (párr. 145(f)).
5. Este elemento nuevo para el examen de la cuestión, señalado por la Comisión, no debe pasar desapercibido en la determinación de la violación, correctamente establecida por la Corte en la presente Sentencia (punto resolutivo n. 2) en el caso Bámaca Velásquez (Fondo), del artículo 5(1) y (2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio no sólo del Sr. Efraín Bámaca Velásquez sino también de sus familiares inmediatos. [...] 

7. En el presente caso Bámaca Velásquez, llaman la atención la oposición sistemática del poder público a las exhumaciones (párr. 121(m)) y la incapacidad del Estado de ubicar los restos mortales de la víctima, con la consecuente impunidad de los responsables por las violaciones de los derechos humanos en perjuicio del Sr. Bámaca Velásquez así como de sus familiares. En dado momento de su testimonio ante esta Corte, la Sra. Jennifer Harbury señaló que “lo que busca es justicia y que le devuelvan los restos de Efraín Bámaca Velásquez”, su esposo (párr. 93(b)). En efecto, desde tiempos inmemoriales se ha ocupado el ser humano de dar sepultura digna a sus muertos. 

8. Trátase de una preocupación de las más antiguas del ser humano134, inmortalizada, v.g., más de cuatro siglos antes de Cristo, por la célebre tragedia de Antígona de Sófocles, que versaba precisamente sobre la firme determinación de Antígona, mujer de coraje, de enfrentar la tiranía de Creonte y dar una sepultura digna a uno de sus dos hermanos muertos (al igual que al otro hermano enterrado). En realidad, la búsqueda de un entendimiento de la muerte encuéntrase presente en todas las culturas y tradiciones filosóficas del mundo135. Es este un tema verdaderamente universal, además de perenne, cultivado por las culturas de todos los pueblos en todos los tiempos136.

MencionOtros:
Eur. Court H.R., Case of Ireland v. the United Kingdom, Judgment of 18 January 1978, Series A no. 25. párr. 167
Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra

FormulasLiterales:
"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"Una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad";"El aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad y la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano";"La incomunicación durante la detención debe ser excepcional y su uso puede constituir un acto contrario a la dignidad humana";

FormulasAbrev:
Detención compatible con dignidad. Dignidad del ilegalmente detenido. Dignidad, aislamiento e incomunicación. Incomunicación de detenidos.


ID: C071
Caratula: Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Derechos económicos y políticos. Garantías judiciales y procesales. Protección judicial.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 23, 25
ArtsViolados: 1, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Alberto Fujimori fue elegido Presidente del Perú el 28 de julio de 1990, de conformidad con la Constitución Política del Perú de 1979, por el término de cinco años. El 5 de abril de 1992 el Presidente Fujimori disolvió el Congreso y el Tribunal de Garantías Constitucionales, y destituyó a numerosos jueces de la Corte Suprema de Justicia.
los días 15 y 16 de junio de 1996 se conformó el nuevo Tribunal Constitucional. Este Tribunal, calificado como un tribunal “autónomo e independiente”, estaba integrado por los siguientes siete miembros: Ricardo Nugent (Presidente), Guillermo Rey Terry, Manuel Aguirre Roca, Luis Guillermo Díaz Valverde, Delia Revoredo Marsano, Francisco Javier Acosta Sánchez y José García Marcelo.
Los hechos del presente caso se iniciaron el 28 de mayo de 1997 cuando los magistrados Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano fueron revocados del Tribunal Constitucional. Ello fue producto de un juicio político efectuado por el Congreso. 
El 25 de julio de 1997 y el 1 de agosto de 1997, el magistrado Manuel Aguirre Roca y  los magistrados Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano respectivamente, interpusieron acciones de amparo contra las resoluciones de destitución. Los amparos interpuestos fueron declarados infundados en segunda instancia por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima el 9 de febrero de 1998. Por su parte, el Tribunal Constitucional confirmó dichas decisiones los días 10 y 16 de julio de 1998 en cada uno de los recursos.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la destitución de miembros del Tribunal Constitucional, y la falta de un debido proceso.


ID: C072
Caratula: Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 33, 50.2, 1, 2, 8, 9, 10, 15, 16, 25
ArtsViolados: 1, 2, 8, 9, 16
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Panamá
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
- Los hechos del presente caso se refieren al despido de 270 empleados públicos y dirigentes sindicales, que habían participado en distintas protestas contra la política gubernamental en reclamo de sus derechos laborales. El despido se produjo en base a la ley No. 25 de fecha 14 de diciembre de 1990, luego de que el Gobierno acusara a estas personas de haber participado en manifestaciones de protesta y de resultar cómplices de una asonada militar. 
- Se interpusieron una serie de recursos administrativos. Sin embargo, no se tuvo ningún resultado positivo.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por el despido arbitrario de empleados públicos, así como a la falta de un debido proceso que ampare sus reclamos.

TemaSecundario:
Derecho de asociación. Derecho de reunión. Derecho sindical. Derechos económicos, sociales y culturales. Garantías judiciales y procesales. Indemnizaciones. Principio de legalidad. Retroactividad. Principio de legalidad y de retroactividad. Protección judicial.


ID: C073
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Libertad de conciencia y religión. Libertad de pensamiento y expresión.
ArtsInterpretados: 1, 2, 12, 13
ArtsViolados: 1, 2, 13
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Chile
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El 29 de noviembre de 1988 el Consejo de Calificación Cinematográfica rechazó la exhibición de la película "La ültima Tentación de Cristo".  El 17 de junio del mismo año la Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó la decisión.
La Constitución de Chile en ese entonces en su art. 19 establecía un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica". El 17 de noviembre de 1999 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma constitucional tendiente a eliminar la censura previa en la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica. Sin embargo, dos años después, no se habían completado los trámites necesarios para su aprobación. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado debido a la censura judicial impuesta a la exhibición de la película “La última tentación de Cristo".


ID: C075
Caratula: Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 8, 13, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 8, 13, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 3 de noviembre de 1991, seis individuos fuertemente armados irrumpieron en un inmueble donde se estaba llevando a cabo una fiesta para recaudar fondos con el objeto de hacer reparaciones en el edificio. Los automóviles desde los que se bajaron portaban luces y sirenas policiales. Obligaron a las víctimas a arrojarse al suelo y les dispararon indiscriminadamente, matando a 15 personas e hiriendo gravemente a otras cuatro, y huyeron haciendo sonar nuevamente las sirenas. Quienes ejecutaron el acto trabajaban para la inteligencia militar; eran miembros del Ejército Peruano que actuaban en el "escuadrón de eliminación" llamado "Grupo Colonia" que llevaba a cabo su propio programa antisubversivo. Los hechos se realizaron en represalia contra presuntos integrantes de Sendero Luminoso.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la muerte y lesiones de un grupo de personas por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la verdad. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad de pensamiento y expresión. Protección judicial.


ID: C076
Caratula: Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y Costas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
- Los hechos del caso ocurrieron entre junio de 1987 y febrero de 1988, en un contexto de detenciones arbitrarias y, en algunos casos, de privación de la vida. En la mayoría de los casos, las personas detenidas eran obligadas a subir, por la fuerza, a un vehículo tipo “panel” (especie de microbús o furgoneta) de color blanco. En dichas detenciones intervinieron hombres armados, vestidos de civil en la mayoría de ellas, vinculados con la Guardia de Hacienda o con alguna institución militar o policial.
- Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López, Erik Leonardo Chinchilla, Augusto Angárita Ramírez, Doris Torres Gil, José Antonio Montenegro, Oscar Vásquez y Marco Antonio Montes Letona fueron detenidos en diversas fechas. Asimismo, fueron objeto de maltratos y torturas. Cinco de estas personas también fueron asesinadas. Sus cuerpos, con signos de violencia física, fueron abandonados el mismo día o días después de su detención, en las calles de la ciudad de Guatemala y en sus alrededores.
- A pesar de haberse interpuesto recursos judiciales, no hubo avances avances significativos en la investigación o en la identificación de los responsables.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por los actos de secuestro, detención arbitraria, trato inhumano, tortura y asesinato cometidos por agentes del Estado contra personas y por la falta de investigación y sanción de responsables.


ID: C077
Caratula: Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y Costas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 19, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: Sí
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: No se puede clasificar.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad víctima.
FormulasAbrev: Daño moral y restablecimiento dignidad víctima.
Hechos:
"- Los hechos del presente caso se contextualizan en una época caracterizada por un patrón común de acciones al margen de la ley, perpetradas por agentes de seguridad estatales, en contra de los “niños de la calle”. Esta práctica incluía amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes y homicidios como medio para contrarrestar la delincuencia y vagancia juvenil.
- El 15 de junio de 1990, en la zona conocida como “Las Casetas”, una camioneta se acercó a Henry Giovanni Contreras, de 18 años de edad, Federico Clemente Figueroa Túnchez, de 20 años, Julio Roberto Caal Sandoval, de 15 años y Jovito Josué Juárez Cifuentes, de 17 años. De dicho vehículo descendieron hombres armados miembros de la policía, quienes los obligaron a subir al mismo. Luego de estar retenidos por unas horas, fueron asesinados. Asimismo, el 25 de junio de 1990 fue asesinado Anstraum Aman Villagrán Morales, mediante un disparo de arma de fuego, en el sector de “Las Casetas”. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables de los hechos."

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la detención y posterior asesinato de personas por parte de agentes policiales y por falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derechos de los niños y las niñas. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial. Tortura. Trato cruel y degradante. Trato inhumano.

ResumenDisRelevante:
VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE

36. ¿Cuál es el precio de una vida humana? ¿Cuál es el precio de la integridad de la persona humana? ¿Cuál es el precio de la libertad de conciencia, o de la protección de la honra y de la dignidad? ¿Cuál es el precio del dolor o sufrimiento humano? ¿Si se pagan las indemnizaciones, el "problema" estaría "resuelto"? Lo cierto es que todos los derechos protegidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen un valor autónomo y un contenido jurídico propio, y además, encuéntranse todos relacionados inter se, indivisibles que son. En relación con el derecho fundamental a la vida, yo iría más allá: su protección, que requiere medidas positivas por parte del Estado, recae en el dominio del jus cogens, como lo reconoce la doctrina jurídica contemporánea40.

ParrDestacados:
84. La Corte pasa a considerar aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados, por ende, en términos monetarios. El mencionado daño moral puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y otras perturbaciones que no son susceptibles de medición pecuniaria. Es una característica común a las distintas expresiones del daño moral el que, no siendo posible asignárseles un preciso equivalente monetario, solo puedan, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una suma de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir. 

FormulasLiterales:
"El daño moral, para los fines de la reparación integral a las víctimas, puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.";


ID: C078
Caratula: Caso Cesti Hurtado vs. Perú. Reparaciones y Costas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 63, 1, 8, 25
ArtsViolados: 1, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso se inician el 23 de diciembre de 1996, cuando la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar resolvió abrir instrucción, entre otros, contra el señor Gustavo Cesti Hurtado, por los delitos de desobediencia contra el deber y dignidad de la función, negligencia y fraude. El señor Cesti Hurtado se retiró del Ejército en 1984.
El 28 de febrero de 1997 el señor Cesti Hurtado fue detenido y llevado a un penal militar. Fue condenado el 14 de abril del mismo año a una pena privativa de libertad de siete años. La Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar modificó redujo la pena a cuatro años. El señor Cesti Hurtado interpuso una serie de recursos judiciales cuestionando la detención. Sin embargo, éstos fueron denegados.


ID: C079
Caratula: Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 11, 12, 16, 21, 22, 23, 25
ArtsViolados: 1, 2, 21, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Nicaragua
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
- Los hechos del presente caso están referidos a la Comunidad indígena Awas Tingni, conformada por más de 600 personas. En marzo de 1992, con ocasión de un proyecto de extracción forestal, la Comunidad Awas Tingni celebró un contrato con la empresa MADENSA con la finalidad de determinar el manejo integral del bosque, reconociéndose así ciertos derechos de participación sobre el territorio ocupado por la Comunidad en virtud a su “posesión histórica”. Dos años después, la Comunidad, MADENSA y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua (MARENA) celebraron un convenio mediante el cual el Ministerio se comprometió a facilitar la definición de las tierras comunales de la Comunidad.
- En marzo de 1996 el Estado otorgó una concesión por 30 años para el manejo y aprovechamiento forestal de 62 mil hectáreas aproximadamente a la empresa SOLCARSA, sin que la Comunidad hubiese sido consultada al respecto. La Comunidad solicitó a diversos organismos estatales no avanzar con el otorgamiento de la concesión y a la vez delimitar su territorio. No obstante, ninguna de las dos peticiones fueron atendidas. Asimismo presentaron dos recursos de amparo, los cuales tampoco produjeron resultados positivos.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la falta de delimitación del territorio de una comunidad indígena y por la ineficacia de los recursos interpuestos.

TemaSecundario:
Derecho a la honra y la intimidad. Derecho a la vida. Derechos económicos y políticos. Dignidad. Libertad de circulación y residencia. Libertad de conciencia y religión. Propiedad privada. Protección judicial. Pueblos indígenas. Derecho a la propiedad colectiva. Propiedad colectiva.


ID: C080
Caratula: Caso Hilaire vs. Trinidad y Tobago. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Trinidad y Tobago
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
"- Los hechos del presente se desarrollan cuando un grupo de personas fueron juzgadas y sentenciadas por homicidio intencional en Trinidad y Tobago de acuerdo con la Ley de Delitos contra la Persona. Dicha norma prescribe la pena de muerte como única condena aplicable al delito de homicidio intencional
- En los casos de algunos de los condenados, los procesos se tardaron en demasía. Asimismo, no había disponibilidad de asistencia letrada y de otros tipos de asistencia especializada. Asimismo, en relación a las condiciones de detención, había hacinamiento y falta de higiene. 
- De las 32 personas parte del presente Caso, treinta se encuentran detenidas en las prisiones de Trinidad y Tobago y en espera de su ejecución en la horca. Las únicas excepciones son Joey Ramiah, quien fue ejecutado, y Wayne Matthews cuya pena fue conmutada."

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la imposición de la pena de muerte a personas sin respeto al debido proceso y acceso a un recurso judicial efectivo. Condiciones de detención contrarias al derecho a la integridad personal.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Pena de muerte.


ID: C083
Caratula: Caso Barrios Altos vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Fondo
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 25
ArtsViolados: 1, 2, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso ocurrieron el 3 de noviembre de 1991. Seis individuos del grupo Colina, compuesto por miembros del Ejército, irrumpieron en un inmueble ubicado en el vecindario conocido como Barrios Altos de la ciudad de Lima. Al producirse la irrupción, se estaba celebrando una “pollada”, es decir, una fiesta para recaudar fondos con el objeto de hacer reparaciones en el edificio. 
Los atacantes llegaron al sitio en dos vehículos y obligaron a las víctimas a arrojarse al suelo. Seguidamente empezaron a dispararles  por un período aproximado de dos minutos. 15 personas fallecieron y 4 quedaron gravemente heridas. El Congreso peruano promulgó una ley de amnistía, la cual exoneraba de responsabilidad a los militares, policías, y también a civiles, que hubieran cometido, entre 1980 y 1995, violaciones a los derechos humanos o participado en esas violaciones. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la muerte y lesiones de un grupo de personas por parte de agentes militares, y por la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la verdad. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad de pensamiento y expresión. Protección judicial.


ID: C084
Caratula: Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo.
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Fondo
ArtsInterpretados: 63.1, 67
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado peruano por la pérdida de nacionalidad peruana de Baruch Ivcher Bronstein y la pérdida de sus acciones de un canal de televisión.  Se centra en la indemnizacion debida a Baruch Ivcher Bronstein.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la pérdida de nacionalidad de una persona y la pérdida de sus acciones de un canal de televisión.

TemaSecundario:
Garantías judiciales y procesales. Libertad de pensamiento y expresión. Nacionalidad. Propiedad privada. Protección judicial.


ID: C085
Caratula: Caso Cantos vs. Argentina. Excepciones Preliminares.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la denegación de justicia a una persona.
TipoSent: Excepciones Preliminares
TemaSecundario: Garantías judiciales y procesales. Propiedad privada. Protección judicial.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 21, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso se desarrollan a comienzos de la década de 1970, cuando el señor José María Cantos era dueño de un importante grupo empresarial en la Provincia de Santiago del Estero, en Argentina. En marzo de 1972, la Dirección General de Rentas de la Provincia, con base en una presunta infracción a la Ley de Sellos, realizó una serie de allanamientos en las dependencias administrativas de las empresas del señor Cantos. Se llevaron la totalidad de la documentación contable, libros y registros de comercio, comprobantes y recibos de pago, así como también numerosos títulos valores y acciones mercantiles. Ello causó un perjuicio económico a la empresa.
Desde marzo de 1972 el señor Cantos planteó distintas acciones judiciales en defensa de sus intereses. Con motivo estas acciones intentadas por el señor Cantos, éste fue objeto de sistemáticas persecuciones y hostigamientos por parte de agentes del Estado. El 17 de septiembre de 1996 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia rechazando la demanda presentada por el señor Cantos y le ordenó pagar las costas del proceso.


ID: C087
Caratula: Caso Barrios Altos vs. Perú. Reparaciones y Costas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 8, 13, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
"- Los hechos del presente caso ocurrieron el 3 de noviembre de 1991. Seis individuos del grupo Colina, compuesto por miembros del Ejército, irrumpieron en un inmueble ubicado en el vecindario conocido como Barrios Altos de la ciudad de Lima. Al producirse la irrupción, se estaba celebrando una “pollada”, es decir, una fiesta para recaudar fondos con el objeto de hacer reparaciones en el edificio. 
- Los atacantes llegaron al sitio en dos vehículos y obligaron a las víctimas a arrojarse al suelo. Seguidamente empezaron a dispararles  porun período aproximado de dos minutos. 15 personas fallecieron y 4 quedaron gravemente heridas. El Congreso peruano promulgó una ley de amnistía, la cual exoneraba de responsabilidad a los militares, policías, y también a civiles, que hubieran cometido, entre 1980 y 1995, violaciones a los derechos humanos o participado en esas violaciones. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables."

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la muerte y lesiones de un grupo de personas por parte de agentes militares, y por la falta de investigación y sanción de los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la verdad. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad de pensamiento y expresión. Protección judicial.


ID: C088
Caratula: Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Reparaciones y Costas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
FallosCitados: Caso de los “ Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, párr. 84.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: No se puede clasificar.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad víctima.
FormulasAbrev: Daño moral y restablecimiento dignidad víctima.
Hechos:
"- Los hechos del presente caso se contextualizan un una época donde existió una práctica generalizada de tratos crueles, inhumanos y degradantes con motivo de las investigaciones criminales por delitos de traición a la patria y terrorismo. El 6 de febrero de 1993 Luis Alberto Cantoral Benavides fue detenido, sin una orden judicial, por agentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) en su domicilio ubicado en el distrito La Victoria, ciudad de Lima. 
- Luis Cantoral estuvo incomunicado por más de una semana en el centro de la DINCOTE y a los 15 días después de su detención tuvo acceso a un abogado. Asimismo, fue objeto, por parte de efectivos policiales y miembros de la Marina, de actos de violencia. Fue vendado, esposado con las manos en la espalda, obligado a permanecer de pie, golpeado en varias partes del cuerpo, etc. Asimismo, fue exhibido públicamente a través de los medios de comunicación, vestido con un traje a rayas como los que usan los presos, como integrante del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado.
- Luis Alberto Cantoral Benavides fue procesado por el fuero militar por el delito de traición a la patria. Fue absuelto pero se remitió lo actuado al fuero común para que fuera juzgado por el delito de terrorismo. En dicho proceso fue condenado a 20 años de pena privativa de libertad por el delito de terrorismo. Sin embargo, Luis Cantoral solicitó un indulto a la Comisión ad hoc creada por la ley No. 26.555 y dicho beneficio fue concedido. En total, Luis Aberto Cantoral Benavides estuvo privado de libertad en forma ininterrumpida desde el 6 de febrero de 1993 hasta el 25 de junio de 1997, cuando fue liberado."

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por detención ilegal, actos de tortura y falta de investigación y sanción de responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Principio de legalidad. Retroactividad. Principio de legalidad y de retroactividad. Protección judicial. Suspensión de garantías. Tortura. Trato cruel y degradante. Trato inhumano.

ParrDestacados:
53. La Corte pasa a considerar aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y que no pueden ser tasados, por ende, en términos monetarios. El mencionado daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, otras perturbaciones que no son susceptibles de medición pecuniaria, así como las alteraciones de condiciones de existencia de la víctima o su familia. Es una característica común a las distintas expresiones del daño inmaterial el que, no siendo posible asignárseles un preciso equivalente monetario, solo puedan, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir43.

FormulasLiterales:
"El daño moral, para los fines de la reparación integral a las víctimas, puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.";


ID: C089
Caratula: Caso Durand y Ugarte vs. Perú. Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por desaparición forzada y muerte de personas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 63.1, 8, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y desaparición de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera en el penal de El Frontón. Homologación acuerdo de reparaciones. 

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Protección judicial. Suspensión de garantías.


ID: C090
Caratula: Caso Las Palmeras vs. Colombia. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 4, 8, 25
ArtsViolados: 4, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 23 de enero de 1991 miembros de la Policía Nacional colombiana llevaron a cabo una operación armada en la localidad de Las Palmeras (con apoyo de efectivos del Ejército). Ese día se encontraban en la escuela rural de Las Palmeras unos niños que esperaban el comienzo de clases y dos trabajadores que reparaban un tanque séptico. Las fuerzas del Ejército abrieron fuego desde un helicóptero e hirieron a uno de los niños que se dirigía a la escuela.  La policía a su vez detuvo en la escuela y sus alrededores a seis personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente. Los miembros de la Policía y el Ejército vistieron con uniformes militares los cadáveres de algunas de esas personas, quemaron sus ropas y amedrentaron a varios testigos. La policía presentó siete cadáveres como pertenecientes a subversivos muertos en un enfrentamiento; entre esos cadáveres estaban los 6 mencionados y otro más cuyas circunstancias de muerte no fueron esclarecidas.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la muerte de personas por parte de miembros de la Policía Nacional y el Ejército.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Derecho internacional humanitario. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Protección judicial.

MencionOtros:
Convenios de Ginebra de 1949.   Artículo 3 - Conflictos no internacionales  
En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) la toma de rehenes;
c) los atenta dos contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.


ID: C091
Caratula: Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
FallosCitados: Caso Blake Caso Bámaca Velázquez (sentencia de fondo)
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Derecho a la dignidad.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: "Derecho a la dignidad";
Etiquetas: Dignidad cadáver.
FormulasAbrev: Derecho a la dignidad.
Hechos:
En Marzo de 1992, en un enfrentamiento armado entre la guerrilla y el ejercito, fue detenido el Sr. Bámaca Velásquez y fue sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hasta la fecha de emisión de la sentencia se desconoce el paradero de sus restos mortales. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la desaparición forzada, así como la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la verdad. Derecho a la vida. Derecho internacional humanitario. Garantías judiciales y procesales. Libertad de pensamiento y expresión. Libertad personal. Personalidad jurídica. Protección judicial. Tortura.

ParrDestacados:
Voto Razonado de Cancado Trindade: La Dignidad humana encuentra expresión también en el respeto a los restos mortales de los que ya traspasaron el limite extremo de la vida. La Indiferencia en cuanto al destino humano es una forma de violar el derecho a la dignidad. (...) Todo ser humano tiene derecho a la dignidad. Violar este derecho es humillar al ser humano. 
La Corte considera que el cuidado de los restos mortales de una persona es una forma de observancia del derecho a la dignidad humana. (parrafo 81)

MencionOtros:
Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura 
Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas ( art 8)


ID: C092
Caratula: Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Reparaciones y Costas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
FallosCitados: Caso Bamaca Velásquez y Caso Blake
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: No se puede clasificar.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (art 8)
PaisDemandado: Bolivia
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad víctima.
FormulasAbrev: Paradero del desaparecido.
Hechos:
El día 23 de Diciembre de 1971, fue detenido ilegalmente Carlos Trujillo Oroza, durante su detención fue objeto de torturas y a la fecha de emisión de la sentencia de desconoce el paradero de sus restos mortales.  

TemaPrincipal:
Responsabilidad intencional del Estado por la desaparición forzada de personas por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.

ParrDestacados:
La privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos. 
No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, solo puede para los fines de reparación integral a las victimas, se objeto de compensación y ello de dos maneras..... mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las victimas, el reconocimiento de su dignidad , el consuelo de sus deudos.."
Es un acto de justicia saber el paradero del desaparecido, y es una forma de reparación porque permite dignificar a las victimas, ya que los restos mortales de una persona deben ser tratos con respecto para con sus deudos y con el fin de que puedan darle una sepultura adecuada. 

FormulasLiterales:
"Es un acto de justicia saber el paradero del desaparecido, y es una forma de reparación porque permite dignificar a las víctimas, ya que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto para con sus deudos y con el fin de que éstos puedan darle una adecuada sepultura. ";


ID: C093
Caratula: Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Excepción Preliminar.
TipoSent: Excepción Preliminar
ArtsInterpretados: 50, 51, 62.3
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 6 de Octubre de 1987, un grupo de 17 comerciantes fueron detenidos por un grupo paramilitar que operaba en el Municipio de Boyacá y fueron ejecutados. Luego de ello, el día 18 de octubre de 1987 dos personas mas que se encontraban en búsqueda de los comerciantes desaparecidos, fueron detenidos y asesinados por el mismo grupo paramilitar.
 La detención, desaparición y posterior ejecución de los comerciantes fue planeada conjuntamente por el grupo paramilitar que se encontraba en la zona y miembros de la V  Brigada del ejercito. Los cuerpos de la victimas fueron destruidos con el objeto de impedir su identificación.  

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de personas por parte de un grupo paramilitar, así como a la falta de investigación para esclarecer los hechos y la falta de sanción a los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derecho a la verdad. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Protección judicial.


ID: C094
Caratula: Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Vida digna.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Calificación de un derecho. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Trinidad y Tobago
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Detención y dignidad. Vida/existencia digna. Vida/existencia digna.
FormulasAbrev: Dignidad del ilegalmente detenido. Condiciones de vida digna. Condiciones de vida digna.
Hechos:
Treinta y dos personas fueron arrestadas, juzgadas y condenadas a muerte según lo establecido en la Ley de Delitos contra la Persona, vigente en Trinidad y Tobago desde el 3 de abril de 1925. La ley mencionada establecía la pena de muerte para todos los homicidios cometidos con la intención de matar o causar una grave lesión corporal, sin considerar las circunstancias particulares del acusado y del hecho, los diversos grados de culpabilidad, los agravantes ni los atenuantes. Por otro lado, algunas de las personas condenadas estuvieron detenidas durante años antes de ser llevadas a juicio y otras no recibieron asistencia letrada o asistencia especializada. Asimismo, las celdas carecían de ventilación suficiente, luz natural e higiene y los condenados se encontraban hacinados. Uno de los condenados fue ejecutado a pesar de que la CIDH había emitido una medida provisional para suspender la ejecución hasta que se dictara sentencia. Treinta condenados aun no habían sido ejecutados y uno había obtenido la conmutación de su pena. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por imposición de la pena de muerte a treinta y dos personas con respeto al debido proceso y acceso a un recurso judicial efectivo y por las condiciones de detención contrarias al derecho a la integridad personal.

FallosCitados:
Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Fondo
Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Este caso fue citado en el voto concurrente del Juez Cançado Trindade.

ParrDestacados:
"Agregó la Comisión que la disposición sobre la “pena de muerte obligatoria” en Trinidad y Tobago conduce a que se imponga aquélla a todas las personas responsables de homicidio intencional, sin tomar en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes que concurren en el caso ni los diversos grados de culpabilidad. Todo ello atenta, a juicio de la Comisión, contra la dignidad inherente al ser humano y el derecho a un trato humano de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana."

"La Comisión Interamericana manifestó que las víctimas han sufrido estas condiciones por períodos de tiempo muy extensos y que por lo tanto, el Estado no les garantizó el respeto a la dignidad inherente al ser humano bajo cualquier circunstancia, así como el derecho a no ser objeto de castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes."

"Asimismo, la Corte Interamericana ha manifestado que toda persona privada de libertad tiene derecho a ser tratada con dignidad y que el Estado tiene la responsabilidad y el deber de garantizarle la integridad personal mientras se encuentra en reclusión. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos"

Voto concurrente de Cançado Trindade: "La privación arbitraria de la vida es comúmente asociada con el delito del homicidio. Pero hay distintos modos de privar a uno arbitrariamente de la vida, en los términos de la prohibición del artículo 4(1) de la Convención Americana: cuando es provocada su muerte directamente por el hecho ilícito del homicidio, así como cuando no se evitan las circunstancias (como la miseria) que impiden el acceso a condiciones de una vida digna. El presente caso Hilaire, Constantine y Benjamin revela que la privación arbitraria de la vida puede ocurrir mediante las actuaciones "legales" de los órganos del Estado basadas en una ley que es fuente de arbitrariedad y, por ende, es incompatible con la Convención Americana; o sea, la privación arbitraria de la vida puede ocurrir en razón de acciones u omisiones no sólo de particulares (en las relaciones inter-individuales), sino también del propio Estado,
como lo demuestra el cas d'espèce." 

FormulasLiterales:
"Una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad";"Condiciones de una vida digna";"Cuando no se evitan las circunstancias (como la miseria) que impiden el acceso a condiciones de una vida digna";


ID: C095
Caratula: Caso del Caracazo vs. Venezuela. Reparaciones y Costas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: No se puede clasificar. No se puede clasificar.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Venezuela
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad víctima. Dignidad víctima.
FormulasAbrev: Daño moral y restablecimiento dignidad víctima. Paradero del desaparecido.
Hechos:
El 27 de febrero de 1989, un grupo de personas provocó disturbios en la Ciudad de Guarenas como consecuencia del aumento de las tarifas de transporte y de la falta de reconocimiento del pasaje estudiantil. Los mencionados disturbios se propagaron a otras zonas del área metropolitana de Caracas. El 28 febrero de 1989, el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que se ordenaba la suspensión de varias garantías constitucionales y, luego, aplicó un toque de queda. La Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y el Ejército reprimieron los reclamos. Numerosos civiles resultaron asesinados y heridos y otros desaparecieron. Muchos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes y algunos nunca fueron devueltos a sus familiares. Por otro lado, los procesos judiciales iniciados contra los ciudadanos tenían carácter secreto, por lo que las familias no tenían acceso a los expedientes.
El caso trata los daños sufridos por 41 víctimas que fueron asesinas y por 3 que resultaron heridas.

TemaPrincipal:
Reconocimiento de responsabilidad internacional del estado por el uso desproporcionado de la fuerza en contra de los habitantes por parte de agentes militares y policiales, así como el empleo de mecanismos institucionales para asegurar la impunidad de los hechos.

FallosCitados:
Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Reparaciones y Costas
Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas
Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Reparaciones y Costas

ParrDestacados:
"La Corte pasa a considerar aquellos efectos lesivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial. El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad, el consuelo de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir. El primer aspecto de la reparación de los daños inmateriales se analizará en esta sección y el segundo en la siguiente."

"La Corte considera que la entrega de los restos mortales constituye un acto de reparación en sí mismo porque conduce a dignificar a las víctimas, al hacerle honor al valor que su memoria tiene para los que fueron sus seres queridos y permitirle a éstos darles una adecuada sepultura."  

FormulasLiterales:
"El daño moral, para los fines de la reparación integral a las víctimas, puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.";"Es un acto de justicia saber el paradero del desaparecido, y es una forma de reparación porque permite dignificar a las víctimas, ya que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto para con sus deudos y con el fin de que éstos puedan darle una adecuada sepultura. ";


ID: C096
Caratula: Caso Las Palmeras vs. Colombia. Reparaciones y Costas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 8, 25
ArtsViolados: 4, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Es una sentencia de reparaciones respecto de una sentencia de fondo del 6 de diciembre de 2001. La reparación giran en torno de la responsabilidad del Estado por haber conculcado el derecho a la vida (art. 4 de la Convención)  y por la violación de los derecho a las garantías y protección judicial (Artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana). 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la muerte de personas por parte de la Policía Nacional y el Ejército.

TemaSecundario:
Derecho a la vida. Derecho internacional humanitario. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Protección judicial.

MencionOtros:
Convenciones de Ginebra de 1949  Artículo 3 - Conflictos no internacionales  
En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) la toma de rehenes;
c) los atenta dos contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.


ID: C097
Caratula: Caso Cantos vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas.
TemaPrincipal: Responsabilidad internacional del Estado por la denegación de justicia a una persona.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Garantías judiciales y procesales. Propiedad privada. Protección judicial.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 21, 25
ArtsViolados: 1, 2, 21, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
José María Cantos era un importante empresario en la Provincia de Santiago del Estero que entre 1972 y 1982 fue víctima de un fuerte hotigamiento por parte de las autoridades administrativas y judiciales que incluyeron allanamientos, secuestro de documentación, y detenciones a él y a sus hijos menores de edad. Ello le originó un grave perjuicio económico y la pérdida de muchas de sus propiedades. Cantos realizó distintos reclamos e incluso llegó a un acuerdo con el Gobernador en 1982 que la Provincia no cumplió. Por lo tanto, inició una acción que llegó hasta la CSJN y que fue rechazada imponiéndosele las costas por USD 140.000.000 en 1996 (Había hecho el reclamo por $AR 2.780.015.303,44.-) equivalente a la misma cantidad en dólares. La Corte resolvió que la CSJN al aplicar ley interna que establece el modo de calcular las costas en Argentina obstruye el acceso a la justicia y en conclusión viola los artículos 8 y 25 de la Convención.

MencionOtros:
— Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
— Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Naciones Unidas
— Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convención Europea de Derechos Humanos)
– Consejo de Europa


ID: C098
Caratula: Caso Cinco Pensionistas vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 21, 25, 26
ArtsViolados: 1, 2, 21, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Cinco trabajadores jubilados (pensionistas) de la administración publica peruana iniciaron un litigio contra el Estado en relación con el cálculo de sus haberes jubilatorios (pensiones). La Corte establece que de conformidad con el artículo 29.b) de la Convención -el cual prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos-, y mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, desde el momento en que los pensionistas se acogieron un régimen jubilatorio tiene un derecho adquirido de propiedad sobre los efectos patrimoniales del derecho a la pensión en los términos del artículo 21 de la Convención.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional debida a la modificación en el régimen de pensiones que personas venían disfrutando conforme a la legislación peruana hasta 1992, así como por el incumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional del Perú que ordenaron al Estado realizar determinados pagos a su favor.

TemaSecundario:
Derechos económicos, sociales y culturales. Garantías judiciales y procesales. Propiedad privada. Protección judicial. Seguridad social.

ParrDestacados:
Párrafo del voto concurrente del Juez Sergio García Ramirez donde se menciona la dignidad; "La tendencia que se observa claramente en los sucesivos Reglamentos de la Corte --sobre todo en el vigente, del año 2000-- ha llevado al establecimiento de crecientes derechos procesales de la presunta víctima. Así se reivindica en el proceso la dignidad y la actividad del individuo afectado por la violación de la norma. Con ello se marca, en mi concepto, la mejor opción para el presente y el mejor camino para el futuro del sistema interamericano, aunque aún se halle distante el punto de llegada." (Se refiere a la posibilidad de que los particulares accedan directamente a la Corte y no sólo a través de la Comisión.) También las partes habían pedido que se condene a Perú a establecer "El día de la dignidad del pensionista" pero la Corte lo desestimó.

MencionOtros:
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de SanSalvador”)


ID: C099
Caratula: Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Dignidad del ilegalmente detenido.
Hechos:
Juan Humberto Sánchez, fue detenido en dos ocasiones por las fuerzas armadas hondureñas “por su presunta vinculación con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador”. La primera captura se habría producido el 10 de julio de 1992 por efectivos del Décimo Batallón de Infantería de Marcala, La Paz, siendo liberado el 11 de julio de 1992 por ausencia de evidencia sobre los cargos de la detención. La segunda captura se habría llevado a cabo por efectivos del Primer Batallón de Fuerzas Territoriales en su casa de habitación la noche del mismo 11 de julio. El 22 de julio de 1992 los familiares de la presunta víctima se enteraron que se había producido el hallazgo del cadáver de Juan Humberto Sánchez “en un pozo del ‘Río Negro’ trabado entre las piedras y en estado de descomposición y mostraba señales de tortura. Por otro lado, la Comisión alegó que el 20 de julio de 1992, antes de que el cadáver de la presunta víctima fuera encontrado, se interpuso un recurso de hábeas corpus o exhibición personal ante la Corte de Apelaciones de Comayagua por “el secuestro y detención” del señor Juan Humberto Sánchez. Este recurso de hábeas corpus fue declarado sin lugar el 14 de agosto de 1992. Asimismo, la Comisión señaló que hasta la fecha ninguna persona ha sido juzgada ni sancionada por “el secuestro, tortura y ejecución” del señor Juan Humberto Sánchez, por lo que subsiste una situación de impunidad en relación con el caso. En este sentido, la Comisión también manifestó que hubo intimidaciones y amenazas a testigos y a familiares de la presunta víctima.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de una persona por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial. Tortura.

FallosCitados:
Caso Bámaca Velásquez, supra nota 25, párr. 150; Caso Cantoral Benavides, supra nota 103, párr. 90; Caso de los  Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 103, párr. 166, y en igual sentido, Eur. Court H.R., Case of Ireland v. the United Kingdom judgment of 18 January 1978, Series A no. 25. para. 167.

ParrDestacados:
96. La Corte ha considerado probado que la noche del 11 de julio de 1992, el señor Juan Humberto Sánchez fue detenido por miembros del ejército. Como lo ha señalado este Tribunal, una “persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren  otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad.

MencionOtros:
— Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias
(“Protocolo de Minnesota”), Naciones Unidas
— Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, Naciones Unidas

FormulasLiterales:
"Una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad";


ID: C100
Caratula: Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 19, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 19, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar.
DignidadRol: Calificación de un derecho. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Argentina
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Detención y dignidad. Dignidad niño.
FormulasAbrev: Dignidad del ilegalmente detenido. Interés superior del niño.
Hechos:
 El 19 de abril de 1991, cuando la Policía Federal Argentina realizó una detención masiva de más de ochenta personas en la ciudad de Buenos Aires. Entre los detenidos se encontraba Walter David Bulacio, de 17 años de edad.  Luego de su detención, fue trasladado a una comisaría donde fue golpeado en numerosas ocasiones por agentes policiales. Después de haber sido liberado, tuvo que ser ingresado a un hospital. El 26 de abril de 1991  Walter David Bulacio falleció.
 La causa judicial seguida por las lesiones y muerte de Walter David Bulacio, así como la referida a su detención y la de las otras personas, fueron objeto de diversas actuaciones judiciales, tales como inhibiciones, impugnaciones y recusaciones que han originado una dilación en el proceso. No obstante, a la fecha no hubo un pronunciamiento firme por parte de las autoridades judiciales sobre el conjunto de los hechos investigados, ni se ha sancionado a ningún responsable.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la detención arbitraria y posterior muerte de una persona. Asimismo, la falta de investigación, dilación indebida y sanción de los responsables de los hechos.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derechos de los niños y las niñas. Garantías judiciales. Libertad personal. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.

FallosCitados:
Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 4, párr. 96; Caso Bámaca Velásquez, supra nota 30, párr. 150; y Caso Cantoral Benavides, supra nota 30, párr. 90.
 

ParrDestacados:
Quien  sea  detenido “tiene  derecho  a  vivir  en  condiciones  de  detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal.”

La  vulnerabilidad  del  detenido  se  agrava  cuando  la  detención  es  ilegal  o  arbitraria. Entonces la persona se encuentra en completa indefensión, de la que surge  un  riesgo  cierto  de  que  se  transgredan  otros  derechos,  como  son  los correspondientes a la integridad física y al trato digno. El Estado debe proveer una explicación satisfactoria sobre lo que ha sucedido a una persona que presentaba condiciones  físicas  normales  cuando  se  inició  su  custodia  y  durante  ésta  o  al término de la misma empeoró. Asimismo, es el Estado “el obligado a crear las condiciones necesarias para que cualquier recurso [a favor del detenido] pueda” tener resultados efectivos.

La Corte ha señalado que la atención médica deficiente de un detenido es violatoria del artículo 5 de la Convención Americana.

 Cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograr dicha protección, rige el principio del interés superior del niño, que se funda “en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los  niños,  y  en  la  necesidad  de  propiciar  el  desarrollo  de  éstos,  con  pleno aprovechamiento de sus potencialidades”. 

FormulasLiterales:
"Una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad";"El principio del interés superior del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar su desarrollo con pleno aprovechamiento de sus potencialidades";


ID: C101
Caratula: Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 8, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar.
DignidadRol: No se puede clasificar. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad y reparación. Principio de la dignidad.
FormulasAbrev: Dignidad y determinación de reparación. Estado de justicia y dignidad.
Hechos:
Los hechos del presente caso se desarrollan en el contexto en el que Guatemala se encontraba sumida en un conflicto armado interno, donde se realizaron ejecuciones extrajudiciales selectivas con un propósito de “limpieza social”. Mack Chang realizaba actividades de investigación sobre las comunidades de población en resistencia y las políticas del Ejército guatemalteco hacia las mismas.
 El 11 de septiembre de  1990 Myrna Mack fue asesinada por agentes militares, luego de haber sido vigilada. Hubo muchas obstrucciones en el proceso penal que se inició. No se pudo juzgar ni sancionar a todos los autores materiales e intelectuales. 

 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por el asesinato de una persona por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de todos los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.

DignidadSujeto:
Dignidad como nota de las personas humanas. Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.

ParrDestacados:
Sólo un Estado de  justicia y de respeto a la dignidad del ser humano, garantizará  la paz.  Solo cuando los Estados asuman plenamente, frente a la comunidad  internacional  y  frente  al  individuo,  su  responsabilidad  y  ofrezcan garantías de preservar los derechos de la persona, podrá evitarse que sucedan hechos tan graves como los del presente caso. (VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ ALIRIO ABREU BURELLI )

La determinación de las reparaciones debe tener presente la Integralidad de la personalidad de la víctima", y el impacto sobre ésta o sus familiares de la violación perpetrada: hay que partir de la perspectiva no sólo patrimonial, sino de la dignidad de la persona humana. Las reparaciones no pecuniarias son mucho más 
importantes de lo que uno podría prima facie suponer, inclusive para hacer cesar las violaciones y remover sus consecuencias, en los términos del artículo 63(1) de la Convención Americana. (VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE )

FormulasLiterales:
"La determinación de las reparaciones debe tener presente la integralidad de la personalidad de la víctima", y el impacto sobre ésta o sus familiares de la violación perpetrada: hay que partir de la perspectiva no sólo patrimonial, sino de la dignidad de la persona humana. ";"Estado de justicia y de respeto a la dignidad del ser humano";


ID: C102
TipoSent: Interpretacion de Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
ArtsInterpretados: 67
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Honduras
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Juan Humberto Sanchez vs. Honduras. Interpretacion de Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones.

Hechos:
 Los hechos del presente caso se refieren al señor Juan Humberto Sánchez, quien fue detenido en dos ocasiones por las fuerzas armadas hondureñas por su presunta vinculación con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. La primera detención se habría produjo el 10 de julio de 1992 por efectivos del Décimo Batallón de Infantería de Marcala, La Paz. Al día siguiente fue liberado. La segunda detención se llevó a cabo por efectivos del Primer Batallón de Fuerzas Territoriales en su casa de habitación la noche del mismo 11 de julio. 
Durante más de una semana sus familiares no supieron de su paradero. El 22 de junio de 1992 se halló el cadáver de Juan Humberto Sánchez en un pozo de un río. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos para investigar los hechos y sancionar a los responsables, éstos no resultaron efectivos.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de una persona por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial. Tortura.


ID: C103
Caratula: Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 5, 7, 8, 11, 13, 19, 25
ArtsViolados: 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Dignidad del ilegalmente detenido.
Hechos:
El 23 de julio de 1992, mientras caminaba por la 5ª avenida de la zona 13 de Ciudad de Guatemala, después de dejar a su hijo en la escuela, Maritza Urrutia fue secuestrada por tres hombres armados vestidos de civil, una vez en el vehículo, Maritza Urrutia fue encapuchada y trasladada a las instalaciones   del   centro de   detención   clandestino del   Ejército de Guatemala denominado “La Isla”. 
 Durante los ocho días en que estuvo detenida, Maritza Urrutia permaneció encerrada en un cuarto, esposada a una cama, encapuchada y con la luz de la habitación encendida y la radio siempre prendida a todo volumen. Fue sometida a largos y continuos interrogatorios referentes a su vinculación y la de su ex esposo con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), durante su secuestro, sus captores la obligaron a hacer llamadas telefónicas a su familia y a mentirle sobre la situación en que se encontraba.
El 30 de julio de 1992 Maritza Urrutia fue liberada cerca del edificio del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala. Siguiendo instrucciones precisas de sus secuestradores  y  bajo  amenazas  de  muerte, se  dirigió  a  las  oficinas  del  señor Ascisclo Valladares, Procurador General de la Nación, quien la llevó al Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal de Instrucción para que solicitara una amnistía fundamentada en el Decreto 32-88 del Congreso de la República.  Allí firmó un acta conforme a la cual se acogía a la amnistía ante la jueza correspondiente, quien en ningún momento le preguntó sobre lo que le había sucedido. 
 El 7 de agosto de 1992 Maritza Urrutia salió de Guatemala hacia los Estados Unidos, ante el temor de sufrir atentados contra su vida.  Luego se trasladó a México, país que le reconoció la condición de refugiada y donde residió durante seis años consecutivos.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la detención arbitraria y tortura en perjuicio de una persona por parte de miembros de la inteligencia del Ejército, así como la falta de investigación y de sanción de los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la honra y la intimidad. Derecho a la integridad personal. Derechos de los niños y las niñas. Dignidad. Garantías judiciales y procesales. Libertad de pensamiento y expresión. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado. Tortura.

FallosCitados:
 Caso Juan Humberto Sánchez,  Caso Bámaca Velásquez, Caso Cantoral Benavides. 
  Caso Bámaca Velásquez, Caso Cantoral Benavides, Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. 
 

ParrDestacados:
Este  Tribunal  ha  establecido  que  una “persona  ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a 
la integridad física y a ser tratada con dignidad”.
El aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto  debido  a  la  dignidad  inherente  al  ser  humano” (Párrafo 87)

MencionOtros:
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Naciones Unidas.
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Consejo de Europa. 

FormulasLiterales:
"Una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad";


ID: C104
Caratula: Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Competencia.
TemaPrincipal: La Corte estableció que es competente para supervisar el cumplimiento de sus decisiones.
TipoSent: Competencia
TemaSecundario: Competencia.
ArtsInterpretados: 33, 62, 65
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Panamá
TipoSentSimpl: Competencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Panamá cuestiona la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus sentencias, alegando que  es “una etapa ‘post-adjudicativa’ que,no está prevista por las normas que regulan la jurisdicción y el procedimiento de la Corte.
 El artículo 65 de la Convención Americana establece claramente que sólo la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA”) tiene la función de supervisar el cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Dicha norma únicamente establece obligaciones a cargo de la Corte y no establece obligación alguna para los Estados Partes, así como tampoco otorga derechos a la Corte ni le otorga competencia para supervisar el cumplimiento de sus sentencias;


ID: C105
Caratula: Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 5, 8, 11, 12, 13, 16, 21, 24, 25
ArtsViolados: 1, 5, 8, 11, 12, 13, 16, 21, 24, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar. No se puede clasificar. No se puede clasificar.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;
Etiquetas: Principio de la dignidad. Principio de la dignidad. Principio de la dignidad.
FormulasAbrev: Principio de dignidad. Principio de dignidad. Dignidad persona humana.
Hechos:
La  política  contra-insurgente  en  Guatemala  se caracterizó   por acciones   militares   destinadas   a   la   destrucción   de   grupos   y comunidades, así   como   al   desplazamiento   geográfico   forzado   de comunidades   indígenas   cuando   se   las   consideraba   posibles   auxiliares   de   la guerrilla.
En el mes de julio de 1982 un avión sobrevoló la aldea Plan de Sánchez ( en donde se asentaba la comunidad maya) y bombardeó sectores cercanos a zonas pobladas. El domingo 18 de julio de 1982 llegó a Plan de Sánchez un comando de aproximadamente 60 personas compuesto por miembros del ejército. 
Aproximadamente veinte niñas de entre 12 y 20 años de edad fueron llevadas a una casa donde fueron maltratadas, violadas y asesinadas.  Los demás niños y niñas fueron apartados y asesinados a golpes.
Los  pobladores  de  la  aldea  Plan  de  Sánchez  y  comunidades  vecinas  oyeron disparos de arma de fuego por más de dos horas. Alrededor de 268 personas fueron ejecutadas en la masacre, quienes eran en 
su mayoría miembros del pueblo maya achí y algunas no indígenas residentes en otras comunidades aledañas. 
Los sobrevivientes de la masacre, por el temor de lo ocurrido, las amenazas y hostigamientos por parte de los comisionados y del ejército, decidieron  abandonar progresivamente  la  aldea  durante  las  semanas  y meses siguientes a la masacre.  Algunos de los sobrevivientes se refugiaron en las montañas y otros en lugares.  Dadas las condiciones precarias en que se encontraban se enfermaban,y algunos incluso murieron.  
Los desplazados eran perseguidos por el ejército.  Los sobrevivientes desplazados permanecieron por varios años fuera de la comunidad. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la masacre de 268 personas, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la honra. Derecho a la integridad personal. Derecho a la asociación. Dignidad. Garantías judiciales y procesales. Igualdad ante la ley. Libertad de conciencia y religión. Libertad de pensamiento y expresión. Protección judicial.

FallosCitados:
Opinión Consultiva n. 18, sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados (2003).

ParrDestacados:
En  el  dominio  del  Derecho  Internacional  de  los  Derechos  Humanos, recaen en esta categoría de principios fundamentales el principio de la dignidad de la persona humana y el de la inalienabilidad de los derechos que le son inherentes.
La prevalencia del principio del respeto de la dignidad de la persona humana se identifica con el propio fin del Derecho, del ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional. En virtud de ese principio fundamental, toda persona debe ser respetada (en su honor y en sus creencias) por el simple hecho de pertenecer al género humano, independientemente de cualquier circunstancia.

FormulasLiterales:
"Principio de la dignidad de la persona humana";"Principio del respeto de la dignidad de la persona humana";"Dignidad de la persona humana";


ID: C106
Caratula: Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Fondo.
TipoSent: Fondo
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 17, 19, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 8, 17, 19, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 6 de octubre de 1981 dos individuos armados entraron a la casa de la familia Molina Theissen, ubicada en Ciudad de Guatemala. Dentro de la casa se encontraban el niño Marco Antonio Molina Theissen de 14 años y su madre Emma Theissen Álvarez.
La detención y posterior desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen fue ejecutada por efectivos del ejército guatemalteco, presuntamente como represalia por la fuga de su hermana Emma Guadalupe Molina Theissen del Cuartel Militar “Manuel Lisandro Barillas”, y como castigo para una familia considerada por ellos como “enemiga”.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la desaparición forzada de una persona por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables del hecho.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derecho de los niños y niñas. Familia. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.


ID: C107
Caratula: Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
TemaSecundario: Garantías judiciales y procesales. Libertad de pensamiento y expresión. Protección judicial.
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 13, 25
ArtsViolados: 1, 2, 8, 13
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Costa Rica
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso se refieren a Mauricio Herrera Ulloa, periodista que trabajaba en el periódico “La Nación”, y a Fernán Vargas Rohrmoser, quien era el presidente de la Junta Directiva y representante legal de “La Nación”. Los días 19, 20 y 21 de mayo de 1995 el periódico “La Nación” publicó un un grupo de artículos en los cuales Mauricio Herrera Ulloa se vinculaba al señor Félix Przedborski, entonces delegado de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica, con diversas conductas ilícitas. El 25 de mayo de 1995 el señor Félix Przedborski publicó en el periódico “La Nación” un artículo en el cual daba su versión de los hechos. 
 El señor Félix Przedborski interpuso dos querellas contra el periodista por los delitos de difamación, calumnias y publicación de ofensas, a raíz de la publicación de los artículos mencionados. Asimismo, ejerció una acción civil resarcitoria contra el señor Mauricio Herrera Ulloa y contra el periódico “La Nación”. 
 El 29 de mayo de 1998 se emitió una sentencia que absolvió al señor Mauricio Herrera Ulloa por ausencia del dolo requerido para la configuración de los tipos penales de los delitos. El abogado del señor Przedborski interpuso un recurso de casación. El 7 de mayo de 1999 la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la sentencia casada. El 12 de noviembre de 1999 se emitió una sentencia condenatoria en contra del señor Herrera Ulloa. Asimismo condenó a “La Nación” como medio informativo en el que se publicaron los artículos difamantes, en carácter de responsable civil solidario. El 3 de diciembre de 1999 el defensor del querellado y apoderado del periódico “La Nación”, interpuso un recurso de casación contra la sentencia condenatoria. Asimismo el señor Herrera Ulloa interpuso otro recurso de casación. Ambos fueron declarados sin lugar el 24 de enero de 2001. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la imposición de una condena por difamación en perjuicio de una persona y la falta de un recurso adecuado y efectivo para cuestionar dicha medida.

ParrDestacados:
No es infrecuente que la libertad de expresión, recogida en el artículo 13 de la Convención Americana, entre o parezca entrar en colisión con otros derechos, como lo son cuantos tienen que ver con la intimidad, el honor, el prestigio, el principio de inocencia. El artículo 11 de la misma Convención alude al derecho a la honra y a la dignidad. Colisión de bienes tutelados, ésta, que posee rasgos particulares cuando la expresión se vale de los medios sociales de comunicación, con el enorme alcance que éstos tienen, el poder que significan y el impacto que pueden tener, por eso mismo, en la vida de las personas y en la integridad y preservación de sus bienes jurídicos. Cuando no ha sido posible evitar la colisión, es preciso proveer un acto de autoridad que corrija la desviación, exija la responsabilidad consiguiente e imponga las medidas que deriven de ésta. (voto concurrente razonado)


ID: C108
Caratula: Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Reparaciones y Costas.
TipoSent: Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: No se puede clasificar.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad víctima.
FormulasAbrev: Daño moral y restablecimiento dignidad víctima.
Hechos:
El 6 de octubre 1981, dos hombres pertenecientes a la Inteligencia del Ejército de Guatemala ingresaron a la casa de la familia Molina Theissen, que había sido identificada como simpatizante del Partido Guatemalteco del Trabajo. Los mencionados hombres secuestraron a Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años. La familia del niño interpuso recursos de exhibición personal, pero ninguno fue exitoso, y los restos mortales del niño nunca fueron localizados. Asimismo, la familia de la víctima Molina Theissen se vio forzada a emigrar de Guatemala.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la desaparición forzada de una persona por parte de agentes militares, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables del hecho.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derechos de los niños y las niñas. Familia. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.

ParrDestacados:
El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos. El primer aspecto de la reparación de los daños inmateriales se analizará en esta sección y el segundo en la sección D) en este capítulo. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos.

FormulasLiterales:
"El daño moral, para los fines de la reparación integral a las víctimas, puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.";


ID: C109
Caratula: Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: No se puede clasificar. No se puede clasificar.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad víctima. Dignidad víctima.
FormulasAbrev: Daño moral y restablecimiento dignidad víctima. Paradero del desaparecido.
Hechos:
El 6 de octubre de 1987, 17 comerciantes fueron detenidos y asesinados por miembros de un grupo paramilitar que operaba en el Municipio de Puerto Boyacá. El mencionado grupo, que actuaba con la aquiescencia de oficiales del ejército, sospechaba que los comerciantes vendían armas a los guerrilleros de la región, por lo que sus miembros decidieron asesinarlos y descuartizar sus cuerpos, para luego arrojar los restos a las aguas de un afluente del río Magdalena. 
Aproximadamente quince días después, otros dos comerciantes, que se encontraban buscando a los 17 comerciantes desparecidos, fueron detenidos y asesinados por el mismo grupo paramilitar. Sus cuerpos también fueron descuartizados y arrojados a las aguas de un afluente del río Magdalena.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la desaparición forzada de personas por parte de un grupo paramilitar, así como a la falta de una investigación para esclarecer los hechos y la falta de sanción a los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la verdad. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Protección judicial.

FallosCitados:
Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Las Palmeras vs. Colombia. Reparaciones y Costas
Caso del Caracazo vs. Venezuela. Reparaciones y Costas

ParrDestacados:
El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede ser objeto de compensación, para los fines de la reparación integral a las víctimas, de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los 112 esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad, el consuelo de sus deudos. El primer aspecto de la reparación de los daños inmateriales se analizará en esta sección y el segundo en la sección D) en este capítulo."La Corte considera que la entrega de los restos mortales en casos de detenidos-desaparecidos es un acto de justicia y de reparación en sí mismo. Es un acto de justicia saber el paradero del desaparecido, y es una forma de reparación porque permite dignificar a las víctimas, al reconocer el valor que su memoria tiene para los que fueron sus seres queridos y permitirle a éstos darles una adecuada sepultura.

FormulasLiterales:
"El daño moral, para los fines de la reparación integral a las víctimas, puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.";"Es un acto de justicia saber el paradero del desaparecido, y es una forma de reparación porque permite dignificar a las víctimas, ya que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto para con sus deudos y con el fin de que éstos puedan darle una adecuada sepultura. ";


ID: C110
Caratula: Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 19, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Detención y dignidad. Detención y dignidad. Dignidad niño. Dignidad víctima.
Hechos:
Desde 1984 hasta 1993, existió un conflicto entre grupos terroristas y las fuerzas militares y policiales de Perú. En este marco, agentes militares y policiales llevaron a cabo numerosas ejecuciones extrajudiciales ordenadas por sus superiores. 
El 12 de junio de 1991, en la Provincia de El Callao, los hermanos Emilio Moisés y Rafael Gómez Paquiyauri, de 14 y 17 años, respectivamente, se dirigían al trabajo de su madre cuando fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional. Luego de recibir golpes, fueron introducidos en el baúl de una patrulla policial. Los policías los trasladaron a un lugar denominado “Pampa de los Perros”, donde fueron torturados antes de ser asesinados. Posteriormente, los agentes policiales manifestaron que los hermanos Gómez Paquiyauri eran terroristas que se habían enfrentado a la policía. 
Los tribunales peruanos condenaron a los autores materiales del hecho a una pena privativa de la libertad y a indemnizar a los familiares de las víctimas. Asimismo, determinaron la existencia de un autor intelectual de los hechos, que a pesar de estar identificado, no fue juzgado. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la detención y posterior asesinato de personas por parte de agentes policiales.

TemaSecundario:
Garantías judiciales y procesales. Homicidio. Libertad personal. Muerte violenta. Protección judicial. Suspensión de garantías. Tortura.

ArtsInterpretados:
1, 6, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1, 4, 5, 7, 8, 11, 19, 25

FallosCitados:
Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo
Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo
Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Reparaciones y Costas
Caso Castillo Páez vs. Perú. Fondo
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y Costas
Condición jurídica y derechos humanos del niño. Opinión Consultiva 
Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas

DignidadSujeto:
Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas. Dignidad como nota de las personas humanas.

DignidadIndividuo:
Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar. Dignidad como valor sustantivo.

DignidadRol:
Calificación de un derecho. Dignidad como principio. Dignidad como principio. No se puede clasificar.

ParrDestacados:
"En otras oportunidades, este Tribunal ha establecido que una “persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad”. Igualmente, esta Corte ha señalado que basta con que la detención ilegal haya durado breve tiempo para que se configure, dentro de los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, una conculcación a la integridad psíquica y moral, y que cuando se
presentan dichas circunstancias es posible inferir, aun cuando no mediaran otras evidencias al respecto, que el trato que la víctima recibió durante su incomunicación fue inhumano y degradante. En este caso, los hermanos Gómez Paquiyauri no sólo fueron ilegal y arbitrariamente detenidos, sino que se les impidió que operaran en su
beneficio todas las salvaguardas establecidas en el artículo 7 de la Convención Americana."

"Es pertinente además tener presente que la Corte ha dicho anteriormente que el mero hecho de ser introducido en la maletera de un vehículo constituye una infracción al artículo 5 de la Convención que tutela la integridad personal, ya que, aún cuando no hubiesen existido otros maltratos físicos o de otra índole, esa acción por sí sola debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano."

"En esta materia, cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograr dicha protección, rige el principio del interés superior del niño, que se funda “en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades”

"(...) No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de las reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir y que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad o el consuelo de sus deudos. El primer aspecto de la reparación de los daños inmateriales se analizará en esta sección y el segundo en la siguiente."

Voto razonado del Juez ad hoc Eguiguren Praeli: "Debe resaltarse la decisión de la Corte que, además de haber considerado a los hermanos Rafael y Emilio Gómez Paquiyauri como víctimas directas, resolvió incluir a los miembros de su familia (padres y hermanos) como víctimas indirectas (parágrafos 118 y 119), atendiendo a los padecimientos ulteriores que han tenido que soportar en su integridad personal y dignidad. En tal sentido, se justifica su condición de sujetos de reparación por daño inmaterial o moral."
"Considero que el caso de los hermanos Gómez Paquiyauri es emblemático, pues ilustra sobre violaciones graves a los derechos humanos sucedidas en el Perú a consecuencia de una política represiva y antisubversiva que desconoció los derechos fundamentales y el respeto a la dignidad de la persona. La responsabilidad del Estado
es pues nítida y manifiesta. De allí que, además de la reparación a las víctimas, es importante el aporte de la sentencia al esclarecimiento de la verdad y a la realización de actos y medidas que hagan que se tome conciencia social de la magnitud del daño causado, así como a la necesidad de evitar que estas situaciones se repitan." 

MencionOtros:
Inc. c) del Art. 37 de la Convención de los Derechos del Niño: "Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en
cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales."

FormulasLiterales:
"Una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad";"El haber sido introducido en la maletera del vehículo por agentes de Policía es una acción que, por sí sola, debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano";"El principio del interés superior del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar su desarrollo con pleno aprovechamiento de sus potencialidades";"El daño moral, para los fines de la reparación integral a las víctimas, puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.";

FormulasAbrev:
Dignidad del ilegalmente detenido. Introducción en maletera de vehículo. Interés superior del niño. Daño moral y restablecimiento dignidad víctima.


ID: C111
Caratula: Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 8, 9, 13, 22
ArtsViolados: 1, 8, 9, 13, 22
Arts5611: No invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar.
DignidadRol: No se puede clasificar. Derecho a la dignidad.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Paraguay
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad víctima. Honra y dignidad.
FormulasAbrev: Daño moral y reconocimiento dignidad víctima. Honra y dignidad.
Hechos:
En el marco de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 1993, el Sr. Ricardo Canese, candidato a presidente, manifestó que el Sr. Juan Carlos Wasmosy, también candidato a presidente, se había enriquecido al actuar como prestanombre del ex dictador Stroessner en el consorcio de empresas CONEMPA, al que se le había adjudicado la construcción de la central hidroeléctrica Itapú. 
El 23 de octubre de 1992, tres directores de CONEMPA presentaron una querella criminal contra el Sr. Canese por los delitos de difamación e injuria. El 22 de marzo de 1994, sin que se hubieran producido las pruebas ofrecidas por el Sr. Canese, el Juez de Primera Instancia en lo Criminal lo declaró responsable por los delitos de difamación e injuria. El 4 de noviembre de 1997, el Tribunal de Apelaciones en lo Criminal lo condenó a dos meses de prisión y al pago de una multa de 2.909.090 guaraníes en virtud del delito de difamación. 
Debido a la sanción de un nuevo Código Penal, el Sr. Canese interpuso recursos de revisión contra su sentencia condenatoria y, el 11 de diciembre de 2002, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo absolvió por el delito de difamación. Sin embargo, durante ocho años y casi cuatro meses, se restringió el derecho del Sr. Canese a salir de Paraguay en virtud del proceso criminal que existía en su contra. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la condena en un proceso de difamación y calumnia, y las restricciones para salir del país impuestas en perjuicio de una persona.

TemaSecundario:
Garantías judiciales y procesales. Libertad de circulación y residencia. Libertad de pensamiento. Libertad de expresión. Principio de legalidad. Retroactividad. Principio de legalidad y de retroactividad.

FallosCitados:
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas
Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Reparaciones y Costas

DignidadSujeto:
Dignidad como nota de las personas humanas. Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.

ParrDestacados:
El artículo 11 de la Convención establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, por lo que este derecho implica un límite a la expresión, ataques o injerencias de los particulares y del Estado. Por ello, es legítimo que quien se sienta afectado en su honor recurra a los mecanismos judiciales que el Estado disponga para su protección.                                                      El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede ser objeto de compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto el reconocimiento de la dignidad de la víctima. El primer aspecto de la reparación del daño inmaterial se analizará en esta sección y el segundo en la sección C) de este capítulo. 

FormulasLiterales:
"El daño moral, para los fines de la reparación integral a las víctimas, puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto el reconocimiento de la dignidad de la víctima.";"El artículo 11 de la Convención establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, por lo que este derecho implica un límite a la expresión, ataques o injerencias de los particulares y del Estado.";


ID: C112
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 8, 19, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 8, 19, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Paraguay
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Caratula:
Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El caso trata las condiciones de detención del Instituto de Reeducación del Menor “Panchito López”, en el cual permanecían los niños acusados o condenados por la comisión de delitos. El mencionado Instituto no contaba con la infraestructura necesaria, ya que las celdas eran insalubres y no tenían camas, colchones y frazadas suficientes. Los internos vivían hacinados, mal alimentados y carecían de asistencia médica y psicológica adecuada. Asimismo, no existía separación entre los internos condenados y procesados y los internos menores y mayores de edad. A su vez, los guardias recurrían frecuentemente al uso de castigos violentos y crueles para imponer disciplina.
El 11 de febrero de 2000, a raíz de un incendio, fallecieron 9 internos y 25 resultaron heridos. El 5 de febrero de 2001 se produjo otro incendio, en virtud del cual 9 internos resultaron heridos. Finalmente, el 25 de julio de 2005, luego de que un interno recibiera un disparo por parte de un oficial del Instituto, sus compañeros provocaron un incendio que causó heridas a 8 internos. Con posterioridad a de este hecho, el Estado cerró el instituto y trasladó a alguno de los internos a centros penitenciarios para adultos, en donde dos internos fallecieron por heridas de arma blanca.  
En virtud de estos hechos, se iniciaron procesos civiles por indemnización de daños y perjuicios y dos procesos penales, pero no hubo investigaciones suficientes. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la muerte y lesiones de niños internos en un instituto de reeducación de menores, así como a las deficientes condiciones de dicho centro.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derechos de los niños y las niñas. Derechos económicos, sociales y culturales. Educación. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Protección judicial. Salud.

FallosCitados:
Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. 
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas

DignidadSujeto:
Dignidad como nota de las personas humanas. Vida digna. Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.

DignidadIndividuo:
Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.

DignidadRol:
Dignidad como principio. No se puede clasificar. No se puede clasificar. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho.

ParrDestacados:
"Este Tribunal ha establecido que quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal"

"Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar."

"En este caso en concreto la Corte debe establecer si el Estado, en cumplimiento de su posición de garante, adoptó las iniciativas para garantizar a todos los internos del Instituto, adultos y niños, una vida digna con el objeto de fortalecer su proyecto de vida, a pesar de su encierro." 

"Asimismo, en el Instituto se utilizaba como método de castigo el aislamiento, los maltratos y las incomunicaciones, con el propósito de imponer disciplina sobre la población de internos, método disciplinario prohibido por la Convención Americana. Si bien no ha quedado demostrado que todos los internos del Instituto lo sufrieron, esta Corte ha sostenido que la mera amenaza de una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención Americana, cuando sea suficientemente real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto con la norma de que se trata. En otras palabras, crear una situación amenazadora o amenazar a un individuo con torturarlo puede constituir, al menos en algunas circunstancias, un tratamiento inhumano. En el caso sub judice, la amenaza de dichos castigos era real e inminente, creando un clima de permanente tensión y violencia que afectó el derecho a una vida digna de los internos." 

"Con respecto al derecho a la educación, el Estado no brindó programas de educación formales y continuos. A pesar de la capacitación técnica y los talleres de alfabetización, no hubo profesionales capacitados ni asignaciones presupuestarias para el rubro. Las clases no eran parte de un programa de educación integral orientado a la reeducación y rehabilitación de los menores, pues el Instituto no contaba con las condiciones para que una política de reeducación pudiera ser exitosa. Cuando los menores están privados de libertad, están sólo privados de la libertad y no de la educación o de la dignidad."

"Tal como lo ha señalado la Corte, el daño inmaterial infligido a las víctimas resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida, inter alia, a tratos contrarios a la integridad personal y al derecho a una vida digna experimente un profundo sufrimiento, angustia moral, miedo e inseguridad, por lo que este daño no requiere pruebas."

"En este apartado el Tribunal entrará a determinar aquellas medidas de satisfacción que buscan reparar el daño inmaterial. Estas medidas buscan, inter alia, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, el consuelo de los derechos humanos de que se trata, así como evitar que se repitan violaciones como las del presente caso."

FormulasLiterales:
"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"El daño inmaterial infligido a las víctimas resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida, inter alia, a tratos contrarios a la integridad personal y al derecho a una vida digna experimente un profundo sufrimiento, angustia moral, miedo e inseguridad";"Medidas buscan, inter alia, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, el consuelo de los derechos humanos de que se trata, así como evitar que se repitan violaciones";"Garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna";"La amenaza de dichos castigos era real e inminente, creando un clima de permanente tensión y violencia que afectó el derecho a una vida digna de los internos.";

Etiquetas:
Detención y dignidad. Dignidad víctima. Dignidad víctima. Vida/existencia digna. Vida/existencia digna.

FormulasAbrev:
Detención compatible con dignidad. Daño inmaterial y dignidad. Dignidad de la víctima. Vida digna de reclusos. Vida digna de reclusos.


ID: C113
Caratula: Caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. México. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: México
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 30 de mayo de 1992 fueron asesinados los esposos Juana Patricia Martín del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba, quienes vivían con sus tres hijas y con el Sr. Alfonso Martín del Campo Dodd, hermano de una de las víctimas. En la misma fecha, el Sr. Martín del Campo Dodd confesó ser el autor del crimen ante un agente policial y, el 28 de mayo de 1993, fue condenado a 50 años de prisión por los homicidios. El 17 de agosto de 1997 la sentencia fue confirmada por el tribunal superior. 
La confesión habría sido obtenida mediante tortura, por lo que el condenado interpuso un recurso de revisión, que fue rechazado.  

TemaPrincipal:
Archivamiento del caso por la falta de competencia rationes temporis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a los presuntos actos de tortura cometidos en contra de una persona con el objetivo de confesar un crimen de homicidio.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial.


ID: C114
Caratula: Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1, 5, 7, 8, 21, 25
ArtsViolados: 1, 5, 7, 8, 21, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Hechos:
El 27 de septiembre de 1995, Sr. Daniel Tibi, ciudadano francés, de 36 años de edad y comerciante de piedras preciosas y de arte ecuatoriano, fue arrestado por Interpol mientras conducía su auto en Quito. Los agentes que lo arrestaron, que no tenían una orden judicial para ello, sospechaban que el Sr. Tibi comerciaba droga, pero le informaron que el motivo del arresto era un control migratorio. Al momento de la detención, le incautaron las pertenencias que llevaba consigo y, luego, lo trasladaron a Guayaquil. 
Durante su permanencia en prisión preventiva, el Sr. Tibi fue golpeado, quemado, sumergido en tanques de agua para que no pudiera respirar y sometido descargas eléctricas por parte de guardias carcelarios con el fin de que confesara el delito. A pesar de que fue revisado por médicos de la cárcel, no recibió ningún tratamiento.
El Sr. Tibi permaneció en prisión preventiva hasta el 21 de enero de 1998, luego de que la Corte Superior de Justicia de Guayaquil confirmara el sobreseimiento provisorio del proceso, dado que no existían pruebas en su contra. Antes de ello, el Sr. Tibi había interpuesto recursos de amparo que no fueron efectivos. 
Luego de su liberación, el Sr. Tibi regresó a Francia, pero sus bienes no fueron devueltos ni se dictó el sobreseimiento definitivo de la causa. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la privación de libertad ilegal y arbitraria de una persona, así como por los maltratos recibidos y las condiciones de su detención.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Familia. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Propiedad privada. Protección judicial. Tortura.

FallosCitados:
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas
Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Reparaciones y Costas 

DignidadIndividuo:
Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.

DignidadRol:
Dignidad como principio. Dignidad como principio. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho. No se puede clasificar. Dignidad como principio.

ParrDestacados:
"Este Tribunal ha establecido que una “persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad. Asimismo, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica"
"De conformidad con ese precepto toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal. En otras oportunidades, este Tribunal ha señalado que mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación a su integridad personal. Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a salvo sus derechos."
"La descripción de las condiciones en las que vivió el señor Daniel Tibi durante su detención evidencian que éstas no satisficieron los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno, conforme a su condición de ser humano, en el sentido del artículo 5 de la Convención."
"(...) Por cuanto no es posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede ser objeto de compensación, en dos  formas. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios preciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la dignidad de la víctima. El primer aspecto de la reparación de los daños inmateriales se analizará en esta sección y el segundo en la sección D) de este capítulo." 
"(...) En ese sentido, el Estado debe tomar en cuenta que los detenidos tienen derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Las autoridades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia. La forma en que se trata a un detenido debe estar sujeta al escrutinio más estricto, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél. La Corte ha establecido que el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos, lo cual implica, entre otras cosas, que le corresponde explicar lo que suceda a las personas que se encuentran bajo su custodia."
Voto concurrente de Cançado Trindade: "(...) La tortura es una violación particularmente grave de los derechos humanos, por cuanto, en sus distintas formas, tiene por objetivo último anular la propia identidad y personalidad de la víctima, minando su capacidad de resistencia física o mental; trata, así, el victimado como "simple medio" (en general para obtener una confesión), en flagrante violación del principio básico de la dignidad de la persona humana (el cual expresa la concepción kantiana del ser humano como "fin en sí mismo"), degradándole, de forma perversa y cruel, y causándole un daño verdaderamente irreparable."

MencionOtros:
Corte Europea, Kudla v. Poland, No. 30210/96, párr. 93-94, ECHR 2000-XI: "según [el artículo 3 de la Convención], el Estado debe asegurar que una persona esté detenida en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, que la manera y el método de ejercer la medida no le someta a angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente, brindándole, entre otras cosas, la asistencia médica requerida"

FormulasLiterales:
"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"Una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad";"Las condiciones de detención no satisficieron los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno, conforme a su condición de ser humano";"Dignidad de la víctima";"La tortura es una violación particularmente grave de los derechos humanos, por cuanto, en sus distintas formas, tiene por objetivo último anular la propia identidad y personalidad de la víctima, minando su capacidad de resistencia física o mental. Trata, así, el victimado como "simple medio" (en general para obtener una confesión), en flagrante violación del principio básico de la dignidad de la persona humana ";

Etiquetas:
Detención y dignidad. Detención y dignidad. Detención y dignidad. Detención y dignidad. Dignidad víctima. Tortura y dignidad.

FormulasAbrev:
Detención compatible con dignidad. Detención compatible con dignidad. Dignidad del ilegalmente detenido. Requisitos mínimos de detención digna. Dignidad de la víctima. Dignidad y tortura.


ID: C115
Caratula: Caso De La Cruz Flores vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 5, 7, 8, 9
ArtsViolados: 1, 5, 7, 8, 9
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Hechos:
La médica María Teresa de la Cruz Flores fue detenida y procesada en dos ocasiones por el delito de colaboración con el terrorismo y por formar parte de la agrupación terrorista "Sendero Luminoso".  La segunda detención, ocurrida el 27 de marzo de 1996, derivó en una condena a 20 años de prisión en virtud del Art. 4 del Decreto Nro. 25.475, que fue dictada por "jueces sin rostro" (anónimos para la enjuiciada) el 21 de noviembre de 1996.  La mencionada sentencia fue confirmada el 8 de junio de 1998. Cuando la CIDH conoció el caso, existía otro proceso pendiente contra la Sra. de la Cruz Flores.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la detención arbitraria de una persona y su condena por el delito de terrorismo sin un debido proceso.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Igualdad ante la ley. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Principio de legalidad. Retroactividad.

FallosCitados:
Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas
Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 
Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo
Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo
Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo
Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. Fondo
Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo

DignidadIndividuo:
Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar.

DignidadRol:
Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio. No se puede clasificar. No se puede clasificar. Calificación de un derecho.

ParrDestacados:
"De conformidad con las disposiciones del artículo 5 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en una situación de detención compatible con su dignidad personal. Asimismo, como responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a salvo sus derechos."
"Este Tribunal ya ha señalado que “[e]n el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha establecido que la incomunicación debe ser excepcional y que su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana”, dado que puede generar una situación de extremo sufrimiento psicológico y moral para el detenido."
"En el mismo sentido, desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha considerado que “el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”
"Aunado a lo anterior, en el cas d’espèce está probado que la señora De La Cruz Flores sufrió diversos padecimientos físicos durante su detención, respecto de los cuales recibió una atención médica inadecuada (supra párr. 73.54), lo que no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno, conforme a su condición de ser humano, en el sentido del artículo 5 de la Convención Americana."
"La Corte pasa a considerar aquellos efectos lesivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial. El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de las reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir y que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad o el consuelo de sus deudos. El primer aspecto de la reparación de los daños inmateriales se analizará en esta sección y el segundo en la siguiente." 
"En este apartado el Tribunal entrará a determinar aquellas medidas de satisfacción que buscan reparar el daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, así como también dispondrá medidas de alcance o repercusión pública. Estas medidas buscan, inter alia, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas o transmitir un mensaje de reprobación oficial de las violaciones de los derechos humanos de que se trata, así como evitar que se repitan violaciones como las del presente caso."

MencionOtros:
Corte Europea,  Kudla v. Poland, No. 30210/96, párr. 93-94, ECHR 2000-XI: "según [el artículo 3 de la Convención], el Estado debe asegurar que una persona esté detenida en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, que la manera y el método de ejercer la medida no le someta a angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén aseguradas adecuadamente, brindándole, entre otras cosas, la asistencia médica requerida."

FormulasLiterales:
"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"El aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano,";"La incomunicación durante la detención debe ser excepcional y su uso puede constituir un acto contrario a la dignidad humana";"El daño moral, para los fines de la reparación integral a las víctimas, puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto el reconocimiento de la dignidad de la víctima.";"El daño moral, para los fines de la reparación integral a las víctimas, puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.";"La falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno";

Etiquetas:
Detención y dignidad. Detención y dignidad. Detención y dignidad. Dignidad víctima. Dignidad víctima. Dignidad y salud.

FormulasAbrev:
Detención compatible con dignidad. Dignidad, aislamiento e incomunicación. Incomunicación de detenidos. Daño moral y reconocimiento dignidad víctima. Daño moral y restablecimiento dignidad víctima. Falta de atención médica.


ID: C116
Caratula: Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. Reparaciones.
TipoSent: Reparaciones
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio. No se puede clasificar.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Reparaciones;
Etiquetas: Dignidad de la mujer. Dignidad víctima.
FormulasAbrev: Violación sexual y dignidad. Daño moral y restablecimiento dignidad víctima.
Hechos:
Los hechos de este caso ocurrieron en Plan de Sánchez, una aldea habitada por la comunidad maya achí. El domingo 18 de julio de 1982, por la mañana, dos granadas fueron lanzadas sobre el pueblo. Por la tarde, llegó a Plan de Sánchez un comando de aproximadamente 60 personas, compuesto por miembros del ejército, comisionados militares, judiciales, denunciantes civiles y patrulleros. Todos ellos estaban vestidos con uniforme militar y llevaban rifles de asalto. Reunieron a las niñas y mujeres jóvenes y las maltrataron, violaron y asesinaron. Asimismo, reunieron a los hombres y mujeres mayores y los asesinaron lanzando granadas e incendiando la casa en donde los habían reunido. Los niños fueron asesinados a golpes. Alrededor de 268 personas fueron asesinadas. La mayoría de ellos eran habitantes de Plan de Sánchez, mientras que otros eran residentes de comunidades aledañas. 
El día 19 de julio de 1982, los residentes sobrevivientes que regresaron a Plan de Sánchez fueron obligados a enterrar a los cadáveres sin que pudieran darles un entierro conforme a los ritos mayas. A su vez, los miembros del comando saquearon las viviendas y las destruyeron. 
Los sobrevivientes se vieron obligados a abandonar Plan de Sánchez y, recién en 1985, fueron autorizados a regresar a la aldea, pero fueron objeto de amenazas para que permanecieran en silencio. También se los hizo responsables de la masacre y muchos de ellos fueron obligados a unirse a las patrullas que habían participado de la masacre.   

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la masacre de 268 personas, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la honra y la intimidad. Derecho a la integridad personal. Derecho de asociación. Dignidad. Garantías judiciales y procesales. Igualdad ante la ley. Libertad de conciencia y religión. Libertad de pensamiento y expresión. Protección judicial.

FallosCitados:
Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas

DignidadSujeto:
Dignidad como nota de las personas humanas. Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.

ParrDestacados:
"Las mujeres que fueron objeto de violencia sexual por parte de agentes del Estado el día de la masacre y que sobrevivieron a la misma, continúan padeciendo sufrimientos por dicha agresión. La violación sexual de las mujeres fue una práctica del Estado, ejecutada en el contexto de las masacres, dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual. Estas mujeres se perciben como estigmatizadas en sus comunidades y han sufrido por la presencia de los victimarios en las áreas comunes del municipio. Además, la impunidad en la que permanecen estos hechos ha impedido que las mujeres participen en los procesos de justicia." 
"El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas. No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos. El primer aspecto de la reparación de los daños inmateriales se analizará en esta sección y el segundo en la sección D) en este capítulo."

FormulasLiterales:
"La violación sexual de las mujeres fue una práctica del Estado, ejecutada en el contexto de masacres, dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual";"El daño moral, para los fines de la reparación integral a las víctimas, puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.";


ID: C117
Caratula: Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 8, 13, 19, 23, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 8, 13, 19, 23, 25
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El caso trata sobre el asesinato del Sr. Jorge Carpio Nicolle, fundador del partido político Unión del Centro Nacional (UCN) y del periódico "El Gráfico". 
El 25 de mayo de 1993 el presidente Serrano Elías llevó a cabo un autogolpe de estado por el que se disolvió el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Asimismo, se suspendieron los derechos fundamentales por medio de un decreto y los cargos de Procurador General de la Nación y de Procurador de Derechos Humanos. El 26 de mayo de 1993, el Sr. Carpio Nicolle criticó el autogolpe de estado a través de "El Gráfico". La UCN también se opuso al mencionado autogolpe. A su vez, el 8 de junio de 1993, el Sr. Carpio Nicolle, como secretario general de la UCN, expresó en "El Gráfico" su rechazo al eventual otorgamiento de una amnistía para quienes llevaron a cabo el autogolpe. 
El 3 de julio de 1993, durante una gira proselitista por distintos departamentos de Guatemala, el Sr. Carpio Nicolle y su comitiva fueron interceptados por 15 hombres armados y con los rostros cubiertos con pasamontañas. Los disparos que recibió el Sr. Carpio Nicolle le provocaron heridas graves que derivaron en su fallecimiento. Asimismo, fueron asesinados los Sres. Juan Vicente Villacorta Fajardo, Alejandro Ávila Guzmán y Rigoberto Rivas González. A su vez, el menor Sydney Shaw Díaz resultó herido, pero sobrevivió al atentado junto con los Sres. Martha Arrivillaga de Carpio, Sydney Shaw Arrivillaga, Mario Arturo López Arrivillaga y Ricardo San Pedro Suárez.
Los fiscales y jueces que investigaron el delito fueron amenazados, al igual que miembros de las familias de las víctimas. El 12 de octubre de 1995, fue asesinado el comisario que ordenó la detención de responsables materiales del hecho. Los responsables de los hechos no fueron sancionados. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la ejecución extrajudicial de Jorge Carpio Nicolle y otras personas, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derechos de los niños y las niñas. Derechos económicos y políticos. Garantías judiciales y procesales. Libertad de pensamiento y expresión. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.


ID: C118
Caratula: Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 19, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: El Salvador
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Desaparición forzada y dignidad. Dignidad y derecho humanitario.
FormulasAbrev: Desaparición y valores de dignidad. Protección de la dignidad.
Hechos:
Los hechos del presente caso se iniciaron a partir del 2 de junio de 1982 cuando se dio la captura de las entonces niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, quienes tenían 7 y 3 años de edad, respectivamente, por parte de militares integrantes del Batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño durante un operativo militar conocido como “Operación Limpieza”, en el Municipio de San Antonio de La Cruz. Debido al mencionado operativo, la familia Serrano Cruz tuvo que desplazarse. Sin embargo, solamente la señora María Victoria Cruz Franco, madre de Ernestina y Erlinda, y uno de sus hijos, lograron cruzar el cerco militar.
El señor Dionisio Serrano y sus hijos Enrique, Ernestina y Erlinda Serrano Cruz se dirigieron con un grupo de pobladores a las montañas. Mientas se encontraban ocultos, el señor Dionisio Serrano decidió ir a buscar agua a una quebrada cercana, junto con su hijo Enrique. Al quedarse solas, las niñas Ernestina y Erlinda comenzaron a llorar y fueron descubiertas por las patrullas de militares, quienes se las llevaron. Se interpusieron una serie de recursos a fin de ubicar su paradero. No obstante, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de la integridad personal de personas y por la falta de investigación ante su desaparición.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derecho al nombre. Derechos de los niños y las niñas. Familia. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Personas desaparecidas. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.

ParrDestacados:
La desaparición forzada significa un craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios esenciales en que se fundamentan el sistema interamericano y la propia Convención Americana. 
En particular, el Derecho Internacional Humanitario prohíbe, en cualquier tiempo y lugar, los atentados contra la vida, la integridad y la dignidad de las personas nombradas anteriormente.

FormulasLiterales:
"La desaparición forzada significa un craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios esenciales en que se fundamentan el sistema interamericano y la propia Convención Americana.";"El Derecho Internacional Humanitario prohíbe, en cualquier tiempo y lugar, los atentados contra la vida, la integridad y la dignidad de las personas";


ID: C119
Caratula: Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11
ArtsViolados: 1, 2, 5, 8, 9
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Vida digna.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio. Dignidad como principio. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Detención y dignidad. Detención y dignidad. Vida/existencia digna.
FormulasAbrev: Detención compatible con dignidad. Dignidad, aislamiento e incomunicación. Vida digna de reclusos.
Hechos:
La víctima fue detenida el 30 de noviembre de 1995 en Lima y juzgada por un tribunal militar “sin rostro” y con restricciones a su derecho de defensa, y fue condenada a cadena perpetua, por el cargo de “traición a la patria”. Como resultado de la interposición de un recurso de “revisión extraordinario de sentencia ejecutoriada” por parte de la defensa de la señora Lori Berenson, el 18 de agosto de 2000 el Consejo Supremo de Justicia Militar anuló la sentencia de 12 de marzo de 1996, y declinó la competencia a favor del fuero penal ordinario. La víctima estuvo recluida en el penal de Yanamayo desde el 17 de enero de 1996 hasta el 7 de octubre de 1998 (2 años, 8 meses y 20 días), período durante el cual fue sometida a condiciones inhumanas de detención. Finalmente, el 28 de agosto de 2000 se inició un nuevo juicio en el fuero penal ordinario contra la señora Lori Berenson, que también la condenó el 20 de junio de 2001 por encontrarla responsable del delito de “colaboración con el terrorismo” y la condenó a 20 años de privación de libertad. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia del Perú el 13 de febrero de 2002. El procedimiento en la Comisión se inició en 1998 y llegó a la Corte IDH en 2002. La Corte no se expide respecto de la culpabilidad de Lori Berenson por sus actos terroristas, sino solamente por el cumplimiento de los derechos humanos en el proceso y en la detención, por lo que condena al Estado.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la detención arbitraria y condena sin un debido proceso en perjuicio de una persona, así como por las condiciones del centro penitenciario donde estuvo.

TemaSecundario:
Derecho a la honra y la intimidad. Derecho a la integridad personal. Dignidad. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Principio de legalidad. Retroactividad. Principio de legalidad y de retroactividad.

FallosCitados:
Caso Maritza Urrutia, supra nota 4, párr. 87; 
Caso Bámaca Velásquez, supra nota 210, párr. 150; 
Caso Cantoral Benavides, supra nota 25, párr. 83.
Caso Tibi, supra nota 3, párr. 150; 
Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 3, párr. 151; 
Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 126.

ParrDestacados:
"toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal"
 “aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano"
"Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que respeten sus derechos fundamentales y una vida digna"

FormulasLiterales:
"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"El aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad y la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano";"Garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que respeten sus derechos fundamentales y una vida digna";


ID: C120
Caratula: Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 8, 17, 18, 19, 25
ArtsViolados: 5, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: Sí
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: No se puede clasificar.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: Convención sobre los Derechos del Niño, genéricamente.
PaisDemandado: El Salvador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad víctima.
FormulasAbrev: Daño moral y restablecimiento dignidad víctima.
Hechos:
El 2 de junio de 1982  se dio la captura de las entonces niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, quienes tenían 7 y 3 años de edad, respectivamente, por parte de militares integrantes del Batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño durante un operativo militar conocido como “Operación Limpieza”, en el Municipio de San Antonio de La Cruz. Debido al mencionado operativo, la familia Serrano Cruz tuvo que desplazarse. Sin embargo, solamente la señora María Victoria Cruz Franco, madre de Ernestina y Erlinda, y uno de sus hijos, lograron cruzar el cerco militar. El señor Dionisio Serrano y sus hijos Enrique, Ernestina y Erlinda Serrano Cruz se dirigieron con un grupo de pobladores a las montañas. Mientas se encontraban ocultos, el señor Dionisio Serrano decidió ir a buscar agua a una quebrada cercana, junto con su hijo Enrique. Al quedarse solas, las niñas Ernestina y Erlinda comenzaron a llorar y fueron descubiertas por las patrullas de militares, quienes se las llevaron. Se interpusieron una serie de recursos a fin de ubicar su paradero. No obstante, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. El 14 de junio de 2003 se planteó el procedimiento en la Corte IDH. El 23 de noviembre de 2004 la Corte emitió Sentencia sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado y parcialmente concedidas: la Corte resolvió que no se pronunciaría sobre la supuesta desaparición forzada de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz que se alega ocurrió en junio de 1982 y, consecuentemente, sobre ninguno de los alegatos que sustentan violaciones relacionadas con dicha desaparición anteriores a 1995 (año de depósito de la aceptación de la jurisdicción de la Corte por parte del Estado). Si se pronuncia acerca de hechos posteriores, por procedimientos de búsqueda iniciados con posterioridad.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de la integridad personal de personas y por la falta de investigación ante su desaparición.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derecho al nombre. Derechos de los niños y las niñas. Familia. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal.

ResumenDisRelevante:
VOTO DISIDENTE DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE sostiene que el Estado ha lesionado los derechos del niño (artículo 19 de la Convención) en perjuicio de Erlinda Serrano Cruz, quien no había completado 18 años al momento de la aceptación por el El Salvador de la competencia de esta Corte en materia contenciosa. Y que el Estado no ha respetado el derecho a la vida en su amplia dimensión, significando el derecho a una vida digna, en perjuicio de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, desaparecidas hasta la fecha.

FallosCitados:
Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 3, párr. 80; 
Caso Tibi, supra nota 20, párr. 242; 
Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 9, párr. 295.
El Voto disidente de Cancado Trindade cita el fallo "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y Otros versus Guatemala, del 19.11.1999, párrafo 144). 

ParrDestacados:
156. El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones
causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores
muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no
pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas o su familia. No siendo
posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede,
para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y
ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero
que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos
de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de
alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de
reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de
compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan
como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su
dignidad y el consuelo de sus deudos.


ID: C121
Caratula: Caso Huilca Tecse vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 8, 16, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 8, 16, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: No se puede clasificar.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad víctima.
FormulasAbrev: Daño moral y reconocimiento dignidad víctima.
Hechos:
En el marco del conflicto armado peruano, donde los integrantes del grupo Colina, compuesto por miembros del Ejército, cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos como parte de una política antisubversiva que se extendió a la eliminación de personas que eran percibidas contrarias al régimen. Pedro Huilca Tecse era secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú y participó durante muchos años como activista político y sindical.  El 18 de diciembre de 1992 Pedro Huilca Tecse se disponía a salir de su domicilio en la ciudad de Lima en compañía de sus hijos, cuando miembros del grupo Colina se les acercaron. Uno de ellos le disparó varias veces, lo cual ocasionó su muerte. Sus familiares interpusieron una serie de recursos a fin de que se investigue lo sucedido y se sancionen a los responsables. El 4 de junio de 1997  se dio intervención a la Comisión. El 12 de marzo de 2004 se dio intervención a la Corte IDH.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de una persona producto de una  operación de inteligencia militar, así como la ineficacia de las autoridades e instituciones nacionales para  investigar estos hechos y sancionar a los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derecho sindical. Garantías judiciales y procesales. Libertad de asociación. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.

FallosCitados:
Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 23, párr. 80; 
Caso De La Cruz Flores, supra nota 25, párr. 155; 
Caso Tibi, supra nota 24, párr. 242.

ParrDestacados:
102. En este apartado el Tribunal entrará a determinar aquellas medidas de
satisfacción que buscan reparar el daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario,
así como también dispondrá medidas de alcance o repercusión pública. Estas
medidas buscan, inter alia, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas o
transmitir un mensaje de reprobación oficial de las violaciones de los derechos
humanos de que se trata, así como evitar que se repitan violaciones como las del
presente caso.


ID: C122
Caratula: Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Excepciones Preliminares.
TipoSent: Excepciones Preliminares
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
 Los hechos del presente caso se iniciaron el 12 de julio de 1997 cuando un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares y fueron recogidos por miembros del Ejército sin exigirles ningún tipo de control. El Ejército colombiano facilitó el transporte de los paramilitares hasta la localidad de Mapiripán. 
 El 15 de julio de 1997, más de cien hombres armados rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial. Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control del pueblo, comunicaciones y oficinas públicas, y procedieron a intimidar a sus habitantes. Un grupo fue torturado y asesinado. 
 La fuerza pública llegó a Mapiripán el 22 de julio de 1997, después de concluida la masacre y con posterioridad a la llegada de los medios de comunicación, cuando los paramilitares ya habían destruido gran parte de la evidencia física. A pesar de los recursos interpuestos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la muerte, lesiones y abusos cometidos en contra de personas por parte de agentes paramilitares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derecho internacional humanitario. Garantías judiciales. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Personalidad jurídica. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.


ID: C123
Caratula: Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 2, 5, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadRol: No se puede clasificar. Dignidad como principio. Dignidad como principio. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Trinidad y Tobago
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Detención y dignidad. Detención y dignidad. Detención y dignidad. Detención y dignidad.
Hechos:
- Los hechos del presente caso se inician el 11 de noviembre de 1983, cuando el señor Winston Caesar fue arrestado por presuntamente haber cometido el delito de violación sexual. Posteriormente fue dejado en libertad bajo fianza pero el 10 de septiembre de 1991 el señor Caesar fue arrestado y privado de libertad por no haber comparecido a juicio. 
 El 10 de enero de 1992 el señor Caesar fue condenado por el delito de tentativa de violación sexual a 20 años de prisión con trabajos forzados y a recibir 15 azotes. Durante el desarrollo del proceso penal seguido en su contra, el señor Caesar estuvo encarcelado en cuatro de las cinco prisiones de Trinidad y Tobago. Compartía la celda con cuatro o cinco hombres y dormía en el suelo en una colchoneta muy delgada o en un pedazo de alfombra vieja. No había servicios sanitarios, había poca ventilación y la celda era calurosa. Desde su encarcelamiento, la presunta víctima ha padecido serios problemas de salud que no han sido adecuadamente atendidos. 
En 1996, el señor Caesar fue trasladado a la Prisión de Carrera. En dicha prisión, las penas corporales son llevadas a cabo sólo durante algunos períodos al año. El señor Caesar tenía conocimiento de dichos períodos para ejecutar las penas corporales, por lo que sus sentimientos de miedo y aprehensión aumentaban ante la proximidad de éstos. El 5 de febrero de 1998 el señor Caesar fue sometido a 15 azotes, en cumplimiento de su sentencia. El señor Caesar no recibió ningún tratamiento médico. Como consecuencia de la pena corporal, el señor Caesar ha padecido síntomas de depresión y ansiedad aguda de tal gravedad. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por el castigo corporal infligido contra una persona por parte de agentes policiales en un centro penitenciario.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Protección judicial. Tortura. Trato cruel y degradante. Trato inhumano.

FallosCitados:
Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 57. Ver
también, Case of Ireland v. the United Kingdom, supra nota 25, párr. 167.
Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 10, párr. 102; Caso Tibi, supra nota 16, parr 150; y
Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C, No. 112, párr.
151.
 Caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros, supra nota 7, párrs. 169 y 170.

DignidadIndividuo:
Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.

ParrDestacados:
Toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal.
En este particular contexto de subordinación del detenido frente al Estado, este último tiene una responsabilidad especial de asegurar a aquellas personas bajo su control las condiciones que les permitan retener un grado de dignidad consistente con sus derechos humanos inherentes e inderogables.
 El Tribunal ha tomado encuenta una corriente razonada y dominante en el orden nacional e internacional, que
repudia el empleo de métodos punitivos que tienen características e infligen al condenado sufrimientos incompatibles con su dignidad humana, por una parte, y con los fines generalmente reconocidos a la pena que se aplica a los responsables de los delitos, por la otra. 
No es posible suponer, ni remotamente, que los azotes infligidos al condenado dejan a salvo el “respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, o que tienden a alcanzar la “reforma y readaptación” del sentenciado.

MencionOtros:
Caso Tyrer vs. Reino Unido,  Corte Europea de Derechos Humanos.
Artículo 3 de la Convención Europea de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
 Caso Celebici, la Cámara de Juicio del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia 

FormulasLiterales:
"Condiciones que les permitan retener un grado de dignidad consistente con sus derechos humanos inherentes e inderogables";"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"No es posible suponer, ni remotamente, que los azotes infligidos al condenado dejan a salvo el “respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”,";

FormulasAbrev:
Condiciones de dignidad. Detención compatible con dignidad. Detención compatible con dignidad. Azotes y dignidad.


ID: C124
Caratula: Caso Comunidad Moiwana vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 5, 8, 21, 22, 25
ArtsViolados: 1, 5, 8, 21, 22, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar.
DignidadRol: No se puede clasificar. Dignidad como principio. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Surinam
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad víctima. Indignidad y entierro. Retorno digno.
FormulasAbrev: Daño moral y reconocimiento dignidad víctima. Indignidad y entierro. Estado garante de desplazados.
Hechos:
- Los hechos del presente caso se refieren a la comunidad N’djuka está conformada por personas originarias del África que habitan en la zona oriental de Suriname desde el siglo XVII. Esta comunidad tiene su propio idioma e historia, así como tradiciones culturales y religiosas que la distinguen de otras comunidades indígenas que habitan en el mismo territorio. 
- La aldea de Moiwana fue fundada por clanes N’djuka a fines del siglo XIX. En 1986, el régimen militar de Desire Bouterse se enfrentó al grupo armado opositor conocido como el Jungle Commando. Cientos de indígenas fallecieron producto de las hostilidades entre ambos grupos.
- El 29 de noviembre de 1986 se efectuó una operación militar en la aldea de Moiwana. Agentes militares y sus colaboradores mataron al menos a 39 miembros de la comunidad, entre los cuales había niños, mujeres y ancianos, e hirieron a otros. Asimismo, la operación quemó y destruyó la propiedad de la comunidad y forzó a los sobrevivientes a huir. Desde su huida de la aldea de Moiwana, los pobladores han sufrido condiciones de pobreza y no han podido practicar sus medios tradicionales de subsistencia.
- La aldea de Moiwana y sus tierras tradicionales circundantes quedaron abandonadas desde el ataque de 1986. A los miembros de la comunidad les ha sido imposible recuperar los restos de sus familiares que murieron durante el ataque. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables de los hechos.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la falta de investigación y sanción de los responsables de la muerte y maltratos de personas por parte de agentes militares, así como por su desplazamiento forzado.

TemaSecundario:
Garantías judiciales y procesales. Libertad de circulación y residencia. Propiedad privada. Protección judicial. Pueblos indígenas. Derecho a la propiedad colectiva. Propiedad colectiva.

DignidadSujeto:
Dignidad como nota de las personas humanas. Entierro digno / Sepultura digna. Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.

ParrDestacados:
El Estado no ha establecido las condiciones ni provisto los medios
que permitirían a los miembros de la comunidad regresar voluntariamente, en forma
segura y con dignidad, a sus tierras tradicionales, con respecto a las cuales tienen
una dependencia y apego especiales.
No siendo posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, para fines de la reparación integral a las víctimas, sólo puede ser objeto de compensación de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos. 

FormulasLiterales:
"El daño moral, para los fines de la reparación integral a las víctimas, puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos.";"Sólo quienes han sido considerados indignos no reciben un entierro honorable.";"La obligación de garantía para el Estado de origen de proteger los derechos de las personas desplazadas conlleva no solo el deber de adoptar medidas de prevención sino también proveer las condiciones necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro a su lugar de residencia habitual o a su reasentamiento voluntario en otra parte del país";


ID: C125
Caratula: Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 8, 21, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 8, 21, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
FallosCitados: Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor", supra nota 200, párr. 159.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Vida digna.
DignidadRol: Calificación de un derecho. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Paraguay
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Vida/existencia digna. Vida/existencia digna. Vida/existencia digna.
FormulasAbrev: Condiciones de vida digna. Indígenas y dignidad. Vida digna y medidas positivas.
Hechos:
- Los hechos del presente caso se relacionan con la Comunidad indígena Yakye Axa, conformada por más de 300 personas. A finales del siglo XIX grandes extensiones de tierra del Chaco paraguayo fueron vendidas.  En esa misma época y como consecuencia de la adquisición de estas tierras por parte de empresarios británicos, comenzaron a instalarse varias  misiones de la iglesia anglicana en la zona. Asimismo, se levantaron algunas estancias ganaderas de la zona. Los indígenas que habitaban estas tierras fueron empleados en dichas estancias. 
- A principios del año 1986 los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa se trasladaron a otra extensión de tierra debido a las graves condiciones de vida que tenían en las estancias ganaderas. No obstante, ello no trajo consigo una mejoría en las condiciones de vida de los miembros de  la Comunidad. Es así como en 1993 los miembros de la Comunidad decidieron iniciar los trámites para reivindicar las tierras que consideran como su hábitat tradicional. Se interpusieron una serie de recursos, lo cuales no generaron resultados positivos.
- Desde el año 1996 parte de la Comunidad Yakye Axa está asentada al costado de una carretera. En este lugar se encuentran asentadas un número que oscila entre 28 a 57 familia.  El grupo restante de miembros de la Comunidad Yakye Axa permanecen en algunas aldeas de la zona.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por no haber garantizado el derecho de propiedad ancestral de una comunidad indígena, lo cual generó numerosas afectaciones a sus miembros.

TemaSecundario:
Calidad de vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derechos de los niños y las niñas. Derechos económicos, sociales y culturales. Garantías judiciales y procesales. Protección judicial. Salud. Derecho a la propiedad colectiva. Propiedad colectiva. Pueblos indígenas.

DignidadIndividuo:
No se puede clasificar. Dignidad como igualdad formal en libertad (autonomía). No se puede clasificar.

ParrDestacados:
Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan. En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria. 
La Corte Interamericana ha sostenido una concepción del derecho fundamental a la vida que abarca las condiciones de una vida digna ( voto disidente conjunto de Trindade y Robles)
El objeto y fin de la Convención Americana apuntan al reconocimiento de la dignidad humana y a la
necesidad de proteger a las personas asegurando sus derechos fundamentales, incluyendo el desarrollo de los mismos. ( voto parcialmente disidente y concurrente de Fogel)
La interpretación del derecho a la vida de modo que comprenda medidas positivas de protección para que los indígenas disfruten del derecho a vivir con dignidad tiene sustento en la doctrina y en la jurisprudencia internacional, y supone nuevos avances en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ( voto parcialmente disidente y concurrente de Fogel)

FormulasLiterales:
"Condiciones de una vida digna";"Que los indígenas disfruten del derecho a vivir con dignidad ";"El Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo";


ID: C126
Caratula: Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 17, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5, 8, 9
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso se iniciaron el 10 de mayo de 1997 cuando el señor Fermín Ramírez fue detenido por un grupo de vecinos de la aldea Las Morenas, quienes lo entregaron a la Policía Nacional. Dichos vecinos alegaron que el señor Fermín Ramírez habría violado y posteriormente asesinado a una niña. 
 El 15 de mayo de 1997 se ordenó la prisión preventiva del señor Fermín Ramírez por los delitos de asesinato y violación calificada. El 6 de marzo de 1998 se emitió sentencia condenatoria en perjuicio del señor Fermín Ramírez. Fue condenado a la pena de muerte. Solicitó un indulto, el cual fue denegado. El señor Fermín Ramírez permaneció más de siete años privado de su libertad, en condiciones carcelarias que afectaron su salud.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la imposición de la pena de muerte a una persona sin haberse respetado un debido proceso.

TemaSecundario:
Condiciones de reclusión. Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derechos de los privados de libertad. Familia. Garantías judiciales y procesales. Indulto. Pena de muerte. Personas privadas de libertad. Principio de legalidad. Retroactividad. Principio de legalidad y de retroactividad. Protección judicial.

FallosCitados:
Cfr. Caso Caesar, supra nota 3, párr. 97; Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 3, párr. 102; y Caso Tibi, supra nota 9, párr. 150. 

ParrDestacados:
Respecto de las condiciones de detención, la Corte ha especificado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal, lo cual debe ser asegurado por el Estado en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante con respecto a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas. En particular, el Tribunal ha considerado que la detención en condiciones de hacinamiento, con falta
de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen devisitas, constituyen una violación a la integridad personal.

 En el ejercicio de la civilización se ha llegado a conciliar la necesidad imperiosa deque el Estado provea seguridad a la sociedad –provisión que constituye una de las razones de ser del Estado, entre las más radicales y necesarias y la exigencia ética y hoy jurídica de que lo haga sin lesionar la dignidad humana ni prejuzgar sobre la
responsabilidad que está sujeta a juicio. ( Voto razonado de Ramirez)


ID: C127
Caratula: Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 8, 23, 24, 25
ArtsViolados: 1, 2, 8, 23, 24
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: No se puede clasificar.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Nicaragua
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad víctima.
FormulasAbrev: Daño moral y reconocimiento dignidad víctima.
Hechos:
Los hechos del presente caso se derivan de la adopción de Ley Electoral No. 331 en enero de 2000. Esta nueva ley no contempló la figura de las asociaciones de suscripción popular para que participaran en las elecciones. Sólo se permitía la participación en los procesos electorales a través de la figura jurídica de partidos políticos.
El 8 de marzo de 2000 miembros de la organización indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA) intentaron obtener la autorización para ser reconocidos como partido político regional. No obstante, a pesar de los diversos recursos presentados, la solicitud fue denegada. Ello generó que el grupo YATAMA no participe en las elecciones de 5 de noviembre de 2000.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la exclusión de una organización indígena de participar en elecciones municipales.

TemaSecundario:
Derechos económicos y políticos. Garantías judiciales y procesales. Igualdad. Protección judicial. Pueblos.

FallosCitados:
Cfr. Caso Caesar, supra nota 11, párr. 125; Caso Huilca Tecse, supra nota 178, párr. 96; y Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 10, párr. 156. 

ParrDestacados:
Por su parte, el daño inmaterial puede comprender los sufrimientos y aflicciones causados a las víctimas, el menoscabo de valores muy significativos para las personas y las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de éstas. Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación mediante el pago de una cantidad de dinero que el Tribunal determine en ejercicio razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad, y mediante actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto el reconocimiento de la dignidad de las víctimas. 

FormulasLiterales:
"El daño moral, para los fines de la reparación integral a las víctimas, puede ser objeto de compensación mediante actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto el reconocimiento de la dignidad de las víctimas.";


ID: C128
TipoSent: Demanda de Interpretación de la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Demanda de Interpretación de la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas.

Hechos:
Los representantes de la víctima interpusieron una demanda de interpretación de la sentencia de fondo, reparaciones y costas, en la que se trataron los siguientes hechos: La Sra. Lori Berenson Mejía fue detenida por miembros de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCONTE) de la Policía Nacional del Perú por su presunta vinculación con miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Luego, fue condenada a prisión perpetua por el delito de traición a la patria por un tribunal militar "sin rostro". El 28 de agosto de 2000 se inició un nuevo juicio en el fuero penal ordinario, en el que la sentencia declaró que, al no haberse logrado plena certeza de que la señora Berenson hubiera sido parte de la organización MRTA, debió haber sido condenada por actos de colaboración con el terrorismo a 20 años de presión. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la detención arbitraria y condena sin un debido proceso en perjuicio de una persona, así como por las condiciones del centro penitenciario donde estuvo.

TemaSecundario:
Derecho a la honra y la intimidad. Derecho a la integridad personal. Dignidad. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Principio de legalidad. Retroactividad. Principio de legalidad y de retroactividad.


ID: C129
Caratula: Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 2, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado pero no tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Ecuador
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
El 15 de noviembre de 1989, el Sr. Acosta Calderón, de nacionalidad colombiana, fue arrestado por la policía militar de aduana, que halló en su maleta una sustancia que aparentaba ser pasta de cocaína. El 3 de diciembre de 1993, el Juzgado Primero en lo Penal de Lago Agrio dictó el auto de sobreseimiento provisional por no haberse comprobado la existencia del delito, ya que la presunta pasta de cocaína fue extraviada por las autoridades judiciales. El 22 de julio de 1994, la Primera Sala de la Corte Superior de Quito revocó el auto de sobreseimiento provisional y ordenó la apertura del plenario. El 8 de diciembre de 1994, el Tribunal Penal de Napo en Tena condenó al Sr. Acosta Calderón a una pena de 9 años de prisión y al pago de una multa de 50.000 sucres. El 29 de julio de 1996, el Sr. Acosta Calderón fue liberado por haber cumplido la pena impuesta debido a la rebaja de la condena por buen comportamiento. El Sr. Acosta Calderón estuvo en prisión durante 6 años y 8 meses, de los cuales 5 años y un mes corresponden al período en el que estuvo en prisión preventiva. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la detención arbitraria de una persona por la policía militar de aduana, así como a la falta de diligencia en el debido proceso.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Garantías judiciales y procesales. Igualdad. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Protección judicial.

ParrDestacados:
Voto razonado de Manuel Ventura Robles: "En mi opinión la Corte, en este caso, debió haber considerado la posibilidad de determinar si al señor Rigoberto Acosta Calderón se le afectó su dignidad y se violó su integridad psíquica y moral, por el hecho de que ella misma reconoce en su sentencia que dicho señor fue privado arbitrariamente de su libertad, condición natural del ser humano, y sometido a un proceso en el que se violaron garantías fundamentales. Más de cinco años en prisión tiene que haber causado en el señor Acosta Calderón dolor, el cual debe haber producido al señor Acosta Calderón un daño psicológico y moral que no necesita prueba. Basta la detención arbitraria por un plazo tan largo para presumir la lesión a su integridad y el consecuente daño moral y psíquico a una persona. Así lo entendieron los representantes de la víctima cuando en su escrito de solicitudes y argumentos afirmaron lo siguiente: La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos estima que bajo los mismos principios antes indicados, la Corte debe resolver que el hecho de someter a una persona a una detención arbitraria, a la privación de las garantías judiciales y derecho del debido proceso y a una
desprotección judicial bajo claras condiciones discriminatorias, producen necesariamente sufrimiento moral, sin que sea necesario aportar prueba con respecto a dicho sufrimiento pues resulta evidente de la misma naturaleza humana. En principio debería reconocerse, y así se solicita a la Honorable Corte que se pronuncie, que toda forma de disminución o desconocimiento de la dignidad humana, fundamento mismo de los derechos humanos, constituye una forma de trato cruel, pues implica un desconocimiento parcial o eventualmente total de la condición de humano de la persona. Toda persona evidentemente sufre cuando de alguna manera se le priva de alguna de las prerrogativas o derechos que le deben ser reconocidos siempre y por todos. Cualquier forma de disminución de lo que significa ser persona necesariamente conduce a la violación de la integridad personal, pues el individuo ya no se encontraría íntegro."


ID: C130
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 3, 5, 18, 19, 20, 24
ArtsViolados: 1, 3, 5, 18, 19, 20, 24
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: No se puede clasificar.
DignidadRol: Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: República Dominicana
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
FormulasLiterales: "La falta del reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la dignidad humana";
Etiquetas: Dignidad y personalidad.
FormulasAbrev: Personalidad jurídica y dignidad.
Caratula:
Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El 5 de marzo de 1997, la madre de de Violata Bosico, de 12 años de edad, y una prima de la madre de Dilcia Yean, de 10 meses de edad, comparecieron ante la Oficialía Civil de Sabana Grande de Boyá para solicitar la inscripción tardía de las niñas. Ambas menores tenían ascendencia haitiana por parte de sus padres y abuelos maternos. A pesar de que presentaron la documentación necesaria, la Oficialía Civil les informó que no podía inscribirlas. El 11 de septiembre de 1997, sus representantes interpusieron una demanda de solicitud de autorización de declaraciones tardías, pero la misma fue denegada.  

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la negación de la emisión de las actas de nacimiento a favor de personas a través de las autoridades del Registro civil, y las perjudiciales consecuencias que dicha situación generó en ellas.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho al nombre. Derechos de los niños y las niñas. Educación. Familia. Garantías judiciales y procesales. Igualdad. Libertad de conciencia y religión. Nacionalidad. Propiedad privada. Protección judicial.

ParrDestacados:
"La Corte estima que la falta del reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la dignidad humana, ya que niega de forma absoluta su condición de sujeto de derechos y hace al individuo vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por el Estado o por particulares"


ID: C131
TipoSent: Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: No aplica.
ArtsViolados: No aplica.
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: El Salvador
TipoSentSimpl: Interpretación de Sentencia;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Caratula:
Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
Durante el operativo militar conocido como "Operación Limpieza", las niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de 7 y 3 años de edad, respectivamente, fueron secuestradas por militares mientras se escondían en las montañas con su padre y su hermano Enrique. A pesar de que su familia interpuso diversos recursos, las niñas no fueron encontradas y los responsables no fueron sancionados. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la vulneración de la integridad personal de personas y por la falta de investigación ante su desaparición.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derecho al nombre. Derechos de los niños y las niñas. Familia. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Personas desaparecidas. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.


ID: C132
Caratula: Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 1, 5, 7, 8, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: No se puede clasificar. Dignidad como principio.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad víctima. Dignidad víctima.
FormulasAbrev: Daño moral y reconocimiento dignidad víctima. Dignidad y memoria.
Hechos:
El 24 de agosto de 1994, el Sr. Wilson Gutiérrez Soler fue detenido y trasladado a un sótano por el comandante de la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional (UNASE), el Sr. Luis Gonzaga Enciso Barón, y su primo Dalel Barón, ex teniente coronel del Ejército. Mientras se encontraba en el sótano de un edificio de la UNASE, el Sr. Soler sufrió torturas, como quemaduras en los órganos genitales, y fue víctima de una violación. Tres horas después de estos hechos, fue forzado a declarar que había cometido los hechos que motivaron su detención. 
El 25 de agosto de 1994 el Sr. Soler denunció los hechos ocurridos, pero los procesos penales iniciados contra los victimarios concluyeron sin que fueran condenados. 
El 2 de septiembre de 1994 se inició un proceso en contra del Sr. Gutiérrez por delito de extorsión sobre la base de su declaración del 24 de agosto de 1994. El 26 de agosto de 2002 fue absuelto del delito de extorsión.  

TemaPrincipal:
Responsabilidad militar del estado por los actos de tortura cometidos en perjuicio de una persona por parte de un funcionario policial, así como a la falta de investigación y sanción del responsable del hecho.

TemaSecundario:
Derecho a la identidad. Libertad personal. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado. Tortura. Trato cruel y degradante. Violación a los derechos humanos.

FallosCitados:
Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.

ParrDestacados:
"El daño inmaterial puede comprender los sufrimientos y las aflicciones, el menoscabo de valores muy significativos para las personas y las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima. No siendo posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, para fines de la reparación integral a las víctimas, sólo puede ser objeto de compensación de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos."

Voto concurrente de Cançado Trindade: "Como no se puede cambiar el pasado, el cumplimiento del deber de memoria es, a mi juicio, no sólo el rescate de una deuda (individual y social) con las víctimas fatales, sino además una medida de garantía de no repetición de las graves violaciones de los derechos humanos. El deber de memoria es, en realidad, un imperativo de justicia y dignidad, es un deber que cada uno tiene consigo mismo, y que además recae sobre todo el cuerpo social."

FormulasLiterales:
"El daño moral, para los fines de la reparación integral a las víctimas, puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos.";"El deber de memoria es, en realidad, un imperativo de justicia y dignidad,";


ID: C133
Caratula: Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 4, 5, 25
ArtsViolados: 1, 2, 4, 5
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Guatemala
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Detención y dignidad. Detención y dignidad.
FormulasAbrev: Detención compatible con dignidad. Normas básicas de detención digna.
Hechos:
El 5 de agosto de 1997, el niño Pedro Alberto de León Wug fue secuestrado por tres hombres armados, quienes exigieron un millón de quetzales para su liberación. El 6 de agosto de 1997, el niño fue liberado como consecuencia de un operativo llevado a cabo por investigadores de la sección Antisecuestros y Extorsiones de la Policía Nacional Civil. Durante este operativo, fueron capturados los tres secuestradores, entre los que se encontraba el Sr. Raxacó Reyes, y el Sr. Carlos Manuel García Morales y la Sra. Olga Isabel Vicente, esposa del Sr. Raxacó. 
El 14 de mayo de 1999, el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala condenó al Sr. Raxacó y a los otros dos captores a la pena de muerte, conforme lo establecido por el Art. 201 del Código Penal, que antes de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo establecía esta pena para los casos en que, con motivo u ocasión del secuestro, se produjera la muerte de la víctima. El 13 de septiembre de 1999 la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones declaró improcedente la impugnación planteada por el Sr. Raxacó Reyes y, el 20 de julio de 2000, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedentes los recursos de casación interpuestos. El 25 de agosto de 2000, el Sr. Raxacó Reyes interpuso una acción de amparo contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del estado por la imposición de la pena de muerte a una persona sin un debido proceso, así como por las condiciones de detención en las que se encontró.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Personas privadas de libertad. Protección judicial.

FallosCitados:
Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas.
Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

ParrDestacados:
"La Corte ha especificado que toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y que el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los detenidos. Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a salvo sus derechos. Mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación a su integridad personal."
"El Comité de Derechos Humanos ha afirmado que mantener detenida a una persona en una celda reducida, veintitrés horas al día, aislada de los demás presos, en oscuridad, sin tener en qué ocuparse y sin que se le permita trabajar ni estudiar, constituye una violación a su derecho a ser tratado humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. En el caso Mukong el Comité insistió sobre la universalidad del derecho a un trato digno y humano y rechazó la escasez de recursos como excusa para la inobservancia de este derecho."
"Numerosas decisiones de organismos internacionales invocan las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, a fin de interpretar el contenido del derecho de los presos a un trato digno y humano; aquéllas prescriben las normas básicas respecto al alojamiento, higiene, tratamiento médico y ejercicio de los reos privados de la libertad."
Voto razonado del Juez Sergio García Ramírez: "No quiero omitir una alusión, así sea muy breve, a otro tema considerado en la sentencia de la Corte Interamericana: las condiciones de la vida carcelaria. En diversos Votos concurrentes, tanto a propósito de sentencias como de medidas provisionales y opiniones consultivas, he llamado la atención sobre la generalizada vulneración de los llamados estándares internacionales acerca de la privación procesal o penal de la libertad. Nos hallamos ante un problema creciente, que en múltiples ocasiones ha hecho crisis, con resultados dramáticos. Puede ocurrir nuevamente, en condiciones catastróficas. El tema no se agota en este caso. La Corte ha tenido oportunidad de observar su aparición y persistencia en diversos lugares del Continente. Es preciso -absolutamente preciso y urgente- emprender ya la verdadera reforma carcelaria, que establezca condiciones de vida compatibles con la dignidad humana. Estamos lejos, muy lejos, de haberlo conseguido."   

MencionOtros:
ONU, Comité de Derechos Humanos, Anthony McLeod c. Jamaica, Comunicación No. 734/1997 (CCPR/C/62/D/734/1997), párr. 6.4.
Cfr. ONU, Comité de Derechos Humanos, Mukong c. Camerún, Comunicación No. 458/1991, (CCPR/C/51/D/458/1991), párr. 9.3. 

FormulasLiterales:
"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos prescriben las normas básicas respecto al alojamiento, higiene, tratamiento médico y ejercicio de los reos privados de la libertad, a fin de interpretar el contenido del derecho de las personas privadas de libertad a un trato digno y humano. ";


ID: C134
TipoSent: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 19, 22, 25
ArtsViolados: 1, 4, 5, 7, 8, 19, 22, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Colombia
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;Excepciones Preliminares;
Etiquetas: Dignidad niño. Dignidad víctima. Principio de la dignidad. Vida/existencia digna.
Caratula:
Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Hechos:
El 12 de julio de 1997 aproximadamente un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guavire en vuelos irregulares y fueron recogidos por miembros del ejército, sin que estos últimos efectuaran control alguno. El ejército colombiano facilitó el transporte de estos paramilitares hasta Mapiripán. 
El 15 de julio de 1997, más de 100 hombres armados rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial, utilizando el uniforme de las Fuerzas Armadas, armas de uso privativo del Estado y radios de alta frecuencia. Este grupo tomó el control del pueblo y torturó y asesinó a alrededor de 49 personas. Antes de retirarse de Mapiripán, las AUC destruyeron gran parte de las pruebas de los hechos. Las autoridades públicas arribaron a Mapiripán el 22 de julio de 1997, luego de concluida la masacre y con posterioridad al arribo de los medios de comunicación. 
A pesar de los procesos judiciales iniciados, los hechos no fueron suficientemente investigados y los responsables no fueron condenados. 

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la muerte, lesiones y abusos cometidos en contra de personas por parte de agentes paramilitares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la vida. Derecho internacional humanitario. Garantías judiciales. Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad personal. Personalidad jurídica. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado. Tortura.

FallosCitados:
Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas
Condición jurídica y derechos humanos del niño
Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo
Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas
Caso Huilca Tecse vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas

DignidadSujeto:
Dignidad como nota de las personas humanas. Vida digna. Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.

DignidadIndividuo:
No se puede clasificar. Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar. Dignidad como valor sustantivo.

DignidadRol:
Dignidad como principio. No se puede clasificar. Dignidad como principio. Calificación de un derecho.

ParrDestacados:
"(...) La crisis del desplazamiento interno provoca a su vez una crisis de seguridad, dado que los grupos de desplazados internos se convierten en un nuevo foco o recurso de reclutamiento para las propios grupos paramilitares, de narcotráfico y de la guerrilla. El retorno de los desplazados a sus hogares carece, en muchos casos, de las condiciones necesarias de seguridad y de dignidad para ellos."
"(...) El artículo 19 de la Convención Americana debe entenderse como un derecho complementario que el tratado establece para seres humanos que por su desarrollo físico y emocional necesitan medidas de protección especial. En esta materia, rige el principio del interés superior de los mismos, que se funda “en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades."
"La obligación del Estado de respetar el derecho a la vida de toda persona bajo su jurisdicción presenta modalidades especiales en el caso de los niños y niñas, y se transforma en una obligación de “prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de aquél”. En el caso sub judice, la masacre y sus consecuencias crearon un clima de permanente tensión y violencia que afectó el derecho a una vida digna de los niños y las niñas de Mapiripán. En consecuencia, la Corte considera que el Estado no creó las condiciones ni tomó las medidas necesarias para que los niños y las niñas del presente caso tuvieran y desarrollaran una vida digna, sino más bien se les ha expuesto a un clima de violencia e inseguridad."
"(....) En efecto, el desplazamiento de esos familiares tiene origen en la desprotección sufrida durante la masacre y revela sus efectos en las violaciones a su integridad personal y en las consecuencias de las faltas al deber de investigar los hechos, que han derivado en impunidad parcial. Además, fue analizada la violación del artículo 19 de dicho instrumento por la desprotección a que se han visto sometidos quienes eran niños y niñas al momento de ser desplazados o mantienen esa condición actualmente. El conjunto de estos elementos llevan al Tribunal a considerar que, más allá del contenido normativo del artículo 22 de la Convención, la situación de desplazamiento analizada también ha afectado el derecho de los familiares de las víctimas a una vida digna, en relación con el incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos consagrados en esas normas."
"(...) No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras... mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos...."
"(…) Como otras formas de reparación el Estado debe: (…) llevar a cabo medidas de rehabilitación ocupacional y médica para las víctimas de los hechos, así como las que sean conducentes para la restauración de la dignidad y reputación de las víctimas."
Voto de Cançado Trindade: "(...) En el dominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, recaen en esta categoría de principios fundamentales el principio de la dignidad de la persona humana y el de la inalienabilidad de los derechos que le son inherentes..."

MencionOtros:
-La Corte Constitucional de Colombia señaló lo siguiente:
"Los relatos denotan la inusitada gravedad de los hechos, degradadores de manera absoluta del principio de dignidad humana y abiertamente contrario a la Constitución, además de su clarísima nota violatoria de los derechos constitucionales fundamentales de los asociados. Estas conductas, conforme a la jurisprudencia antes analizada, únicamente pueden ser objeto de investigación por parte de la jurisdicción ordinaria, por cuanto no guardan relación alguna con la misión propia de los integrantes de las fuerzas militares. En efecto, si los dos miembros de la Fuerza Pública tenían una posición de garante, que los obligaba a proteger la población, al imputárseles por omisión (comisión por omisión) las graves violaciones a los derechos humanos, es claro que se trata de un comportamiento que no tiene relación con el servicio.
Como se ha destacado antes, en Mapiripán se violó de manera flagrante el deber de respeto por la dignidad humana, por parte de un grupo que disputa el monopolio del uso de la fuerza en manos del Estado. Es decir, se violaron los principios fundamentales del orden constitucional, cuya preservación estaba encargada a los investigados. Su posición de garante les exigía intervenir para evitar la ocurrencia de los hechos degradadores de la humanidad y perseguir a los usurpadores del poder estatal. Debido a las gravísmas consecuencias derivadas de su omisión, no puede considerarse que exista relación alguna con el servicio."

Artículo 39 de la Convención de los Derechos del Niño:
"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: […] tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño."

FormulasLiterales:
"El principio del interés superior del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar su desarrollo con pleno aprovechamiento de sus potencialidades";"El daño moral, para los fines de la reparación integral a las víctimas, puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.";"Principio de la dignidad de la persona humana";"La masacre y sus consecuencias crearon un clima de permanente tensión y violencia que afectó el derecho a una vida digna de los niños y las niñas";

FormulasAbrev:
Interés superior del niño. Daño moral y restablecimiento dignidad víctima. Principio de dignidad. Masacre y dignidad niños.


ID: C135
Caratula: Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 7, 8, 9, 13, 21
ArtsViolados: 1, 2, 7, 8, 9, 13, 21, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: No
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: No aplica.
DignidadIndividuo: No aplica.
DignidadRol: No aplica.
Observaciones: No hay.
ParrDestacados: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Chile
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
FormulasLiterales: No aplica
Etiquetas: No aplica.
FormulasAbrev: No aplica.
Hechos:
Los hechos del presente caso se refieren a la prohibición de la publicación del libro titulado “Ética y Servicios de Inteligencia”. El autor de dicho libro es Humberto Antonio Palamara Iribarne, asesor técnico de las Fuerzas Armadas. La publicación abordaba aspectos relacionados con la inteligencia  militar y la necesidad de adecuarla a ciertos parámetros éticos. Adicionalmente, se le incautaron los ejemplares del libro, los originales del texto, un disco que contenía el  texto íntegro y la matricería electroestática de la  publicación.
Como consecuencia de la negativa del señor Palamara Iribarne de detener la publicación de su libro, se inició en su contra un proceso penal por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares. Asimismo, con base en los mismos hechos, se inició una investigación sumaria administrativa por la comisión de faltas administrativas
En mayo de 1993 el señor Palamara Iribarne convocó a una conferencia de prensa en su residencia, en la cual criticó la actuación de la Fiscalía Naval en el proceso seguido en su contra. En enero de 1995 el señor Palamara Iribarne fue condenado, como autor del delito de desacato, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, al pago de una multa de 11 sueldos vitales, a la suspensión del cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa.
Según lo indicado por la Comisión “el señor Palamara Iribarne, oficial retirado de la Armada chilena, se  Desempeñaba en el momento de los hechos como funcionario civil de la Armada de Chile en la ciudad de Punta Arenas”. La Comisión indicó que al señor Palamara Iribarne “lo sometieron a un proceso por dos delitos de desobediencia y fue condenado por ello”, y “dio una conferencia de prensa producto de la cual fue procesado y en definitiva condenado por el delito de desacato”.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la censura previa impuesta a la publicación del libro Ética y servicios de inteligencia, la incautación de todo material relacionado con ella, la detención arbitraria de una persona y la falta de un debido proceso diligente.

TemaSecundario:
Garantías judiciales y procesales. Jurisdicción militar. Jurisdicción penal. Libertad de pensamiento y expresión. Libertad personal. Principio de legalidad. Retroactividad. Principio de legalidad y de retroactividad. Propiedad privada.


ID: C136
Caratula: Caso Gómez Palomino vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 4, 5, 7, 8, 25
ArtsViolados: 2, 5, 8, 25
Arts5611: Ni invocado ni tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: No
FallosCitados: No aplica.
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad de los muertos / víctimas presuntamente fallecidas.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: No se puede clasificar.
Observaciones: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Dignidad víctima.
FormulasAbrev: Daño moral y restablecimiento dignidad víctima.
Hechos:
Los hechos del presente caso se desarrollan en el marco del conflicto armado peruano, cuando la desaparición forzada de personas se convirtió en una práctica sistemática y generalizada implementada por el Estado como mecanismo de lucha antisubversiva. El 9 de julio de 1992 un grupo de hombres y mujeres penetraron en forma violenta en el domicilio de la señora María Elsa Chipana Flores, donde residía el señor Santiago Gómez Palomino.  Las personas que integraban este grupo llevaban los rostros cubiertos con pasamontañas, vestían uniformes, botas militares y armas largas de fuego. Después de registrar el lugar, se retiraron llevándose al señor Gómez Palomino..  
Sus familiares interpusieron una serie de recursos para encontrar su paradero, investigar lo sucedido y sancionar a los responsanles. Sin embargo, no se han realizado ninguna de las anteriores acciones. Los restos del señor Santiago Gómez Palomino no han sido hallados. El señor Santiago Gómez Palomino fue incluido en la nómina de personas muertas y desaparecidas reportadas a la Comisión de Verdad y Reconciliación en su informe final de 27 de agosto de 2003.
Comisión destacó que “la impunidad total en que se encuentra la desaparición forzada del señor Santiago Gómez Palomino ha contribuido a prolongar el sufrimiento causado a sus familiares por la violación de sus derechos
fundamentales, [por lo que] es deber del Estado […] proporcionar una respuesta judicial adecuada en la que se establezca la identidad de los responsables de la desaparición forzada del señor Gómez Palomino, se localicen sus restos mortales y se repare adecuadamente a sus familiares”.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de una persona por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables.

TemaSecundario:
Derecho a la integridad personal. Derecho a la verdad. Derecho a la vida. Garantías judiciales y procesales. Libertad personal. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.

ParrDestacados:
Núm. 67. ...la imposibilidad de darle a su hermano un entierro digno y según sus costumbres...
Voto concurrente de García Ramirez. Núm. 3 "Desde hace tiempo nos hallamos empeñados en la construcción de un nuevo orden jurídico internacional, sobre la base de convicciones y expectativas compartidas, fruto de cierto entendimiento acerca de la dignidad humana y la posición del poder público --y otros poderes-- frente a la persona."

MencionOtros:
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
Preámbulo: la desaparición forzada “constituye una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa
de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana” y su práctica sistemática “constituye un
crimen de lesa humanidad”. (Nota 66. del fallo).


ID: C137
Caratula: Caso García Asto y Ramirez Rojas vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
TipoSent: Fondo, Reparaciones y Costas
ArtsInterpretados: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 24, 25
ArtsViolados: 1, 5, 7, 8, 9, 25
Arts5611: Invocado y tratado
MencionDignidad: Sí
DisidenciaRelevante: No
ResumenDisRelevante: No aplica.
CitaFallos: Sí
DignidadPonderacion: No aplica.
DignidadSujeto: Dignidad como nota de las personas humanas. Vida digna.
DignidadIndividuo: Dignidad como valor sustantivo. No se puede clasificar. Dignidad como valor sustantivo.
DignidadRol: Dignidad como principio. Calificación de un derecho. Calificación de un derecho.
Observaciones: No hay.
MencionOtros: No hay.
PaisDemandado: Perú
TipoSentSimpl: Fondo;Reparaciones;Costas;
Etiquetas: Detención y dignidad. Dignidad y salud. Vida/existencia digna.
FormulasAbrev: Detención compatible con dignidad. Falta de atención médica. Vida digna de reclusos.
Hechos:
El señor Wilson García Asto fue detenido el 30 de junio sin que mediara previa orden judicial o flagrante delito. El atestado policial manifestó que se había encontrado propaganda terrorista en su poder y documentos de uso exclusivo del grupo armado Sendero Luminoso en su computadora. El señor Wilson García Asto fue acusado del delito de terrorismo. El 18 de abril de 1996 fue condenado bajo un proceso con jueces “sin rostros”. Durante su detención el señor García fue sometido a aislamiento celular, un régimen de visitas restringido, condiciones carcelarias no adecuadas y falta de atención médica. El 5 de agosto de 2004 en un proceso penal ordinario se dictó sentencia absolutoria a favor de Wilson García Asto y al día siguiente éste recuperó su libertad. 
El señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido el 27 de julio de 1991 en su domicilio sin que mediara flagrante delito ni orden de detención previa. Se alegó que se encontraron documentos referidos al grupo armado Sendero Luminoso. El 9 de agosto de 1991 se abrió un proceso en su contra y se dictó mandato de detención. El 30 de septiembre de 1994 un tribunal “sin rostro” lo condenó por delito de terrorismo. El proceso fue declarado nulo el 24 de octubre del 2002 pero no se permitió la excarcelación del señor Ramírez Rojas, y se inició un segundo proceso en su contra por delito de terrorismo. Al momento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el segundo proceso no había concluido y el señor Urcesino Ramírez se encontraba detenido.

TemaPrincipal:
Responsabilidad internacional del Estado por la detención y condena sin un debido proceso en perjuicio de Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas.

TemaSecundario:
Derecho a la honra y la intimidad. Derecho a la integridad personal. Dignidad. Familia. Garantías judiciales y procesales. Igualdad ante la ley. Libertad de pensamiento y expresión. Libertad personal. Principio de legalidad. Retroactividad. Principio de legalidad y de retroactividad. Protección judicial. Responsabilidad internacional del Estado.

FallosCitados:
Caso Raxcacó Reyes, supra nota 10, párr. 95; Caso Fermín Ramírez, supra nota 166, párr. 118; y Caso Caesar. Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123, párr. 96.

ParrDestacados:
221. De conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal. En otras oportunidades, este Tribunal ha señalado que la detención en condiciones de hacinamiento, el aislamiento en celda reducida, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, la incomunicación o las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad personal. Asimismo, como responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que respeten sus derechos fundamentales y una vida digna.
226. Este Tribunal ha señalado que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención Americana.
228. Este Tribunal observa que, a pesar de sus problemas de próstata (supra párrs. 97.57) el señor Wilson García Asto no recibió la atención médica adecuada y oportuna en los centros penitenciarios de Yanamayo y Challapalca, lo cual ha tenido consecuencias desfavorables en su estado de salud actual y es contrario al tratamiento digno que todo ser humano es titular, en los términos del artículo 5 de la Convención Americana.
242. El Tribunal hace constar que los alegatos relacionados con la supuesta violación del artículo 11 de la Convención en perjuicio de los señores Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas y sus familiares, se refieren a los hechos relacionados con la detención arbitraria a la que fueron objeto, su posterior acusación y condena
impuesta en un juicio que no contaba con las garantías del debido proceso, así como las condiciones carcelarias a las que fueron sometidas en los distintos centros penales en los que permanecieron recluidos. La Corte considera que, en el presente caso, las consecuencias jurídicas de dichos hechos ya han sido examinadas en relación con los artículos 5, 7 y 8 de la Convención, por lo que el Tribunal no estima necesario pronunciase sobre este punto.

FormulasLiterales:
"Quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad ";"La falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno";"El Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que respeten sus derechos fundamentales y una vida digna";


